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Carmen Astorga Soto con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C669-11

Consejo para la Transparencia, 31/08/2011

Se dedujo amparo contra la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), ante la respuesta incompleta a solicitud de acceso sobre información relativa a la Escuela de Investigaciones Policiales (programas de asignatura, año nombramiento y/o designación cargo de ciertos secretarios de estudios de dicha escuela). El Consejo rechaza el recurso en todas sus partes por considerar que la PDI ha entregado dentro de plazo y en forma íntegra respuesta a cada uno de los puntos contenidos en el requerimiento. Estima que no es posible requerir la entrega de información inexistente. Considera que se ha dado respuesta a través del medio solicitado por la requirente.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Desarrollo y Gestión Institucional
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO C669-11
 
Entidad Publica: Policía de Investigaciones de Chile
 
Requirente: Carmen Astorga Soto
 
Ingreso Consejo: 02.06.2011

En sesión ordinaria Nº 278 del Consejo Directivo, celebrada el 31 de agosto de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C669-11.

VISTOS:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.L. N° 2.460, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; en el D.F.L. N° 1, de 1980, del Ministerio de Defensa, que fija el Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile; en el Decreto N° 28/1981, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba el Reglamento de Calificaciones del personal de la Policía de Investigaciones de Chile; en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 12 de abril de 2011, a través del sistema de gestión de solicitudes en línea, a la que se asignó el N° AD010W-0000180, doña Carmen Astorga Soto solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile, en adelante e indistintamente PDI, información relativa a la Escuela de Investigaciones Policiales (ESCIPOL), en particular la siguiente:

a) Programa detallado de la asignatura Derecho Penal Parte General, dirigido a Aspirantes, correspondiente a los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011;

b) Programa detallado de la asignatura Derecho Penal (Parte General y Parte Especial), dirigido a los Oficiales Policiales, respecto de los años ya indicados;

c) Año de nombramiento y/o designación, y de cesación en el cargo del Secretario de Estudios de la ESCIPOL, Sr. Rosas Bahamondes; y,

d) Año de nombramiento y/o designación, y de cesación en el cargo de la Secretaria de Estudios de la ESCIPOL, Sra. Catalán Oyanedel.

2) RESPUESTA: A través de correo electrónico de 10 de mayo de 2011, la PDI informó a la reclamante la prórroga del plazo de su respuesta. Posteriormente, por la misma vía, el 13 de mayo de 2011, la Subcomisario (J) doña Daniela Mesa Juliani respondió al requerimiento de información, en los siguientes términos:

a) Señala en su misiva que remite copia escaneada de la información solicitada, contenida en el Ordinario N° 201, de 9 de mayo de 2011, del Director de la ESCIPOL don Claudio Preller Pinochet, haciendo presente que dichos antecedentes también fueron enviados a la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de Talagante, para su retiro.

b) Por su parte, en el citado Ordinario, en lo que respecta a la solicitud de información que motiva el amparo de la especie, se señala lo siguiente:

i. Adjunta programas de la Asignatura Derecho Penal General de la carrera de Investigador Policial (Aspirantes), de los años consultados.

ii. En relación al curso de Derecho Penal (Parte General y Especial) dirigido a los Oficiales Policiales Profesionales, adjunta el programa que se utilizó en los años 2006, 2007, 2008 y 2009, indicando que el diseño curricular no contemplaba programas separados, condensando los contenidos programáticos. Asimismo, comunica que no existe un programa del año 2010, toda vez que el curso de Oficiales Policiales Profesionales consideró sólo cinco promociones, la última de ellas correspondiente al año 2009. Finalmente, informa que el año 2011 se abrió nuevamente el referido curso, con un nuevo diseño curricular que contempla el primer semestre, Derecho Penal General (programa que adjunta), y en el segundo semestre, Derecho Penal Especial (programa en elaboración).

iii. El Sr. Oscar Rosas Bahamonde, fue designado mediante Orden N° 53, de 13 de diciembre de 2006, haciendo entrega de su cargo el 6 de julio de 2009, mediante Orden N° 90, de 23 de septiembre del mismo año.

iv. Por otra parte, la Sra. Claudia Oyanedel Catalán, asumió como Jefa de Estudios el 6 de julio de 2009.

