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Nicolás Humeres Guajardo con CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO (CDE) Rol: C2482-15

Consejo para la Transparencia, 27/11/2015

Se dedujo amparo en contra del Consejo de Defensa del Estado, fundado en que dio respuesta negativa a una solicitud de información referente a "el n° total de causas, con indicación de rol y tribunal de 1° instancia, en que el Consejo de Defensa del Estado (en adelante CDE), haya deducido demanda de nulidad de derecho público, en contra de Municipalidades y funcionarios municipales (demandados), a fin de dejar sin efecto, acuerdos de los respectivos Concejos Municipales para transar, avenir o conciliar, así como de la respectiva transacción, conciliación o avenimiento, arribada entre funcionarios y municipio con ocasión de juicios laborales, civiles o de otra naturaleza por conflictos derivados del cálculo del incremento previsional contemplado en el art. 2° del Decreto Ley N° 3501. El Consejo rechaza el amparo, por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Justicia
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Ausente)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2482-15

Entidad pública: Consejo de Defensa del Estado (CDE)

Requirente: Nicolás Humeres Guajardo

Ingreso Consejo: 14.10.2015

En sesión ordinaria N° 665 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de noviembre de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2482-15.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 25 de agosto de 2015, don Nicolás Humeres Guajardo solicitó al Consejo de Defensa del Estado, en adelante e indistintamente, CDE, la siguiente información:

"el n° total de causas, con indicación de rol y tribunal de 1° instancia, en que el Consejo de Defensa del Estado (en adelante CDE), haya deducido demanda de nulidad de derecho público, en contra de Municipalidades y funcionarios municipales (demandados), a fin de dejar sin efecto, acuerdos de los respectivos Concejos Municipales para transar, avenir o conciliar, así como de la respectiva transacción, conciliación o avenimiento, arribada entre funcionarios y municipio con ocasión de juicios laborales, civiles o de otra naturaleza por conflictos derivados del cálculo del incremento previsional contemplado en el art. 2° del Decreto Ley N° 3501.

Los juicios civiles o laborales en que se habrían arribado a conciliación, avenimiento o transacción, corresponden a acciones deducidas por funcionarios municipales en contra de sus respectivos municipios, fundados en una interpretación del dictamen de Contraloría General de la República N° 8.466, de 2008.

Se adjuntan algunos roles relativos a las (sic) juicios de nulidad iniciados por CDE.

Aun cuando no es necesario expresar causa, se hace presente que la información se solicita para fines académicos y estadísticos (seminario de magíster en derecho administrativo) y el estudio de fondo de dichos procesos, así como su categorización según variables serán objeto de estudio.

Ejemplo de ese tipo de causas: C3162-2012 del 3° Juzgado Civil de Concepción; C7304-2011 del 1° Juzgado Civil de Temuco".

2) RESPUESTA: El 23 de septiembre de 2015, el CDE respondió a dicho requerimiento de información mediante Of. Ord. N° 4893 de la misma fecha, señalando, en síntesis, que:

a) Al no ser un órgano estadístico, el CDE no cuenta con la información en los términos solicitados. En este sentido, no es posible acceder a su entrega, ya que se trata de información reservada en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, y del artículo 7 N° 1, letra c) de su Reglamento. Esta última disposición señala: "Se entiende por requerimientos de carácter genérico, aquellos que carecen de especificidad respecto de las características esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o período de vigencia, autor, origen o destino, soporte, etcétera / Se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

b) Conforme a lo señalado, al no ser el CDE un órgano estadístico, no cuenta con información que contenga los datos requeridos de la manera desagregada según se piden. En este sentido, se hace necesario señalar que el servicio cuenta en su página web www.cde.cI en el link "Indicadores y Estadísticas" con toda la información estadística, que como órgano público le es exigida.

c) Cabe hacer presente que el CDE cuenta con un sistema informático denominado "Sistema de Gestión de Causas" (en adelante, SGC). El SGC es una herramienta de trabajo para los abogados y funcionarios del Consejo, pero que no está diseñado para los efectos de obtener información bajo los distintos términos empleados por el requirente en la solicitud de acceso a la información pública en conformidad a la Ley de Transparencia. El SGC es un sistema de gestión interna cuyos descriptores no coinciden con los términos expuestos por el solicitante en su requerimiento, razón por la cual el servicio no podrá entregar un número total de causas inequívoco y desagregado según los parámetros requeridos, toda vez que esos criterios de búsqueda no existen. Ello importa que la única forma de buscar las causas solicitadas es manualmente, esto es, revisando una a una cada causa, según se explica a continuación.

