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Roberto Cerri Grilli con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII) Rol: C592-11

Consejo para la Transparencia, 26/08/2011

Se dedujo amparo en contra del Servicio de Impuestos Internos, fundado en que el órgano reclamado acepta la solicitud bajo condiciones que hacen imposible obtener, en la práctica, la información solicitada (Información sobre campos del formulario Nº 2890), el Consejo estimó que cabe concluir que la información requerida obra en poder del Servicio de Impuestos Internos, razón por la cual, debe presumirse pública, salvo que a su respecto concurra alguna de las causales de reserva, la que no corresponde en este caso, acogiéndose el reclamo en su totalidad.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Sentencias o resoluciones sobre esta decisión:


Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO C592-11
 
Entidad Publica: Servicio de Impuestos Internos
 
Requirente: Roberto Cerri Grilli
 
Ingreso Consejo: 18.05.2011
 
En sesión ordinaria N° 277 de su Consejo Directivo, celebrada el 26 de agosto de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C592-11.

VISTOS:

Los artículos 5° inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 1 de abril de 2011 don Roberto Cerri Grilli requirió al Servicio de Impuestos Internos –en adelante también SII- copia digital de los antecedentes de campos del formulario Nº 2890, en particular, solicitó los siguientes campos: campo 08, campo 108, campo 77, campo 78, campo 06, campo 16, campo 26, campo 36, campo 46, campo 700, campo 27, campo 501, campo 500, campo 100, campo 200, campo 300 y campo 400. Solicita, además, se le informe cuando esté disponible, para recoger la información donde indique el Servicio.

2) RESPUESTA: El SII respondió a dicho requerimiento mediante Resolución Exenta Nº 1.540, de 2 de mayo de 2011, del Subdirector Jurídico, señalando que:

a) De acuerdo a lo previsto en el artículo 35, inciso 2º, del Código Tributario, “[e]l Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera dato relativos a ella, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Código u otras normas legales”.

b) Por su parte, el artículo 76 del Código Tributario señala que “Los notarios titulares, suplentes o interinos comunicarán al Servicio todos los contratos otorgados ante ellos que se refieran a transferencias de bienes, hipotecas y otros asuntos que sean susceptibles de revelar la renta de cada contribuyente”.

c) En consecuencia, el Servicio está impedido de proporcionar la información solicitada, referida en los campos 700, 27, 501, 500, 100, 200, 300 y 400, del formulario aludido en la solicitud de acceso, dado que, al estar contenidos en una declaración obligatoria de los Notarios y Conservadores de Bienes Raíces y ser susceptibles de revelar la renta de cada contribuyente titular del inmueble sobre el que versa la información, aquella está cubierta por la reserva tributaria establecida en el artículo 35 del Código Tributario.

d) Por otra parte, en la especie, se solicita información sobre montos de enajenación e inscripción de inmuebles, que es una materia que, conforme a la ley, se encuentra permanentemente a disposición del público en las oficinas de Conservadores de Bienes Raíces y Archiveros del país, cuya nómina se encuentra publicada en la página web del poder judicial.

e) Asimismo, los nombres y códigos de las comunas, como los roles de avalúo de los bienes raíces de todas las comunas del país, los datos sobre sus ubicaciones y los números y años de asignación de roles, contenidos en los campos 08, 108, 77, 78, 06, 16, 26, 36 y 46, del formulario Nº 2.890, se encuentran permanentemente a disposición del público, en soporte digital y/o en papel, conforme a los criterios que los fines fiscalizadores del Servicio determinan.

f) Los datos correspondientes al nombre y código de comuna, correspondientes a los campos 08 y 108 del formulario aludido, están publicados en la página web www.sii.cl. Por su parte, los roles de avalúo asignados a las propiedades, la individualización de los predios (datos sobre su dirección o nombre) y número y año de asignación de roles (campos 77, 78, 06, 16, 26, 36 y 46 del formulario), se encuentran en el libro denominado “Rol de Cobro Comunal”, en el mesón de atención de público de todos los Departamentos de Avaluaciones del Servicio, respecto a las comunas de su jurisdicción.

