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Jurden Brain Barrera con MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO Rol: c121-11

Consejo para la Transparencia, 01/04/2011

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Santiago, fundado en que se le habría dado respuesta parcial a su solicitud de acceso a información sobre el lugar Físico en que se encuentra la base de datos que sirve para elaborar las boletas de cobro de extracción de basura y aseo domiciliario de todos los bienes raíces de la comuna de Santiago y las deudas asociadas. El Consejo estimó que el conocimiento de dichas deudas puede resultar beneficioso como herramienta para que se proceda a su pago, lo que redunda en un beneficio para el municipio, al tratarse de emolumentos que constituyen restas municipales, según se indicó, de modo que existe un interés público prevalente a nivel local en la divulgación de la información, por lo que se acogerá parcialmente el presente amparo, y se requerirá al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Santiago la entrega de la base de datos requerida, previo resguardo de los datos relativos a la deuda que mantienen personas naturales con su representada por concepto de derechos de aseo y retiro de residuos sólidos, por aplicación del principio de divisibilidad.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Aseo y Ornato
Materia Presupuesto y Finanzas
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Documentación presupuestaria.Otros 



Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C121-11

Entidad pública: Municipalidad de Santiago

Requirente: Jurden Brain Barrera

Ingreso Consejo: 02.02.11

En sesión ordinaria N° 234 de su Consejo Directivo, celebrada el 1° de Abril de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C121-11.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N°s 4 y 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; la Ley N° 19.628, de 1999, sobre protección de la vida privada; y, los D.S. N° 13/2009 y N° 20/09, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de diciembre de 2010, don Jurden Brain Barrera solicitó a la Municipalidad de Santiago, lo siguiente:

a) Lugar Físico en que se encuentra la base de datos que sirve para elaborar las boletas de cobro de extracción de basura y aseo domiciliario de todos los bienes raíces de la comuna de Santiago.

b) Informe las características técnicas detalladas de la base indicada precedentemente, esto es, formato en que se encuentra, especificaciones de dicho sistema de almacenamiento de información, peso aproximado, fuentes involucradas en su elaboración, cantidad de información contenida, programa computacional utilizado para interpretar los datos, periodos de actualización de la base de datos, otras especificaciones técnicas que sean del caso.

c) Base de datos computacional completa y actualizada que es utilizada por la Municipalidad de Santiago para emitir las boletas de cobro de extracción de basura y aseo domiciliario de todos los bienes raíces de la misma, cualquiera sea su categoría y que dicha base de información sea entregada en cualquier formato, por ejemplo texto pleno, con delimitadores de campo, especificando la estructura de la base para la entrega efectiva y conteniendo los mismos datos que figuran en las boletas de cobro señaladas.

2) RESPUESTA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO: El 26 de enero de 2011, la Directora de Ventanilla Única de la Municipalidad de Santiago dio respuesta a la solicitud de acceso mediante Oficio Ordinario N° TR-27/2011, indicándole lo siguiente:

a) Según lo informado por el Director de Asesoría Jurídica no es posible hacer entrega completa de la nómina de contribuyentes, por lo cual se ha excluido datos como el domicilio, avalúo fiscal y rol de la propiedad, como tampoco la deuda contraída, por cuanto su divulgación afectaría derechos de terceros, vulnerando la garantía contenida en el artículo 7° de la Ley N° 19.628, sobre Protección a la Vida Privada, lo que, además, cumple con el criterio del Consejo para la Transparencia, según consta en la decisión del amparo A190-09.

b) En relación a lo solicitado en los literales a) y b) de la solicitud de acceso , el Director de Informática informó lo siguiente:

i. El lugar físico en que se encuentra la base de datos es en el servidor de datos municipales ubicado en un datacenter.

ii. El formato de la base de datos es de compatibilidad SQL Server 2000 (80).

iii. El sistema de almacenamiento de la información es de base de datos relacional.

iv. En cuanto a la fuente de la base de datos esta es SQL Server 2008 R2.

v. El peso aproximado de la base de datos requerida es de 114 GB

vi. Dicha Base de datos contienen aproximadamente 59.000 registros.

vii. El programa computacional para interpretas sus datos es el Sistema desarrollado en Visual Basic 6.0 y MS SQL Server.

viii. La actualización de la base de datos se efectúa en línea.

