logo
 

Mario Hidalgo Acuña con GENDARMERÍA DE CHILE Rol: C629-11

Consejo para la Transparencia, 14/09/2011

Se dedujo amparo en contra de Gendarmería de Chile, fundado en que recibió una respuesta negativa a la solicitud de información sobre el tipo de beneficio que se le concedió a don Freddy Salamanca Carrasco, quien fue condenado por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, lesiones graves y daños, y que se encuentra recluido en el Centro de Detención Preventiva de Los Ángeles. El Consejo estimó que es posible apreciar un interés público preponderante en la divulgación de la información requerida, lo que permitiría justificar que la reglas de secreto con respecto a los datos personales o sensibles contempladas, cedan ante interés general de la divulgación de la información. En efecto, el Consejo estima que el conocimiento de los informes y demás antecedentes fundantes que han dado lugar al otorgamiento o concesión de un determinado beneficio penitenciario, como ocurre en la especie, pueden posibilitar a la ciudadanía, no sólo tomar conocimiento con respecto a una materia que es de suyo particularmente relevante, cual es la forma en que se administra la política penitenciaria del país en lo concerniente al otorgamiento de tal tipo de beneficios, sino además, y precisamente, permite propiciar un adecuado nivel de control social con respecto a los criterios, antecedentes o fundamentos tenidos en cuenta por la autoridad respectiva para conceder dichos beneficios y si las personas beneficiadas con ellos cumplían o no con los requisitos para optar a los mismos. Por tanto, se acoge el amparo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Justicia
Materia Regulación Interna
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO C629-11
 
Entidad Publica: Gendarmería de Chile
 
Requirente: Mario Hidalgo Acuña
 
Ingreso Consejo: 25.05.2011

En sesión ordinaria N° 282 de su Consejo Directivo, celebrada el 14 de septiembre de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C629-11.

VISTOS:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y la Ley N° 19.880; lo dispuesto en el D.S N° 518, de 1998, del Ministerio de Justicia, que aprueba el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios; el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285 y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Mario Hidalgo Acuña, el 27 de abril de 2011, solicitó a Gendarmería de Chile le informara acerca del tipo de beneficio que se le concedió a don Freddy Salamanca Carrasco, quien fue condenado por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, lesiones graves y daños, y que se encuentra recluido en el Centro de Detención Preventiva de Los Ángeles. Solicitó, además, que se le informara acerca de los antecedentes en base a los cuales se le concedió el beneficio, incluyendo copia de los mismos, y se le informara desde cuando goza del beneficio.

2) OPOSICIÓN DEL TERCERO INTERESADO Y RESPUESTA: El 27 de abril de 2011 Gendarmería de Chile, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, comunicó la solicitud de información a don Freddy Salamanca Carrasco, quien manifestó su oposición a la entrega de la información solicitada, indicando: “me encuentro condenado desde el 12 de febrero de 2009. Caso fue público, más información, él se encuentra en conocimiento”.

Por su parte, el Sr. Director Nacional de Gendarmería, el 4 de mayo de 2011, mediante el Ordinario N° 14.00.00 1133/11, respondió a la solicitud, denegando la información requerida, en razón de la oposición manifestada ante el Servicio por el tercero interesado.

3) AMPARO: El 25 de mayo de 2011, don Mario Hidalgo Acuña dedujo ante este Consejo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de Gendarmería de Chile, fundado en que recibió una respuesta negativa a la solicitud de información. En su reclamación argumentó lo siguiente:

a) La solicitud se refiere a la condena que se impuso al Sr. Salamanca Carrasco por sentencia de fecha 20 de mayo de 2009, dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles, a la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo, más las accesorias legales, como autor del delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad causando muerte, lesiones graves y daños. Añade que en dicha causa su representado, don Cipriano Fica Araneda, abuelo de la víctima directa, obró como parte querellante.

b) Manifiesta que la denegación resulta improcedente, por cuanto no existe constancia que el Servicio recurrido haya procedido a notificar al tercero interesado la solicitud de acceso a la información, cumpliendo con las formalidades contempladas en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, como tampoco consta que el tercero se haya opuesto dentro del plazo ni en la forma prevista en la citada disposición. Al efecto señala que la autoridad recurrida no le informó acerca de la resolución denegatoria que haya dado cumplimiento a estas exigencias legales, lo que resulta de capital importancia, ya que sólo y únicamente el fiel acatamiento de estas exigencias produce el radical efecto del impedimento para el órgano público requerido de proporcionar los antecedentes solicitados, tal como se estatuye en el inciso final de la disposición citada.

