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Daniel Catalán Uribe con SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN Rol: C1791-16

Consejo para la Transparencia, 09/09/2016

Se dedujo amparo en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a: a) Solicitud N° AK002W0009863: solicito copia del oficio N° 92 del 10 de enero del año 2011, dirigido al alcalde de Villarrica. b) Solicitud N° AK002W0009863: complementa petición AK002W0009863, en el sentido de informar si la situación manifestada en el oficio 92 del 10 de enero del año 2011, dirigido por el Señor Director Regional del Registro Civil de Temuco al señor Alcalde de Villarrica, se mantiene o no inalterable, respecto del señor Víctor Hugo Mora Astroza, respecto a los requisitos para permanecer en la administración pública. El Consejo acoge el amparo toda vez que existe un control social preponderante en la divulgación de la información requerida.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Sentencias o resoluciones sobre esta decisión:


Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1791-16

Entidad pública: Servicio de Registro Civil e Identificación.

Requirente: Daniel Catalán Uribe.

Ingreso Consejo: 01.06.2016.

En sesión ordinaria N° 737 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de septiembre de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1791-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El día 16 y 19 de mayo, respectivamente, don Daniel Catalán Uribe, dedujo las siguientes solicitudes de información:

a) Solicitud N° AK002W0009863: solicito copia del oficio N° 92 del 10 de enero del año 2011, dirigido al alcalde de Villarrica.

b) Solicitud N° AK002W0009863: complementa petición AK002W0009863, en el sentido de informar si la situación manifestada en el oficio 92 del 10 de enero del año 2011, dirigido por el Señor Director Regional del Registro Civil de Temuco al señor Alcalde de Villarrica, se mantiene o no inalterable, respecto del señor Víctor Hugo Mora Astroza, respecto a los requisitos para permanecer en la administración pública.

2) RESPUESTA: Por medio de carta FP N° 231, de fecha 27 de mayo de 2016, el órgano, respecto a las dos solicitudes de información precedentes, señaló en síntesis, lo siguiente:

a) El prontuario penal es un documento público que da fe de la identidad de una persona y de las anotaciones judiciales que registra. Por su parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° del decreto supremo N° 64, de 1960, del Ministerio de Justicia, que Reglamenta la Eliminación de Prontuarios Penales, de Anotaciones y el Otorgamiento de Certificados de Antecedentes, los prontuarios y los datos que se relacionen con éstos, serán secretos y en consecuencia sólo se puede otorgar información sobre ellos, al interesado y a las autoridades que la ley indica, además de los mandatarios debidamente habilitados al efecto.

b) Atendido que la información que solicita se refiere a datos personales y sensibles de los cuales usted no es titular, para poder acceder a la información requerida, previamente deberá acreditar su calidad de apoderado, mandatario o representante del señor Víctor Hugo Mora Astroza, mediante el respectivo poder o mandato, el cual deberá ser otorgado por escritura pública o instrumento privado suscrito ante notario.

3) AMPARO: El 01 de junio de 2016, el solicitante dedujo ante este Consejo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido Órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

Al efecto señaló que lo solicitado es el oficio N° 92 del 10 de enero del año 2011, no el prontuario de la persona. Agregó que lo requerido es un acto administrativo concreto, ya expedido, que no tiene el carácter de reservado o secreto.

4) SUBSANACIÓN: Mediante Oficio N° 5856, de 15 de junio de 2016, este Consejo requirió al reclamante, que precise la solicitud de información por la cual se ampara.

El día 22 de junio de 2016, mediante correo electrónico, el reclamante señaló haber deducido amparo respecto de la solicitud de información N° AK002W0009863, ante la negativa del servicio de hacer entrega del ya referido oficio N° 92.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, mediante oficio N° 6461, de fecha 29 de junio de 2016.

Posteriormente, por medio de ordinario N° 451, de fecha 13 de julio de 2016, el servicio reiterando lo referido en su respuesta y, acompañando el oficio requerido, agregó en síntesis, lo siguiente:

a) Si se entrega la información del tercero sin acreditar el referido mandato, en definitiva se estaría permitiendo el acceso a la situación prontuarial actual que consta en el Registro General de Condenas y que afecta al señor Víctor Hugo Mora Astroza, vulnerando de esta forma la reserva contemplada tanto en la regulación del Registro General de Condenas, como en lo dispuesto en la ley N°19.628 sobre Protección de la vida privada. Por esta razón se configura además, la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia.

b) En este sentido el artículo 7° del decreto supremo N°64, de 1960, que Reglamenta la eliminación de prontuarios penales, de anotaciones, y el otorgamiento de certificados de antecedentes establece que "Los prontuarios y los datos que se relacionen con éstos serán secretos y sólo se podrá dar informaciones de ellos a los afectados, a las autoridades judiciales, Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile y Gendarmería de Chile".