d) La obtención de la información solicitada implicaría la elaboración de la misma, debiendo los funcionarios del servicio realizar un extenso trabajo de búsqueda y sistematización, labor que el organismo no está obligado a hacer, ni está comprendido dentro de la información que debe entregarse por Ley de Transparencia, que es sólo información ya existente en algún soporte (papel, informático u otro). Dicha búsqueda y sistematización no es posible efectuarla con el actual SGC y solo podría realizarse mediante la búsqueda manual de información en cada Procuraduría Fiscal lo que importaría destinar a un gran número de funcionarios por una cantidad muy extensa de días (superior a 40 días hábiles) de manera exclusiva y revisando causa por causa para poder obtener información inequívoca, lo que el servicio no está en condiciones de realizar sin abandonar las funciones que la ley le ha entregado. Por tales razones y la causal de reserva invocada no es factible entregar la información solicitada.

3) AMPARO: El 14 de octubre de 2015, don Nicolás Humeres Guajardo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que habría recibido una respuesta negativa a su solicitud. Señala que:

a) No son efectivos los fundamentos de la causal invocada, toda vez que la información requerida no es ambigua o genérica, sino que por el contrario está determinada por la materia, tipo de acción deducida, fundamentos y calidad en que litiga el organismo requerido.

b) Además no es efectivo que distraiga el funcionamiento del órgano, toda vez que el CDE cuenta con una base de datos o plataforma digital en que se revisan los procesos en que actúan.

c) Por último, tal como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en el fallo rol: 2505-13, citado en la decisiones del Consejo para la Transparencia, C469-15 y C472-15, "(...) a partir de la aplicación de los principios de máxima divulgación, de apertura de la información y de las presunciones de relevancia y publicidad, así como del principio de divisibilidad, resulta lógico que la Administración del Estado deba estar obligada, en ciertos supuestos, a construir información nueva para entregar al solicitante a partir de la información existente", en la medida que ello no afecte el debido cumplimiento de los fines del órgano, tal como sucede en la especie.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Presidente del Consejo de Defensa del Estado, mediante Oficio N° 008198 de 23 de octubre de 2015.

Mediante Of. N° 19 de 9 de noviembre de 2015, el Sr. Presidente del Consejo de Defensa del Estado presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que:

a) Para dar respuesta a solicitudes como la efectuada, el CDE debe recurrir al único sistema que contiene la información de los asuntos judiciales y extrajudiciales en el Consejo, el Sistema de Gestión de Causas (SGC). El SGC es una herramienta de trabajo para los abogados y funcionarios del CDE que no está diseñada para obtener información bajo los distintos términos empleados por el requirente en la solicitud de acceso a la información pública, ya que dicho sistema no recopila antecedentes o información con fines estadísticos. Este sistema es una herramienta de gestión interna cuyas materias no siempre coinciden con los términos expuestos por el requirente en su solicitud. Se utiliza fundamentalmente para registrar la realización de trámites y coordinar asuntos internos de la defensa de cada causa como un todo y no por parámetros tan específicos como los indicados por el reclamante. Por tal razón, en ningún caso la información de esas causas está guardada con el nivel de detalle requerido, ni menos aún el sistema puede desagregar la información de la forma solicitada, ni tampoco es factible recopilarla de manera automática según los parámetros por él expuestos, por no existir esos patrones de búsqueda en el sistema informático.

b) La información que registra el SGC se basa en el ingreso de la información clasificada y ordenada en base a tres conceptos clave que son el Tipo de Causa (civil, penal, laboral, contencioso, etc.), Procedimiento (ordinario, sumario, procedimiento oral) y la Materia (reclamo de multa, cobro de pesos, indemnización de perjuicios, fraude al fisco, contrabando, tutela laboral, nulidad de derecho público, etc.) Estos elementos son llamados triada y determinan el orden y categorización de todo el sistema. Cabe recalcar que el SGC sólo obliga a completar información relativa a estos elementos que componen la tríada, la información restante puede no ser ingresada ya que no es obligatorio y ello dependerá del criterio del funcionario a cargo de realizar esta tarea (abogado, procurador y/o administrador). Para obtener la información requerida es necesario revisar causa por causa según el desglose solicitado, en la medida que ésta no se encuentra estructurada en el SGC en los términos requeridos. De ahí que para obtenerla, necesariamente se debe buscar manualmente las causas que revistan las características requeridas en cada una de la Procuradurías Fiscales (diecisiete a nivel nacional).

