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Matías Rojas Medina con CARABINEROS DE CHILE Rol: C1372-17

Consejo para la Transparencia, 18/08/2017

Se dedujo amparo en contra de Carabineros de Chile, fundado en la respuesta parcial a una solicitud de información referente a: a) Informar cronológicamente, con especificación de años, los cargos, grados, destinaciones y superiores directos, conforme a períodos de calificación, del General en retiro Jaime Vasconcellos Avendaño; b) Se indiquen las unidades de Carabineros encargadas de fiscalizar el cumplimiento de normas relativas a guardias de seguridad y vigilantes en la Región de Valparaíso, identificando la identidad de las autoridades policiales que han dirigido esas unidades desde el año 2016 a la fecha, precisando el procedimiento que debe tomar la institución cuando detecta incumplimientos a normas de seguridad sobre la materia consultada para lograr que éstos sean sancionados y/o subsanados; c) Informar cronológicamente todas las fiscalizaciones realizadas por unidades de Carabineros a personal de la Dirección de Crédito Prendario de la Región de Valparaíso (DICREP), precisando la identidad de los funcionarios que fiscalizaron el cumplimiento de normas de seguridad en aquel lugar y el resultado de dichas diligencias; d) Se entregue copia digital de todos los documentos relativos a detección de incumplimientos de normas de seguridad en la DICREP Valparaíso, y copia de las medidas administrativas que ha tomado la institución y cualquier derivación de dichas constancias o notificaciones a la Gobernación de Valparaíso, desde el año 2016 en adelante; y, e) Se informe si a raíz de dichos procedimientos se ha detectado el vencimiento de chalecos antibalas ocupados por el personal, falta de chalecos antibalas para el personal, no acreditación del personal, entre otras irregularidades en la DICREP y, de ser efectivo, se solicita entregar copia digital de toda la documentación que así lo constate. El Consejo acoge parcialmente el amparo, rechazándolo respecto de la información que se lee en la letra e) del literal 1) de lo expositivo por configurarse la causal de reserva del artículo 21 números 3 y 5 de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1372-17

Entidad pública: Carabineros de Chile

Requirente: Matías Rojas Medina

Ingreso Consejo: 24.04.2017

En sesión ordinaria N° 824 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de agosto de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1372-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 07 de marzo de 2017, don Matías Rojas Medina solicitó a Carabineros de Chile la siguiente información:

a) Informar cronológicamente, con especificación de años, los cargos, grados, destinaciones y superiores directos, conforme a períodos de calificación, del General en retiro Jaime Vasconcellos Avendaño;

b) Se indiquen las unidades de Carabineros encargadas de fiscalizar el cumplimiento de normas relativas a guardias de seguridad y vigilantes en la Región de Valparaíso, identificando la identidad de las autoridades policiales que han dirigido esas unidades desde el año 2016 a la fecha, precisando el procedimiento que debe tomar la institución cuando detecta incumplimientos a normas de seguridad sobre la materia consultada para lograr que éstos sean sancionados y/o subsanados;

c) Informar cronológicamente todas las fiscalizaciones realizadas por unidades de Carabineros a personal de la Dirección de Crédito Prendario de la Región de Valparaíso (DICREP), precisando la identidad de los funcionarios que fiscalizaron el cumplimiento de normas de seguridad en aquel lugar y el resultado de dichas diligencias;

d) Se entregue copia digital de todos los documentos relativos a detección de incumplimientos de normas de seguridad en la DICREP Valparaíso, y copia de las medidas administrativas que ha tomado la institución y cualquier derivación de dichas constancias o notificaciones a la Gobernación de Valparaíso, desde el año 2016 en adelante; y,

e) Se informe si a raíz de dichos procedimientos se ha detectado el vencimiento de chalecos antibalas ocupados por el personal, falta de chalecos antibalas para el personal, no acreditación del personal, entre otras irregularidades en la DICREP y, de ser efectivo, se solicita entregar copia digital de toda la documentación que así lo constate.

2) RESPUESTA: El 20 de abril de 2017, Carabineros de Chile respondió a dicho requerimiento de información mediante resolución exenta N° 126, de esa fecha, señalando, en síntesis, lo siguiente, respecto de cada una las letras que componen el requerimiento:

Letra a): Se accede a la entrega de informe con cargos, grados, destinaciones del general consultado y se adjunta archivo con los nombres de sus superiores directos, conforme a los períodos de calificación.