g) Por otro lado, señala que el Servicio no cuenta con la información organizada de la manera en que se solicita, por lo que para dar satisfacción al requerimiento, sería necesario la creación de un sistema que haga comulgar los distintos archivos y bases de datos que se utilizan en la actualidad, extraigan y traduzcan todos los antecedentes de los bienes raíces pedidos, contenidos en ellas y consolidarlos en una sola aplicación, lo cual claramente implica para el Servicio incurrir en gastos no presupuestados, lo que conforme al artículo 17 de la Ley de Transparencia, exime al destinatario del requerimiento de información, de entregarla en la forma pedida, debiendo el requirente acceder a la misma en la forma y por los medios que se encuentran disponibles, como acontece en este caso.

h) Finalmente señala, que el presente requerimiento está referido a un muy elevado número de actos administrativos, cuya organización, de la especial manera requerida, implicaría afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano, distrayendo indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.

3) AMPARO: Don Roberto Cerri Grilli dedujo amparo a su derecho de acceso a la información el 18 de mayo de 2011 en contra del Servicio de Impuestos Internos, fundado en que el órgano reclamado acepta la solicitud bajo condiciones que hacen imposible obtener, en la práctica, la información solicitada. Agrega que un caso idéntico ya fue resuelto anteriormente por este Consejo, en la decisión recaída en amparo Rol C575-09, en que se requirió la entrega de información del formulario Nª 2. 890.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo, mediante Oficio Nº 1.207, de 23 de mayo de 2011, al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, solicitándole, especialmente, y para una acertada resolución del presente amparo, remitir a este Consejo copia de la solicitud de información presentada por el reclamante. Mediante presentación, de 16 de junio de 2011, el Subdirector Jurídico del Servicios de Impuestos Internos, evacuó sus descargos y observaciones señalando que:

a) El requirente solicita copia de un documento que no existe, ya que el SII no tiene un documento o papel digitalizado que contenga exclusivamente los campos del formulario 2890 solicitados, por lo tanto, no se puede copiar lo que no existe. Distinto es que pretenda que el SII construya o fabrique un documento que contenga la información solicitada y que luego entregue una copia digitalizada de ésta, lo que no es procedente.

b) De acuerdo a Resolución exenta Nº 1.540, por la cual se dio respuesta a la solicitud de acceso a la información, y aplicando rigurosamente lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Transparencia, se informó al requirente la fuente, lugar y forma en que podía acceder a parte de los datos solicitados, lo que expresamente este Consejo ha reconocido como modo legítimo para evacuar respuesta.

c) La información requerida, que dice relación con fojas, número, año y fecha de inscripción de los bienes raíces, es materia que conforme a la ley corresponde a los Conservadores de Bienes Raíces con competencia en el territorio nacional, no siendo el SII el órgano competente para entregarla. Además, si bien es cierto que mediante el formulario Nº 2.890 se recopilan determinados datos referidos a la enajenación y registro de bienes raíces, el órgano competente para llevar dicho registro es el Conservador de Bienes Raíces, cuestión que se informó al requirente, en conformidad con el artículo 13 de la Ley de Transparencia. En consecuencia, el SII cumplió con su obligación de informar quien es el órgano competente ante quien puede dirigir su solicitud.

d) Por otra parte, los antecedentes referidos a la fecha de escritura, código de naturaleza de escritura, monto de enajenación en pesos y en UF, no pueden ser entregados al peticionario, en consideración a que dichos datos son obtenidos del Formulario Nº 2.890, consistente en una declaración jurada obligatoria, que es confeccionada por los notarios y conservadores de bienes raíces en virtud de lo dispuesto en el artículo 76 del Código Tributario. Al contener dichas declaraciones antecedentes que pueden revelar la situación patrimonial de los contribuyentes, como son los montos de las operaciones y su naturaleza, los antecedentes solicitados se encuentran amparados por el deber de reserva establecido en el artículo 35 del Código Tributario, por lo que el Servicio se encuentra impedido de entregar la información requerida, tal como lo dispone el artículo 21 Nº 5 de la Ley de Transparencia.

