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Luis Jiménez Cáceres con SEREMI DE BIENES NACIONALES REGIÓN DE TARAPACÁ Rol: C1191-16

Consejo para la Transparencia, 19/07/2016

Se dedujo amparo en contra de la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Tarapacá, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente al Registro de todas las regularizaciones, a través del decreto ley N° 2.695, de inmuebles ubicados, total o en parte, dentro de las áreas silvestres protegidas del Estado de la Región de Tarapacá, desde la entrada en vigencia de dicho decreto hasta la fecha, con indicación, a lo menos, del número y fecha de la resolución que acoge la solicitud y ordena la inscripción, comuna y nombre de la propiedad regularizada, incluidas aquellas regularizaciones en que haya sido necesario desafectar en alguna parte dichas áreas silvestres protegidas. El Consejo rechaza el amparo, por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, en efecto la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado. En otra palabras, la configuración de la causal de distracción indebida supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran los esfuerzos asociados a la entrega de lo pedido, entre ellos, el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie, y por tanto darían lugar a esfuerzos desproporcionados como los mencionados.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Bienes Públicos
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1191-16

Entidad pública: SEREMI de Bienes Nacionales Región de Tarapacá

Requirente: Luis Jiménez Cáceres

Ingreso Consejo: 12.04.2016

En sesión ordinaria N° 723 del Consejo Directivo, celebrada el 19 de julio de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1191-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 10 de marzo de 2016, don Luis Jiménez Cáceres solicitó a la Secretaría Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Tarapacá la siguiente información:

Registro de todas las regularizaciones, a través del decreto ley N° 2.695, de inmuebles ubicados, total o en parte, dentro de las áreas silvestres protegidas del Estado de la Región de Tarapacá, desde la entrada en vigencia de dicho decreto hasta la fecha, con indicación, a lo menos, del número y fecha de la resolución que acoge la solicitud y ordena la inscripción, comuna y nombre de la propiedad regularizada, incluidas aquellas regularizaciones en que haya sido necesario desafectar en alguna parte dichas áreas silvestres protegidas.

2) RESPUESTA: El 22 de marzo de 2016, la Seremía de Bienes Nacionales de la Región de Tarapacá respondió a dicho requerimiento de información mediante correo electrónico, señalando, en síntesis, que no cuenta con un catastro que contenga la información en la forma pedida.

3) AMPARO: El 12 de abril de 2016, don Luis Jiménez Cáceres dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo y, mediante Oficio N° 4190, de 27 de abril de 2016, confirió traslado al Sr. SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Tarapacá, solicitándole que al formular sus descargos: (1°) indique las razones por las cuales el órgano que Ud. dirige, estima que la solicitud que fundó el amparo, no constituye un requerimiento de información amparado por la Ley de Transparencia; (2°) se refiera a las circunstancias de hecho que harían procedente la denegación de la información requerida; (3°) se pronuncie acerca de las eventuales causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada; y, (4°) acompañe copia de la solicitud de acceso a la información que originó el amparo.

Mediante ordinario SE01-1206-2016, de fecha 26 de marzo de 2016, el órgano presentó sus descargos señalando, en síntesis que:

La denegación en la entrega de la información encuentra su fundamento fáctico en la imposibilidad del Servicio de otorgarla en razón del elevado número de antecedentes solicitados, la antigüedad de los mismos, la extensión de la superficie comprendida en la consulta y en el hecho de no contar con un catastro que la contenga.

Hace presente que la Región de Tarapacá, registra actualmente siete zonas declaradas áreas silvestres protegidas, estas son: Salar del Huasco, ubicado en la comuna de Pica, de una extensión de 110.962,46 hectáreas; Salar de Llamara, ubicado en la comuna de Pozo Almonte, de una extensión de 26.499,20 hectáreas; Pampa del Tamarugal, Lote 3, ubicado en la comuna de Pozo Almonte, de una extensión de 77.675 hectáreas; Pampa del Tamarugal, Lote 2, ubicado en la comuna de Pozo Almonte, de una extensión de 5.225 hectáreas; Pampa del Tamarugal, ubicado en la comuna de Pozo Almonte, de una extensión de 213,45 hectáreas; Zapiga, Lote 1, ubicado en la comuna de Huara, de una extensión de 17.750 hectáreas y el Parque Nacional Volcán Isluga, ubicado en la comuna de Colchane-Huara-Camiña de una extensión de 174.744 hectáreas.

Si bien, no existe un catastro que contenga la información requerida, estima que desde la dictación, del decreto ley N° 2.695, el año 1979 que "Fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella", se han presentado en las áreas consultadas, aproximadamente 468 postulaciones; ignorándose si ellas concluyeron con la correspondiente inscripción de dominio.

En consecuencia, el otorgamiento de tal información por su elevado número, afectaría directamente el cumplimiento de las funciones del Servicio, al distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, pues cuenta con una planta limitada de funcionarios, y en materia de regularizaciones, solo existen dos empleados a cargo de llevar la tramitación de las distintas solicitudes en esta área.

5) GESTION OFICIOSA: Para una debida resolución del presente caso, con fecha 05 de julio de 2016, se solicitó al órgano lo siguiente:

a) Señalar si para encontrar la información solicitada, debería hacerlo manualmente, o bien, ésta puede encontrarse en algún sistema informático.

b) En caso que deba buscar la información manualmente:

- señalar cuál es el volumen de la documentación que habría que revisar para encontrar la información solicitada en el período requerido, desde 1979 hasta la fecha de la solicitud de acceso a la información, y

- cuánto tiempo demoraría en encontrar y sistematizar dicha información y cuántos funcionaros debieran dedicarse a su búsqueda, para que quede en estado de ser entregada al reclamante.

c) En caso que pueda buscar la información solicitada en un sistema informático:

- Señalar brevemente los pasos que debiesen efectuarse para encontrar y sistematizar la información solicitada en el período requerido, y

- cuánto tiempo demoraría en sistematizar la información solicitada en el período requerido, y cuántos funcionarios debieran dedicarse a ello, para que quede en estado de ser entregada al solictante.