Se excluye la dotación y el nombre del superior jerárquico durante el año 1993, fundado en que tales antecedentes tienen el carácter de secreto, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 y 38 inciso 1, de la ley N° 19.974, referida al sistema de inteligencia del Estado y que crea la Agencia Nacional de Inteligencia, la cual por aplicación de lo dispuesto en el artículo 8° y la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política tiene el rango de norma de quórum calificado, con lo cual se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, cuya develación afectaría el debido cumplimiento de las funciones que la ley citada encomienda a los órganos que integran el sistema de inteligencia del Estado, toda vez que supondría contravenir la obligación de secreto consagrado en el artículo 38 de dicha ley, situación que justamente previene el artículo 21 N° 1 y N° 5 de la Ley de Transparencia, lo que podría incluso comprometer la seguridad personal de los funcionarios que desempeñan labores de inteligencia de la institución, así como también de sus familias.

Letra b): Se informa que la unidad encargada de fiscalizar el cumplimiento de normas relativas a guardias de seguridad y vigilantes en la región de Valparaíso es el departamento de seguridad privada (O.S.109), así como también se identifican los prefectos a cargo de dicha unidad desde el año 2016. En lo relativo al procedimiento, se señala la normativa al respecto.

Letras c), e) y d): Se accede a la entrega de los nombres de los funcionarios que llevaron a cabo las fiscalizaciones. En lo que respecta a las fiscalizaciones se señala que Carabineros se encuentra impedido de revelar antecedentes sobre las fiscalizaciones realizadas a la DICREP Valparaíso en cualquier período de tiempo, puesto que ello produciría un detrimento en el debido cumplimiento de sus funciones.

Invoca la causal de reserva del artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia para denegar esta información, fundado en que entregar los antecedentes solicitados, importaría dar a conocer la oportunidad y frecuencia con que Carabineros ejerce su labor de fiscalización de determinados componentes del sistema de seguridad privada, e implicaría hacer públicas las medidas de seguridad o las eventuales falencias que posee la DICREP de Valparaíso en materia de seguridad, vigilantes privados o guardias de seguridad, comunicando a posibles agentes delictuales las debilidades y fortalezas de la misma. Lo anterior no sólo atentaría contra la eficacia y eficiencia del sistema, sino que además pondría en riesgo la vida e integridad física de los funcionarios y de las personas que concurren diariamente a las citadas dependencias.

Respecto de los chalecos antibalas, se deniega además esta información fundada en que no es facultad de la autoridad fiscalizadora verificar el vencimiento de los chalecos antibalas, siendo los proveedores de esos elementos de seguridad quienes de acuerdo a sus características técnicas, uso y condiciones de almacenamiento deben determinar esta situación.

3) AMPARO: El 24 de abril de 2017, don Matías Rojas Medina dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta parcial a su solicitud de información.

Además, el reclamante hizo presente su insatisfacción ante la denegación de la información requerida en la letra a) de su requerimiento, referida a los superiores directos del General consultados mientras se desempeñó en la Dirección Nacional de Inteligencia durante el año 1993. A su vez alega que no se informó si se detectaron incumplimientos en las normas de seguridad de la DICREP, si se derivaron antecedentes de eventuales incumplimientos a las autoridades competentes y sobre las irregularidades detectadas en las fiscalizaciones respectos de los chalecos antibalas.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo y, mediante oficio N° E934, de 09 de mayo de 2017, confirió traslado al Sr. General Director de Carabineros

Mediante ordinario N° 157, de 23 de mayo de 2017, el órgano presentó sus descargos señalando, en síntesis que:

En cuanto a la dependencia que tenía el general en retiro consultado durante el año 1993, se reitera la aplicación de la ley N° 19.974, sobre el sistema de inteligencia del Estado y que crea la Agencia Nacional de Inteligencia, la cual en su artículo 38, inciso 1°, establece que "Se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas."

Además hace presente que esta situación de reserva no se modifica por el transcurso del tiempo, ya que al conocer los nombres de los integrantes de los equipos de inteligencia podría deducirse la organización que se da una determinada o alta repartición, para los efectos de cumplir su misión. Por tanto respecto de esta materia se deniega la información fundada en la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, atendido que conocer o colegir la estructura que se dan los organismos de inteligencia en su accionar pone en riesgo el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos y eventualmente la seguridad de la Nación o el interés nacional.