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: En virtud de lo previsto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, el Consejo Directivo de este Consejo, mediante Oficio N° 8544, de fecha 29 de agosto de 2016, notificó al tercero interesado, esto es, a don Víctor Hugo Mora Astroza, a fin de que presente sus observaciones respectivas.

Posteriormente, el tercero, con fecha 06 de septiembre de 2016 evacuó sus descargos, señalando en resumen lo siguiente:

a) El acceder a lo pedido por el reclamante, vulnera sus derechos garantizados por la norma antes citada, en el sentido de respetar su privacidad al darle el carácter de secreto a su prontuario penal y los datos relacionados, salvo para aquellas instituciones que la misma norma señala, o aquellas que por norma especial en forma expresa pueden requerirla como es el caso de las Municipalidades representada por su Alcalde.

b) El artículo 7°, del decreto supremo N° 64, DE 1960, restringe el acceso a la información solicitada a determinados organismos.

c) El artículo 2°, letra i), y 21, de la ley N° 19.628, disponen respectivamente que las fuentes accesibles al público corresponden a los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes y que los órganos que soliciten información como la solicitada en este amparo, deben guardar la debida reserva de aquella.

7) GESTION OFICIOSA: Con fecha 29 de agosto de 2016, este Consejo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley de Transparencia, procedió a solicitar al órgano que indique si la información contenida en el oficio requerido en este amparo, se encuentra vigente.

Al efecto, por medio de correos electrónicos de fecha 06 de septiembre de 2016, el órgano precisó que lo informado en el oficio en comento, se encuentra vigente a la fecha.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo, tiene por objeto la entrega del ordinario N° 92, de enero de 2011, enviado por el Servicio de Registro Civil e Identificación al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Villarrica. Al efecto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, lo requerido es de naturaleza pública y por lo tanto, debe ser entregado, salvo que se configure en la especie alguna causal de secreto o reserva.

2) Que, a modo de contexto, cabe señalar que el artículo 10, letra f), de la ley N° 18.883, que aprueba el estatuto administrativo para funcionarios municipales, dispone que para ingresar a la municipalidad será necesario, entre otras cosas, no estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por delito que tenga asignada pena de crimen o simple delito. Seguidamente, el artículo 11, inciso 5°, del mismo cuerpo legal, preceptúa que "La municipalidad deberá comprobar el requisito establecido en la letra f) del artículo citado, a través de consulta al Servicio de Registro Civil e Identificación, quien acreditará este hecho mediante simple comunicación".

3) Que, en este sentido, la Contraloría General de la República, ha sostenido que, aun cuando la pena a que fue condenada una persona se encuentre cumplida, ese solo hecho no es suficiente para permitir su ingreso a la Administración, puesto que para ello se requiere, necesariamente, que se realicen los trámites pertinentes a fin de obtener la eliminación de sus antecedentes o prontuario penal, mediante los procedimientos establecidos para tal efecto en el decreto ley N° 409, de 1932 -que establece normas relativas a reos-; en la ley N° 18.216 -que establece medidas que indica como alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad-, y en el mencionado decreto N° 64, de 1960 -dictamen N° 30442-.

4) Que, precisado lo anterior, y de acuerdo a los antecedentes tenidos a la vista por este Consejo, el ordinario solicitado en este amparo, constituye la respuesta que otorgó el Servicio de Registro Civil e Identificación a la Municipalidad de Villarrica, respecto a la habilidad o inhabilidad del funcionario en cuestión -según si detenta o no anotaciones en sus antecedentes-, para ingresar a la municipalidad, información que a la fecha, según indicó el propio órgano reclamado en gestión oficiosa anotada en el numeral 7°, de lo expositivo, se encuentra vigente.

5) Que, el órgano reclamado denegó hacer entrega del ordinario solicitado, alegando que dicho oficio informaba sobre aspectos de la vida privada de una persona determinada, configurándose la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia. Al respecto, ha de señalarse en primer lugar, que dicha causal se establece en beneficio de un tercero, y no en favor del Servicio de Registro Civil. Para tal efecto, el órgano, contaba con un mecanismo regulado por el artículo 20 de la Ley de Transparencia, el cual, de acuerdo a los antecedentes que obran en este procedimiento, no cumplió.

