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Fernando Oyarzún Muñoz con MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO Rol: C557-17 / C558-17 / C559-17 / C576-17 / C578-17 / C581-17 / C582-17 / C619-17 / C620-17 / C621-17 / C622-17 / C727-17 / C728-17 / C729-17 / C730-17 / C732-17 / C891-17 / C892-17 / C893-17

Consejo para la Transparencia, 23/05/2017

Se dedujeron amparos en contra de la Municipalidad de San Pedro de Melipilla, fundados en que no dio respuesta a las solicitudes de información referentes a una serie de antecedentes relacionados con el órgano reclamado. El Consejo rechaza los amparos, en virtud de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Desarrollo y Gestión Institucional
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Sentencias o resoluciones sobre esta decisión:


Decisiones o sentencias citadas en documento:


Reclamaciones contra esta decisión (Ver estado procesal):



Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPAROS ROLES C557-17, C558-17, C559-17, C576-17, C578-17, C581-17, C582-17, C619-17, C620-17, C621-17, C622-17, C727-17, C728-17, C729-17, C730-17, C732-17, C891-17, C892-17, y C893-17.

Entidad pública: Municipalidad de San Pedro de Melipilla

Requirente: Fernando Oyarzún Muñoz

Ingreso Consejo: 17.02.2017

20.02.2017

23.02.2017

3.03.2017

17.03.2017

En sesión ordinaria N° 800 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de mayo de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información Roles C557-17, C558-17, C559-17, C576-17, C578-17, C581-17, C582-17, C619-17, C620-17, C621-17, C622-17, C727-17, C728-17, C729-17, C730-17, C732-17, C891-17, C892-17, y C893-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUDES DE ACCESO: Don Fernando Oyarzún Muñoz realizó las siguientes solicitudes de información a la Municipalidad San Pedro de Melipilla en las fechas que se indica:

a) El 17 de enero de 2017-a través de dos solicitudes de acceso- requirió:

i. "Información sobre los correos electrónicos institucionales o privados para uso institucional, de las autoridades municipales y cargos directivos, y copia del documento público municipal que así lo establezca.

ii. Copia de todos los decretos alcaldicios dictados durante el período Octubre 2016 a Enero 2017, en relación con procesos disciplinarios (Sumarios e Investigaciones sumarias).

iii. Información acerca de existir en la Municipalidad de San Pedro y/o Servicios Traspasados, algún proceso disciplinario en curso, que diga relación con mi persona, como funcionario municipal."

b) El 19 de enero de 2017 requirió "copia de las paginas correspondiente al período Octubre 2016 a enero 2017, del Libro o Libros, que contiene el Índice, repertorio y/o donde se registran, todos los decretos alcaldicios que se dictan por Alcaldía ( plazo a la fecha de enero, que se despache la información)."

c) El 20 de enero de 2017 -mediante cuatro solicitudes-, requirió:

i. "Información de la Unidad de Control, acerca si a la fecha, se ha instruido algún proceso disciplinario en contra de abogado José Rodrigo Astorga Bravo, y acerca de su renuncia y aceptación por Alcalde; con copia de la documentación que respalde la información pedida.

ii. Información de la Unidad de Control, acerca de cuáles procesos disciplinarios se encuentran en curso, y se le otorgue copia de los decretos alcaldicios que los instruyeron.

iii. Copia de las representaciones por ilegalidades de actuaciones municipales, efectuadas por la unidad de control, en periodo diciembre 2016 a enero 2017.

iv. Información de la unidad de control, acerca de la existencia de materias o documentación que sean objeto de reserva, como documentos públicos.

v. Copia de todos los decretos alcaldicios dictados durante el periodo diciembre 2016 a enero 2017, con la respectiva documentación que figura en sus vistos y considerandos.

vi. Copia de informe de actividades visado por su jefatura directa y de decretos de pago, correspondiente, del personal contratado a honorarios, en periodo: Diciembre 2016 y enero 2017.

vii. Copia de decreto de nombramiento de Claudia Tapia Jerez , en DAEM, y de documentos de su contratación en sus anteriores labores en el área de educación y salud del municipio; tales como decretos alcaldicios, contratos de trabajo, etc."

d) El 23 de enero de 2017 - a través de dos solicitudes- requirió:

i. "Copia de los decretos de pago, que han sido visado o dado su visto bueno por la Unidad de Control municipal, durante el mes de diciembre del año 2016 y Enero de 2017.

ii. Información acerca de pago de horas extraordinarias en área de Educación y salud, durante período: diciembre 2016 a enero 2017, especificando, los montos, nómina de personal beneficiado, las necesidades o situaciones temporales que atienden, y cómo se acredita el cumplimiento del trabajo efectuado en exceso de la jornada laboral ordinaria; con copia de la documentación que respalda dicha información."