Por su parte, respecto a los planes de operación, fiscalización, debilidades o falencias de la seguridad privada de los entes sujetos a fiscalización por Carabineros precisa que el artículo 6 de la ley N° 19.303, del año 1994, que establece obligaciones a entidades que indica, en materia de seguridad de las personas, dispone que "las medidas de seguridad serán presentadas ante el Prefecto de Carabineros que corresponda al domicilio de la entidad obligada. El Prefecto será responsable de mantenerlas en secreto, sin perjuicio de tenerlas en cuenta para la planificación de la acción policial.". Al efecto indica que esta normativa por aplicación del artículo 8° de la Constitución Política y la Ley de Transparencia reúne las características de ser de quórum calificado, con lo cual se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 5 y N°3 de dicha Ley, reiterando los fundamentos entregados al solicitante en su oportunidad en tal sentido.

Por último agrega que efectuado un test de daño para orientar la entrega de esta información, teniendo como referencia la jurisprudencia de este Consejo, concluyó que existe un riesgo real y comprobable de inferir datos e información que puede afectar directamente el accionar de la seguridad privada de la DICREP de Valparaíso, prevaleciendo, por tanto, la reserva de información vinculada a la seguridad nacional sobre el principio de transparencia. En este sentido, al relacionar esta información con la entidad y personas protegidas se develaría su capacidad operativa efectiva, generando una sensación de poco personal y desprotección en exceso del personal dedicado a estas tareas, lo que impulsaría la comisión de atentados que se quieren evitar, entre otras consecuencias.

5) GESTION OFICIOSA: Para una debida resolución del presente caso por correo electrónico de fecha 4 de agosto de 2017 se requirió al órgano recurrido remitir la siguiente información:

a) Informar cronológicamente todas las fiscalizaciones realizadas por unidades de Carabineros a personal de la DICREP de Valparaíso.

b) Remitir copia de todos los documentos relativos a detección de incumplimientos de normas de seguridad en la DICREP de Valparaíso y copia de las medidas administrativas que ha tomado la institución y cualquier derivación de dichas constancias o notificaciones a la Gobernación de Valparaíso, desde el año 2016 en adelante.

Por correo electrónico de fecha 09 de agosto de 2017 el órgano remitió la siguiente información:

- Antecedentes de fiscalizaciones efectuadas por Carabineros a la DIPREC de Valparaíso el año 2016.

- Informe de vigilancia privada, en fiscalización a DICREP de Valparaíso, del año 2016.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, atendido el tenor del presente amparo, este Consejo entiende que éste se circunscribe a las letras a), d) y e) del requerimiento que se lee en el numeral 1) de lo expositivo, referido específicamente a la circunstancia de haberse denegado la dependencia que tuvo el General en retiro consultado mientras se desempeñó en la Dirección Nacional de Inteligencia y a la no entrega de antecedentes relativos a los resultados de las fiscalizaciones efectuadas en materia de seguridad privada a la Dirección de Crédito Prendario (DICREP) de Valparaíso, incluidas las irregularidades detectadas respecto de los chalecos antibalas.

2) Que, en cuanto a la información reclamada que se lee en la letra a) del requerimiento referida a los superiores directos que tuvo el general en retiro consultado mientras se desempeñó en la Dirección Nacional de Inteligencia el año 1993, el órgano recurrido tanto en su respuesta como en los descargos denegó la información pedida por configurarse la causal de reserva contemplada en el artículo 21 números 1 y 5 de la Ley de Transparencia en relación con el artículo 38 de la ley N° 19.974, sobre sistema de inteligencia del Estado y que crea la Agencia Nacional de Inteligencia, fundado en que dicha información tendría el carácter de secreta, cuya revelación contravendría la obligación de secreto consagrado en el artículo 38 de la citada ley N° 19.974, la cual tiene el carácter de ley de quórum calificado para los efectos del artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, siendo, por tanto, de aquellos secretos permitidos por el ordenamiento jurídico, por aplicación de la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política y el artículo 1° de las disposiciones transitorias de la Ley de Transparencia.

3) Que, el artículo 38 de la ley N° 19.974, del año 2004, señala que "Se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas. /Los estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia sólo podrán eximirse de dicho carácter con la autorización del Director o Jefe respectivo, en las condiciones que éste indique. /Los funcionarios de los organismos de inteligencia que hubieren tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso primero, estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios.".

4) Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que además, debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien el artículo 38 de la ley N° 19.974, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material).

5) Que, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. En el presente caso, y según lo argumentado por Carabineros, la develación de la dependencia que tuvo el General en retiro consultado mientras se desempeñó en la Dirección Nacional de Inteligencia afectaría el debido cumplimiento de las funciones, toda vez que supondría contravenir la obligación de secreto consagrado en el artículo 38 de la citada ley, situación que justamente previene el artículo 21 N° 1 y N° 5 de la Ley de Transparencia, lo que podría incluso comprometer la seguridad personal de los funcionarios que desempeñan labores de inteligencia de la institución, así como también de sus familias, agregando además que esta situación de reserva no se modifica por el transcurso del tiempo.

