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Marcelo Vargas Troncoso con SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN Rol: C3209-15

Consejo para la Transparencia, 01/04/2016

Se dedujo amparo en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada referente a "(...) la base de datos de los vehículos inscritos de todos los Municipios y Corporaciones Municipales del País, según el siguiente detalle: a) Rut Municipio o Corporación Municipal; b) Nombre Municipio o Corporación Municipal; c) Placa Patente; d) Año de inscripción; e) Marca; f) Modelo; g) Color; h) Año de fabricación; i) Tipo de combustible; j) Peso bruto vehicular; k) Números identificatorios (motor, chassis, vin o serie); l) Individualización de su actual y anteriores propietarios; m) Limitaciones al dominio que le afecten". El Consejo acoge el amparo, toda vez que los vehículos adquiridos por la municipalidad se encuentran incorporados al patrimonio municipal. En este sentido, al conformar parte integrante del patrimonio de las municipalidades, la información solicitada es relevante para el control social de los recursos públicos en cuanto dice relación con el gasto municipal en lo relativo a vehículos.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Sentencias o resoluciones sobre esta decisión:



Consejeros:

  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3209-15

Entidad pública: Servicio de Registro Civil e Identificación.

Requirente: Marcelo Vargas Troncoso.

Ingreso Consejo: 17.12.2015.

En sesión ordinaria N° 695 del Consejo Directivo, celebrada el 1° de abril de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C3209-15.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 25 de noviembre de 2015, don Marcelo Vargas Troncoso, solicitó al Servicio de Registro Civil e Identificación, "(...) la base de datos de los vehículos inscritos de todos los Municipios y Corporaciones Municipales del País, según el siguiente detalle:

a) Rut Municipio o Corporación Municipal;

b) Nombre Municipio o Corporación Municipal;

c) Placa Patente;

d) Año de inscripción;

e) Marca;

f) Modelo;

g) Color;

h) Año de fabricación;

i) Tipo de combustible;

j) Peso bruto vehicular;

k) Números identificatorios (motor, chassis, vin o serie);

l) Individualización de su actual y anteriores propietarios;

m) Limitaciones al dominio que le afecten".

2) RESPUESTA: El 15 de diciembre de 2015, mediante carta sed N° 2249, el órgano señaló en síntesis, que en virtud de la jurisprudencia establecida por la Corte de Apelaciones de Santiago, en causas roles C-1.085-2013 y C8582-2014, sólo entregará placa patente, tipo, marca, modelo y año de fabricación. Asimismo, señaló además, que el detalle de las características de cada vehículo, se debe obtener a través del correspondiente Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes, de cada uno de ellos, en cualquier Oficina del Registro Civil o en la página web www.srcei.cl, cancelando los derechos de rigor por cada certificado.

3) AMPARO: El 17 de diciembre de 2015, don Marcelo Vargas Troncoso dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Servicio, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada, obteniéndose sólo parte de lo requerido.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, por medio de oficio N° 88, de fecha 06 de enero de 2016, quien mediante ordinario N° 318, de 25 de enero del año en curso, reiteró lo ya sostenido en su respuesta, precisando en resumen además, que, al tenor de jurisprudencia de este mismo Consejo, como de la Corte de Apelaciones de Santiago, si bien la información consultada forma parte de un registro público, esta no es una fuente accesible al público. En consecuencia, para categorizar un banco de datos como fuente accesible al público, la legislación nacional se centra en la posibilidad de acceder sin restricciones, por cualquier persona, a todos los elementos contenidos en dicho banco, caso en el cual no existe limitación en el uso que se les pueda dar. Por tanto, en el caso concreto, el hecho que el acceso al registro consultado está sometido a la restricción de aportar la placa patente excluye la posibilidad de considerar a este registro como una fuente accesible al público.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo, tiene por objeto la entrega de información consistente en una base de datos de todos los vehículos inscritos de las Municipalidades y Corporaciones Municipales, según el detalle que se lee en el numeral 1°, de lo expositivo. Al efecto, es del caso señalar que el Servicio, accedió sólo a la entrega de las placas patentes, año de fabricación, modelo, marca y tipo.

2) Que, para contextualizar lo solicitado, se debe señalar que el artículo 3° de la ley N° 19.477, Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, establece que corresponderá a dicho Servicio "llevar los registros y efectuar las actuaciones que la ley encomiende". Asimismo, los numerales 1 y 7 del artículo 4° del mismo cuerpo legal prescriben, respectivamente, que son funciones del Servicio, formar y mantener actualizados los registros que indica, entre ellos, el Registro de Vehículos Motorizados, y "otorgar certificados que den fe de los hechos y actos jurídicos que consten en los registros que mantiene el Servicio". A su vez, los artículos 39 y 47 de la Ley N° 18.290, de Tránsito, disponen, respectivamente, que el Servicio "llevará un Registro de Vehículos Motorizados en la base de datos central de su sistema mecanizado, en el cual se inscribirán los vehículos y la individualización de sus propietarios y se anotarán las patentes únicas que otorgue", debiendo "informar o certificar, a quien lo solicite, los hechos o actuaciones que consten en el Registro de Vehículos Motorizados". Por otra parte, el D.F.L. N° 1.282, de 1975, del Ministerio de Hacienda, establece el monto en pesos de los impuestos que deberán pagarse por las actuaciones del Servicio de Registro Civil e Identificación, cuyos valores serán reajustados por decreto del Ministerio de Justicia.