3) AMPARO: El 2 de junio de 2011, doña Carmen Astorga Soto dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la PDI, fundado en los siguientes argumentos.

a) Primeramente, manifiesta que habría recibido respuesta mediante correo electrónico, lo que considera irregular, dado lo indicado en su solicitud de información, en cuanto señaló que los antecedentes requeridos los solicitaba en soporte papel y que los retiraría en la BICRIM de Talagante.

b) Asimismo, indica que la información entregada no correspondería a lo solicitado, por cuanto, en lo que respecta al segundo punto de su requerimiento, no se incluyen en forma separada los programas de Derecho Penal Parte General y Especial, desagregados por año, y que inclusive sólo se habría adjuntado el programa correspondiente al primer semestre del año 2011.

c) En otro orden de consideraciones, respecto del tercer punto de su requerimiento, cuestiona la data del acto administrativo por el cual el Sr. Rosas habría cesado en el cargo.

d) Finalmente, hace presente que la PDI no indica el número de orden en virtud del cual la Sra. Catalán Oyanedel actúa como Jefa de la Secretaría de Estudios.

4) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: El Consejo Directivo de este Consejo, mediante Oficio N° 1372, de 8 de junio de 2011, solicitó a la reclamante, conforme a lo previsto en el artículo 46 Inciso segundo del Reglamento de la Ley de Transparencia, subsanar su reclamación, en el sentido de acompañar copia de la solicitud de información formulada a la PDI, antecedente que omitió al efectuar su presentación ante este Consejo. Mediante correo electrónico de 15 de junio de 2011, la reclamante remitió copia del antecedente solicitado.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante Oficio N° 1671, de 6 de julio de 2011, evacuando sus descargos en esta sede la Sra. Rosana Pajarito Henríquez, Prefecto Inspector (J), Jefa de Jurídica, quien a través de Ordinario N° 326, del 20 de julio de 2011, y luego de hacer referencia a la respuesta entregada a la reclamante, expuso lo siguiente:

a) Estima que el reclamo interpuesto sería improcedente, por cuanto al haberse entregado la totalidad de la información requerida dentro del plazo legal, no se verifica en la especie la hipótesis que le sirve de fundamento.

b) En cuanto a la forma de notificación de la respuesta a la reclamante, indica que al realizar su requerimiento a través del sistema de gestión de solicitudes de la PDI, ésta optó expresamente por la notificación a través de correo electrónico, haciendo presente que, en cuanto a la recepción de la información requerida, el sistema permite efectivamente al peticionario escoger que la documentación sea retirada en la oficina de su preferencia, opción que eligió la reclamante. Agrega, que el plazo para recurrir de amparo se cuenta desde que la reclamante ha tomado conocimiento de la información solicitada, esto es, desde su retiro en la oficina correspondiente. Además, no observa el perjuicio que alega la interesada, por cuanto interpuso dentro de plazo amparo ante el Consejo para la Transparencia.

c) Finalmente, hace presente que las alegaciones de la reclamante para fundamentar su amparo, se sustentan en reclamos y suposiciones personales, que no dicen relación alguna con la entrega inoportuna o la denegación de la información requerida. De esta forma, la reclamante estaría utilizando la Ley de Transparencia como vía para representar supuestas irregularidades, correspondiendo en tal caso efectuar el reclamo correspondiente, ante las autoridades respectivas y solicitar lo que en derecho corresponda.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en primer término, atendidas las alegaciones de la reclamante, cabe analizar si de acuerdo a los antecedentes tenidos a la vista, la PDI atendió la solicitud de información por el medio que fue solicitado por la peticionaria. Que, a este respecto, se ha podido constatar que doña Carmen Astorga Soto, al realizar su requerimiento a través del sistema de gestión de solicitudes, señaló en forma expresa su deseo de ser notificada mediante correo electrónico, conforme a lo preceptuado en el inciso final del artículo 12 de la Ley de Transparencia, indicando, al mismo tiempo, como forma de recepción de los antecedentes solicitados, el retiro de ellos en la oficina de la BICRIM de Talagante, de manera que no cabe más que concluir que el órgano ha dado estricto cumplimiento al artículo 17 de la Ley de Transparencia, en relación con el citado artículo 12 de la citada ley, por cuanto procedió a la entrega de la información solicitada por el medio que la requirente señaló. Asimismo, del intercambio de comunicaciones sostenidas entre la peticionaria y un funcionario de la PDI, se desprende que dicha institución proporcionó a la solicitante todas las facilidades necesarias para que la entrega en la forma requerida finalmente se concretara.