c) Tal conclusión está conteste con la jurisprudencia emanada del Consejo para la Transparencia, el que ha resuelto que: "Sin embargo, este Consejo pudo verificar –como lo reconoció el propio organismo reclamado–, que ante la solicitud de acceso que le fue formulada Gendarmería de Chile no procedió a su notificación conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, constituyendo el escrito presentado por la Sra. Olguín una solicitud al margen del procedimiento administrativo de acceso a la información, de carácter genérico, que mal puede producir el efecto que otorga la disposición indicada en el caso de plantearse oposiciones de terceros afectados, esto es, inhibir al órgano requerido de entregar la información, en razón de lo cual no será considerado para la resolución del presente amparo" (Amparos Roles C885-2010 y C424-2010).

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo Directivo estimó admisible el amparo trasladando al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile, mediante el Oficio N° 1307, de 8 de julio de 2011, solicitándole que acompañara copia de la solicitud de información presentada por el peticionario y de la documentación a través de la cual se dio respuesta a la misma. Asimismo, se le solicitó acompañar copia de los antecedentes incluidos en el procedimiento de notificación al tercero, en particular, copia de la respectiva notificación, de los documentos que la acrediten y del escrito mediante el cual el tercero formuló su oposición a la entrega de la información solicitada. La autoridad señalada formuló sus observaciones y descargos a través del Ordinario N° 1480, de 21 de junio de 2011, en los siguientes términos:

a) Hace alusión al procedimiento de notificación al tercero interesado, indicando que en opinión del Servicio la entrega de la información solicitada evidentemente puede afectar los derechos del tercero a quien se refiere, pues dentro de su proceso de rehabilitación y reinserción social se le concedió el beneficio de salida controlada al medio libre, razón por la cual se dio aplicación al procedimiento de notificación contemplado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Agrega que el 28 de abril de 2011, dentro del plazo ordenado por la ley, se envió un fax al establecimiento penitenciario donde el Sr. Salamanca Carrasco cumple condena, comunicándole la solicitud y la facultad que le asistía para oponerse a la entrega de la información requerida, indicándole además la forma en que debía constar dicha oposición. Por la misma vía, el 29 de abril de 2011, el Sr. Salamanca Carrasco, dedujo oposición a la entrega de la información, con lo cual el servicio entiende que se encuentra impedido de entregar la información solicitada.

b) A efectos de ilustrar el contexto de hecho en que fue formulada la solicitud, precisa lo siguiente:

i. El ciudadano a quien se refiere la información, con fecha 15 de junio de 2009, fue condenado por el delito de manejo de estado de ebriedad con resultado de muerte, a una pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo;

ii. Dentro del proceso de reinserción social y de rehabilitación, de conformidad al Reglamento de Establecimientos Penitenciarios (D.S. 518), el condenado accedió a uno de los beneficios intrapenitenciarios, siendo favorecido, además, con una rebaja de dos meses en el tiempo de cumplimiento de su condena, por una comisión integrada por miembros del Poder Judicial.

c) Indica que a juicio del Servicio, la entrega de la información requerida puede afectar el proceso de reinserción social y de rehabilitación a que todo condenando tiene derecho. Asimismo, informa que el ciudadano Freddy Salamanca Carrasco, se encuentra cumpliendo condena en el Centro de Detención Preventiva de Los Ángeles, ubicado el cale Vicuña Mackenna N° 530, en la sección beneficios diarios.

d) Finalmente, para dar cuenta de las argumentaciones vertidas en sus descargos, acompaña copia de la documentación pertinente.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: El Consejo Directivo de este Consejo dispuso trasladar el amparo al tercero a quien se refiere la solicitud, en virtud de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, a fin de que dicho tercero presentara observaciones o descargos al reclamo en defensa de sus derechos, solicitud que se hizo efectiva a través del Oficio N° 1.711, de 8 de julio de 2011. El tercero no formuló sus observaciones o descargos dentro del plazo establecido en las normas citadas.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en la especie, se ha solicitado el acceso a información concerniente a un beneficio intrapenitenciario otorgado por Gendarmería de Chile a don Freddy Salamanca Carrasco, respecto de quien dicho organismo señala que fue condenado por sentencia ejecutoriada a la pena privativa de libertad de cuatro años de reclusión menor en su grado máximo, por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, lesiones graves y daños, siendo lo específicamente solicitado lo que sigue:

i. El tipo de beneficio otorgado;

ii. Copia de los antecedentes en base a los cuales se otorgó el beneficio; y,

iii. Fecha dese la cual el beneficiario empezó a gozar del beneficio.

