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Pablo González Martínez con MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE Rol: C319-17

Consejo para la Transparencia, 11/04/2017

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Talagante, fundado en que dio respuesta negativa a una solicitud de información referente a los gastos realizados por dicha Municipalidad. El Consejo rechaza el amparo, por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N°1 de la Ley de transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C319-17

Entidad pública: Municipalidad de Talagante

Requirente: Pablo González Martínez

Ingreso Consejo: 26.01.2017

En sesión ordinaria N° 792 del Consejo Directivo, celebrada el 11 de abril de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C319-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 26 de diciembre de 2016, don Pablo González Martínez solicitó a la Ilustre Municipalidad de Talagante diversa información referida a gastos realizados por dicha Municipalidad, requiriendo en particular:

a) Montos anuales pagados desde 2002 a la fecha, desglosados año a año, por compras de bienes y/o servicios en los siguientes ítems:

i. pañales (monto pagado, cantidad, empresas proveedoras, marca, tipo pañal especificando si es adulto o niño)

ii. papel higiénico (monto pagado, cantidad, empresas proveedoras, marca)

b) Montos anuales pagados desde 2002 a la fecha, desglosados año a año, a empresas proveedoras de servicios de aseo, detallando:

i. nombre y rut de la empresa,

ii. servicio prestado,

iii. número de funcionarios sub-contratados,

iv. monto total de la planilla en pesos.

c) Montos anuales pagados desde 2002 a la fecha, desglosados año a año, a empresas proveedoras de servicios de guardias de seguridad o similares, detallando:

i. nombre y rut de la empresa,

ii. servicio prestado,

iii. número de funcionarios sub-contratados,

iv. monto total de la planilla en pesos

d) Montos anuales pagados desde 2002 a la fecha, desglosados año a año, a empresas proveedoras de servicios de educación, detallando:

i. nombre y rut de la empresa,

ii. servicio prestado,

iii. número de funcionarios sub-contratados,

iv. monto total de la planilla en pesos

e) Montos anuales pagados desde 2002 a la fecha, desglosados año a año, a empresas proveedoras de servicios relacionados con la salud, detallando:

i. nombre y rut de la empresa,

ii. servicio prestado,

iii. número de funcionarios sub-contratados,

iv. monto total de la planilla en pesos

f) Montos anuales desde 2002 a la fecha pagados por la adquisición de los siguientes bienes o servicios:

i. lentes (detallando monto, empresas proveedoras, cantidad y marcas)

ii. exámenes (detallando monto, empresas proveedoras, cantidad y marcas)

iii. otros bienes o servicios de salud.

g) Montos anuales desde 2002 a la fecha pagados por el servicio de aseo domiciliario, adjuntando formularios de pago.

h) Montos anuales desde 2002 a la fecha pagados a la empresa Consorcio Santa Marta

i) Montos anuales recibidos desde 2002 a la fecha por concepto de concesión de estacionamientos.

j) Montos pagados anuales desde 2002 a la fecha por retiro de escombros y cachureos, detallando monto pagado, el servicio prestado, la empresa y adjuntando la copia del respectivo contrato y documentación que acredite el pago respectivo.

En todos los casos, se solicita incorporar tanto las operaciones realizadas directamente por el Municipio como por sus corporaciones y otras entidades dependientes.

2) RESPUESTA: La Ilustre Municipalidad de Talagante respondió a dicho requerimiento de información mediante Ord. N° 17, de fecha 19 de enero de 2017, señalando, en síntesis, que se deniega la información pedida por concurrir la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, debido a que su requerimiento contempla un elevado número de actos administrativos y antecedentes, cuya atención requiere distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, dado que reunir toda esta información demandaría muchos insumos que hoy no se encuentran disponibles, porque al ser una consulta tan genérica la cantidad de información solicitada involucraría tal cantidad de recursos (humanos, tiempo, informáticos, financieros, etc.) que se hace imposible cumplir con el requerimiento; ya que la información sobrepasa los recursos disponibles, más todavía teniendo presente que la información se encuentra dispersa en diferentes unidades y antecedentes; tales como establecimientos de salud, Finanzas Municipal, Dirección de Salud, Recursos Humanos, etc.

