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Penta Vida Compañía de Seguros de Vida SA con SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS Rol: RC5-11

Consejo para la Transparencia, 13/05/2011

Se dedujo reposición administrativa contra la decisión del Consejo, recaída en el amparo C5-11, que resolvió acoger dicho recurso. El Consejo rechazó la reposición por estimar que no aporta nuevos antecedentes o alegaciones que motiven una conclusión diferente a la arribada en la decisión impugnada, limitándose a profundizar alegaciones ya vertidas en su oportunidad y señalando los supuestos efectos y consecuencias que, a su juicio, tendría dicha declaración de publicidad. Reitera que su competencia para conocer los amparos por vulneración del derecho de acceso a la información pública no se ve afectada por el desarrollo de otro procedimiento administrativo en paralelo, pues son ambos compatibles dentro del marco de sus distintas competencias. Y reitera el rechazo a la procedencia de causal de reserva respecto del art. 23 del DL 3.538.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Recursos Administrativos


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime)

Texto completo:

REPOSICIÓN AMPARO C5-11

En sesión ordinaria N° 245 de su Consejo Directivo, celebrada el 13 de mayo de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del recurso de reposición administrativo deducido en contra de la decisión recaída en el reclamo Rol C5-11, de 28 de marzo de 2011, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, de 2003.

VISTOS:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 19 de noviembre de 2010 doña Mariana Valenzuela Cruz, en representación de Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A., a propósito del señalamiento de los medios probatorios en un procedimiento administrativo seguido contra la reclamante, requirió a la Superintendencia de Valores y Seguros la exhibición del informe o documento interno a que dio lugar la revisión decretada por Memorándum de 28 de abril de 2010, dirigido al Gerente General de Penta Vida, y por Memorando de 17 de junio de 2010, dirigido al Gerente General de Exynko S.A.

2) DECISIÓN: El 11 de marzo de 2011, en sesión ordinaria Nº 228 de su Consejo Directivo, este Consejo se pronunció con respecto al antedicho reclamo y resolvió acogerlo por las razones indicadas en el acuerdo respectivo. Tal decisión fue notificada por carta certificada al reclamante y al reclamado mediante Oficio Nº 607, de 15 de marzo de 2011.

3) REPOSICIÓN: Mediante Reservado Nº 166, de 25 de marzo de 2011, el Sr. Superintendente de Valores y Seguros dedujo recurso de reposición administrativo en contra de la antedicha decisión y solicitó la revocación de la misma de acuerdo a los siguientes argumentos:

a) En primer lugar, señala que este Consejo sería incompetente para conocer el amparo interpuesto, toda vez que la solicitud de acceso a la información se enmarcó en un procedimiento administrativo en el cual ya se había presentado recurso de reposición, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, agotando así la vía administrativa.

b) En relación a lo sostenido por este Consejo, en cuanto a que cualquier persona requirente de información pública puede recurrir de amparo una vez que ha sido denegada su petición, la recurrente estima necesario realizar las siguientes precisiones:

i. Dicha afirmación supone la existencia de una solicitud de información debidamente tramitada en conformidad a la Ley de Transparencia, cuestión que no ocurre en la especie, ya que este Consejo, en el considerando 5º de la decisión recurrida, asume que se ha realizado una solicitud de información, en circunstancias que el único antecedente es el pronunciamiento por parte de la SVS acerca de un recurso de reposición en el marco de un proceso administrativo sancionatorio.

ii. Así, el asumir la existencia de un requerimiento informativo por parte de este Consejo no se condice con el tenor de la normativa vigente y constituye una vulneración al principio de legalidad, por cuanto implica incorporar supuestos fácticos que justifican la aplicación de la normativa contenida en la Ley de Transparencia, no contenidos en ésta.

