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Augusto Prado Sánchez con SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR Rol: C989-15

Consejo para la Transparencia, 18/08/2015

Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Educación Escolar, fundado en que dio respuesta negativa a una solicitud de información referente a las multas por infracción a la normativa educacional, impuestas a establecimientos educacionales, dependientes de municipalidades y corporaciones municipales, durante todo el año 2013 y 2014, y enero y febrero de 2015, a nivel nacional, por comuna y establecimiento. El Consejo acoge parcialmente el amparo. Respecto al literal a), se rechaza el amparo, toda vez que el órgano reclamado entregó la información que obraba en su poder. Respecto al literal c), se acoge el amparo toda vez que a la luz de la información entregada existe una columna en la planilla solicitada denominada "Fecha de inicio Visita", no resultando claro si corresponde a la fecha de inicio de la fiscalización o a la fecha de la fiscalización en forma íntegra. Respecto a los literales b), d), e) y f), se rechaza el amparo toda vez que su entrega significaría extraer los antecedentes pedidos a partir de la revisión exhaustiva del expediente material de 3.652 procesos administrativos, los que se encuentran físicamente a lo largo del país, debiendo destinar personal y recursos para responder al requerimiento en los términos formulados, lo que en definitiva constituye una distracción indebida a las funciones del órgano reclamado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C989-15

Entidad pública: Superintendencia de Educación Escolar

Requirente: Augusto Prado Sánchez

Ingreso Consejo: 07.05.2015

En sesión ordinaria N° 641 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de agosto de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C989-15.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 17 de marzo de 2015, don Augusto Prado Sánchez solicitó a la Superintendencia de Educación Escolar "información relativa a multas por infracción a la normativa educacional, impuestas a establecimientos educacionales, dependientes de municipalidades y corporaciones municipales, durante todo el año 2013 y 2014, y enero y febrero de 2015, a nivel nacional, por comuna y establecimiento. Por cada establecimiento, se requiere:

a) Monto y entidad (o gravedad) de la multa inicial impuesta;

b) Causal (es) de la multa;

c) Fecha de la fiscalización;

d) Fecha en que se impuso la multa;

e) Señalar si cada multa se encuentra firme o existe reclamación o recursos pendientes;

f) Instancia en que se encuentra la reclamación o los recursos pendientes, vale decir, si está en conocimiento del director regional, del Superintendente o de la Corte de Apelaciones respectiva".

2) RESPUESTA: Que el 15 de abril de 2015, la Superintendencia de Educación Escolar respondió a dicho requerimiento de información mediante Resolución Exenta N° 0444 de 14 de abril de 2015, señalando, en síntesis, que:

a) Se deniega la entrega de la información solicitada correspondiente a los literales d), e) y f), en virtud del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Ello por cuanto dicha información corresponde a solicitudes de carácter genérico, lo que comprende un procesamiento de datos de un total de 3650 procesos administrativos, lo que involucra unidades a nivel nacional y regional, lo que provocaría distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones a nivel nacional, dejándose de lado la función propia de la Superintendencia, cual es velar por el cumplimiento de la normativa educacional.

b) Se accede a la entrega de la información referida a los literales a), b), c), respecto de establecimientos educacionales dependientes de municipalidades y corporaciones municipales, durante todo el año 2013 y 2014, y enero y febrero de 2015, a nivel nacional, por comuna y establecimiento, acompañándose para el efecto archivo digital en formato Excel.

3) AMPARO: El 7 de mayo de 2015, don Augusto Prado Sánchez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió una respuesta negativa a su solicitud de información.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Educación Escolar, mediante oficio N° 003431 de 19 de mayo de 2015.

Mediante Ord. N° 0575 de 2 de junio de 2015, el Sr. Superintendente de Educación presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que:

a) La solicitud tiene carácter genérico, pues requiere la totalidad de actas de fiscalización del año 2013, 2014 y enero y febrero del año 2015, sin indicar antecedentes tales como número de acta de fiscalización, establecimiento, RBD del Establecimiento, fecha de la visita de fiscalización. De tal manera que la Superintendencia es quien debe identificar cual es la información solicitada. Al ser una solicitud genérica, se ve involucrado un total de 3.652 actas de fiscalización, lo que se traduce en un número elevado de actos administrativos, pues no se pide sólo el acta, sino que más de 6 datos referentes a esa acta de fiscalización, lo que si se multiplica por 3.652, involucra un total de 21.912 datos a extraer, lo que califica como un número elevado de actos administrativos. El extraer un total de 21.912 datos distraería a un número significativo de personal, lo que significaría una distracción indebida de los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.