3) AMPARO: Don Jurden Brain Barrera dedujo amparo a su derecho de acceso a la información el 2 de febrero de 2011 en contra de la Municipalidad de Santiago, fundado en que se le habría dado respuesta parcial a su solicitud de acceso, según se pasa a exponer a continuación:

a) El cobro de aseo domiciliario se encuentra dentro de las facultades conferidas al municipio por el D.L. N° 3036, sobre Rentas Municipales y consiste en la fijación de tarifas por concepto de extracción de la basura que generan los contribuyentes de la comuna de Santiago, aplicadas a través de la Ordenanza Municipal N° 77, particularmente su artículo 17.

b) Por otra parte el órgano reclamado en su respuesta excluye los datos sobre domicilio, avalúo fiscal, rol de avalúo y deuda, por cuanto éstos se enmarcarían en la Ley N° 19.628, específicamente su artículo 7°. Sin embargo, la norma que establece el deber de secreto a los funcionarios está condicionada a que los datos hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, circunstancia que no concurre en la especie por cuanto el Rol y Avalúo Fiscal de una propiedad no constituyen datos sensibles y se encuentran disponibles en una serie de entidades públicas como el Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República, Registro de Propiedad de los Conservadores de Bienes Raíces, departamentos municipales, entre otros, por lo que son de acceso público, encontrándose disponible en línea para los usuarios de ciertos servicios. A su vez, la base de datos de rol de avalúo fiscal es proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos a distintos municipios en virtud de convenios entre tales entidades, de manera que la municipalidad reclamada elabora sus bases de datos para generar cobros de extracción de basura de los inmuebles de su comuna basada en la información que tal organismo le proporciona. Por otra parte, en el caso del domicilio del inmueble, también excluido de la entrega de información, constituye igualmente un dato de carácter público, y de acceso público en este tipo de bases, toda vez que se extrae de forma automatizada electrónicamente a través de los certificados de avalúo fiscal, disponibles en sitios webs del Servicio de impuestos Internos y Tesorería General de la República., ingresando el rol de avalúo del inmueble, según se acredita mediante los documentos que se acompañan, ajustándose de este modo al concepto de “fuente accesible al público” previsto en el artículo 2°, letra i) de la Ley N° 19.628.

c) Además, el organismo reclamado justifica la exclusión de datos citando la decisión del amparo A190-09, relativa a la base de datos de la encuesta de calidad de vida y salud elaborada por el Ministerio de Salud, en cuyo considerando 3) el Consejo para la Transparencia ordena tarjar la dirección de vivienda seleccionada, sin que sea aplicable a su solicitud de acceso, por cuanto se trata de contextos diferentes, de hecho, la información requerida en la decisión mencionada está expresamente regulada en el artículo 3° de la Ley N° 19.628. Además, la bases de datos requerida por él posee una dinámica de actualización muy diferente a la que se refiere la decisión citada por el organismo reclamado, por cuanto su actualización requiere que previamente se actualice los datos de contribuyente ante el Servicio de Impuestos Internos y Conservador de Bienes Raíces.

d) Asimismo, cabe tener presente que muchas propiedades en el sistema del Servicio de Impuestos Internos pertenecen a inmobiliarias o bancos, o bien, permanecen en ellas meros ocupantes, familiares del propietario o arrendatarios, como también hay quienes no modifican jamás el titular de los certificados de avalúo no antecedentes de las boletas de cobro de basura posterior, generándose e de este modo una gran cantidad de datos caducos e inexactos, de acuerdo a la definición prevista en el artículo 2°, letra d) de la Ley N° 19.628, hecho que refuerza la inaplicabilidad de la jurisprudencia citada por el municipio reclamado.

e) Por otra parte el artículo 7° del D.L. N° 3063 sobre Rentas Municipales establece el carácter público de las tarifas que fije el municipio por extracción de basura, como también dispone que quedarán exentos del pago de dicha tarifa los usuarios cuya vivienda tenga un avalúo fiscal igual o inferior a 25 U.T.M., normas de las cuales se desprende el carácter público de los datos requeridos, que son elaborados con presupuesto público, por otros organismo y entregados al municipio a través de un convenio, de acuerdo al artículo 9 del D.L. indicado.

f) Su petición se ampara, además, en el inciso final del artículo 9° indicado, que dispone que “Las Municipalidades estarán obligadas a certificar, a petición de cualquier persona que lo solicite, el monto del derecho de aseo que corresponda a una propiedad determinada y la existencia de deudas en el pago de ese derecho.”