Agregó, que durante las fechas consultadas además el Municipio tuvo un cambio de servicios informáticos, por lo que existe además una posibilidad de que la información anterior al 2008 se encuentre encriptada y eso haga imposible responder en parte.

Finalmente indica que respecto a los recursos humanos e insumos, no existe la disponibilidad de destinación de uno o más funcionarios que se dediquen a reunir la información solicitada; pues el personal es escaso y lo que ellos eventualmente dejarían de realizar su jornada diaria de trabajo; sobrecargaría a los demás funcionarios; por lo que no se puede estimar el tiempo que demoraría en dar respuesta al requerimiento

3) AMPARO: El 26 de enero de 2017, don Pablo González Martínez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Ilustre Municipalidad de Talagante, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Talagante, mediante oficio N° 1.436, de fecha 03 de febrero de 2017.

El órgano requerido, a través de Ord. N° 195, de fecha 02 de marzo de 2017, presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que reitera que no es posible entregar la información pedida por concurrir la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, fundado además de lo informado en la respuesta, en que se requiere información desde año 2002 a la fecha, esto es más de 14 años, requiriéndose además que sea mensual, lo cual quiere decir que toda la información que solicita sea multiplicada por 168, en cada uno de sus ítems.

Atendiendo que son 10 ítems, ello quiere decir, 1680 documentos de manera simple, sin embargo, con el detalle solicitado, por ejemplo personal sub contratado en empresa de aseos, pensando sólo en aseo de inmuebles municipales y de salud, estamos hablando de más de 40 personas, por lo que ese monto de 1680 documentos debe multiplicarse por 40, dando un total de 67.200 documentos.

A ello, deben agregarse todos los demás requerimientos formulados en la solicitud, siendo un número de documentos imposible de escanear, y de difícil determinación, pero según el análisis previo, es una cifra cercana a los 200 mil documentos.

Por otra parte se solicita se le otorgue la información en planillas, y además se le otorgue copia de las operaciones realizadas, haciendo presente que la información en planillas es algo relativamente nuevo, toda vez que se trabaja computacionalmente aproximadamente desde el año 2008.

Señala que la información debe ser mantenida en los establecimientos Municipales durante 5 años, por lo que la información anterior se encuentra archivada, en dependencias distintas de las oficinas de las direcciones y departamentos municipales correspondientes

Por lo anterior, para poder responder el requerimiento la Municipalidad tendría que sacar personal de sus funciones habituales, para a) recolectar la información, b) luego traspasarla a planillas, y c) escanear o fotocopiar toda esa información para la entrega, todo lo cual no resulta factible por cuanto sacar un trabajador de sus funciones habituales para realizar el trabajo que involucra lo solicitado entorpecería o haría imposible la continuidad del servicio, por la gran cantidad de tiempo que debe ocuparse en ello. En atención a ello, sostiene, para cumplir con el requerimiento solicitado, debiese solicitar a uno o más funcionarios la realización de horas extras, con la finalidad de reunir, traspasar y fotocopiar o escanear toda la información, lo que implica un gasto extra de recursos municipales, sin saber si existe disponibilidad presupuestaria para ello.

Se agrega, que la información solicitada pertenece a distintas unidades municipales, a modo de ejemplo: Salud, Finanzas, Recursos Humanos, DIDECO, DAO, todas ellas con distintas oficinas, e incluso en distintos establecimientos, con archivos propios.

De ser así, hace presente que el máximo de horas extras es de dos diarias. La sola recolección de lo solicitado, debe ser del orden de dos jornadas completas de trabajo por unidad o dirección respectiva, es decir 16 horas, por al menos 6 departamentos o direcciones municipales, lo cual nos da un total de 96 horas extras, en sólo recolección de antecedentes, a ello deben agregarse, la realización de las planillas solicitadas, y el escaneo o fotocopiado de la documentación, que debe ser una jornada igual, si es que no mayor, es decir, al menos 190 horas de trabajo extra, las que no sólo involucran el pago de la jornada extraordinaria, sino también el mayor desgaste del funcionario, quien igualmente debe cumplir con su jornada ordinaria de trabajo, además que los recursos en horas para fotocopiar, no es menor, pues son aproximadamente 200.000 mil documentos, lo cual involucra 2.000 resmas de hojas.

