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Luis Jiménez Cáceres con SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN DE ARICA – PARINACOTA Rol: C1192-16

Consejo para la Transparencia, 01/07/2016

Se dedujo amparo en contra del SEREMI de Bienes Nacionales Región de Arica - Parinacota, fundado en que dio respuesta negativa a una solicitud de información referente al "Registro de todas las regularizaciones, a través del D.L. 2.695, de inmuebles ubicados, total o en parte, dentro de las áreas silvestres protegidas del Estado de la Región de Arica y Parinacota, desde la entrada en vigencia del D.L. 2.695 hasta la fecha, con indicación, a lo menos, del número y fecha de la resolución que acoge la solicitud y ordena la inscripción, comuna y nombre de la propiedad regularizada.". El Consejo rechaza el amparo, por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Vivienda
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1192-16

Entidad pública: SEREMI de Bienes Nacionales Región de Arica - Parinacota

Requirente: Luis Jiménez Cáceres

Ingreso Consejo: 12.04.2016

En sesión ordinaria N° 718 del Consejo Directivo, celebrada el 1° de julio de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1192-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 10 de marzo de 2016, don Luis Jiménez Cáceres solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Arica y Parinacota, en adelante e indistintamente SEREMI, la siguiente información:

"Registro de todas las regularizaciones, a través del D.L. 2.695, de inmuebles ubicados, total o en parte, dentro de las áreas silvestres protegidas del Estado de la Región de Arica y Parinacota, desde la entrada en vigencia del D.L. 2.695 hasta la fecha, con indicación, a lo menos, del número y fecha de la resolución que acoge la solicitud y ordena la inscripción, comuna y nombre de la propiedad regularizada.".

2) RESPUESTA: El 23 de marzo de 2016, la SEREMI respondió a dicho requerimiento de información mediante correo electrónico de la misma fecha, señalando, en síntesis, que: "No es posible entregar lo requerido por tratarse de una solicitud de carácter genérico, referido a un elevado número de actos administrativos. Ello se fundamenta en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia".

3) AMPARO: El 12 de abril de 2016, don Luis Jiménez Cáceres dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió una respuesta negativa a la solicitud de información.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Arica y Parinacota, mediante Oficio N° 004191 de 27 de abril de 2016.

Mediante Oficio SE15 N° 1400 de 16 de mayo de 2016, la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Arica y Parinacota presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que:

a) La solicitud en los términos planteados resulta genérica, además de que en los términos formulados se hace muy difícil para el Ministerio responder ello debido al evidente carácter genérico en cuanto al especio de tiempo del que se requiere información, esto es, desde el año 1979, año en que publicó el decreto, hasta la fecha, es decir, 37 años, indicando además números y fechas de resoluciones que ordenaron la inscripción.

b) La Unidad de Regularización de la Seremi de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota tiene una multiplicidad de funciones entre las cuales se encuentran las tramitaciones de los solicitudes amparadas en el decreto ley N° 2.695, títulos gratuitos de dominio a la luz del decreto ley N° 1.939, como asimismo la ejecución de diferentes convenios de colaboración con distintos entes. Es por ello que el abocar a un funcionario a revisar y responder el requerimiento genérico, referido a un alto número de actos administrativos, constituye una distracción indebida del cumplimiento de las labores habituales, por lo que no se puede dar respuesta al requerimiento ya que se cumple lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

5) GESTIÓN OFICIOSA: El Consejo, mediante correo electrónico de 16 de junio de 2016, solicitó a la reclamada lo siguiente: a) Señalar si para encontrar la información solicitada, deberían hacerlo manualmente, o bien, ésta puede encontrarse en un sistema informático; b) En caso que deba buscar la información manualmente, señalar cuál es el volumen de la documentación que habría que revisar para encontrar la información solicitada en el período requerido, para que quede en estado de entregarse al reclamante; c) Señalar cuanto tiempo se demoraría en encontrar y sistematizar la información solicitada en el período requerido, para que quede en estado de entregarse al reclamante; d) En caso que pueda buscar la información solicitada en un sistema informático, señalar cuanto tiempo se demoraría en sistematizar la información solicitada en el período requerido, para que quede en estado de entregarse al reclamante; e) Señalar los pasos que debiesen efectuarse para encontrar y sistematizar la información solicitada en el período requerido, en caso que ello pueda realizarse en el sistema informático de la SEREMI, para que quede en estado de entregarse al reclamante.

Mediante correo electrónico de 20 de junio de 2016, el Sr. Encargado de la Unidad Jurídica de la SEREMI respondió el requerimiento, señalando en síntesis lo siguiente:

a) Si bien actualmente el servicio posee un sistema digital de almacenamiento de tramitaciones, este comenzó a funcionar el 15 de enero de 2013, por ende se debería revisar manualmente información de más de 30 años de gestión ministerial.

b) Si se toma en consideración que en promedio los últimos 3 periodos han ingresado 200 casos de saneamiento por año, se tendría que considerar el análisis manual de alrededor de 6.800 tramitaciones desde el año de puesta en vigencia del Decreto Ley N° 2.695 hasta el 15 de enero de 2013.

c) Debido a la experiencia de análisis en el servicio, un funcionario de la Unidad de Regularización puede analizar la ubicación de un inmueble en 30 minutos en promedio (tiempo incluye variables de holgura por inconvenientes de deslindes y búsqueda del archivo físico), sin embargo se debiese considerar a su vez el asesoramiento de un funcionario de la Unidad Técnica de Catastro, por lo que al incluir la gestión de un segundo funcionario, se debe duplicar el recurso tiempo. Considerando esto y que el día laboral ordinario cuenta con 9 horas continuas, se requeriría un día completo para revisar 18 tramitaciones, lo que supondría un total de 18 meses aproximadamente para cumplir con la gestión.