3) Que, a su vez, las leyes sobre Registro Civil, Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación y artículo 47 de la Ley del Tránsito; el artículo 28 del D.S. N° 1111, de 1985, de Justicia, que contiene el Reglamento del Registro de Vehículos Motorizados, especifica con precisión que la información que contiene dicho registro, se entrega a través de "certificados automatizados", que pueden ser solicitados por cualquier persona que conozca la placa patente del vehículo de que se trata. Asimismo, analizado a titulo ejemplar un certificado de inscripción y anotaciones vigentes del referido registro, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, se advierte que dicho certificado da cuenta de los siguientes datos: tipo de vehículo, marca, modelo, color, año de fabricación, tipo de combustible, peso bruto vehicular, números identificatorios (motor, chasis u otro), individualización de su actual y anteriores propietarios y limitaciones al dominio que le afecten.

4) Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, y conforme a lo dispuesto en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en relación con los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, la información solicitada en el presente amparo es de naturaleza pública.

5) Que, la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de 9 de abril de 2015, en causal Civil Rol N° 8582-2014, sostuvo en su considerando 9°, que la "En la especie, trátese de información contenida en registros públicos, pero sometida a la aportación de determinados datos, lo que implica que su acceso es restringido o, de otra forma dicho, que no es una fuente accesible al público. Y ambos conceptos no son asimilables, situación que el propio Consejo ha establecido en Decisiones anteriores. El voto disidente los señala específicamente. Esta es la forma en que se entregan los certificados de defunción y las anotaciones vigentes de vehículos motorizados, en lo atinente al caso, vale decir, en forma individual y sobre la base de un suministro previo de ciertos datos que posibilitan el acceso. Esto implica que la ley ha determinado un procedimiento distinto de acceso a la información sita en registros públicos". Seguidamente agregó que "en lo que hace al Registro de Vehículos Motorizados, vinculado con lo dispuesto en la Ley del Tránsito (Artículo 47) referido a la obtención de la patente única y al otorgamiento del correspondiente certificado, y 28 del DS N°1111 que expresa que el Servicio del Registro Civil e Identificación informará o certificará, a quien lo solicite, los hechos o actuaciones que consten en el registro de Vehículos Motorizados a través de certificados automatizados que contendrán dicha información (...)" (énfasis agregados).

6) Que, así las cosas, teniendo presente lo señalado en los considerandos precedentes, se aprecia que lo solicitado en el presente amparo se encuentra contenido en el certificado de inscripción y anotaciones vigentes, el cual se entrega en forma individual y en base al suministro previo de determinados datos, específicamente, la placa patente, para poder acceder a los datos e información que en ahí se anotan. En consecuencia, el legislador ha fijado un régimen especial de acceso a la información que obra en esos registros públicos administrados por el Servicio de Registro Civil e Identificación, y a ese régimen debe estarse.

7) Que, sin perjuicio de todo lo expresado anteriormente, cabe hacer presente, que el artículo 13, letra a), de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone que forman parte del patrimonio municipal, los bienes corporales e incorporales que posean o adquieran a cualquier título. Así las cosas, indudablemente, los vehículos adquiridos por la municipalidad se encuentran incorporados en dicho ítem. En este sentido, al conformar parte integrante del patrimonio de las municipalidades, la información solicitada es relevante para el control social de los recursos públicos en cuanto dice relación con el gasto municipal en lo relativo a vehículos.

8) Que, en este orden de ideas, la información requerida permite conocer, entre otras cosas, las características de los vehículos que ha adquirido cada Municipalidad y Corporación Municipal del país; qué garantías y gravámenes les afectan y en favor de quienes están constituidas; conocer los dueños anteriores, u otras circunstancias de similar naturaleza, todo lo cual conlleva a transparentar la situación jurídica de los vehículos en cuestión, que en definitiva y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 589 del Código Civil, constituyen bienes fiscales. Esta situación, entonces, permite, solo para el presente caso, excepcionar al registro solicitado, de las premisas señaladas en los considerandos 2° al 6° de la presente decisión, en atención a la relevancia de lo requerido para el ejercicio del debido control social, en el ámbito de lo municipal, y especialmente tratándose de la utilización de fondos públicos en la adquisición, mantenimiento y baja de vehículos pertenecientes a las Municipalidades o Corporaciones Municipales.

9) Que, en mérito de lo razonado, este Consejo acogerá el presente amparo, ordenándose la entrega de lo solicitado por don Marcelo Vargas Troncoso, en el numeral 1°, de la parte expositiva de la presente decisión.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Marcelo Vargas Troncoso, en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, de acuerdo con lo razonado en los considerandos precedentes.

II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, que:

a) Entregue al reclamante la información solicitada en el numeral 1°, de lo expositivo, esto es, la base de datos de los vehículos inscritos de todos los Municipios y Corporaciones Municipales del País, según el siguiente detalle:

i. Rut Municipio o Corporación Municipal;

ii. Nombre Municipio o Corporación Municipal;

iii. Placa Patente;

iv. Año de inscripción;

v. Marca;

vi. Modelo;

vii. Color;

viii. Año de fabricación;

ix. Tipo de combustible;

x. Peso bruto vehicular;

xi. Números identificatorios (motor, chassis, vin o serie);

xii. Individualización de su actual y anteriores propietarios;

xiii. Limitaciones al dominio que le afecten".

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento @consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a Marcelo Vargas Troncoso y al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. La Presidenta del Consejo Directivo doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.