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Valentín Vera Fuentes con UNIVERSIDAD DE TALCA Rol: C4032-16

Consejo para la Transparencia, 17/03/2017

Se dedujo amparo en contra de la Universidad de Talca, fundado en que la universidad no informa una situación de vital importancia. La solicitud de información dice relación con: "Solicito copia de los siguientes documentos y/o pronunciamiento, en relación a empleados públicos y disposición de la Contraloría General de la República N°39068N99 que adjunto y noticia aparecida en diario nacional que les remito sobre doctorados EGEU-ULSET: a) "Cuantos académicos tienen títulos y/o grados académicos en registro, en relación a títulos profesionales y grados académicos de universidades extranjeras sin validar en la Universidad de Chile (...)" b) "Medidas tomadas por la universidad, en caso de existir". c) Existe personal que tenga títulos en EGEU-ULSET. Nota: Esto para confrontarlo en listado pedido a la Universidad de Chile y datos obtenidos en transparencia activa (...)". Nota: ver enlace http://m.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/11/09/universidad-fantasma-otorgo-doctorados-a-funcionarios-del-poder-judicial. El Consejo acoge parcialmente el amparo, rechazándose en lo relativo a lo requerido en la letra b), de la solicitud de información, al constatarse que el órgano dio respuesta a lo requerido.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4032-16

Entidad pública: Universidad de Talca.

Requirente: Valentín Vera Fuentes.

Ingreso Consejo: 29.11.2016.

En sesión ordinaria N° 785 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de marzo de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C4032-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 20 de noviembre de 2016, don Valentín Vera Fuentes, solicitó a la Universidad de Talca, la siguiente información:

"Solicito copia de los siguientes documentos y/o pronunciamiento, en relación a empleados públicos y disposición de la Contraloría General de la República N°39068N99 que adjunto y noticia aparecida en diario nacional que les remito sobre doctorados EGEU-ULSET:

a) "Cuantos académicos tienen títulos y/o grados académicos en registro, en relación a títulos profesionales y grados académicos de universidades extranjeras sin validar en la Universidad de Chile (...)"

b) "Medidas tomadas por la universidad, en caso de existir".

c) Existe personal que tenga títulos en EGEU-ULSET. Nota: Esto para confrontarlo en listado pedido a la Universidad de Chile y datos obtenidos en transparencia activa (...)". Nota: ver enlace http://m.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/11/09/universidad-fantasma-otorgo-doctorados-a-funcionarios-del-poder-judicial.

2) RESPUESTA: Por medio de correo electrónico de fecha 29 de noviembre de 2016, el órgano señaló en síntesis lo siguiente:

a) Con fecha 01 de agosto de 2014, la Contraloría General de la República emitió un pronunciamiento que reconsidera toda otra jurisprudencia sobre la materia, estableciendo que no es necesario el reconocimiento, la revalidación o la convalidación de un grado académico obtenido en el extranjero ante la Universidad de Chile, para cumplir tareas que indica en la Universidad de Talca.

b) El dictamen referido es el N° 58.634 y, en lo principal, señala que "el inciso primero del artículo 6° del decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación -que aprueba los Estatutos de la Universidad de Chile-, prescribe que a ésta le corresponde la atribución privativa y excluyente de reconocer, revalidar y convalidar títulos profesionales obtenidos en el extranjero, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales". Luego concluye que, acorde a la 'autonomía académica' de que goza la Universidad de Talca, "le corresponde a la autoridad de la aludida institución disponer las designaciones que se requieran para efectuar sus funciones de docencia, investigación y extensión y, en tal contexto, ponderar los méritos académicos que poseen quienes desean Incorporarse a esas labores, lo que incluye la valoración de los grados que éstos posean, sin que sea necesario para estos efectos que las personas que vayan a desempeñarse en la Universidad de que se trata, obtengan previamente de la Universidad de Chile, el reconocimiento, revalidación o convalidación de su 'grado académico' obtenido en el extranjero.''

c) Respecto al tercer requerimiento de su solicitud y como indica la letra c) del artículo 21, de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales" no es posible entregar la información solicitada.

3) AMPARO: El 29 de noviembre de 2016, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido Órgano de la Adminstracion del Estado, fundado en resumen, en que la universidad no informa situación que es de vital importancia.

4) SUBSANACION DE AMPARO: Mediante Oficio N° 12284, de 13 de diciembre de 2016, este Consejo requirió al reclamante, que aclare la infracción cometida por el órgano reclamado, indicando con precisión la información que siendo requerida no fue proporcionada por la universidad.

Luego, el día 13 de diciembre de 2016, mediante correo electrónico, el reclamante precisó en síntesis, que la universidad no le respondió lo requerido en ninguno de los literales de la solicitud de información.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Rector de la Universidad de Talca, mediante oficio N° 12.635, de fecha 21 de diciembre de 2016.