2) Que, en principio, la información en comento debe presumirse pública, conforme a lo dispuesto por los artículos 5°, 10 y 11, letra a) de la Ley de Transparencia, salvo que a su respecto concurra alguna de las causales de secreto o reserva contempladas tanto por la Constitución Política de la República como por la Ley de Transparencia.

3) Que, respecto del primer punto de la solicitud ––considerando 1° literal i)–– el órgano de la Administración del Estado, al formular sus observaciones y descargos respecto del amparo, indicó que el beneficio intrapenitenciario otorgado al Sr. Salamanca Carrasco consistió en el “la salida controlada al medio libre”, beneficio establecido en el artículo 96 del D.S N° 518/1998, del Ministerio de Justicia, que aprueba el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios1. De este modo, cabe acoger el presente amparo en esta parte, teniendo por contestada, aunque en forma extemporánea, dicha solicitud.

4) Que, respecto de los restantes puntos que comprendió la solicitud ––considerando 1° literales ii) y iii)––, Gendarmería de Chile denegó la información, fundada en que, habiendo notificado el tercero interesado conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, éste manifestó su oposición a la entrega de la información solicitada, por lo que, a su juicio, no pudo sino tener lugar el efecto que establece el inciso tercero de la norma citada, esto es, que: «Deducida la oposición en tiempo y forma, el órgano requerido quedará impedido de proporcionar la documentación o antecedentes solicitados, salvo resolución en contrario del Consejo, dictada conforme al procedimiento que establece esta ley».

5) Que, sobre el particular, y en base a los antecedentes acompañados por el órgano de la Administración del Estado, cabe formular las siguientes precisiones en torno a la aplicación del procedimiento contemplado en el citado artículo 20 de la Ley de Transparencia:

a) Gendarmería de Chile dio cumplimiento satisfactorio a los plazos que dicha norma establece, por cuanto al día siguiente de la recepción de la solicitud ––27 de abril de 2010–– comunicó ésta al tercero interesado, informándole acerca del derecho que le asistía para oponerse a la entrega de la información requerida, quien, por su parte, manifestó su oposición al día siguiente de serle comunicada la solicitud. Posteriormente, la respuesta a la solicitud fue comunicada al solicitante dentro del término dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia.

b) No obstante lo anterior, la oposición del tercero interesado, a juicio de este Consejo, no satisfizo el estándar fijado por el citado artículo 20, pues dicha norma establece que “la oposición requerirá expresión de causa”, lo cual supone el desarrollo de una argumentación destinada a evitar la divulgación de la información requerida, producto del daño o afectación que ésta generaría a determinados derechos del opositor; en cambio, el tercero no expresó argumento alguno que de cuenta de una posible afectación de sus derechos por la divulgación de la información requerida, limitándose a señalar que el juicio en el que fue condenado fue público y que la información solicitada ya era conocida por el peticionario, justificaciones que no dicen directa relación con lo solicitado.

c) Conforme a lo anterior, la oposición del tercero no pudo desvirtuar la presunción de publicidad que pesa sobre la información requerida, por lo que aquélla debiera ser desestimada al carecer de fundamento. En este sentido, cabe recordar lo señalado por este Consejo en la decisión recaída en el amparo Rol C153-11, en cuanto a que: (…) la presunción de publicidad establecida en el artículo 11, letra c), de la Ley de Transparencia responde a la condición de regla general que el artículo 8º de la Constitución otorga a la publicidad de los actos de la Administración y sus fundamentos, conforme a la cual la carga de la prueba de las circunstancias de las que depende la concurrencia de una causal de secreto o reserva, que levante o releve el deber de entregar la información, corresponde a quien la alega, vale decir, al organismo público (decisiones Roles A1-09, de 23 de junio de 2009 y A39-09, de 19 junio de 2009) o al tercero que se opone a la entrega de la información (decisión Rol A7-09, de 26 de junio 2009).

