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Jennifer Hormazábal Moncada con UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Rol: C901-11

Consejo para la Transparencia, 07/10/2011

Se dedujo amparo en contra de la Universidad de Santiago de Chile, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada la que era sobre información sobre la nómina de profesores y estudiantes de medicina desde el año 2000 al 2008. El Consejo respecto a la nómina de alumnos no advierte la existencia de un interés público subyacente a la divulgación de la información requerida que pueda sobreponerse a la afectación de derecho de protección de las personas a que hace referencia la información requerida, así como tampoco se advierte que se trate de información fundamental para el ejercicio del control social por parte de la ciudadanía en relación a las matriculas asociadas a la casa de estudios reclamada, de modo que el Consejo no puede sino rechazar el presente amparo en esta parte. Respecto de los funcionarios públicos, señalando que éstos tienen un ámbito de vida privada más restringido que los empleados del sector privado, pues al desempeñar su trabajo realizan una función pública que debe ejercerse con probidad y transparencia, se trata de información que éstos se encuentran obligados a mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, lo que ratifica la publicidad de tal información, en consecuencia, se acoge en esta parte el amparo presentado. (Con voto disidente)


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Disidente), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO C901-11
 
Entidad Publica: Universidad de Santiago de Chile
 
Requirente: Jennifer Hormazábal Moncada
 
Ingreso Consejo: 19.07.2011

En sesión ordinaria N° 288 de su Consejo Directivo, celebrada el 7 de octubre de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C901-11.

VISTOS:

Los artículos 5° inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 6 de julio de 2011 doña Jennifer Hormazábal Moncada requirió a la Universidad de Santiago de Chile –en adelante también USACH–, vía correo electrónico dirigido a don Pablo Véliz Torres, Jefe del Departamento de Asuntos Públicos de la Universidad, información sobre la nómina de profesores y estudiantes de medicina desde el año 2000 al 2008, en particular, requiere la siguiente información:

a) Nómina de los alumnos de la carrera de medicina, por semestre, desde el año 2000 (ingreso) hasta el 2008 (egreso).

b) Nómina de profesores, por semestre, que hicieron clases a esta promoción, desde el año 2000 hasta el 2008.

2) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: La Universidad de Santiago de Chile mediante correo electrónico, de 6 de julio de 2011, del Jefe del Departamento de Asuntos Públicos de la Universidad reclamada, señaló a la reclamante la necesidad de contar con más antecedentes para poder cursar la solicitud, debido a que la información requerida es bastante, indicándole, además, que requiere saber para qué necesita dicha información y por qué es tan amplio el rango de búsqueda.

Debido a lo anterior, la reclamante indicó que, de acuerdo a lo señalado por este Consejo, no es necesario detallar para que se requiere la información, solicitándole que le informe si debe canalizar el requerimiento por otra vía.

3) RESPUESTA: La Universidad de Santiago de Chile respondió a dicho requerimiento, mediante correo electrónico de 8 de julio de 2011, del Jefe del Departamento de Asuntos Públicos, indicándole que la información solicitada se encuentra disponible en el sitio electrónico de la Universidad, en el banner de “Información Corporativa”, cuyo link adjunta a la respuesta.

4) AMPARO: Doña Jennifer Hormazábal Moncada dedujo amparo a su derecho de acceso a la información el 19 de julio de 2011 en contra de la Universidad de Santiago de Chile, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada, ya que en el link disponible en el sitio electrónico de la reclamada no se encuentra la información solicitada.

5) AUSENCIA DE DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo trasladándolo, mediante Oficio Nº 1.846, de 26 de julio de 2011, al Rector de la Universidad de Santiago de Chile. Sin embargo, a la fecha, la USACH no evacuó sus descargos y observaciones ante este Consejo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, previo a pronunciarse sobre el fondo del asunto solicitado, cabe tener presente que, si bien este Consejo no ha considerado el correo electrónico de un funcionario público, un medio válido para presentar solicitudes de acceso, así como tampoco en la especie ha podido acreditarse que el Departamento de Asuntos Públicos de la reclamada actúe en representación de su jefatura superior, debe estimarse, que, por otra parte, la página web institucional de la USACH no tiene previsto un canal específico para la presentación de solicitudes de información amparadas por la Ley de Transparencia, sino que sólo contempla un enlace denominado “contacto”, con el fin de formular consultas de carácter general y sobre diversos temas al organismo.