iii. El hecho de que, mediante el expediente del amparo informativo, se obligue a la SVS a transmitir determinada información a quienes se encuentran sujetos a un procedimiento administrativo sancionatorio, implica una clara intromisión en sus funciones encomendadas por la ley y un flagrante desconocimiento a lo establecido por el artículo 23 del DL 3.538 que establece el deber de reserva que pesa sobre las personas que prestan servicios para ésta.

c) Por otra parte, no resulta lógicamente posible que se debata una cuestión en un procedimiento de aplicación general –como lo es el procedimiento administrativo sancionatorio- y que dentro de dicho procedimiento, quienes se encuentran sometidos a éste, opten por el procedimiento de solicitud de información, ya que esto implica burlar la Ley de Procedimiento Administrativo, desvirtuando el procedimiento de solicitud de acceso a la información pública establecido en la Ley de Transparencia. Esto implicaría, lo que la doctrina denomina como desviación del procedimiento, ya que éste es instrumentalizado para la obtención de un interés particular.

d) Respecto a lo sostenido por el Consejo en cuanto a que no procede la preclusión por cuanto el ejercicio del derecho de acceso a la información, en tanto derecho fundamental con reconocimiento en el artículo 8º de la Constitución, no puede alterar el curso normal del procedimiento administrativo, señala lo siguiente:

i. Del análisis del artículo 8º de la Constitución, puede observarse que dicho precepto no contempla un derecho subjetivo público que pueda calificarse como derecho fundamental, limitándose únicamente a establecer a nivel constitucional el principio de probidad administrativa, como asimismo, que los actos y resoluciones de los órganos del Estado, como sus fundamentos y procedimientos que utilicen, son públicos.

ii. El mismo precepto constitucional se encarga de señalar que existen excepciones legales mediante las cuales se puede establecer la reserva, tanto de los actos y resoluciones de la administración, como de los documentos que les sirvan de fundamento.

iii. En consecuencia, más que establecerse un derecho fundamental de acceso a la información con rango constitucional, lo que dicho precepto estipula es el principio de probidad y de publicidad de los actos de la administración, siendo este último susceptible de verse restringido por preceptos legales que tengan la calidad de leyes de quórum calificado.

iv. En este sentido, la decisión de este Consejo implica una alteración del procedimiento administrativo sancionatorio seguido en contra de la recurrente, constituyendo el rechazo al recurso de reposición el ejercicio legítimo de una potestad pública, la cual no debiera verse obstruida por la interposición de requerimientos de información cuyo único objetivo es allegar prueba impertinente al proceso administrativo.

e) En cuanto al argumento planteado en la decisión recurrida, que afirma que mediante el Reservado Nº 466 de la SVS, ésta alegó como causal de secreto o reserva para no entregar la información solicitada lo previsto por el artículo 23 del DL 3.538, lo que en los hechos constituye un reconocimiento de que se estaba frente a una solicitud de acceso a la información que se efectuaba al amparo de la Ley de Transparencia, alega la recurrente que no puede el Consejo asumir la existencia de petición de información sin atentar gravemente contra el principio de legalidad que rige las actuaciones de la Administración.

f) En lo relacionado al hecho de que no reconocer competencia a este Consejo implicaría vulnerar el principio de facilitación, recogido por el artículo 11 letra f), agrega que no puede existir dicha vulneración si la Administración se encuentra legalmente habilitada para denegar el acceso a la información, como en la especie acontece.

g) En cuanto al fondo de la decisión que se repone, indica que el Consejo omite pronunciarse acerca de la posible vulneración del principio de transparencia, argumentando que, conforme al artículo 12 de la Ley de Transparencia, no existe necesidad de que el solicitante funde su solicitud señalando cuáles son las razones por las que solicita determinada información, lo que permite inferir que no existe vulneración por parte de la SVS al principio de transparencia.

h) Finalmente, solicita se le conceda audiencia, a fin de exponer los argumentos de manera presencial al Consejo.