6) Que, no obstante lo anterior, en razón de las funciones que el artículo 33 letras j) y m) la Ley de Transparencia otorga al Consejo en orden a “velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y la ley tengan el carácter de secreto o reservado”, y la de “velar por el adecuado cumplimiento de la Ley N° 19.628, por parte de los órganos de la Administración del Estado”, corresponde a continuación determinar el carácter público o reservado de la información descrita en los literales ii) y iii), del considerando 1° precedente, debiendo tenerse presente que que Gendarmería de Chile ha sostenido en sus descargos, además, que la divulgación de dicha información podría afectar el proceso de reinserción social a que todo condenado tiene derecho.

7) Que, en lo que respecta a la solicitud descrita en el considerando 1°, literal ii) ––copia de los antecedentes en base a los cuales se otorgó el beneficio–– cabe tener presente las disposiciones pertinentes del ya citado D.S. N° 518/1998, a saber:

a) Su artículo 96 establece que “Los permisos de salida son beneficios que forman parte de las actividades de reinserción social y confieren a quienes se les otorgan gradualmente, mayores espacios de libertad. Dichos permisos de salida son los siguientes: a) la salida esporádica; b) la salida dominical; c) la salida de fin de semana, y d) la salida controlada al medio libre. / Los permisos mencionados, ordenados según la extensión de la salida, se inspiran en el carácter progresivo del proceso de reinserción social y se concederán de modo que sólo el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones que impone el uso provechoso del que se conceda, permitirá postular al siguiente. / El cumplimiento de los requisitos formales sólo da derecho al interno a solicitar el permiso de salida correspondiente, en tanto que su concesión dependerá, fundamentalmente, de las necesidades de reinserción social del interno y de la evaluación que se efectúe respecto de su participación en las actividades para la reinserción social que, con su colaboración, se hayan determinado según los requerimientos específicos de atención, de modo que pueda presumirse que respetará las normas que regulan el beneficio y no continuará su actividad delictiva”.

b) Por su parte, el artículo 97 de dicho cuerpo reglamentario prevé que: “Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, los permisos de salida sólo podrán concederse a quienes hayan demostrado avances efectivos en su proceso de reinserción social. / Para estos efectos será fundamental el informe psicológico que dé cuenta de la conciencia de delito, del mal causado con su conducta y de la disposición al cambio, de modo que se procure, por una parte, constatar que el interno responde efectiva y positivamente a las orientaciones de los planes y programas de reinserción social y, por otra, evitar la mera instrumentalización del sistema con el fin de conseguir beneficios. / Por su parte, el informe social deberá referirse expresamente a las posibilidades del interno de contar con medios o recursos de apoyo o asistencia en los términos previstos en la letra d) del artículo 110 de este Reglamento” (lo destacado es nuestro).

c) A su turno, el artículo 98 dispone: “La concesión, suspensión o revocación de los permisos señalados en el artículo 96 será una facultad privativa del Jefe de Establecimiento; sin embargo, sólo podrá concederlos a los internos que gocen de informe favorable del Consejo Técnico. / Para estos efectos se entenderá que existe informe favorable cuando el Consejo Técnico se pronuncie positivamente acerca de la postulación del interno. / Las sesiones de los Consejos Técnicos serán secretas y sus deliberaciones y acuerdos constarán en el acta respectiva” (lo destacado es nuestro).

d) El artículo 109 preceptúa: “Antes de la concesión de cualquiera de los permisos de que trata este Título, deberán analizarse por el Consejo Técnico, cuando corresponda, y en todo caso por el Jefe del Establecimiento, los antecedentes que lo ameriten: la gravedad de la pena asignada al delito; el número de delitos que se le imputaren y el carácter de los mismos; la existencia de procesos pendientes; el hecho de encontrarse sujeto a alguna medida cautelar personal y la existencia de condenas anteriores cuyo cumplimiento se encontrare pendiente, atendiendo a la gravedad de los delitos de que trataren, y en general cualquier referencia relativa a la confiabilidad del beneficiario que permitan presumir que no quebrantará su condena”.