6) Que, sin perjuicio de lo anterior, este Consejo, analizando la web de Transparencia Activa de la Municipalidad de Villarrica, advirtió que la persona referida en el oficio solicitado, es actualmente funcionario del municipio. Siendo así las cosas, en reiteradas decisiones de esta Corporación, atendida la condición que poseen estos funcionarios, se ha sostenido que la esfera de privacidad del personal que trabaja para la Administración del Estado y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa está sujeta a un escrutinio de mayor intensidad que el resto de las personas -que se encuentran en una situación diversa-, en virtud, precisamente, de las funciones que aquéllos ejercen.

7) Que, en este sentido, el referido oficio al dar cuenta del cumplimiento de requisitos de un funcionario, para ingresar a la administración pública, específicamente, si tiene o no anotaciones en sus antecedentes, justifica un control social prevalente para acceder a él, y así determinar el cumplimiento de la normativa legal que exige no estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por crimen o simple delito. En efecto, el ejercicio de funciones públicas interesa a toda la comunidad y, por lo mismo, la condición de funcionario público supone un estándar de escrutinio público respecto a su comportamiento, en el que la privacidad, en lo relativo al ejercicio de dicha función, debe ceder en pos del necesario control social que debe ejercerse para garantizar el debido cumplimiento de la ley, y determinar en definitiva, si el funcionario respectivo, cumplía las condiciones o requisitos para ingresar a un Órgano de la Administración del Estado.

8) Que, asimismo, la entrega del oficio requerido, permite a la ciudadanía, en primer término, tomar conocimiento si el Servicio de Registro Civil e Identificación y la Municipalidad de Villarrica, respecto del funcionario en cuestión, cumplieron o no con lo dispuesto en el artículo 11, inciso 5°, de la ley N° 18.883, referida en el considerado 2°, precedente. En segundo lugar, permite propiciar un adecuado nivel de control social en orden a determinar si el referido municipio, vela por el ingreso a su institución, de personas que cumplan los requisitos exigidos por la ley para ejercer la función pública.

9) Que, en otro orden de ideas, el órgano alegó la aplicación del artículo 7° del D.S. N° 64/1960 respecto del prontuario penal y los datos asociados al mismo, según lo anotado en la letra b), del numeral 5°, de lo expositivo. Al respecto, cabe desechar que dicha norma pueda comprenderse en la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 5, en relación con el artículo 1° transitorio, ambos de la Ley de Transparencia, ni tampoco que se ajuste a lo dispuesto en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, pues dicha disposición no satisface la exigencia de tratarse de una norma legal de quórum calificado, conforme exigen dichos preceptos. Tal ha sido el criterio sostenido por este Consejo en casos análogos, pudiendo citarse lo resuelto en la decisión del amparo Rol C486-09, especialmente su considerando 3° que descarta la aplicación del secreto establecido en una norma de rango reglamentario, tal como ocurre en la especie. A mayor abundamiento, en este caso no se solicita la entrega del prontuario del funcionario en cuestión, sino de un oficio que da cuenta de si el funcionario detenta o no anotaciones en sus antecedentes, sin pasar a singularizarlas, en caso de existir.

10) Que, lo razonado en los considerando precedentes, permite apreciar la existencia de un control social preponderante en la divulgación de la información requerida, razón por lo cual, este Consejo, acogerá el presente amparo, ordenándose la entrega del oficio solicitado en la letra a), del numeral 1°, de lo expositivo.

11) Que, finalmente, a la luz de los antecedentes examinados por este Consejo, se ha estimado necesario remitir los antecedentes referidos al amparo C1791-16 a la Contraloría General de la República, para los fines que en Derecho estime pertinentes.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Daniel Catalán Uribe, en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación que:

a) Entregue al solicitante el oficio N° 92, de fecha 10 de enero del año 2011, suscrito por el Señor Director Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación de Temuco, dirigido al señor Alcalde de Villarrica.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente:

a) Notificar la presente decisión a don Daniel Catalán Uribe; al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación y a don Víctor Hugo Mora Astroza, en su calidad de tercero interesado en el presente amparo;

b) Remitir los antecedentes del presente amparo a la Contraloría General de la República, para los fines que estime en Derecho pertinentes.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.