4) TRASLADO AL SOLICITANTE DE INFORMACIÓN: En mérito de lo anterior, mediante Oficio Nº 871, de 13 de abril de 2011, se notificó, en su calidad de interesado, a doña Mariana Valenzuela Cruz, en representación del requirente Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A., la interposición del recurso de reposición en análisis, quien mediante presentación de 25 de abril de 2011, señaló:

a) La Ley de Transparencia, en su artículo 28, establece un sistema recursivo excepcionalísimo, pues sólo autoriza la interposición de un reclamo de ilegalidad ante un órgano externo –y no el de reposición ante el mismo Consejo para la Transparencia- en los casos que señala y respecto de quienes expresamente legitima para ello.

b) En consecuencia, una vez conocido un asunto por este Consejo, no puede volver a discutirse sobre idéntica pretensión ante el mismo organismo, según expresa disposición del artículo 11 letra i) de la Ley de Transparencia, que establece el principio de control, sobre todo si los fundamentos del recurso de reposición deducido son los mismos ya expuestos, sin aportar nuevos antecedentes y sobre los cuales ya se resolvió.

c) En subsidio de lo anterior, alega la improcedencia de los argumentos esgrimidos por la Superintendencia de Valores y Seguros, solicitando se niegue el recurso de reposición interpuesto, por no aportar nuevos antecedentes que alteren lo ya resuelto por el órgano competente:

i. Cualquier persona requirente de información pública puede recurrir al Consejo una vez que ha sido denegada su petición. En este sentido, Penta Vida solicitó la exhibición de información a la SVS en un procedimiento administrativo, cumpliendo los requisitos del artículo 12 de la Ley de Transparencia, sin que el ejercicio del derecho a la información altere el curso normal de los procedimientos administrativos.

ii. Agrega que la decisión de este Consejo no se entromete en el procedimiento administrativo seguido por la SVS en contra de Penta Vida, sino que establece la obligación de entregar cierta información que no cumple las características de secreta, de acuerdo a la Ley de Transparencia, lo que queda demostrado con el hecho de que la SVS dictó resolución definitiva en el proceso administrativo, a pesar de lo resuelto por el Consejo.

iii. Señala que la SVS no indica ni fundamenta sus argumentos para entender por qué no se ha vulnerado el principio de la transparencia, agregando que no existe la necesidad que el solicitante manifieste las razones por las que solicita determinada información, ni se establece como requisito que la información solicitada esté relacionada con alguna resolución o acto administrativo en particular.

iv. La redacción del artículo 23 del DL 3.538 no puede interpretarse en términos tales que ello suponga que todos los informes elaborados por los funcionarios de la SVS, o que los hechos, negocios o situaciones de que hubieran tomado conocimiento en el desempeño de su cargo, sean secretos o reservados. Por el contrario, dicho precepto explicita una obligación funcionaria directamente aplicable a las personas, pero no establece por sí mismo un caso de reserva o confidencialidad absoluta.

v. Finalmente, solicita que se haga efectivo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia, pues no ha sido entregada oportunamente la información que ordenó entregar la decisión final de este Consejo, ya que ésta no fue objeto de reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de plazo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, se han verificado los presupuestos necesarios para la procedencia del recurso de reposición administrativo interpuesto por el Superintendente de Valores y Seguros en contra de la decisión recaída en el amparo por denegación de acceso a la información Rol C5-11, motivo por el cual este Consejo la admitirá a tramitación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, sin perjuicio de lo que se resolverá en definitiva con respecto al mismo. En virtud de lo anterior, y estimando este Consejo que el recurso administrativo que mediante esta decisión se resuelve fue deducido dentro de plazo legal, se desechará la argumentación de la reclamante doña Mariana Valenzuela Cruz en torno a la supuesta inadmisibilidad del recurso que se analiza.

2) Que, una vez admitido a tramitación, procede determinar únicamente, para los efectos de resolver acertadamente las impugnaciones deducidas por el recurrente, si los argumentos y antecedentes esgrimidos en su respectivo recurso, resultan o no suficientes para modificar, reemplazar o dejar sin efecto lo resuelto por este Consejo en la decisión recurrida.