e) En este mismo sentido, al infringirse dicha norma se vulneran derechos fundamentales constitucionalmente garantizados, específicamente la protección de datos privados de carácter comercial y económico, lo que los sitúa frente a causales expresas de denegación de información, contenidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

f) Por otra parte, este Consejo ha sostenido que la prohibición del artículo 35 del Código Tributario no resultaría aplicable en el caso de que la información solicitada sea pública, lo que no ocurre en la especie, ya que la citada norma enfatiza que los datos sobre cuantía o fuente de las rentas o cualesquiera dato relativos a ella, no pueden divulgarse en forma alguna, y luego, al extender la prohibición a otros documentos que contengan datos extraídos de declaraciones obligatorias prescribe que no podrán ser conocidos por persona alguna ajena al Servicio.

g) En consecuencia, no sostiene que la información relativa a escrituras públicas de compraventa de bienes raíces y sus datos de inscripción sean secretos per se, sino que hay una prohibición legal para el Servicio de comunicarlos a terceros, dado que constituyen fuentes de rentas de los contribuyentes, cuyo carácter reconoce expresamente el legislador en el artículo 76 del Código Tributario y en el artículo 10, inciso 1º, de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

h) Asimismo, no se ha visto afectado el derecho a la información, sino que limitado a obtenerla de cierto órgano del Estado, por disposición legal. En efecto, la mayor parte de la información solicitada es pública por definición y está a su alcance, cuestión distinta es de manos de quien debe obtenerse.

i) En este sentido, agrega, que el derecho de las personas a acceder a la información que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado y la obligación de ésta de proporcionar la información en los términos más amplios posibles, admiten excepciones o limitaciones establecidas por la ley. En efecto, el artículo 35 del Código Tributario, implícitamente limita el acceso a ciertas informaciones como contrapartida o consecuencia necesaria de la prohibición de divulgarlas que pesa sobre el Director y funcionarios del SII, pero, esta norma se aplica sólo a un organismo de la administración, es decir, la limitación del derecho de acceso es relativa. Por lo tanto, la naturaleza pública de la información requerida, no obsta a que opera la limitación legal de acceso a la misma por una vía específica, porque todas las demás vías para obtenerla siguen disponibles para el requirente.

j) Por último, no se vislumbra ningún elemento que revele un interés legítimo o público en la petición de la especie, por lo que considera que no se ajustaría a derecho compeler al Servicio a crear un documento que no existe, como lo es la especial agrupación de datos solicitada.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, dado que la solicitud se refiere a información contenida en determinados campos del Formularios Nº 2.890 sobre “Declaración Sobre Enajenación e Inscripción de Bienes Raíces”, cabe señalar, a efectos de contextualizar el presente amparo, que la información contenida en las escrituras de enajenación de bienes raíces y su respectiva inscripción es vertida en el formulario Nº 2.890 por el Notario y el Conservador respectivos, remitiéndola al SII este último mediante el formulario Nº 2.895, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76 del Código Tributario y de acuerdo a los dispuesto en la Circular Nº 10, de 19 de febrero de 2004.

2) Que, la información requerida no se corresponde con la totalidad de la información contenida en el formulario Nº 2890, sino que sólo se restringe a la relativa a la identificación de la propiedad enajenada (que consta en los campos 08 a 27), al monto de transferencia y forma de pago (que consta en los campos 500 y 501 referidos al monto de enajenación) y, las fojas, número, año y fecha de inscripción (que consta en los campos 100 a 400), que deben llenar exclusivamente el Notario –tratándose de las dos primeras- y el Conservador de Bienes Raíces –tratándose del último-.