g) Por todo lo anterior, solicita al Consejo para la Transparencia ordenar la entrega de la base de datos requerida, a fin de que quede de la siguiente manera: Rol de avalúo de propiedad – dirección completa propiedad – nombre del propietario – RUT del propietario – derechos de aseo domiciliario – fecha de vencimiento del cobro. Además, acompaña la documentación de individualiza a efectos de un mejor estudio del reclamo.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo Directivo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante Oficio N° 302, de 4 de febrero de 2011, al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Santiago, quien, evacuó sus descargos y observaciones ante este Consejo, mediante presentación del 24 de febrero de 2011, señalando lo siguiente:

a) La información requerida en los literales a) y b) de la solicitud de acceso, se proporcionó la información requerida mediante Oficio Ordinario N° TR-27/2011, de la Dirección de Ventanilla Única de la Municipalidad de Santiago.

b) En cuanto a lo requerido en el literal c) de la solicitud de acceso, la Dirección de Asesoría Jurídica determinó entregar la nómina de contribuyentes, excluyendo ciertos datos sensibles determinados de conformidad con lo señalado en el artículo 2°, letra g) de la Ley N° 19.628, sobre Protección a la Vida Privada, citando expresamente por el Consejo para la Transparencia en la Decisión del amparo A190-09, de modo que sí se entregó al peticionario una base de datos en formato digital, con indicación del nombre, total girado y fecha de vencimiento.

c) Por lo anterior, el asunto controvertido en la especie es la publicidad de los datos rol de avalúo de una propiedad, dirección y RUT, en relación con el nombre del propietario o persona al que está asociada a la propiedad.

d) Sobre el particular, primeramente, cabe salvar un error en que incurre el reclamante en su presentación, y es suponer que toda clase de datos, por ser elaborado con presupuesto público, por organismo públicos, tiene el carácter de público en circunstancias que el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia es claro al señalar el ámbito del derecho de acceso con la salvedad de las excepciones legales, que precisamente quiere desechar el reclamante.

e) El mismo Consejo para la Transparencia ha entregado directrices en la materia en sus decisiones. Así, ha determinado que no corresponde entregar determinada información, a saber, el domicilio particular del trabajador, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, RUT, domicilio profesional, teléfono, correo electrónico y remuneraciones de cada trabajador, por cuanto se considera que conforme al artículo 4° de la Ley N° 19.628 y por aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 de la Ley de transparencia, éstos deben ser tachados (letra f), considerando 4°, Decisión Amparo C501-09). De ahí que entregar los datos de cada contribuyente, con indicación de su RUT, la propiedad respecto de la cual paga derechos de aseo y el rol de avalúo de la misma (que permite acceder a otro tipo de información), afectaría la vida privada de las personas, como lo ha señalado el Consejo para la Transparencia.

f) Que, más allá del criterio adoptado por el Consejo para la Transparencia, tratándose de datos relativos a terceras personas que pudieren verse afectadas con la divulgación de la información, la municipalidad hubiera tenido que estarse a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia y comunicar la solicitud de acceso a los mismos, sin embargo considerando que la base de datos requerida contienen aproximadamente 59.000 registros, se habría incurrido en la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, es decir, se trataría de un requerimiento cuya atención distraería indebidamente a los funcionarios municipales, por cuanto se habría tenido que disponer innumerables funcionario para le despacho de la correspondencia.

g) En relación a la alegación del reclamante en torno a que la base de datos contendría datos caducos, no le resulta posible aceptar dicha afirmación por genérica, vaga, imprecisa e infundada, y porque, en definitiva, supondría una amenaza latente al derecho a la privacidad de las personas.

h) Además, el reclamante funda su pretensión en el artículo 7° del D.L. N° 3063, de 1979, sobre Rentas Municipales, norma que, en los términos citados, no se encuentra vigente, por cuanto fue modificada en el año 2008. Aún así, y dada la afirmación en torno a que las tarifas para el cobro del derecho de aseo son públicas, se remite a la Ordenanza N° 95, de 28 de octubre de 2010, sobre Derechos Municipales por Permisos, Concesiones y Servicios Municipales, en cuyo título IV, se pueden encontrar los criterios para proceder al cobro, con los valores que a cada inmueble corresponderían. En cuanto a la mención del inciso final del artículo 9° del mismo cuerpo legal, de su tenor literal se desprende que se refiere a la certificación respecto de una determinada propiedad, y no a una solicitud genérica de todos los inmuebles. Además, dicha certificación sólo considera el momento del derecho de aseo y si existen deudas, pero en ningún caso el nombre del propietario ni menos su cédula nacional de identidad.