e) El 25 de enero de 2017 -a través de dos solicitudes- requirió:

i. "Información sobre situación contractual de doña María Teresa Arrocet Ramírez para con el municipio y en especial, área de Educación, especificando horario y jornada de trabajo ordinaria; agregando además, periodos en que ha estado ausente de sus labores como JEFE(s) DAEM, y sus motivos, sea por inasistencias, licencia médica, feriado, días administrativos, etc.; con copia de documentación que respalda respuesta.

ii. Información acerca de estado de tramitación de sumario administrativo instruido por Alcalde(s) Samuel Espinoza, por irregularidades en DAEM, donde figura involucrada María Teresa Arrocet Ramírez, por inasistencias al trabajo y pago íntegro de remuneración; especificando si se encuentra en estado de sumario o no, en este último caso, pido copia del expediente, y si se ha concedido alguna prorroga de plazo para investigación."

iii. Información acerca de la habilitación por el municipio a través de actos administrativos formales, a la fecha de hoy, para que el abogado Francisco Larenas Vega pueda actuar en representación judicial del municipio, en Tribunales, y la remuneración convenida por tales actuaciones y gestiones judiciales; con copia de la documentación que respalda el contenido de la respuesta.

f) El 27 de enero de 2017 requirió "Copia de decretos alcaldicios que aprueban contrato de: Juan Carlos Haniez, Armando Aravena Alegría, Claudia Navarro Salinas, José Rodrigo Astorga Bravo, Miguel Ávila Cariola y Rodrigo Muñoz Silva, (de este último, sus 2 contratos); y copia de los documentos que figuran en sus vistos y considerando."

g) El 1° de febrero de 2017 -mediante cuatros solicitudes- requirió :

i. "Información acerca de renuncia y/o coloca término a la relación laboral para con el abogado del DAEM, José Rodrigo Astorga Bravo, con copia de los actos administrativos municipales que digan relación con ello."

ii. Copia autorizada por ministro de fe, de página del Libro de Registro de Ingreso de Correspondencia, donde figura el ingreso de Cartas y/o Presentaciones ingresadas por el suscrito, por Oficina de Partes del municipio, en el mes de enero de 2017.

iii. Información acerca de las respuestas emitidas y enviadas por el Alcalde al suscrito, y copia de tales documentos.

iv. Un Certificado extendido por Secretario Municipal, que certifique el ingreso al municipio, de dichas Cartas o Presentaciones, precisando su fecha, y si a la fecha de hoy, existe pronunciamiento del Alcalde, por escrito. "

v. Información del finiquito de término de relación laboral y del acto administrativo en virtud del cual, cesa sus labores para con el municipio don Juan Carlos Carreño Rojas, con copia autorizada por ministro de fe.

vi. Información y copia de los siguientes Memorándum, confeccionados en DAEM (Departamento de Educación Municipal) de Municipalidad de San Pedro y dirigido a unidades municipales, junto con las respectivas fotocopias al Libro de Correspondencia que da cuenta de su recepción por su destinatario.: Memorándum N° 614/2016 de fecha 21.09.2016. Memorándum N° 658/2016 de fecha 04.10.2016.

vii. Información de Secretaría Municipal, acerca de Memorándum 124/2016 de la Unidad de Control a Concejo Municipal, recepcionado con fecha 05.10.2016, y su copia, y copia del ACTA de Concejo Municipal, en donde se le informó de este Memorándum.

h) El 15 de febrero de 2017 -a través de tres requerimientos- solicitó:

i. Información acerca de las contrataciones de personal con cargo al Presupuesto Municipal de Educación ( DAEM) año 2017;

ii. Labores a realizar, unidades o lugares donde deben prestar sus servicios, jefes superiores jerárquicos directos de dicho nuevo personal;

iii. Plazo de duración de la contratación;

iv. Modalidad bajo la cual han sido contratados; y

v. Copia autorizada por ministro de fe, de la documentación que da cuenta de ello, sean contratos, decretos alcaldicios; e informes de sus actividades realizadas con cargo a su contratación por el período en que se han prestado tales servicios, y copia de los decretos alcaldicios que hacen procedente su pago.

vi. En relación a las contrataciones de personal con cargo al presupuesto municipal del área municipal, en el año 2017, solicitó la siguiente información: a) Labores a realizar, unidades o lugares donde deben prestar sus servicios, jefes superiores jerárquicos directos de dicho nuevo personal; b) Plazo de duración de la contratación; c) Modalidad bajo la cual han sido contratados; d) Copia autorizada por ministro de fe, de la documentación que da cuenta de ello, sean contratos, decretos alcaldicios; e) Informes de sus actividades realizadas con cargo a su contratación por el período en que se han prestado tales servicios, y copia de los decretos alcaldicios que hacen procedente su pago.