6) Que, en tal sentido, a juicio de este Consejo no resultan plausibles los argumentos esgrimidos por Carabineros para configurar la causal de reserva alegada, toda vez que lo pedido se refiere a los nombres de los superiores directos que tuvo el General en retiro consultado mientras se desempeñó en la Dirección Nacional de Inteligencia el año 1993, sin que se advierta en qué medida una información de tan larga data pudiera afectar hoy día las funciones del órgano. En virtud de lo expuesto precedentemente, se desestimarán las causales de reserva alegada, y en definitiva, se acogerá el presente amparo respecto de este punto.

7) Que, en relación a las alegaciones referidas en la letra d) del requerimiento, relativas a las copias de todos los documentos inherentes a la detección de incumplimientos de normas de seguridad en la DICREP Valparaíso y de las medidas administrativas que ha tomado la institución y cualquier derivación de dichas constancias o notificaciones a la Gobernación de Valparaíso, desde el año 2016 en adelante, el órgano tanto en su respuesta como en los descargos evacuados en esta sede denegó dicha información fundado en el artículo 6 de la ley N° 19.303, del año 1994, que establece obligaciones en materia de seguridad de las personas, el cual prescribe que las medidas de seguridad deberán mantenerse en reserva y son secretas, cuya normativa por aplicación del artículo 8 de la Constitución Política y la Ley de Transparencia reúne las características de ser de quórum calificado, configurándose la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. En tal sentido señaló que entregar dicha información importaría además dar a conocer la oportunidad y frecuencia con que Carabineros ejerce su labor de fiscalización de determinados componentes del sistema de seguridad privada, e implicaría hacer públicas las medidas de seguridad o las eventuales falencias que posee la DICREP de Valparaíso en materia de seguridad, vigilantes privados o guardias de seguridad, comunicando a posibles agentes delictuales las debilidades y fortalezas de la misma. Lo anterior no sólo atentaría contra la eficacia y eficiencia del sistema, sino que además pondría en riesgo la vida e integridad física de los funcionarios y de las personas que concurren diariamente a las citadas dependencias, configurándose, configurándose a su vez, la causal de reserva del artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia.

8) Que, respecto de la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia invocada, si bien el artículo 6, de la citada ley N° 19.303, del Ministerio del Interior, del año 1994, que establece obligaciones en materia de seguridad de las personas, señala en su inciso primero que "Las medidas de seguridad serán presentadas ante el Prefecto de Carabineros que corresponda al domicilio de la entidad obligada. El Prefecto será responsable de mantenerlas en secreto, sin perjuicio de tenerlas en cuenta para la planificación de la acción policial (...)", en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), según lo ya señalado en el considerando 4° precedente, al igual que en el caso anterior es habrá que determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material). Al efecto, este Consejo estima que la información reclamada, al contrario de lo alegado por Carabineros, cede en beneficio de la transparencia necesaria para el legítimo control social sobre el debido y efectivo cumplimiento de las funciones del órgano en materia de fiscalización sobre normas de seguridad al hacer pública la oportunidad y frecuencia con que ejerce su labor de fiscalización de determinados componentes del sistema de seguridad privada y de las medidas de seguridad o las eventuales falencias que detecta, como asimismo, cede en beneficio del interés público al conocer las condiciones de seguridad de un órgano público como es la DICREP que resguarda especies de ciudadanos entregadas en garantías, lo que permitirá en definitiva, precisar eventualmente los mayores o menores grados de responsabilidad frente a situaciones de riesgo o peligro que puedan producirse.

9) Que, con todo, luego de analizar las fiscalizaciones e informes efectuadas por la prefectura de Carabineros de Valparaíso a la DICREP el año 2016, remitidas con ocasión de la gestión oficiosa que se lee en el literal 5) de lo expositivo, este Consejo no advierte posibilidad de poner en riesgo la seguridad, la vida e integridad física de los funcionarios y de las personas que concurren diariamente a las citadas dependencias, y por ende afectar la seguridad pública y el debido cumplimiento de las funciones del órgano, por cuanto el contenido de dichos informes y fiscalizaciones son bastante generales, sin entrar en mayores detalles sobre las condiciones y personal de seguridad del lugar. Por tanto, en razón de lo señalado, se desestimará la causal de reserva del artículo 21, N°5 de la Ley de Transparencia invocada, como asimismo la del artículo 21 N°3 de dicha Ley y se acogerá el amparo respecto de este punto.