3) Que, primeramente, en cuanto a las alegaciones realizadas por la Superintendencia recurrente relativas a la supuesta incompetencia de este Consejo para conocer del amparo por la vulneración del derecho de acceso a la información, debe consignarse que al Consejo para la Transparencia, conforme lo disponen los literales b) y j) del artículo 33 de la Ley de Transparencia, le asiste la función de resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad a dicho cuerpo legal, atribución que precisamente ejerció en la especie al dictar la decisión que se ha recurrido.

4) Que, asimismo, cabe reiterar lo señalado en la decisión recurrida, en cuanto a que «la circunstancia del rechazo del recurso de reposición en el procedimiento administrativo no puede constituir un obstáculo para el ejercicio del derecho de acceder a la información pública, sin perjuicio de la sustanciación por cuerdas separadas y paralelas que pueden seguir ambos procedimientos, en lo que a cada uno corresponda». Agrega el considerando 6º de la misma decisión impugnada que el no reconocer competencia a este Consejo implicaría, además, vulnerar el principio de facilitación, reconocido en el artículo 11 letra f) de la Ley de Transparencia, por lo que, en consecuencia, este Consejo estima ser competente para conocer de este amparo, sin que en la especie se hayan adjuntado nuevos antecedentes que lleven a una conclusión diferente a la razonada. Atendido lo anteriormente razonado, los argumentos de la SVS respecto a esta materia serán rechazados en lo resolutivo de esta decisión.

5) Que, por otra parte, en lo referente a la supuesta intromisión en las facultades de la SVS, y al desconocimiento de lo establecido por el artículo 23 del DL 3.538, que establece el deber de reserva sobre los funcionarios que se desempeñan en dicho servicio, la decisión recurrida, en sus considerandos 11º a 18º, resolvió que el mencionado artículo no configura la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 Nº 5 de la Ley de Transparencia, ya que dicha norma no puede interpretarse en términos tales que suponga que todos los informes elaborados por los funcionarios de la SVS o que los hechos, negocios o situaciones de que hubieran tomado conocimiento en el desempeño de sus cargos sean secretos o reservados, limitándose sólo a establecer una obligación para los funcionarios, que en ningún caso llega a configurar una causal de secreto o reserva.

6) Que, en conclusión, analizado el texto del recurso de reposición en comento, este Consejo estima que no aporta nuevos antecedentes o alegaciones que motiven una conclusión diferente a la arribada en la decisión del amparo C5-11, impugnada en la especie, limitándose a profundizar alegaciones ya vertidas en su oportunidad y señalando los supuestos efectos y consecuencias que, a su juicio, tendría dicha declaración de publicidad, razones suficientes para disponer el rechazo en todas sus partes del recurso de reposición interpuesto por el Superintendente de Valores y Seguros.

7) Que, finalmente, la solicitud de audiencia formulada por el Superintendente de Valores y Seguros debe rechazarse, toda vez que el momento procesal para realizar aquella medida es previo a la resolución del amparo mismo y no en sede de reposición, no estimándose que la realización de la audiencia solicitada sea necesaria para una correcta resolución de esta reposición que, por su propia naturaleza, debe tramitarse con celeridad, en un procedimiento ágil y expedito para atender las solicitudes de información, tanto ante los órganos de la Administración como ante este Consejo.

8) Que, en consecuencia, se rechazará íntegramente la reposición interpuesta, manteniéndose en los mismos términos ya resueltos la decisión recaída en el amparo rol C5-11.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el recurso de reposición administrativo deducido por el Superintendente de Valores y Seguros, en contra de la decisión recaída en el amparo Rol C5-11, de 11 de marzo de 2011, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a doña Mariana Valenzuela Cruz en representación de Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. y al Sr. Superintendente de Valores y Seguros.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.