2) RESPUESTAS: El 20 de enero de 2017, 21 de febrero de 2017, y el 7, 23, 24, y 31 de marzo de 2017, mediante Oficios N° 286, 364, 365, 366, 381, 396, 397, acompañó información referida a las solicitudes que señala. Asimismo, mediante decretos N° 326 y 333 de 2 y 3 de marzo de 2017, N° 285 de 7 de marzo de 2017 denegó la información que señala en virtud del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

3) AMPAROS: El 17, 20, y 23 de febrero de 2017, y 3 de marzo de 2017, don Fernando Oyarzún Muñoz dedujo los amparos a su derecho de acceso a la información Roles C557-17, C558-17, C559-17, C576-17, C578-17, C581-17, C582-17, C619-17, C620-17, C621-17, C622-17, C727-17, C728-17, C729-17, C730-17, C732-17, C891-17, C892-17, y C893-17 en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que no recibió respuesta a sus solicitudes.

4) PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: Mediante correos electrónicos de fecha 25 de marzo de 2017, 28 de marzo de 2017, 6 de abril de 2017, el reclamante manifestó que la reclamada sólo entregó información parcial respecto de las solicitudes que indica.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo confirió traslado de los presentes amparos al órgano reclamado mediante los Oficios N° 2.696, 26.697, 368 de 21 de marzo de 2017, N° 469 de 30 de marzo de 2017, N° 474 de 30 de marzo de 2017, N° 3.163 de 4 de abril de 2017, N° 662 de 11 de abril de 2017, N° 672 de 11 de abril de 2017, N° 677 de 12 de abril de 2017, N° 735 y 3.594 de 18 de abril. El órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones mediante Oficios N° 484 y 486 de 26 de abril de 2017, y N° 473 de 25 de abril de 2017, señalando, en síntesis que:

a) Ha enfrentado una inusual demanda ciudadana de peticiones de acceso a la información pública, cuyo alto volumen se ha tornado de difícil manejo. Desde la habilitación del Portal Transparencia en ese municipio hasta enero de 2017, se habían ingresado alrededor de 320 solicitudes de Transparencia Pasiva; mientras que desde enero a abril de 2017, se han ingresado aproximadamente 110 nuevas solicitudes, la mayoría provenientes de un mismo solicitante.

b) Tanto el Encargado de Transparencia como el abogado municipal se encuentran abocados a la atención preferente del solicitante, que ha atestado de solicitudes de acceso y amparos a esa sede municipal, en un volumen tal que resulta incompatible con sus labores ordinarias y que hace difícil de satisfacer dentro de los acotados plazos legales. Hace presente además los escasos recursos humanos y materiales de que dispone para atender los numerosos requerimientos que recibe, y agrega que debió hacer frente a la urgencia suscitada por los incendios forestales ocurridos en enero y febrero de 2017.

c) Remite los antecedentes que señala respecto las solicitudes que individualiza.

6) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Atendiendo una solicitud formulada por este Consejo a través de Oficio N° 3.568 de 17 de abril de 2017 el órgano reclamado dio respuesta mediante Oficio N° 542 de 10 de mayo de 2017 señalando, en síntesis, que:

a) Reitera las dificultades señaladas en sus descargos respecto de la atención del conjunto de solicitudes de acceso ingresadas por el peticionario.

b) En cuanto al volumen estimado de información solicitada señala que excede los 5.000 documentos.

c) Las labores de búsqueda, recopilación y sistematización no han podido completarse hasta la fecha, debido a la falta de personal dedicado y falta de herramientas informáticas.

d) Cuenta con dos funcionarios dedicados actualmente a Transparencia. Uno es el Secretario Municipal, quien además debe atender a todas las labores propias del cargo, como son: ley de organizaciones comunitarias (constitución de personas jurídicas, certificación de directivas y sus elecciones), atención del Concejo Municipal y señores concejales, entre diversas otras. El otro funcionario es el abogado, cuya función primordial es la defensa de la municipalidad en juicio, la redacción, estudio, revisión y preparación de actos administrativos, la asesoría jurídica al Alcalde y al Concejo, entre otras.

e) Ambos funcionarios se encuentran dedicados a sus labores ordinarias y además a tratar de contestar adecuadamente las incesantes solicitudes del reclamante. Si ambos funcionarios se dedicaran exclusivamente a estas labores, no podrían concluirlas en menos de cuatro meses.

f) Hace presente que el abogado lleva aproximadamente 3 meses con jornadas semanales superiores a las 70 horas de trabajo, debido eminentemente a su atención preferente a las materias de la Ley de Transparencia, lo cual se opone a la más elemental lógica administrativa.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el principio de economía procedimental, establecido en el artículo 9° de la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, exige a estos últimos responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios, por lo tanto, atendiendo al hecho de que, respecto de las solicitudes que han motivado los amparos Roles C557-17, C558-17, C559-17, C576-17, C578-17, C581-17, C582-17, C619-17, C620-17, C621-17, C622-17, C727-17, C728-17, C729-17, C730-17, C732-17, C891-17, C892-17, y C893-17. existe identidad respecto del requirente y del órgano requerido, este Consejo, para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto.