b) En relación al literal a) de la solicitud, existen 3 datos a informar, cuales son el monto, la gravedad y la entidad. En la planilla remitida, se entregó el total de las multas indicadas en UTM, sanción que se interpone en primera instancia por las Direcciones Regionales. Este dato es posible extraerlo y entregarlo, pues las Unidades Regionales cuentan con un Sistema de Información de los Procesos Administrativos (SIPA), en el cual se deja establecido cuál es la sanción impuesta a cada establecimiento, de manera que es posible hacerle seguimiento derivado del número del acta de fiscalización.

c) En relación a la gravedad, la ley N° 20.529, que crea "Sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización", dispone en su artículo 75 que existen tres tipos de infracciones, las leves, menos graves y graves, existiendo una de ellas se inicia eventualmente un proceso administrativo, sin que diferencie el SIPA, gravedad de la infracción, pues puede existir más de un tipo infraccional en el proceso. Por ello, se le adjunta al solicitante las columnas "sustentos de hallazgo" y "hallazgos", todo en conformidad a la Resolución Exenta N° 290, que "fija modelo de fiscalización y estandarización de hallazgos", acompañando además en la hoja Número 2 el diccionario con el significado de cada uno de dichos códigos. Dicha Resolución Exenta se encuentra disponible en el sitio electrónico www.supereduc.cl. Respecto de la "entidad", todas las fiscalizaciones son realizadas por la Superintendencia.

d) Respecto del literal b), requerido, es un dato que se encuentra en los sustentos de hallazgos, debidamente informado en la planilla acompañada. Ahora bien, si el dato que se pretende obtener es la motivación o fundamento de la multa, éste se encuentra en cada proceso administrativo, es decir, se encuentra en cada Resolución Exenta que Aprueba el proceso administrativo y establece sanción, de manera que se debería extraer un total de 3.652 Resoluciones Exentas, debiendo revisar cada una de ellas a fin de extraer los posibles datos sensibles, tales como Rut, nombre de alumnos, nombre de docentes, números de denuncias etc. Para realizar dicha labor, no se cuenta con personal suficiente para que revise y procese tal cantidad de actos administrativos, debiendo destinar personal externo a la Unidad de Transparencia, compuesto por 2 personas. De manera que no sólo la Unidad de Transparencia debería abocarse de manera exclusiva a dicha revisión, no pudiendo dedicarse a otras solicitudes de acceso a la información, ni a la actualización del portal de Transparencia Activa, sino que personal de otras divisiones debería de dejar de lado sus funciones para poder realizar tal trabajo, distrayendo así indebidamente las funciones propias de la Superintendencia, consistentes en velar por el cumplimiento de la normativa educacional.

e) Respecto del literal c) del requerimiento, éste es un dato que se puede extraer desde los sistemas internos, de manera que fue entregada dicha información, en la columna "fecha de la visita".

f) La información solicitada en el literal d) corresponde a un dato que no se encuentra contemplado en los sistemas internos, de manera que hay que revisar todas y cada una de las 3.652 Resoluciones Exentas, lo que no es una tarea que se pueda desarrollar en un solo día y por una persona, debiendo ocupar recursos humanos valiosos, sólo en extraer datos.

g) Respecto del literal e) de la solicitud, éste es un dato que no se encuentra en ningún sistema, ni base de datos, de manera que cómo se pidió la totalidad de las fiscalizaciones de tres años y a nivel nacional, dicho dato sólo se encuentra en el proceso administrativo, es decir, el expediente material. Por ello, tendría que identificarse cada proceso de cada región y de esta manera, cada fiscal a cargo de los expedientes, tendría que revisar de forma manual cada uno de éstos, debiendo en muchos casos, desarchivarlos de las bodegas o archivos, incluyendo dificultades, tales como que en algunas de las bodegas donde se encuentran los procesos archivados, no se encuentran físicamente en el mismo edificio de funcionamiento de las Oficinas de las Direcciones Regionales.

h) De esta manera, existen variadas operaciones, tales como identificar región de la fiscalización, derivar dichas fiscalizaciones a cada región, identificar el lugar material en que se encuentra el expediente, revisar manualmente uno a uno los 3.652 procesos administrativos, de manera que se refiere a un número de más de 50 personas, que componen las Unidades Regionales de Fiscalía, quienes son los encargados de custodiar los expedientes, dedicándose casi de manera exclusiva a recopilar dichos datos, debiendo dejar de lado sus funciones habituales, que corresponde primordialmente a efectuar Informes de Ponderación al mérito, de manera que se estaría distrayendo indebidamente a dichos funcionarios de sus labores habituales, afectando el proceso de fiscalización, pues sin dicho informe, no se puede dictar la Resolución Exenta que Aprueba el proceso administrativo.