Por ello sostiene que se cumplen los requisitos de la causal de reserva invocada, toda vez que la búsqueda y entrega de la información pedida entorpecería la continuidad de los servicios de las diferentes unidades, además de los costos monetarios que implica para la Municipalidad, afectando el debido cumplimiento sus funciones.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, don Pablo González Martínez solicitó a la Ilustre Municipalidad de Talagante diversa información referida a gastos realizados por dicha Municipalidad desde el año 2002 a la fecha de la solicitud, desglosados por año, por compras de distintos bienes y servicios, al tenor de lo señalado en el N° 1 de lo expositivo de la presente decisión, obteniendo respuesta denegatoria fundado en la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

2) Que, en efecto, el órgano requerido denegó la información pedida fundado en la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, toda vez que tal como se expuso latamente en su respuesta como descargos, lo requerido contempla un elevado número de actos administrativos y antecedentes, cuya atención requiere distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, por cuanto comprende información desde año 2002 a la fecha, es decir de más de 14 años, requiriéndose además que sea mensual e itemizada, que estima sólo en materia de aseo de inmuebles municipales serían 67.200 documentos, sin considerar todos los demás requerimientos formulados en la solicitud, cuyo número si bien es de difícil determinación, de acuerdo a un análisis previo, serían cerca de 200 mil documentos. Además, hizo presente que se solicitó la información en planillas, y además se le otorgue copia de las operaciones realizadas, en circunstancias que se trabaja computacionalmente aproximadamente desde el año 2008.

3) Que, además señaló la Municipalidad reclamada, que la información solicitada pertenece a distintas unidades municipales, todas ellas con distintas oficinas, e incluso en distintos establecimientos, con archivos propios, haciendo presente que la sola recolección de lo solicitado, debe ser del orden de dos jornadas completas de trabajo por unidad o dirección respectiva, es decir 16 horas, por al menos 6 departamentos o direcciones municipales, completando un total de 96 horas extras, en sólo recolección de antecedentes, a lo que debe agregarse la realización de las planillas solicitadas, y el escaneo o fotocopiado de la documentación, que debe ser una jornada igual, si es que no mayor, es decir, al menos 190 horas de trabajo extra, las que no sólo involucran el pago de la jornada extraordinaria, sino también el mayor desgaste del funcionario, quien igualmente debe cumplir con su jornada ordinaria de trabajo, además que los recursos en horas para fotocopiar, no es menor, pues son aproximadamente 200.000 mil documentos, lo cual involucra 2.000 resmas de hojas. Por lo anterior, sostiene que la búsqueda y entrega de la información pedida entorpecería la continuidad de los servicios de las diferentes unidades, además de los costos monetarios que implica para la Municipalidad, afectando el debido cumplimiento sus funciones.

4) Que, conforme con lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, la información solicitada que obra en poder del órgano reclamado es de naturaleza pública, salvo que concurra a su respecto, alguna de las causales de reserva establecidas en la Constitución o en la ley. Por lo anterior, corresponde a este Consejo pronunciarse en el contexto del procedimiento de acceso a la información pública, acerca del fundamento y procedencia de la causal de reserva invocada por el órgano reclamado para denegar la información pedida.

5) Que, en virtud de la invocación de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, puede denegarse la entrega de la información cuando su publicidad "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado números de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales". Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7° N° 1, letra c), del Reglamento de la citada ley, señalando que "(...) un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

6) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie, y por tanto darían lugar a esfuerzos desproporcionados como los mencionados.

7) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado.

8) Que, de los antecedentes examinados, si bien no se ha controvertido que la información pedida exista en poder del órgano requerido, en atención al extenso periodo que comprende la solicitud de información formulada, el detalle con que ha sido requerida, y que estimativamente corresponden aproximadamente a 200.000 documentos, el tiempo y los recursos tanto materiales como humanos que se requerirían para entregar los antecedentes pedidos señalados por la entidad edilicia en su descargos, a juicio de este Consejo resultan plausibles los antecedentes proporcionados para configurar la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia invocada, no siendo posible proceder a su entrega sin producir una afectación presente o probable y con suficiente especificidad al debido funcionamiento de las funciones de la Ilustre Municipalidad de Talagante, razón por la cual se rechazará el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Pablo González Martínez, en contra de la Ilustre Municipalidad de Talagante, por configurarse la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Pablo González Martínez y al Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Talagante.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.