2) Que, conforme a lo establecido en el artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia, se podrá denegar el acceso a la información cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente, tratándose de requerimientos de carácter genéricos, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Al respecto, el Reglamento de la citada Ley, al precisar los supuestos de dicha causal, señala en su artículo 7° N° 1, literal c), inciso tercero, que "se considerará que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando sus satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales".

3) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie, y por tanto darían lugar a esfuerzos desproporcionados como los mencionados.

4) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado.

5) Que, por su parte, y de acuerdo a los criterios conforme a los cuales ha venido razonando este Consejo a partir de su decisión Rol C1186-11, el conjunto de requerimientos de información interpuestos por una misma persona, ante un mismo órgano de la Administración del Estado, en un período acotado de tiempo, puede justificar la concurrencia de la hipótesis de distracción indebida de los funcionarios de dicho órgano, respecto del cumplimiento regular de sus funciones, recogidas en el artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia, cuando se acredite que su atención agregada implica para tales funcionarios la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo, de esta forma, la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas, implicando, todo ello, una carga especialmente gravosa para el organismo, en términos de la causal de secreto o reserva antes señalada. En este sentido, se debe tener presente que, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, de SEGPRES, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, los órganos de la Administración del Estado se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia.

6) Que, conforme a lo informado por la Municipalidad de San Pedro de Melipilla con ocasión de la medida para mejor resolver dispuesta por este Consejo, el conjunto de solicitudes de acceso formuladas por el solicitante que han dado origen a los amparos en análisis así como también otros requerimientos deducidos por el peticionario en el mismo período han afectado las funciones públicas que dicha entidad edilicia debe cumplir regularmente. Al efecto, se observa que la atención de las mencionadas solicitudes de acceso han generado un incremento significativo en las labores de los dos funcionarios encargados de atender tales requerimientos afectando con ello las demás funciones que les compete desempeñar. Asimismo, procede tener presente que, atendida la proximidad temporal entre las solicitudes objeto de los presentes amparos y las demás formuladas posteriormente, el órgano reclamado para contestar dentro del plazo legal dichas solicitudes, debió tratar éstas, prácticamente, de manera simultánea. Dicha circunstancia, implica que, aun cuando alguna de las solicitudes de acceso individualmente considerada, eventualmente, pueda no tener la entidad suficiente para generar la distracción alegada, para la adecuada ponderación de la causal de reserva alegada, debe atenderse al hecho de que aquéllas se encuentran insertas en un contexto de múltiples requerimientos de distinto tenor y extensión, con plazos de respuesta cuyo vencimiento se produjo de manera coetánea.

7) Que, por su parte, analizado el contenido de las solicitudes objeto de los presentes amparos, se constata que la atención agregada de tales requerimientos, la búsqueda de la totalidad de la información solicitada, su calificación jurídica a fin de verificar la procedencia de alguna causal legal de secreto o reserva, el tarjado de datos personales en aplicación de la ley N° 19.628, ha significado para el organismo destinar un tiempo excesivo de la jornada de sus funcionarios exigiendo una dedicación desproporcionada a la atención de los requerimientos del reclamante. En consecuencia, la causal del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia concurre en el presente caso, toda vez que la atención del requerimiento implicaría para el órgano la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el Servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada en desmedro de la que se destina a la atención de las demás. Acorde con lo dispuesto en el artículo 3° de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, de los órganos de la Administración del Estado se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia.

8) Que, en consecuencia, la ponderación de la disposición de reserva invocada respecto de los requerimientos objeto del presente amparo, lleva a concluir que su atención configura la distracción alegada, establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, por lo que se rechazarán los amparos en análisis.

9) Que, por último, lo resuelto en los amparos en análisis no obsta a que, a futuro el solicitante ejerza su derecho de acceso a la información en términos tales que no implique una afectación como la descrita, debiendo tramitarse la solicitud, y eventual amparo, conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar los amparos Roles C557-17, C558-17, C559-17, C576-17, C578-17, C581-17, C582-17, C619-17, C620-17, C621-17, C622-17, C727-17, C728-17, C729-17, C730-17, C732-17, C891-17, C892-17, y C893-17 deducidos por don Fernando Oyarzún Muñoz, en contra de la Municipalidad de San Pedro de Melipilla, en virtud de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, conforme los fundamentos señalados precedentemente.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Fernando Oyarzún Muñoz y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de San Pedro de Melipilla.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.