10) Que, por último, en relación a la materia reclamada en la letra e) del requerimiento, relativa a las irregularidades detectadas respecto de los chalecos antibalas, el órgano reclamado invocó igualmente las causales de reserva del artículo 21 números 3 y 5 de la Ley de Transparencia, fundado en los mismos argumentos señalados al referirse a la letra d) de la solicitud (considerando 7). Sobre el particular, este Consejo mantendrá el mismo criterio sostenido en el amparo C1089-17, conociendo una materia similar, en el cual razonó que "(...) cualquier información relativa a los chalecos antibalas usados por su personal de seguridad, cuando y aún más en qué lugares se usan o no se usan, afecta la seguridad interior del servicio, y tiene un carácter reservado, pues indica cuantas personas trabajan en la vigilancia, constituyendo información relativa a los elementos o medidas de seguridad, cuyo conocimiento pone en peligro la seguridad de la institución, la cual tiene presencia en todo el territorio nacional, información que es de carácter estratégica, por lo que su entrega afectaría gravemente la mantención del orden y seguridad pública en sus recintos", concluyendo, al igual que en dicho amparo, que ha sido posible acreditar que la información requerida en esta parte, daría cuenta en detalle sobre el uso de chalecos antibala por su personal de seguridad, en sus distintas unidades y el estado de los mismos, información cuya entrega puede producir una afectación presente o probable y con suficiente especificidad a la mantención del orden público y la seguridad pública, especialmente la función de custodia de bienes empeñados que cumple por mandato legal la DICREP. Por lo anterior, se dará por configurada la hipótesis de afectación a la mantención del orden público o la seguridad pública, y por consiguiente de la seguridad de la Nación, a que se refiere la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia, como asimismo, la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano, alegado respecto de la causal de reserva del artículo 21, N° 5 de la misma Ley.

11) Que, a mayor abundamiento, sobre el particular, Jorge Correa Sutil en informe evacuado a petición de esta Corporación, al razonar sobre la procedencia de las hipótesis de reserva previstas en el artículo 21 N° 3 y 4 de la Ley de Transparencia -que resguardan tanto la seguridad de la nación como el interés nacional-, señaló que por expreso mandato de la Constitución y de la ley, no basta con que el acto o resolución de que se trate concierna o se refiera a la seguridad de la Nación o al interés nacional, sino que resulta indispensable que estos valores o bienes resulten afectados por la publicidad, para poder legitimar el secreto de reserva. Agregó, que "El vocablo afectar contenido en ambos preceptos, exige un menoscabo o daño a los dos bienes jurídicos en comento, pues carecería de todo sentido argumentar que deban mantenerse en secreto o reserva documentos o actos cuya publicidad beneficiara o realizara el interés nacional o la seguridad de la Nación. Lo dicho, hace imposible sostener la vigencia de lo dispuesto en normas que determinan el secreto o reserva de documentos por referencia a la materia de que tratan y con entera prescindencia del daño que su publicidad pueda irrogar a la seguridad de la Nación o al interés nacional (...)", por ello, al existir la afectación sobre el bien jurídico protegido, resulta pertinente resguardar la información solicitada. Por tanto, en razón de lo señalado, se rechazará el amparo respecto de este punto.

12) Que, finalmente, respecto de toda la información que se ordene entregar y sin perjuicio de los datos que deban ser expedidos, atendida la naturaleza de lo solicitado en el presente amparo, el órgano reclamado deberá tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 Lo anterior se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Matías Rojas Medina, en contra de Carabineros de Chile; rechazándolo respecto de la información que se lee en la letra e) del literal 1) de lo expositivo por configurarse la causal de reserva del artículo 21 números 3 y 5 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. General Director de Carabineros de Chile:

a) Entregar la siguiente información.

i. Nombres de los superiores directos que tuvo el General en retiro consultado, mientras se desempeñó en la Dirección Nacional de Inteligencia.

ii. Copia digital de todos los documentos relativos a detección de incumplimientos de normas de seguridad en la DICREP Valparaíso, y copia de las medidas administrativas que ha tomado la institución y cualquier derivación de dichas constancias o notificaciones a la Gobernación de Valparaíso, desde el año 2016 en adelante.

Previo a la entrega de la información el órgano reclamado deberá tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 Lo anterior se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar el Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Matías Rojas Medina y al Sr. General Director de Carabineros de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera, doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.