2) Que, teniendo en cuenta lo anterior, y en virtud del principio de facilitación reconocido por el artículo 11, letra f), de la Ley de Transparencia, “conforme al cual los mecanismos y procedimientos para el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio del derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo”, al no existir indicado en el sitio electrónico de la Universidad otros mecanismos destinados a recibir las solicitudes de acceso a la información que se le formularen, se debe entender que, en pos del referido principio, la vía utilizada en la especie se encuentra validada, en este caso concreto, para emplazar al órgano de acuerdo a la Ley de Transparencia. A mayor abundamiento, el Jefe del Departamento de Asuntos Públicos de la Universidad reclamada, al dar respuesta a la solicitud de información, indica que la información requerida se encuentra disponible en el link “Información Corporativa”, donde está toda la información que exige este Consejo, de lo que no queda más que desprender que implícitamente en dicha respuesta hay una invocación a la Ley de Transparencia, debiendo necesariamente concluirse que el amparo de la especie cumple con todos los requisitos para afirmar su admisibilidad.

3) Que, en consecuencia, y sin perjuicio de entender que la solicitud de información ingresó al organismo reclamado por vía idónea para tal efecto, se recomendará al Sr. Rector de la Universidad de Santiago de Chile para que, como buena práctica, instruya a sus funcionarios para que, en caso de recibir solicitudes de acceso a la información, procedan a derivarlas al sistema de gestión de solicitudes respectivos, o a la autoridad del servicio, en conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos.

4) Que, establecido lo anterior, debe tenerse presente, en primer lugar, que, de conformidad con el artículo 5º de la Ley de Transparencia, los antecedentes solicitados, en tanto corresponden a información elaborada por un órgano de la Administración del Estado –la Universidad de Santiago de Chile–, en el contexto de sus labores académico-administrativas, corresponden a información, en principio, pública, salvo que concurran a su respecto alguna de las excepciones que establece dicha ley.

5) Que, en el presente caso se advierte que lo requerido en el literal a) de la solicitud, esto es, nómina de los alumnos de la carrera de medicina, por semestre, desde el año 2000 (ingreso) hasta el 2008 (egreso), corresponde a información que contiene datos de carácter personal de terceros distintos al reclamante, en los términos dispuestos por el literal f) del artículo 2º de la Ley Nº 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, toda vez que tal información supone divulgar el nombre, carrera universitaria y casa de estudios de determinadas personas naturales, vale decir, se trata de “información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables”.

6) Que, por su parte, el artículo 4º de la Ley Nº 19.628 prescribe que “el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello”, entendiéndose por tratamiento de datos, según los literales c) y o) de su artículo 2º, cualquier operación, de carácter automatizado o no, que permita, entre otras cosas, comunicar o transmitir datos de carácter personal, esto es, “dar a conocer de cualquier forma los datos de carácter personal a personas distintas del titular, sean determinadas o indeterminadas”.

7) Que no consta en la especie la circunstancia de haberse autorizado, por parte de los titulares de los datos requeridos, la comunicación de los mismos a terceros.

8) Que, por otra parte, según establece el artículo 20 de la Ley Nº 19.628, los organismos públicos sólo podrán tratar datos personales sin el consentimiento de su titular, respecto de las materias propias de su competencia y con sujeción a las reglas establecidas por dicho cuerpo legal, entre las que se contempla la prevista en el inciso primero de su artículo 9°, que regula el principio de finalidad que rige la protección de datos personales en los siguientes términos, a saber: “Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público”.

9) Que, con todo, ha de colegirse que, en el presente caso, el almacenamiento de datos personales realizado por la USACH se encuentra autorizado por el citado artículo 20, con el objeto de “otorgar grados académicos y títulos profesionales reconocidos por el Estado”, conforme lo establece el artículo 2º, letra d), del D.F.L. Nº 1, de 1980, del Ministerio de Educación, que Fija Normas sobre Universidades, sin que resulte procedente la comunicación de tales datos para fines diversos al consignado, como ocurriría en la especie.

10) Que, a mayor abundamiento, la entrega de información en este sede, por aplicación del artículo 19 de la Ley de Transparencia, debe realizarse sin imponer condiciones de uso de la misma o restricciones a su empleo, de modo que, tratándose de datos personales recolectados para un fin determinado por la Universidad, la comunicación de la nómina requerida supondría despojar a sus titulares de los datos que contienen del control de su propia información, lesionándose su autodeterminación informativa, bien jurídico protegido por la Ley N° 19.628.

11) Que, de igual forma, resulta aplicable en la especie el deber de secreto previsto en el artículo 7º de la citada Ley Nº 19.628, según el cual “Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo”, por cuanto no se observa que la información solicitada haya sido recolectada por la USACH de una fuente accesible al público, sino de sus propios titulares con ocasión de la relación contractual que mantienen con dicha casa de estudios.

