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Vicente Lihn con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SP) Rol: C3162-16

Consejo para la Transparencia, 16/12/2016

Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Pensiones, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada referente a: "oficio 27439 del 25-11-2011. Todos los oficios enviados por la superintendencia a las AFP entre julio y agosto del 2016 o copia de despacho electrónico de correspondencia enviada por la superintendencia a las AFP para el mismo periodo anterior (anexo I, TEA)". El Consejo rechaza el amparo, por configurarse la causal de secreto del artículo 21 N°1 letra c


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3162-16

Entidad pública: Superintendencia de Pensiones (SP).

Requirente: Vicente Lihn.

Ingreso Consejo: 15.09.2016.

En sesión ordinaria N° 761 del Consejo Directivo, celebrada el 16 de diciembre de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C3162-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las eley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 17 de agosto de 2016, don Vicente Lihn, solicitó a la Superintendencia de Pensiones, la siguiente información:

"oficio 27439 del 25-11-2011. Todos los oficios enviados por la superintendencia a las AFP entre julio y agosto del 2016 o copia de despacho electrónico de correspondencia enviada por la superintendencia a las AFP para el mismo periodo anterior (anexo I, TEA)".

2) RESPUESTA: Por medio de oficio N° 23238, de fecha 13 de septiembre de 2016, el órgano señaló en resumen que:

a) Se le remite copia del oficio Ord. N° 27.439, de 25 de noviembre de 2011, mediante el cual esta Superintendencia instruye el envío del informe diario de cambios de fondos a las administradoras de fondos de pensiones.

b) Por otra parte, y en el entendido que su solicitud de copia de los oficios emitidos por este organismo fiscalizador durante el periodo julio-agosto de 2016, se refería exclusivamente a aquellos relacionados con el informe diario de cambios de fondos, se le informa que para el periodo indicado, esta Superintendencia no emitió oficios sobre la materia.

3) AMPARO: El 15 de septiembre de 2016, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido Órgano de la Adminstracion del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada.

Al respecto indicó, que solicitó oficios enviados por la Superintendencia de Pensiones a las AFP entre julio y agosto del 2016, y sin embargo, el órgano creó unos supuestos que no tienen relación con la documentación que pidió y bajo estos supuestos no le enviaron la documentación que requirió.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Pensiones, mediante oficio N° 9741, de fecha 29 de octubre de 2016.

Posteriormente, por medio de ordinario N° 27.393, de 21 de octubre de 2016, el órgano señaló, en resumen, lo siguiente:

a) Tal como queda de manifiesto en la petición original del señor Lihn, ésta consistía en primer lugar en la entrega de copia de un oficio que precisamente se refiere al informe diario de cambios de fondos, y en la segunda solicitaba los oficios emitidos por esta Superintendencia y dirigidos a las AFP entre julio y agosto de 2016, por lo que resultaba de toda lógica entender que estos oficios debían referirse a la misma materia.

b) Ahora bien, una vez aclarado por el señor Lihn en su reclamo el objeto de la solicitud que presentara ante este organismo fiscalizador y que, por lo tanto, constituye una nueva solicitud de acceso a la información que no forma parte del reclamo, se debe informar a ese Consejo que entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2016, esta Superintendencia remitió 1.069 oficios a las administradoras del sistema, según se indica en la siguiente tabla:

AFP Número de oficios enviados

Capital 185

Cuprum 132

Habitat 206

Modelo 80

Plan Vital 93

Provida 372

c) Por otra parte, debe hacerse presente que del total de oficios emitidos en el periodo requerido, 120 corresponden a oficios reservados, que no pueden ser entregados a terceros, Asimismo, hay un número aún no determinado de Oficios que contienen información personal de los afiliados e información cuya publicidad podría afectar los derechos económicos y comerciales de las administradoras, por lo que tampoco podrían ser entregados al requirente.

d) Para extraer del sistema computacional la totalidad de los Oficios dirigidos a las AFP, se requeriría destinar un funcionario, con dedicación exclusiva, por aproximadamente 8 horas. Posteriormente, los oficios deberían ser remitidos a un funcionario de la Fiscalía de este organismo para que evalúe si se trata de información reservada o no; para tachar los datos personales de afiliados u otros terceros involucrados; y para elaborar los oficios de notificación del derecho a oposición de posibles terceros afectados con la publicidad de la información contenida en ellos, actividad que requeriría destinar un funcionario, con dedicación exclusiva, por aproximadamente de 90 horas.

e) En consecuencia, atendido lo expuesto se concluye que respecto de la nueva solicitud, es aplicable la causal de reserva contenida en el artículo 21 número 1, letra c), de la Ley de Transparencia, esto es, tratarse de requerimientos genéricos referidos a un elevado número de actos administrativos, cuya atención requerirla distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se dedujo debido a que la información entregada no corresponde a la solicitada. Al efecto, el reclamante señaló que habiendo requerido todos los oficios enviados desde la Superintendencia a las administradoras de fondo de pensiones, desde julio y agosto del 2016, el órgano restringió la solicitud respecto a los oficios relacionados con la materia del primer oficio pedido en el numeral 1°, de lo expositivo.

2) Que, la Superintendencia, con ocasión de sus descargos, refirió que dada la forma en que se planteó la solicitud, resultaba de toda lógica entender que estos oficios debían referirse a la misma materia del oficio anterior. Al respecto, este Consejo debe hacer presente que la presente solicitud de información, en particular, debió interpretarse de acuerdo al principio de máxima divulgación, puesto que, al no resultar claro del tenor literal del requerimiento su extensión, no se debió limitar ésta a alguna materia en especial. De este modo, al tratarse de un requerimiento más amplio que la entendida por el órgano, no existe en este amparo una nueva solicitud de información.

3) Que, sin perjuicio de lo anterior, el órgano de igual modo respecto a la entrega de los oficios solicitados, alegó la configuración de la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Al respecto, cabe tener presente que dicha causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido, el artículo 7° numeral 1°, letra c), del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento "requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

4) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie, y por tanto darían lugar a esfuerzos desproporcionados como los mencionados.

5) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado.

6) Que, en línea con lo anterior, a fin de ponderar la causal de reserva invocada, resulta procedente atender al volumen, naturaleza, y origen de la información solicitada. En dicho contexto, se advierte que para hacer entrega de la información requerida, sería necesario que el servicio, descargue del sistema los 1.069 oficios enviados a las administradoras de fondos, para posteriormente tachar los datos personales de afiliados u otros terceros involucrados; y para elaborar los oficios de notificación del derecho a oposición de posibles terceros afectados con la publicidad de la información contenida en ellos, actividad que requeriría destinar un funcionario, con dedicación exclusiva a dicha labor.

7) Que, de conformidad a lo expuesto, este Consejo estima que la causal del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia concurre en el presente caso, toda vez que el conjunto de actividades descritas en el considerando precedente es de una entidad tal que afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, ya que la atención del requerimiento implicaría para los funcionarios del órgano la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el Servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a favor de esta persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás. Acorde con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, dicha Administración está al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley, y de la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal.

8) Que, a la luz de lo expuesto en los considerandos precedentes, este Consejo rechazará el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por don Vicente Lihn, en contra de la Superintendencia de Pensiones, por configurarse la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, conforme los fundamentos señalados precedentemente.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Vicente Lihn y al Sr. Superintendente de Pensiones.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.