e) Por su parte, el artículo 110, contempla: Tratándose de los permisos contemplados en las letras b), c) y d)2 del artículo 96 serán considerados los internos que cumplan los siguientes requisitos: a) Haber observado muy buena conducta en los tres bimestres anteriores a su postulación. No obstante ello, se examinará la conducta del interno durante toda su vida intrapenitenciaria a fin de constatar si, con anterioridad a los tres bimestres referidos, registra infracciones disciplinarias graves a considerar antes de conceder el beneficio; b) Haber asistido regularmente y con provecho a la escuela del establecimiento, según conste del informe emanado del Director de la escuela, salvo que el postulante acredite a través de certificados pertinentes, tener dificultades de aprendizaje o estudios superiores a los que brinda el establecimiento; c) Haber participado en forma regular y constante en las actividades programadas en la Unidad, tales como de capacitación y trabajo, culturales, recreacionales, según informe del Jefe operativo; y d) Tener la posibilidad cierta de contar con medios o recursos de apoyo o asistencia, sean familiares, penitenciarios o de las redes sociales. En la consideración de estos requisitos deberán tenerse presente las circunstancias personales del interno y las características y recursos del establecimiento.

f) El artículo 118 establece: “El Jefe de Establecimiento será asesorado por un organismo colegiado que se denominará Consejo Técnico, que él presidirá. El Consejo Técnico estará integrado, además, por el Jefe Operativo y por los oficiales penitenciarios, personal de vigilancia, profesionales y funcionarios a cargo de áreas y programas de rehabilitación y del normal desarrollo del régimen interno”… “El Jefe del Establecimiento podrá invitar a las sesiones del Consejo a miembros de la comunidad, representantes de organismos comunitarios, o a personas vinculadas con los temas a tratar. El Jefe del Establecimiento será responsable de la marcha general del Consejo Técnico y del efectivo desarrollo de sus labores” (lo destacado es nuestro).

8) Que, del marco normativo citado precedentemente, es posible desprender que el otorgamiento de beneficios intrapenitenciarios encuentra su fundamento en dos grupos de antecedentes, a saber: en primer término, aquellos que permiten verificar que el beneficiario cumple con los requisitos que le habilitan para postular al beneficio, a los cuales hace referencia el artículo 110 del citado D.S. N° 518/1998; y en segundo término, aquellos que debe tomar en consideración el Jefe del Establecimiento Penitenciario, con la asesoría del Consejo Técnico, para decidir si se otorga el beneficio a los postulantes que cumplen con los requisitos para optar al beneficio, los cuales se encuentran descritos en los artículos 97, 98 y 109 del mismo cuerpo reglamentario3.

9) Que los antecedentes en referencia han debido informar la decisión adoptada por la autoridad penitenciaria en orden al otorgamiento del beneficio intrapenitenciario de salida controlada al medio libre al Sr. Salamanca Carrasco, por lo que, en tanto fundamentos de dicha decisión y en cuanto han servido de sustento y complemento directo y esencial a ésta, han de presumirse públicos. Sin embargo, al menos una parte de dichos antecedentes, atendida su naturaleza ––como es el caso de los informes sicológicos, informes sociales y eventuales certificados que hayan dado cuenta de problemas de aprendizaje del beneficiario, en caso de existir–– pueden contener información relativa al beneficiario, que merezca la calificación de datos personales o eventualmente sensibles a la luz de la definiciones establecidas en el artículo 2°, letras f) y ñ) de la Ley N° 19.628, y por lo mismo, podría surgir cuestión en torno a su publicidad4.

10) Que, para abordar esta problemática, cabe ponderar los elementos del presente caso utilizando los denominados tests de daños y de interés público. En efecto, “[A]mbos, que pueden ser complementarios, consisten en realizar un balance entre el interés de retener la información y el interés de divulgarla para determinar si el beneficio público resultante de conocer la información solicitada es mayor que el daño que podría causar su revelación. El primero se centra en ponderar si la divulgación puede generar un daño presente, probable y específico a los intereses o valores protegidos de mayor entidad que los beneficios obtenidos; el segundo, en ponderar si el interés público a obtener con la entrega de la información justifica su divulgación y vence, con ello, la reserva” (Decisión C193-10). Así, por ejemplo, en la decisión Rol C664-10, relativa a las resoluciones recaídas en sumarios sanitarios donde aplicaba el derecho al olvido consagrado en el artículo 21 de la Ley N° 19.628, este Consejo resolvió dar acceso a dichas sanciones atendido el interés público involucrado en su conocimiento” (considerando 5° de la decisión recaída en el amparo Rol C315-11).