c) En cuanto a la materia de la acción de que se trata, en la lógica del sistema del CDE, el dato materia corresponde a la naturaleza del asunto jurídico respectivo y el diseño de éste sólo permite la inclusión de una sola información. Así las cosas, y en vistas a la información solicitada, las opciones existentes en el SGC para dar respuesta al requerimiento son: i) Nulidad de derecho público; ii) Cobro cotizaciones previsionales; iii) Acción declarativa de mera certeza; iv) Declaración de derechos previsionales; v) Nulidad de resolución administrativa. Del universo de causas que hayan sido ingresadas como correspondientes a una de estas materias, habría que identificar cuántas de ellas corresponden a causas que hayan tenido como objeto lo correspondiente a lo requerido. Esta tarea sólo puede ser realizada mediante la lectura de cada uno de estos expedientes, en la medida que este dato no está disponible en el SGC.

d) En cuanto a los organismos parte indicados en la solicitud, y tal como el CDE lo explicara en un Oficio previo, de 17 de agosto de 2015, si bien esta información puede ser recogida en el SGC en el campo correspondiente a Cliente, al ingresar la información correspondiente, lo que usualmente se realiza es ingresar la institución que envió el Oficio al CDE con la solicitud específica de intervención, que no siempre corresponde al organismo público que en el juicio en cuestión será representado por el CDE. La particularidad del sistema se presenta para buscar en el campo cliente toda vez que la intervención del CDE pudo haberse iniciado por requerimiento u oficio de instituciones distintas de las señaladas por el requirente, como puede ser por ejemplo, la Contraloría General de la República. En cuanto a la información acerca del rol de cada una de estas causas, cabe hacer presente que este dato no es de obligatorio en el SGC.

e) El Consejo para la Transparencia, con ocasión de la medida para mejor resolver decretada en el reclamo Rol C1591-14, visitó las dependencias del CDE el 21 de agosto de 2015, y pudo constatar cómo funciona el SGC y cuáles son sus limitaciones para responder solicitudes de acceso a la información como las del requirente. Así, en la decisión C1591-14, quedó establecido que el "Sistema de Gestión de Causas, es una aplicación web, orientada al registro de las actividades de los abogados, y no está diseñado para llevar control del proceso de resolución de causas. Esto hace que su interfaz sea principalmente un formulario en pantalla, en el cual los intervinientes vayan registrando datos asociados a alguna actividad o gestión, no habiendo datos relacionados a las fases o etapas del proceso, ni al producto final o intermedio de cada causa". Además, en dicha decisión quedó establecido que el SGC "constituye una herramienta interna que no cuenta con un sistema de almacenamiento estadístico y uniforme de la información que permita obtener información precisa, pues es un sistema que más bien se encuentra dirigido a registrar las actividades internas de los funcionarios, más que los procedimientos de tramitación de asuntos judiciales y extrajudiciales".

f) Atendido todo lo señalado, resulta evidente que la información requerida implica obligatoriamente la recopilación, corroboración y sistematización de un gran número de información. Ello porque el SGC no cuenta con los exactos parámetros y patrones de búsqueda que permitan encontrar de manera precisa, directa y fehaciente la información solicitada, pues este sistema no fue diseñado para estos efectos. Esta tarea se traduciría en una distracción indebida en el cumplimiento de las labores habituales desempeñadas por los abogados y funcionarios del servicio.

5) GESTIÓN OFICIOSA: El Consejo mediante correo electrónico de 18 de noviembre de 2015 solicitó al CDE lo siguiente: a) Señalar el volumen de la documentación que habría que revisar para encontrar y sistematizar la información solicitada, en el período requerido (entendiendo por éste el que va desde la dictación del dictamen N° 8.466 de 22 de febrero de 2008 de la Contraloría General de la República hasta la fecha de la solicitud de acceso a la información), para que quede en estado de entregarse a don Nicolás Humeres Guajardo; b) Señalar el tiempo que se demoraría en encontrar y sistematizar la información solicitada, en el período requerido (entendiendo por éste el que va desde la dictación del dictamen N° 8.466 de 22 de febrero de 2008 hasta la fecha de la solicitud de acceso a la información), para que quede en estado de entregarse a don Nicolás Humeres Guajardo.