i) Respecto de lo requerido en el literal f), nuevamente debería hacerse un seguimiento manual de cada una de las actas, sin que exista base de datos, que permita obtener una reportabilidad inmediata, por lo que la persona encargada de las reclamaciones judiciales debería revisar los 3.652 procesos administrativos, e identificar uno a uno cuáles están con recurso de reclamación judicial, lo cual resulta a lo menos, una tarea difícil, debiendo nuevamente dedicarse de manera exclusiva a dicha solicitud, debiendo dejar de lado las demás tareas asignadas, las cuales no sólo son vinculadas a evacuar informes para las Cortes de Apelaciones a nivel nacional, y concurrir a los alegatos, sino que debería de dejar de lado todas las otras funciones que desarrolla, como los Oficios dirigidos a otros servicios, tales como Contraloría General de la República, debiendo considerar que en cada una de sus gestiones existen plazos, de manera que el realizar dicho levantamiento de datos ocasionaría la distracción indebida de dicha funcionaria de sus funciones habituales, pudiendo eventualmente dejar de evacuar dentro de plazo informes de Corte de Apelaciones o de otros Servicios, lo que afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano. De tal manera, existiría un aproximado de 60 personas, entre fiscales, Unidad de Transparencia, Encargada de área judicial más personal de otras divisiones, dedicadas de manera exclusiva a compilar dicha información y extraer los datos requeridos, por lo que un número elevado de personal estaría dedicada a otras funciones de las que habitualmente realiza, afectando así el cumplimiento de las funciones del órgano, pues a lo menos toda la División Jurídica a nivel nacional estaría dedicada sólo a esta solicitud, de manera que entregar los datos requeridos provoca tal distracción, que afecta las funciones del órgano, entorpeciendo las actividades habituales de toda una división.

j) La entrega de la información solicitada es muy compleja por lo que se procedió a entregar al requirente un listado con información referente a las actas de fiscalización (Región, Número de acta, fecha de visita, tipo de actividad, tipo de acta, RBD, Nombre de Establecimiento, resultado de la sanción en primera instancia, monto de la multa y sustentos), que corresponde a la información que puede extraerse de las bases de datos, sin que dicha extracción signifique afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano.

k) Se adjunta Resolución Exenta N° 0444 de 14 de abril de 2014, acompañando CD que contiene la información entregada al reclamante, correspondiente a una planilla en formato Excel.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, don Augusto Prado Sánchez solicitó a la Superintendencia de Educación Escolar información relativa a multas por infracción a la normativa educacional impuestas a establecimientos educacionales, dependientes de municipalidades y corporaciones municipales, al tenor de lo señalado en el numeral 1° de lo expositivo de la presente decisión, obteniendo respuesta dentro de plazo legal, pero estimada como negativa por el solicitante, toda vez que el órgano reclamado invocó la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.

2) Que, respecto del literal a) del requerimiento, es decir, "Monto y entidad (o gravedad) de la multa inicial impuesta", el órgano reclamado en su respuesta adjuntó planilla en formato Excel, que contiene la región, número de acta, fecha de visita, tipo de actividad, tipo de acta, RBD, nombre de establecimiento, resultado de la sanción en primera instancia, monto de la multa y sustentos de hallazgo. Es decir, la Superintendencia entregó la información sobre el monto de la multa, por lo que se rechazará el amparo en este punto. Respecto de la entidad o gravedad de la multa inicial impuesta, la reclamada señala en sus descargos que una vez que se inicia un proceso administrativo, el SIPA no diferencia la gravedad de las infracciones, por cuanto puede existir más de un tipo infraccional en el proceso. Cabe señalar que el supuesto que configura dicha solicitud no se cumple, por cuanto las multas no se califican de acuerdo a su entidad o gravedad, como en el caso de las infracciones administrativas. Al respecto, la ley N° 20.529 sobre Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización, del Ministerio de Educación, publicada el 27 de agosto de 2011, señala en su artículo 75: "Los hechos, actos u omisiones que constituyen infracciones administrativas serán graves, menos graves y leves." En dichas circunstancias, se rechazará el amparo en este punto.