3) Que, cabe señalar con ocasión de la tramitación del amparo Rol C575-09, donde se solicitaba información idéntica con la requerida en la especie, este Consejo acordó la realización de una visita técnica, con el objeto de conocer en detalle el funcionamiento del SII en relación con la dotación de su personal y los procedimientos internos empleados para responder a las solicitudes de acceso a la información vinculadas a bienes raíces y a su correspondiente impuesto territorial. De dicha visita, realizada el 2 de agosto de 2010, pudo determinarse lo siguiente:

a) Los formularios en que se contiene la información solicitada son llenados en forma manual (papel) por sus usuarios o en forma voluntaria en línea a través de una aplicación de internet, lo cual sólo se ha implementado desde hace dos años, y actualmente es utilizada por el 75% de los usuarios del formulario, cuestión que plantea una duplicidad de modo de ingreso de la información a la base de datos, por cuanto lo ingresado en formato papel debe digitalizarse.

b) Dicha base de datos no está relacionada y alberga aproximadamente 4.000.000 de registros. Cada uno de ellos tiene un identificador único y está compuesto por un código que representa un atributo del formulario y el valor propiamente tal. La razón de esta manera de almacenamiento (secuencial y no relacional) es que permite ahorrar recursos en el proceso de digitación de la información.

c) Actualmente las consultas e ingresos de datos se realizan manteniendo este sistema a efectos de asegurar la compatibilidad con la información histórica.

d) Como consecuencia de los atributos y características del sistema de almacenamiento de la información contenida en el formulario en comento, es posible entregar la base de datos con todos los campos del formulario Nº 2890 en el actual formato.

e) No obstante lo anterior, según informaron los funcionarios del SII, el problema se presenta al filtrar información, vale decir, distinguir u omitir ciertos campos del formulario, por cuanto al estar almacenada la información como un conjunto secuencial y variable de datos, es necesario construir un programa que interprete este registro y lo seleccione para luego llenar una base de datos de carácter relacional, lo que permitiría entregar la información en los términos requeridos. Pero el desarrollo de dicha actividad distraería a los funcionarios de la Subdirección de Avaluaciones de sus labores habituales, más aún si se considera que es menester certificar la calidad de los datos antes de la entrega de la información, lo que también supone una inversión de tiempo por parte de un funcionario del SII.

4) Que, con todo, u

5) Que, lo anterior, descarta la aplicación del artículo 13 de la Ley de Transparencia, como ha pretendido el organismo reclamado según lo señalado en sus descargos, por cuanto no se advierte supuesto alguno que justifique la derivación de la solicitud de la especie a otro organismo o entidad.

6) Que, por otra parte, cabe tener a la vista que la información contenida en los campos reseñados se refiere a la enajenación de un bien raíz y consta en la respectiva escritura pública y la posterior inscripción de la misma, de modo que se trata de datos a los que el público en general puede acceder, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, de 1857, que declara públicos los registros que lleva el Conservador, entre los cuales se encuentra el Registro de Propiedad, en el que se inscriben las traslaciones de dominio, según disponen los artículos 31 y 32 del aludido Reglamento, y los títulos traslaticios de dominio según dispone el artículo 52 del reglamento aludido.

7) Que, no obstante lo anterior, debe desestimarse que la entrega de la información solicitada se haya efectuado de acuerdo al 15 de la Ley de Transparencia, según alega el organismo reclamado, por cuanto no se advierte que la información requerida, del modo en que se solicitó, se encuentre a disposición del público en la página web del SII y en sus diferentes Direcciones Regionales, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la mencionada Ley, de acuerdo al cual “La información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya señalado…”.

8) Que, establecido lo anterior, cabe determinar si la información requerida está amparada en la causal de reserva prevista en el artículo 21 Nº 5 de la Ley de Transparencia, en relación al secreto tributario establecido en el artículo 35, inciso 2º, del Código Tributario, en los siguientes términos “El Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o los libros y papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimento a las disposiciones del presente Código u otras normas legales” (lo destacado es nuestro).