Mediante correo electrónico de 23 de noviembre de 2015, el CDE respondió el requerimiento señalando lo siguiente:

a) Respecto al volumen de la información, tal como el CDE ya lo expresara en la presentación de 9 de noviembre de 2015, para dar respuesta a solicitudes como la realizada por el señor Humeres, debe recurrir al único sistema que contiene la información de los asuntos judiciales y extrajudiciales existentes y vigentes en el Consejo, el SGC, y la información en él contenida siempre deberá ser corroborada y verificada por el funcionario que consulta y por la Procuraduría Fiscal correspondiente. En el caso en particular, para identificar el universo de causas o volumen de la documentación que habría que revisar para encontrar la información requerida, el sistema solo permite identificar cuantas causas civiles o contenciosas (ambas coinciden con lo solicitado por el Sr. Humeres) fueron ingresadas desde el año 2008 a la fecha. Así las cosas, el resultado de esta búsqueda es el siguiente respecto de las causas civiles ingresadas en el SGC durante el periodo requerido:

2008 2043

2009 1782

2010 2008

2011 2082

2012 1868

2013 1588

2014 1650

2015 1495

Total: 14.516

Causas Contenciosas-Administrativas ingresadas en el SGC durante el periodo de tiempo requerido:

2008 429

2009 473

2010 592

2011 735

2012 612

2013 671

2014 835

2015 697

Total: 4444

El universo total a revisar para poder dar respuesta a lo solicitado se compone de 18.960 causas, de las cuales hay que distinguir cuantas de éstas corresponden a causas de nulidad de derecho público, de cobro cotizaciones previsionales, acción declarativa de mera certeza, declaración de derechos previsionales y, nulidad de resolución administrativa. Hecho lo anterior, tendría que procederse a identificar cuáles de dichas causas podrían coincidir con lo solicitado por el requirente.

b) Respecto del tiempo, para poder encontrar y sistematizar la información requerida se requieren al menos 40 días hábiles, ya que habría que revisar manualmente causa por causa para verificar cuáles coinciden con lo consultado. Se hace presente, además, que el sistema computacional del CDE no cuenta con descriptores que permitan acceder de manera directa a la información solicitada, ya que dichos descriptores no coinciden necesariamente con los parámetros que dan los solicitantes de información por Ley de Transparencia en sus solicitudes.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, según lo disponen los artículos 5°, inciso segundo y 10° de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquélla que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquélla contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

2) Que, la reclamada, invocó la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, por la que se podrá denegar total o parcialmente lo requerido, cuando la divulgación de lo pedido afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente tratándose de requerimientos referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Además, según lo previsto en el artículo 7° N° 1, letra c), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiere por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales.

3) Que, en la especie, el organismo precisó que al no ser un órgano estadístico no cuenta con la información requerida desagregada, por ende la elaboración de la misma implicaría destinar a los funcionarios de su Servicio a realizar un extenso trabajo de búsqueda y sistematización, que distraería el cumplimiento regular de sus funciones habituales, por cuanto debería revisar un total 18.960 causas, desde el año 2008 hasta la actualidad, lo cual implicaría que para la búsqueda y sistematización de la información requerida, se necesitaría al menos de 40 días hábiles, ya que habría que revisar manualmente causa por causa para verificar cuáles coinciden con lo consultado.

4) Que, el CDE indicó que cuenta con un sistema informático denominado "Sistema de Gestión de Causas", el cual no está diseñado para los efectos de obtener información bajo los distintos términos empleados por el requirente en la solicitud de acceso a la información, por el contrario es un sistema de gestión interna cuyos descriptores no coinciden con los términos expuestos en la solicitud, razón por la cual el servicio no podría entregar un número total de causas inequívoco y desagregado según los parámetros requeridos, toda vez que esos criterios de búsqueda no existen. En virtud de ello, la única forma de buscar las causas solicitadas es manualmente, esto es, revisando una a una cada causa, lo cual implicaría que los funcionarios del servicio deberían realizar un extenso trabajo de búsqueda y sistematización. Dicha búsqueda y sistematización no es posible efectuarla con el actual SGC y solo podría realizarse mediante la búsqueda manual de información en cada Procuraduría Fiscal.