11) Que, conforme al criterio precedentemente expuesto, es posible apreciar un interés público preponderante en la divulgación de la información requerida, lo que permitiría justificar que la reglas de secreto con respecto a los datos personales o sensibles contempladas por los artículos 7° y 10 de la Ley N° 19.628, cedan ante interés general de la divulgación de la información. En efecto, este Consejo estima que el conocimiento de los informes y demás antecedentes fundantes que han dado lugar al otorgamiento o concesión de un determinado beneficio penitenciario, como ocurre en la especie, pueden posibilitar a la ciudadanía, no sólo tomar conocimiento con respecto a una materia que es de suyo particularmente relevante, cual es la forma en que se administra la política penitenciaria del país en lo concerniente al otorgamiento de tal tipo de beneficios, sino además, y precisamente, permite propiciar un adecuado nivel de control social con respecto a los criterios, antecedentes o fundamentos tenidos en cuenta por la autoridad respectiva para conceder dichos beneficios y si las personas beneficiadas con ellos cumplían o no con los requisitos para optar a los mismos. Todo ello, permite justificar que en el caso sub lite se disponga acoger el presente amparo, disponiendo la entrega al reclamante de los informes psicológicos, sociales y otros antecedentes que pudieren contener información, incluso sensible, relativa al beneficiario.

12) Que, el argumento anterior se ve especialmente reforzado, por hecho que en el D.S N° 518 ya citado, predetermina el contenido de los informes psicológicos y sociales que deben evacuarse con respecto al beneficiario, estableciendo que éstos deben abarcar ciertos y determinados aspectos, todos ellos sólo funcionales al otorgamiento del beneficio, de modo que la publicidad de los informes contribuiría a apreciar la verificación del parámetro legal, sin que pudiera divulgarse –por no constar en dichos informes– otro antecedente sicológico o social del beneficiario que no incidiera en su otorgamiento o concesión. Así, el artículo 97 del cuerpo reglamentario en comento establece en lo pertinente: “Para estos efectos será fundamental el informe psicológico que dé cuenta de la conciencia de delito, del mal causado con su conducta y de la disposición al cambio, de modo que se procure, por una parte, constatar que el interno responde efectiva y positivamente a las orientaciones de los planes y programas de reinserción social y, por otra, evitar la mera instrumentalización del sistema con el fin de conseguir beneficio. Por su parte, el informe social deberá referirse expresamente a las posibilidades del interno de contar con medios o recursos de apoyo o asistencia en los términos previstos en la letra d) del artículo 110 de este Reglamento”.

13) Que, por otra parte, la posibilidad que la divulgación de los informes en cuestión pudieran generar un daño presente, probable y específico a los intereses de quien recibió el beneficio intrapenitenciario o a su esfera de intimidad u honra, se ve minimizada considerablemente, por cuanto el mismo D.S N° 518, establece que, para obtener el beneficio, los informes deben ser favorables; pero aún en caso contrario, en aras del necesario control social podría estimarse que la sociedad tiene derecho a conocerlos, dada la relevancia de la decisión que ellos informan, particularmente si se trata de elementos negativos significativos.

14) Que, por último, en lo concerniente a la fecha desde la cual ha comenzado a operar el beneficio ––considerando 1° letra iii)–– no se aprecia razón alguna que permita desvirtuar la presunción de publicidad que recae sobre dicha información, razón por la cual también se acogerá el amparo a su respecto.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y E), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Mario Hidalgo Acuña en contra de Gendarmería de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente, no obstante tener por entregada la información a que se refiere el literal i) del considerando 1° precedente, en virtud de la sola notificación de esta decisión.

II. Requerir al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile que:

a) Haga entrega al reclamante de copia de los antecedentes en base a los cuales se otorgó el beneficio intrapenitenciario al Sr. Freddy Salamanca Carrasco, en especial los informes psicológicos, sociales y otros antecedentes que obre en su poder sobre dicho beneficiario;

b) Informe al reclamante la fecha desde la cual el Sr. Freddy Salamanca Carrasco ha empezado a gozar el beneficio de libertad controlada al medio libre, ya sea directamente o entregue la resolución o documentación en que ello conste;

c) Cumplir dichos requerimientos en un plazo que no supere los 5 días hábiles, contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

d) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a don Mario Hidalgo Acuña, a don Freddy Salamanca Carrasco, en cuanto tercero involucrado, y al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.