3) Que, en relación al literal c) de la solicitud de acceso a la información, es decir, "Fecha de la fiscalización", el organismo reclamado señaló que éste es un dato que se puede extraer desde los sistemas internos, de manera que dicha información fue entregada al requirente, constando en la columna "Fecha de la Visita" de la planilla Excel. Al respecto, cabe señalar que tenida a la vista por esta Corporación la planilla antedicha, consta que en ella existe una columna denominada "Fecha Inicio Visita". Luego, no resulta claro si la fiscalización solamente se inicia o se efectúa íntegramente en dicha fecha. En dichas circunstancias, se acogerá el amparo en este punto y se ordenará a la Superintendencia de Educación Escolar aclarar si lo informado en la planilla Excel remitida al requirente en la columna "Fecha Inicio Visita", corresponde a la fecha de inicio de la fiscalización o a la fecha de la fiscalización en forma íntegra, y en el evento que sólo corresponda a la fecha del inicio de ésta, proceda a entregar a don Augusto Prado Sánchez la información solicitada, detallando la fecha de inicio y de término de la fiscalización.

4) Que, respecto de los literales b), d), e), y f) de la solicitud de acceso a la información, en su respuesta, la reclamada denegó la entrega de lo requerido en virtud del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, por cuanto lo solicitado comprende un procesamiento de datos de un total de 3652 procesos administrativos, lo que involucraría unidades a nivel nacional y regional, pues no se pide sólo el acta, sino que más de 6 datos referentes a un acta de fiscalización, lo que si se multiplica por 3.652, involucra un total de 21.912 datos a extraer, lo que provocaría distraer indebidamente a sus funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones, dejándose de lado la función propia de la Superintendencia, cual es velar por el cumplimiento de la normativa educacional.

5) Que, en torno a la interpretación de la causal de reserva referida, la profusa jurisprudencia del Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos significativamente tales, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "(...) la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, costo de oportunidad o la naturaleza y complejidad de lo requerido, entre otros.

6) Que, en la especie, la información solicitada no se encuentra en ningún sistema, ni base de datos, de manera que, dichos datos sólo se encuentran en el proceso administrativo respectivo. Para su búsqueda, existen variadas operaciones, tales como identificar región de la fiscalización, derivar dichas fiscalizaciones a cada región, identificar el lugar material en que se encuentra el expediente, revisar manualmente y analizar uno a uno los 3.652 procesos administrativos, distribuidos a nivel nacional, a fin de extraer la información pedida, teniendo especial cuidado de extraer los posibles datos sensibles comprendidos, tales como Rut, nombre de alumnos, nombre de docentes, números de denuncias etc. Para realizar dicha labor no se cuenta con personal suficiente para que revise y procese tal cantidad de actos administrativos, debiendo destinar personal externo a la Unidad de Transparencia, compuesto por 2 personas, por lo que un número elevado de personal estaría dedicado a otras funciones de las que habitualmente realiza, afectando así el cumplimiento de las funciones del órgano.

7) Que, por lo anterior, si bien la información pedida por el solicitante existe en poder del órgano reclamado, a juicio de este Consejo resultan plausibles los antecedentes proporcionados para configurar la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia invocada, por cuanto la información pedida correspondiente a los literales b), d), e) y f), que es objeto del presente amparo, no se encuentra sistematizada, y su entrega significaría extraer los antecedentes pedidos a partir de la revisión exhaustiva del expediente material de 3.652 procesos administrativos, los que se encuentran físicamente a lo largo del país, debiendo destinar personal y recursos para responder al requerimiento en los términos formulados, lo que en definitiva constituye una distracción indebida a las funciones del órgano reclamado, en la forma exigida por la citada norma legal, como por el artículo 7 N° 1 letra c) de Reglamento de la Ley de Transparencia, razón por la cual se rechazará el presente amparo en estos literales.

8) Que, sin perjuicio de lo señalado, y por cuanto no consta a este Consejo que la planilla Excel acompañada en sus descargos por la Superintendencia de Educación Escolar, haya sido efectivamente entregada por dicho organismo al reclamante, y en virtud del principio de facilitación, consagrado en el literal f) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, este Consejo remitirá al reclamante la planilla antedicha, conjuntamente con la notificación de esta decisión.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Augusto Prado Sánchez en contra de la Superintendencia de Educación Escolar, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Superintendente de Educación Escolar:

a) Aclarar a don Augusto Prado Sánchez si lo informado en la columna "Fecha Inicio Visita" de la planilla Excel, corresponde a la fecha de inicio de la fiscalización o a la fecha de la fiscalización en forma íntegra, y en el evento que sólo corresponda a la fecha del inicio de ésta, entregar a don Augusto Prado Sánchez la información solicitada, detallando la fecha de inicio y de término de la fiscalización, ello en conformidad a lo señalado en el considerando 3° de esta decisión.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Superintendente de Educación Escolar, y a don Augusto Prado Sanchez, y remitir a este último la planilla Excel acompañada por la reclamada en los descargos del presente amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. La Presidenta del Consejo Directivo doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.