Por correo electrónico de fecha 12 de julio de 2016 el órgano respondió en los siguientes términos:

El servicio mantiene en sus dependencias una bodega con alrededor de 150 cajas que contienen un número indeterminado de carpetas, cuya data más antigua corresponde al año 1983. De esta forma, atendido que no existe un detalle o planilla del contenido de cada caja, para tener la certeza que dichas carpetas corresponden a la materia consultada se debería proceder a la revisión manual de cada caja.

Hace presente que los sistemas informáticos que contienen antecedentes respecto de la tramitación de expedientes se implementan recién en el año 1999, denominado control de expedientes; luego en el año 2003 se crea el Modelo de Gestión Territorial, posteriormente se crea el sistema Da Vinci, vigente desde el año 2009 al 2013, año, este último, en que se implementa el sistema de tramitación de expedientes digitales, vigente a la fecha.

Así, la búsqueda de toda la información requerida desde el año 1979, resultaría prácticamente imposible de obtener, ya que tal como se señaló el registro más antiguo corresponde al año 1983. Por su parte, el Servicio se encuentra actualmente con una dotación restringida de funcionarios, que los obligaría a redoblar los esfuerzos para dar respuesta a la gran cantidad de requerimientos que diariamente les hace la comunidad. Por ello, dar cumplimiento a lo requerido implicaría destinar a lo menos a un par de funcionarios a la revisión durante un tiempo indeterminado, de cada caja, lo que en definitiva afectaría directamente el cumplimiento de las otras funciones de este servicio. Por último reitera, que la SEREMI mantiene trabajando en la unidad de regularizaciones solo dos funcionarios, quienes tienen a su cargo la tramitación de las distintas solicitudes.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la insatisfacción del reclamante ante la negativa del órgano de entregar información referida al registro de todas las regularizaciones, a través del decreto ley N° 2.695, de inmuebles ubicados dentro de las áreas silvestres protegidas del Estado en la Región de Tarapacá, desde su entrada en vigencia hasta la fecha. En tal sentido, la reclamada señaló que la denegación de lo pedido se funda en la imposibilidad de otorgarlo, en razón del elevado número de antecedentes solicitados, la antigüedad de los mismos, la extensión de la superficie comprendida en la consulta y en el hecho de no contar con un catastro que la contenga, estimando que su otorgamiento, por su elevado número, afectaría directamente el cumplimiento de las funciones del Servicio, al distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, pues cuentan con una planta limitada de funcionarios y en materia de regularizaciones, solo existen dos empleados a cargo de llevar la tramitación de las distintas solicitudes en esta área, lo cual configura, en definitiva, la causal de reserva del artículo 21, N°1, letra c) de la Ley de Transparencia.

2) Que, respecto a la alegación del órgano cabe señalar que tanto en la respuesta a la solicitud que nos ocupa, como en los descargos evacuados ante esta sede y en la contestación a la gestión oficiosa decretada por esta Corporación, ha quedado de manifiesto, que lo pedido implicaría sistematizar información correspondiente a un período de 37 años, referida a siete zonas declaradas áreas silvestres protegidas en la Región de Tarapacá, cuya clasificación implicaría tener que destinar a los únicos dos funcionarios a cargo de llevar la tramitación de las distintas solicitudes en esta área, a la revisión manual de alrededor de 150 cajas con un número indeterminado de carpetas, más la información contenida en el sistema de tramitación de expedientes digitales implementado a partir del año 2003 hasta la fecha, en un tiempo imposible de determinar, según declaró la reclamada, pues estos empleados no podrían desatender las demás solicitudes en esta área, lo cual, en definitiva afectaría directamente el cumplimiento de las funciones del Servicio.

3) Que, para este Consejo la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado. En otra palabras, la configuración de la causal de distracción indebida supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran los esfuerzos asociados a la entrega de lo pedido, entre ellos, el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie, y por tanto darían lugar a esfuerzos desproporcionados como los mencionados. Al respecto, la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, indicó que esta causal "deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado.

4) Que, en virtud de los fundamentos expuestos, se rechazará el amparo presentado por don Luis Jiménez Cáceres en contra de la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Tarapacá.

5) Que, sin perjuicio de lo resuelto, este Consejo recomendará, en lo resolutivo de la presente decisión, al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Tarapacá, tomar las medidas tendientes a ajustar sus sistemas informáticos para los efectos de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, permitiendo de esa forma dar respuesta oportuna y expedita a las solicitudes de acceso que se le formulen y, en definitiva, garantizar adecuadamente dicho derecho en favor de los ciudadanos respecto de aquella información que obre en su poder.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Luis Jiménez Cáceres en contra de la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Tarapacá, por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Recomendar al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Tarapacá, tomar las medidas tendientes a ajustar sus sistemas informáticos para los efectos de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, permitiendo de esa forma dar respuesta oportuna y expedita a las solicitudes de acceso que se le formulen y, en definitiva, garantizar adecuadamente dicho derecho en favor de los ciudadanos respecto de aquella información que obre en su poder.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Luis Jiménez Cáceres y al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Tarapacá.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.