d) Como se mencionó, sólo se poseen tres años de información digital, sin embargo, el análisis es el mismo debido a que se debe consultar el plano del caso y compararlo con los límites del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), por lo que el análisis de una carpeta digital demora el mismo tiempo que de forma manual. La diferencia está en que en éste no se estimaría un tiempo de búsqueda del archivo.

e) En el caso de la búsqueda manual, en primer lugar se debe encontrar la ubicación del archivo físico, lo que se dificulta desde el año 2010 hacia atrás debido a que éstos se envían al archivo nacional. En segundo lugar, se debe consultar el plano del trámite y compararlo con los límites del SNASPE, ello con el asesoramiento de un funcionario de la Unidad de Catastro, y por último se debe clasificar y recopilar la información necesaria para el desarrollo de la base de datos requerida.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, la reclamada señaló en su respuesta que no es posible entregar lo requerido por tratarse de una solicitud de carácter genérico, referido a un elevado número de actos administrativos que comprenden un período de 39 años, en virtud del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. En su respuesta a la gestión oficiosa de esta Corporación, la SEREMI señaló en cuanto a la búsqueda de lo requerido que el servicio posee un sistema digital de almacenamiento de tramitaciones que comenzó a funcionar el 15 de enero de 2013, por lo que se debería revisar manualmente información de más de 30 años de gestión ministerial. Considerando que en promedio en los últimos 3 periodos han ingresado 200 casos de saneamiento por año, habría que revisar manualmente alrededor de 6.800 tramitaciones desde el año de puesta en vigencia del Decreto Ley N° 2.695, es decir, desde el año 1979 hasta el 15 de enero de 2013. Como cálculo, puede señalarse que un funcionario de la Unidad de Regularización puede analizar la ubicación de un inmueble en 30 minutos en promedio, sin embargo debiese considerarse asimismo el asesoramiento de un funcionario de la Unidad Técnica de Catastro, por lo que al incluir la gestión de un segundo funcionario, se debe duplicar el recurso tiempo. Considerando esto y que el día laboral ordinario cuenta con 9 horas continuas, se requeriría un día completo para revisar 18 tramitaciones, lo que supondría un total de 18 meses aproximadamente para cumplir con la gestión.

2) Que, respecto a la alegación del órgano en torno a que la información requerida sería de carácter genérico, a juicio de este Consejo, la solicitud no poseería tal carácter, pues está especificada la materia y período del requerimiento de información. Incluso más, tampoco podría estimarse que el requerimiento constituye una solicitud de carácter general cuya diferencia con una de carácter genérico ha reconocido este Consejo a partir de la decisión recaída en el amparo Rol A107-09 (considerando 1°). En consecuencia, debe estimarse que la solicitud en análisis resultó ser inteligible al organismo reclamado, lo que se ratifica en el hecho que, ante la solicitud de acceso, éste se abstuvo de solicitar la subsanación de la misma, de acuerdo a lo previsto en el inciso segundo del artículo 12 de la Ley de Transparencia.

3) Que, respecto a la alegación del órgano de distracción indebida de sus funcionarios, en los términos dispuestos en el artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, cabe señalar que atendido lo alegado por la SEREMI en su respuesta al requerimiento de información y a la gestión oficiosa de esta Corporación, queda en evidencia que la labor de búsqueda de la información entre los años 1979 y 2013, implicaría la revisión manual de alrededor de 6.800 tramitaciones, considerando que en promedio en los últimos 3 periodos han ingresado 200 casos de saneamiento por año, lo que supondría un total de 18 meses aproximadamente para cumplir con la gestión. Ello, considerando que la reclamada sólo poseería tres años de información digital, sin embargo, la revisión de lo solicitado supondría consultar el plano de cada caso y compararlo con los límites del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), por lo que el análisis de una carpeta digital demoraría el mismo tiempo que de forma manual.

4) Que, para este Consejo la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado. En otra palabras, la configuración de la causal de distracción indebida supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran los esfuerzos asociados a la entrega de lo pedido, entre ellos, el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie, y por tanto darían lugar a esfuerzos desproporcionados como los mencionados. Por ello la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, indicó que esta causal "deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". Luego, ese ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado.

5) Que, en virtud de los fundamentos expuestos, se rechazará el amparo presentado por don Luis Jiménez Cáceres en contra de la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Arica y Parinacota.

6) Que, sin perjucio de lo resuelto, este Consejo recomendará, en lo resolutivo de la presente decisión, a la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Arica y Parinacota, tomar las medidas tendientes a ajustar sus sistemas informáticos para los efectos de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, permitiendo de esa forma dar respuesta oportuna y expedita a las solicitudes de acceso que se le formulen y, en definitiva, garantizar adecuadamente dicho derecho en favor de los ciudadanos respecto de aquella información que obre en su poder.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Luis Jiménez Cáceres en contra de la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Arica - Parinacota, por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Recomendar a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Arica-Parinacota, tomar las medidas tendientes a ajustar sus sistemas informáticos para los efectos de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, permitiendo de esa forma dar respuesta oportuna y expedita a las solicitudes de acceso que se le formulen y, en definitiva, garantizar adecuadamente dicho derecho en favor de los ciudadanos respecto de aquella información que obre en su poder.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Luis Jiménez Cáceres y a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Arica y Parinacota.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. Se deja constancia que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, concurre al presente acuerdo, pero no firma esta decisión por haber participado en la sesión mediante el sistema de teleconferencia.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.