5) Que, información de la misma naturaleza fue revisada por este Consejo a propósito de la tramitación del amparo Rol C1591-14. Cabe consignar que la visita inspectiva realizada por este Consejo a propósito de dicho amparo permitió constatar que el Sistema de Gestión de Causas es una aplicación web, orientada al registro de las actividades de los abogados, que no está diseñado para llevar control del proceso de resolución de causas. Esto hace que su interfaz sea principalmente un formulario en pantalla, en el cual los intervinientes van registrando datos asociados a alguna actividad o gestión, sin que existan datos relacionados a las fases o etapas del proceso, ni al producto final o intermedio de cada causa.

6) Que, según se pudo verificar en dicha visita, al ingresar las causas al sistema, en prácticamente la totalidad de los casos, se registra la institución que envía el oficio al CDE con la solicitud de tramitación de una causa y no necesariamente contra quien se sigue. En consecuencia no se tiene certeza de los datos del sistema, sobre la institución u órgano sobre quien se está tramitando la causa. Asimismo, si bien el ingreso de actividades relacionadas a una causa en el sistema solicita el RIT y RUC, entre otros datos, estos no son de carácter obligatorio, lo que se traduce en el bajo nivel de registro de estos datos. En definitiva, se evidenció que el SGC constituye una herramienta interna que no cuenta con un sistema de almacenamiento estadístico y uniforme que permita obtener información precisa, pues es un sistema que más bien se encuentra dirigido a registrar las actividades internas de los funcionarios, más que los procedimientos de tramitación de asuntos judiciales y extrajudiciales.

7) Que, atendidas las consideraciones expuestas, queda en evidencia que la labor de búsqueda de la información implicaría la revisión de 14.516 causas civiles y de 4.444 causas contencioso-administrativas, ingresadas en el SGC desde el año 2008 hasta la actualidad, es decir, un total de 18.960 causas, de las cuales había que distinguir cuantas de éstas corresponden a causas de nulidad de derecho público, de cobro cotizaciones previsionales, acción declarativa de mera certeza, declaración de derechos previsionales y, nulidad de resolución administrativa, luego de lo cual habría proceder a identificar cuáles de dichas causas podrían coincidir con lo solicitado por el requirente. Luego, para encontrar y sistematizar la información requerida se requerirían al menos 40 días hábiles, por cuanto habría que revisar manualmente causa por causa para verificar cuáles coinciden con lo consultado.

8) Que, atendida especialmente la naturaleza de lo solicitado cabe recordar lo razonado por este Consejo en la decisión de amparo Rol C377-13, en que pronunciándose sobre la concurrencia de la causal de distracción indebida, se estableció que "(...) la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". En otra palabras, la configuración de la causal de distracción indebida supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran los esfuerzos asociados a la entrega de lo pedido, entre ellos, el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie, y por tanto darían lugar a los esfuerzos desproporcionados mencionados. Por tanto, en virtud de los fundamentos expuestos se rechazará el presente amparo.

9) Que, sin perjuicio de dar lugar a la causal de secreto o reserva invocada, este Consejo recomendará, en lo resolutivo de la presente decisión, al CDE tomar las medidas tendientes a ajustar sus sistemas informáticos para los efectos de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, permitiendo de esa forma dar respuesta oportuna y expedita a las solicitudes de acceso que se le formulen y, en definitiva, garantizar adecuadamente dicho derecho en favor de los ciudadanos respecto de aquella información que obre en su poder.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Nicolás Humeres Guajardo en contra del Consejo de Defensa del Estado, por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Recomendar al Sr. Presidente del Consejo de Defensa del Estado, tomar las medidas tendientes a ajustar sus sistemas informáticos para los efectos de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, permitiendo de esa forma dar respuesta oportuna y expedita a las solicitudes de acceso que se le formulen y, en definitiva, garantizar adecuadamente dicho derecho en favor de los ciudadanos respecto de aquella información que obre en su poder.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Nicolás Humeres Guajardo, y al Sr. Presidente del Consejo de Defensa del Estado.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada. El Consejero del Consejo Directivo don José Luis Santa María Zañartu no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.