12) Que, por otra parte, este Consejo no advierte la existencia de un interés público subyacente a la divulgación de la información requerida que pueda sobreponerse a la afectación de derecho de protección de las personas a que hace referencia la información requerida, así como tampoco se advierte que se trate de información fundamental para el ejercicio del control social por parte de la ciudadanía en relación a las matriculas asociadas a la casa de estudios reclamada. De hecho, tal control podría ejercerse en base a información estadística, resultado desproporcionada la revelación de datos personales para su realización, de modo que este Consejo no puede sino rechazar el presente amparo en esta parte.

13) Que en relación con lo requerido en el literal b) de la solicitud de información, esto es, nómina de profesores, por semestre, que hicieron clases a esta promoción, desde el año 2000 hasta el 2008, cabe tener presente, en primer lugar, que de acuerdo a lo establecido por el artículo 28 del D.F.L. Nº 142, de 1982, del Ministerio de Educación, que fija el Estatuto Orgánico de la Universidad de Santiago de Chile, “Son funcionarios académicos quienes realizan actividades de docencia, investigación, desarrollo, creación artística y/o extensión, integrado a los programas de trabajo de las Facultades”. Asimismo, el artículo 32 del citado cuerpo normativo, señala que “El personal de la Universidad de Santiago de Chile, cualquiera sea la función que desempeñe, tendrá la calidad de empleado público y se regirá por este Estatuto, por los reglamentos que apruebe la Junta Directiva, por las leyes que le sean aplicables por referencia directa a la Universidad…” (lo destacado es nuestro). En consecuencia, de las normas citadas, no cabe sino concluir que los profesores y académicos de la USACH tienen la calidad de funcionarios públicos.

14) Que, establecido lo anterior, resulta plenamente aplicable lo que ya se ha indicado por este Consejo respecto de los funcionarios públicos –por ejemplo, en decisiones recaídas sobre Roles A47-09 y C846-10–, señalando que éstos tienen un ámbito de vida privada más restringido que los empleados del sector privado, pues al desempeñar su trabajo realizan una función pública que debe ejercerse con probidad y transparencia, como lo establecen los artículos 8º de la Constitución Política y 3º de la Ley de Transparencia. Asimismo, de acuerdo a lo que establece el artículo 7º de dicha ley, específicamente en su literal d), la planta del personal, con las correspondientes remuneraciones, de los órganos de la Administración del Estado, se trata de información que éstos se encuentran obligados a mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, lo que ratifica la publicidad de tal información.

15) Que, en consecuencia, y si bien lo requerido necesita un nivel de precisión mayor que la sola información que debe publicarse a través de transparencia activa (profesores de la carrera de medicina), se trata de información eminentemente pública, por lo que no existiendo en este caso causal de secreto o reserva que releve al órgano de su deber de entregar la información, se acogerá el amparo en esta parte y se requerirá al organismo reclamado la entrega de la información requerida en el literal b) de la solicitud de información.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el reclamo de doña Jennifer Hormazábal Moncada en contra de la Universidad de Santiago de Chile, por los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Rector de la Universidad de Santiago de Chile:

a) Entregar a la reclamante la nómina de profesores, por semestre, que hicieron clases a esta promoción, desde el año 2000 hasta el 2008.

b) Cumplir el presente requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Recomendar al Sr. Rector de la Universidad de Santiago de Chile para que, como buena práctica, instruya a sus funcionarios, en caso de recibir solicitudes de acceso a la información, procedan a derivarlas al sistema de gestión de solicitudes respectivos, o a la autoridad del servicio, en conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos.

IV. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a doña Jennifer Hormazábal Moncada y al Rector de la Universidad de Santiago de Chile.

VOTO DISIDENTE

Decisión acordada con el voto parcialmente disidente de su Presidente don Raúl Urrutia Ávila, en cuanto dicho disidente estuvo por acoger también el presente amparo respecto a lo requerido en el literal a) de la solicitud de acceso, referido a la nómina de los alumnos de la carrera de medicina, por semestre, desde el año 2000 (ingreso) hasta el 2008 (egreso), toda vez que no observa que la entrega de dicha información constituya un tratamiento de datos personales que pueda afectar los derechos de las personas a quienes se refiere, atendido a que, a su juicio, la divulgación de tal información, atendida la materia a la que se refiere, no supone una intromisión a su privacidad.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don Jorge Jaraquemada Roblero. Se deja constancia que el Consejero don Juan Pablo Olmedo Bustos no concurre a la presente decisión por encontrarse ausente. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.