2) Que, a continuación y precisado lo anterior, resulta necesario determinar la suficiencia de la respuesta emitida por la PDI respecto de cada uno de los puntos contenidos en el requerimiento. Así, en relación a aquéllos contenidos en el literal a), numeral 1° de lo expositivo, se pudo verificar por parte de este Consejo que se hizo entrega de cada uno de los programas de los años consultados, correspondientes a la asignatura de Derecho Penal Parte General, del programa dirigido a Aspirantes, de modo que en esta parte se tendrá por satisfecho el requerimiento.

3) Que, por su parte, respecto del programa del curso de Derecho Penal (Parte General y Parte Especial), dirigido a los Oficiales Policiales, correspondiente a los años 2006, 2007, 2008 y 2009, 2010 y 2011, es necesario realizar las siguientes precisiones:

a) De la revisión del documento remitido a la reclamante, es posible concluir que el curso en cuestión trata en forma conjunta la parte general y especial del Derecho Penal, razonamiento al que puede arribarse de la simple lectura de los contenidos y objetivos del programa. Asimismo, se advierte que en su respuesta, la PDI hace presente en forma expresa lo observado, indicando incluso las razones que justifican la unificación de dichas materias.

b) Si bien es efectivo que el referido programa no señala con precisión el año curricular al que corresponde, la PDI es clara en su respuesta al explicar, por una parte, que dicho programa de estudios se utilizó en cada uno de los años consultados, y por otra, que durante el año 2010, no se impartió el mencionado curso, no existiendo, consecuentemente, un programa para este último año. Sobre este último punto, cabe aplicar el criterio que se ha venido desarrollando en las decisiones de los amparos Roles A310-09, A337-09, C382-09, C94-11, C109-11 y C151-11, en virtud del cual este Consejo ha estimado que no es posible requerir la entrega de información inexistente.

c) Finalmente, cabe señalar que la reclamante reconoce explícitamente en su amparo la entrega del programa correspondiente al primer semestre del año 2011. Ahora bien, en lo que dice relación al segundo semestre, en atención a que la reclamada informa que aquél se encuentra en proceso de elaboración, debe concluirse que éste no obra en su poder en cuanto tal, debiendo razonar, en consecuencia, en el sentido indicado en el literal b) precedente.

d) Por todo lo señalado precedentemente, se tendrá por contestado el requerimiento en este punto, debiendo desestimar por improcedentes las alegaciones de la reclamante a este respecto.

4) Que, respecto del nombramiento y cesación en el cargo del Sr. Rosas Bahamondes, se advierte que la PDI no se limita a señalar el año de ocurrencia de tales actuaciones, que es precisamente lo que consulta la reclamante, sino que dando aplicación al principio de máxima divulgación, consagrado en el artículo 11, letra d) de la Ley de Transparencia, señala las fechas exactas en que las aquéllas tuvieron lugar, individualizando incluso los actos jurídicos que le sirvieron de sustento. En consecuencia, esta Corporación estima que las alegaciones de la reclamante sobre este punto escapan al ámbito de la Ley de Transparencia y, por ende, a la esfera de competencia de este Consejo, por cuanto el objeto de la citada ley dice relación con el acceso a la información que obra en poder de los órganos de la Administración del Estado –cuya publicidad contribuye, en último término, a la transparencia de la gestión pública–, no pudiendo utilizarse las reclamaciones al amparo de tal normativa como mecanismos para formular denuncias sobre supuestas irregularidades administrativas o de otra índole, labor que, por lo demás, la ley encomienda a otros entes públicos, debiendo tales denuncias plantearse en las instancias que resulten pertinentes.

5) Que, a la misma conclusión puede arribarse luego de examinar la respuesta proporcionada por la PDI en relación al literal d) de la solicitud ya referida, por cuanto pudo verificarse que se informó a la reclamante la fecha –precisando el año solicitado– relativa al nombramiento de la funcionaria en cuestión, advirtiendo que si bien en este caso no se individualizó el acto jurídico mediante el cual se materializó el referido nombramiento, tal antecedente no formaba parte de la petición original de la reclamante, excediendo de esta forma el alcance de su requerimiento.

6) Que, en mérito de todo lo señalado, se rechazará en todas sus partes el presente amparo, en consideración a que del cotejo de los antecedentes allegados a este Consejo, ha quedado de manifiesto que la PDI ha entregado dentro de plazo y en forma íntegra respuesta a cada uno de los puntos contenidos en el requerimiento de doña Carmen Astorga Soto.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por doña Carmen Astorga Soto, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, en virtud de los razonamientos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General de este Consejo que notifique la presente decisión a doña Carmen Astorga Soto y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Certifica don Enrique Rajevic Mosler, Director General (S) del Consejo para la Transparencia.