9) Que, en relación con la alegación del Servicio cabe indicar, en primer lugar, que de acuerdo a lo que señala el artículo 2º Nº 1 del Decreto ley Nº 824, de 1974, Ley Sobre Impuesto a la Renta, se entenderá por Renta “los ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciban o devenguen, cualquiera que sea su naturaleza, origen o denominación”. Al respecto, conviene tener presente lo que establece el artículo 20 del Código Civil, que señala “Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal” (lo destacado es nuestro).

10) Que, en consecuencia, la prohibición que pesa sobre el Director y los funcionarios del SII de divulgar información respecto a las rentas de los contribuyentes, en los términos del artículo 35 del Código Tributario, necesariamente debe tener relación con el concepto de renta dispuesto en la ley, debiendo, por lo tanto, analizarse la concurrencia de la causal de reserva alegada a la luz de estas precisiones.

11) Que, de esa forma, y tenido a la vista por este Consejo el referido Formulario Nº 2890, “Declaración Sobre Enajenación e Inscripción de Bienes Raíces”, no se observa cómo la información en él contenida pueda entenderse como renta en los términos definidos por la ley. En efecto, la información vertida en dicho formulario, que dice relación con la identificación de quienes concurren a la enajenación de un bien raíz, los datos del inmueble, monto de enajenación y forma de pago, datos del título traslaticio de dominio y de la inscripción en el respectivo Conservador de Bienes Raíces, a juicio de este Consejo no se encuentra referida a la fuente de los ingresos a que se refiere el artículo 2° N° 1 del Decreto Ley N° 824, ya transcrito, y, por lo tanto, ha de estimarse que, en la especie no se configura la causal de secreto o reserva alegada por el SII, por cuanto dentro de los antecedentes requeridos no se encuentra la renta de los contribuyentes, sino que sólo los datos de la transacción de un inmueble determinado, y los montos involucrados en dicha transacción, montos que, bajo ninguna circunstancia pueden ser considerados como renta, ya que, si bien en dicha transacción se obtiene un crédito que engrosara el patrimonio, esto va unido a una contraprestación equivalente, que constituye el objeto de la obligación de la otra parte, no existiendo en definitiva una utilidad o incremento de patrimonio para ninguna de las partes intervinientes. En efecto, si bien tal información es utilizada por el SII en el desarrollo de la operación renta, esto sólo ocurre en la medida que se relacionan con otros datos y antecedentes que obran en poder del Servicio, de modo que este Consejo desestimará la invocación de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia en relación con el artículo 35 del Código Tributario, por no concurrir en la especie.

12) Que, a mayor abundamiento, el artículo 49 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, al referirse a los registros que lleva el Conservador –entre los que se cuentan el de Propiedad, donde consta la misma información contenida en el Formulario Nº 2890 del Servicio de Impuestos Internos- señala que son registros esencialmente públicos “por consiguiente, es permitido a cualquiera consultarlos en la misma oficina y tomar los apuntes que crea convenientes”.

13) Que, por otro lado, en la respuesta entregada por el SII, este Servicio señaló que la entrega de lo requerido “implicaría afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano, distrayendo indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales”, de lo que se colige la invocación indirecta de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N°1 letra c) de la Ley de Transparencia, por lo que corresponde que este Consejo se pronuncie a su respecto.