Al efecto, el órgano, por medio de ordinario N° 001/2017, de 06 de enero de 2017, señaló en síntesis, lo siguiente:

a) En primer lugar, respecto a lo requerido en la letra b), de la solicitud de información, el órgano refiere que el dictamen de la Contraloría General de la República N° 58.634 del año 2014, sostiene en lo que importa que: "le corresponde a la autoridad de la aludida institución disponer las designaciones que se requieran para efectuar sus funciones de docencia, investigación y extensión y, en tal contexto, ponderar los méritos académicos que poseen quienes desean incorporarse a esas labores, lo que incluye la valoración de los grados que éstos posean, sin que sea necesario para estos efectos que las personas que vayan a desempeñarse en la Universidad de que se trata, obtengan previamente de la Universidad de Chile, el reconocimiento, revalidación o convalidación de su 'grado académico' obtenido en el extranjero". En virtud de lo anterior, la Universidad no ha adoptado medidas respecto a los docentes cuyos títulos no han sido validados por la Universidad de Chile.

b) En lo tocante a lo requerido en la letra a) y c) del numeral 1°, precedente, se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Al efecto, para responder a lo solicitado implica la revisión de 2.628 expedientes físicos -que corresponden en un desglose de 200 académicos de planta regular, 333 de planta no regular, 162 no académicos de planta, 86 no académicos a contrata, 39 directivos y 1.808 contrataciones a honorarios, entre los que naturalmente, se encuentran también académicos-. Dichos expedientes se encuentran contenidos en soporte físico a cargo de la Dirección de Operaciones del Personal, el que dado su volumen, no está de manera íntegra en las oficinas de la aludida Dirección, sino que también en bodegas de nuestra Casa Central y en dependencias de Secretaría General de la universidad, el proporcionar los antecedentes requeridos, implicaría distraer a los siete funcionarios del departamento indicado, por un lapso aproximado de 2 a 3 meses.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la falta de entrega de lo requerido en los literales a), b) y c) de la solicitud de información anotada en el numeral 1°, de lo expositivo.

2) Que, en lo tocante a lo pedido en la letra a) y c), el órgano alegó la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Sobre dicha causal, cabe tener presente que aquella permite reservar información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido el artículo 7° numeral 1° letra c) del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento "requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

3) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima no concurren en la especie.

4) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste no ha sido el estándar demostrado por el órgano reclamado.

5) Que, a juicio de este Consejo, las dificultades alegadas por el órgano reclamado no permiten dar por configurada la distracción indebida que se ha invocado como supuesto de la causal de reserva, pues según se constata, ésta ha identificado de modo preciso el número de la documentación, advirtiéndose que el volumen de la misma no tiene una entidad suficiente para generar la afectación invocada. En tal sentido, lo solicitado en la letra a) del numeral 1°, de lo expositivo, dice relación únicamente con la cantidad o número de académicos que se encuentran en una determinada situación, mas no la entrega de documento alguno que exija su copia, tratamiento o anonimización; y la letra c), sólo exige los nombres de los funcionarios que cuenten con títulos en EGEU-ULSET, todo lo cual desvirtúa la causal de reserva alegada por el órgano. A mayor abundamiento, lo solicitado dice relación con el cuerpo académico de la Universidad reclamada, información que por su naturaleza debería estar suficientemente sistematizada para efectos de acceder a lo requerido, en la medida que constituye un elemento esencial de toda casa de estudios superiores.

6) Que, en lo tocante a lo solicitado en la letra b), del requerimiento de información, referente a las medidas que se han tomado respecto a aquellos académicos que tienen títulos profesionales y grados académicos de universidades extranjeras sin validar en la Universidad de Chile, el órgano precisó que no se han tomado medidas por cuanto la Contraloría General, en dictamen N° 58.634 del año 2014, señaló que no era necesario que las personas que vayan a desempeñarse en la universidad de que se trata, obtengan previamente de la Universidad de Chile, el reconocimiento, revalidación o convalidación de su grado académico obtenido en el extranjero. Al respecto, con aquel antecedente, a juicio de este Consejo, el órgano reclamado dio respuesta a lo solicitado basado en un criterio a su vez, en la autoridad administrativa. Por este motivo, el amparo en esta parte será rechazado, atendiendo que el órgano cumplió con dar respuesta a lo requerido.

7) Que, en mérito de lo expuesto en los considerandos anteriores, este Consejo acogerá parcialmente el presente amparo, ordenándose la entrega de lo requerido en las letras a) y c), del numeral 1°, de lo expositivo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Valentín Vera Fuentes, en contra de la Universidad de Talca; rechazándose en lo relativo a lo requerido en la letra b), de la solicitud de información, al constatarse que el órgano dio respuesta a lo requerido, todo lo anterior conforme los fundamentos señalados precedentemente

II. Requerir al Sr. Rector de la Universidad de Talca que:

a) Entregue al solicitante, la siguiente información:

i. Cuantos académicos tienen títulos y/o grados académicos en registro, en relación a títulos profesionales y grados académicos de universidades extranjeras sin validar en la Universidad de Chile;

ii. Personal que tenga títulos en EGEU-ULSET.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Valentín Vera Fuentes y al Sr. Rector de la Universidad de Talca.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.