14) Que, a juicio de este Consejo debe desestimarse tal invocación, en vista de lo que señalado en la decisión recaída en el amparo Rol C575-09 ya aludida, en la que se concluyó, en base a lo observado en la visita técnica realizada al SII, que el esfuerzo que debe destinar dicho organismo para extraer la información de la base de datos en que se encuentra alojada, no suponía la configuración de la causal de reserva en comento, así, el considerando 20) de la citada decisión indicó que “…una inversión de 3 a 6 días hábiles para entregar la información requerida no implica distraer indebidamente a los funcionarios de SII del cumplimiento regular de sus funciones por cuanto las actividades necesarias para realizar tal entrega pueden ser distribuidas entre varios funcionarios dentro del plazo que otorgará este Consejo para tal efecto, por lo que se desestimará la causal de reserva prevista en el artículo 21 Nº 1 letra c) de la Ley de Transparencia”. Asimismo, en su considerando 21), este Consejo complementa lo señalado indicando que un razonamiento en sentido opuesto supondría entender que la información solicitada, pese a su naturaleza pública, sería permanentemente reservada, lo que contravendría los principios de la Ley de Transparencia, de modo que, tratándose de información de naturaleza pública, los organismos públicos deben velar por su accesibilidad en aras de los principios de libertad de información, apertura y facilitación, consagrados en el artículo 11, letras b), c) y f) de la Ley de Transparencia, respectivamente, lo que supone que deben desarrollar sistemas de almacenamiento de la información utilizada que sean compatibles con tales principios y ajustar a los mismos los actualmente en uso. Cabe señalar que, además, desarrollar el programa extractor aludido es una tarea que debe realizarse sólo una vez, quedando luego disponible para futuras solicitudes de acceso.

15) Que, por otra parte, y no obstante haberse acogido por la Corte de Apelaciones de Santiago el Reclamo de Ilegalidad interpuesto por el SII contra la decisión recaída en el amparo Rol C575-09, que ordenaba entregar la información solicitada –que coindice con la de la especie- por no poder hacerse recaer en el Servicio la obligación de procesar de manera especial la información requerida, cabe tener presente que este Consejo, en forma posterior, pudo constatar la entrega de similar información por parte del SII, según consta en el Ordinario Nº 979, de 21 de abril de 2011, a través del cual el Ministerio de Vivienda y Urbanismo dio respuesta a una solicitud de acceso a la información que se le formulare, en el que se señala que ha recibido en dos ocasiones los antecedentes de un conjunto de campos de la base de datos del Formulario Nº 2.890 desde el SII, conjunto que es muy similar a la lista de campos solicitados por el reclamante tanto en el citado como en el presente amparo.

16) Que, no obstante lo anterior, y considerando que lo discutido en sede del Reclamo de Ilegalidad acerca de la inexistencia de la información solicitada en el formato y con la desagregación requerida, este Consejo puede presumir, al menos razonablemente, en base a los antecedentes tenidos a la vista, que, no obstante pueda extraerse la información solicitada sin que esto implique un esfuerzo adicional por parte de los funcionarios del SII, tal como se indicara en el considerando 15º de la presente decisión, si así lo estimare el SII, en base a los principios de apertura o transparencia, máxima divulgación, divisibilidad y facilitación, reconocidos en el artículo 11 letras c), d), e) y f), respectivamente, de la Ley de Transparencia, y no discutiéndose el carácter de público de la información solicitada, se acogerá el presente amparo otorgándole al organismo reclamado la opción de entregar al solicitante, la información requerida en el mismo formato y con la misma desagregación solicitada, o, en caso de que esto implique un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional, en los términos del artículo 17 de la Ley de Transparencia, entregar íntegramente la base de datos del Formulario Nº 2890, en la forma que obre en su poder, dándole al solicitante la posibilidad de discriminar de la información recibida cuál es la que requiere y cuál no.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Roberto Cerri Grilli en contra del Servicio de Impuestos Internos, por los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director del Servicio de Impuestos Internos:

a) Entregue al reclamante la información solicitada, de acuerdo a la siguiente opción:

i. Entregar íntegramente la información que obre en su poder, referida a la base de datos del Formulario Nº 2890.

ii. Entregar exactamente la información requerida, extrayendo de la base de datos del Formulario Nº 2890 todos aquellos campos que fueron solicitados, para entregar éstos.

b) Cumplir el presente requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, entregando al reclamante la información solicitada en la especie, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a don Roberto Cerri Grilli y al Sr. Director del Servicio de Impuestos Internos.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.