i) Finalmente el propio reclamante acompaña copia de la Decisión del amparo Rol N° A296-09, declarando que consiste en la entrega de la base catastral del Servicio de Impuestos Internos, que contienen datos de acceso público, similar a lo solicitado, omitiendo indicar que en ese caso lo requerido era la base de datos con exclusión del nombre y RUT del propietario, lo que ratifica lo afirmado por su representada. Además, la misma decisión indica que tal exclusión permite que la información no se asocie a ninguna persona natural por lo que mal puede afectarse alguno de sus derechos como consecuencia de su divulgación. Asimismo corresponde citar la decisión del Amparo C867-10, en que el recurrente solicitó al SII su base catastral excluyendo de la misma los nombres y RUT de los propietarios, de modo que la jurisprudencia es uniforme al señalar que no se pueden entregar bases de datos con indicación de nombres, RUT y domicilio, por tratarse de datos sensibles, por lo que ha de concluirse que la municipalidad se ajustó a la normativa y a la jurisprudencia.

5) TÉNGASE PRESENTE DEL RECLAMANTE: Mediante presentación de 4 de marzo de 2011, el reclamante acompañó los siguientes antecedentes para su conocimiento por parte de este Consejo:

a) Copia de Memorándum N° 19 emitido por el abogado de la Dirección de asesoría Jurídica de la Municipalidad de Quita Normal, disponiendo la entrega de la base de datos de aseo domiciliario de dicha comuna, similar a la requerida en el amparo de la especie.

b) Copia de Memorándum N° 24/2011, de 28 de febrero de 2011 emitido por el Director de Operaciones y Servicios a la comunidad de la Municipalidad de Quinta Normal, disponiendo la entrega de un CD con la información requerida.

c) CD con la base de datos entregado por la Municipalidad de Quinta Normal y que contiene el Rol de Avalúo fiscal, nombre del propietario, dirección de la propiedad y rol de avalúo fiscal de los contribuyentes de dicha comuna.

d) Copia del ORD. N° 2000/11, de la Municipalidad de Conchalí, emanado de su Administrador Municipal, en respuesta a una solicitud de información presentada en los mismo términos que en el amparo de la especie.

e) CD que contiene la base de datos de aseo domiciliario de la comuna de Conchalí, entregada por la Municipalidad de dicha comuna el 3 de marzo de 2011 y que contiene los datos sobre avalúo fiscal, nombre del propietario, dirección de la propiedad, avalúo fiscal, cobro, otras exenciones.

Además, señala que la información requerida a los municipios mencionados y a la municipalidad reclamada en la especie, tiene como objetivo su uso personal para fines académicos y de estudio, en el contexto de trabajo de voluntariado, por lo que contiene un interés legítimo y no afecta a terceros, por cuanto se trata de información que es pública en otras instancias. Además, señala que no procede expresar los motivos a los órganos requeridos por aplicación del principio de no discriminación, consagrado en el artículo11, letra g), de la Ley de Transparencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que previo a entrar al fondo, cabe precisar que de acuerdo a los antecedentes que obran en el presente amparo, particularmente del tenor de la respuesta a la solicitud de acceso de Oficio Ordinario N° TR 27/2011, de la Dirección de Ventanilla Única de la Municipalidad reclamada y de la presentación del reclamante, el amparo de la especie se circunscribe a lo requerido en el literal c) de la solicitud de acceso vale decir a la solicitud de la “Base de datos computacional completa y actualizada que es utilizada por la Municipalidad de Santiago para emitir las boletas de cobro de extracción de basura y aseo domiciliario de todos los bienes raíces de la misma, cualquiera sea su categoría y que dicha base de información sea entregada en cualquier formato, por ejemplo texto pleno, con delimitadores de campo, especificando la estructura de la base para la entrega efectiva y conteniendo los mismos datos que figuran en las boletas de cobro señaladas.”.

2) Que previo a analizar la respuesta del municipio reclamado a la solicitud consignada en el considerando anterior, cabe precisar, a modo de contexto, la normativa que rige la materia sobre la cual versa la información requerida:

a) D.L. N° 3063, de 1979, del Ministerio de Interior, que establece normas sobre Rentas Municipales. El artículo 6° establece la atribución de las municipalidades de efectuar un cobro por la extracción de residuos sólidos domiciliarios, cuya determinación debe ser de carácter general y objetivo y establecerse por cada municipalidad mediante la dictación de ordenanzas locales. A su vez, el artículo 7° prevé la atribución de las municipalidades para el cobro por servicios de aseo, de una tarifa anual. A su vez, dispone que “Las condiciones generales mediante las cuales se fije la tarifa indicada, el monto de la misma, el número de cuotas en que se divida dicho costo, así como las respectivas fechas de vencimiento y los demás aspectos relativos al establecimiento de la tarifa, se consignarán en las ordenanzas locales correspondientes, cuya aprobación requerirá el acuerdo de la mayoría absoluta de los concejales en ejercicio”. Por último dispone normas acerca de las rebajas y exenciones del pago por este servicio. Cabe mencionar, que el artículo 7° citado por el reclamante, tal como afirma la municipalidad reclamada en sus descargos, no corresponde al texto vigente del D.L. en comento, el que fue modificado en el 2008, y cuya síntesis, ya se expuso en este punto. Por último el inciso 3° del artículo 9° establece que el obligado al pago es el propietario u ocupante, y su inciso 6° dispone que “las municipalidades estarán obligadas a certificar, a petición de cualquier persona que lo solicite el monto del derecho de aseo que corresponda a una propiedad determinada y la existencia de deudas en el pago de ese Derecho”. Por último cabe mencionar que el inciso final del artículo indicado, establece que una vez determinados los usuarios del servicio afectos al pago de la tarifa de aseo, las autoridades municipal velarán por el cumplimiento diligente de su cobranza

b) Ordenanza N° 77, de 23 de julio de 1998, sobre “Aseo en la comuna”, que fija las normas de aseo de la comuna se Santiago.

c) Ordenanza N° 94, de 28 de octubre de 2010, sobre “Derechos municipales y Permisos y Concesiones y Servicios Municipales”, en su Título IV, regula los derechos por servicios de aseo, y define criterios para el cobro de los mismos según la destinación del bien, verbigracia, industrial, comercial o para habitación; o según la periodicidad del retiro de la basura.

d) En cuanto a la prescripción de los derechos municipales, la Contraloría General de la República, sobre el cobro de los derechos de aseo, señaló en su dictamen N° 54.856, de 15 de septiembre de 2010, que al no existir disposición expresa, la prescripción de los derechos municipales procede aplicar los plazos previstos en el artículo 2.515 del Código Civil.

e) Sobre la posibilidad de condonar las deudas generadas por este derecho municipal, el órgano contralor señaló en su dictamen N° 30.960, de 10 de junio de 2010, siguiendo los dictámenes N° 30.585, de 2004, y 30.339, de 2009, que la municipalidad carece de atribuciones legales para condonar obligaciones en dinero, dentro de las cuales deben contemplarse las deudas originadas por el cobro de derechos de aseo.

3) Que, establecido lo anterior, cabe señalar que el municipio reclamado en su respuesta al requerimiento indicado, hizo entrega de una lista en el que consta el nombre, total grado y fecha de vencimiento de los cobros por derecho de aseo, excluyendo de este modo datos relativos a la propiedad como su dirección, Avalúo fiscal, Rol de avalúo y la deuda contraída por cuanto dichos datos, a su juicio, estarían amparados por el deber de secreto previsto en el artículo 7° de la Ley N° 19.628, sobre Protección de Datos Personales, lo que constituye una entrega parcial de la información según señaló el reclamante en la presentación de su amparo.

4) Que, a efectos de establecer la publicidad de la información requerida que no fue entregada, en primer término, cabe relevar que, según los antecedentes que obran en el presente amparo, la base de datos a la que se refiere la solicitud de acceso, constituye una herramienta utilizada por la municipalidad reclamada a efectos de implementar la cobranza de la tarifa por el servicio de extracción de basura y aseo, y contiene la individualización del usuario afecto al pago de dicha tarifa, ubicación de la propiedad, el rol de avalúo fiscal, el avalúo fiscal, la tarifa cobrada, fecha de vencimiento para el pago, y los montos adeudados, si correspondiere.

5) Que en segundo término, cabe tener especialmente a la vista que, de la información indicada en el considerando anterior, consta a este Consejo que la municipalidad reclamada hizo entrega de los nombres de las personas afectas al pago de los derechos de aseo, total girado y fecha de vencimiento del pago.

6) Que la publicidad de los datos relativos a un propiedad consistentes en su dirección, Rol de Avalúo y monto de avalúo, entre otros, ha sido declarada por este Consejo en las decisiones de los amparos A296-09 y C575-10, en que se requirió la entrega de la base catastral de bienes raíces agrícola y no agrícolas y de antecedentes contenidos en el formulario N° 2890, respectivamente, ambos del SII. Particularmente en el caso de la decisión del amparo A296-09, la base catastral cuya entrega fue requerida por este Consejo, contempla datos sobre la dirección de la propiedad, rol de avalúo, avalúo fiscal, entre otros, según pudo verificarse en la tramitación de dicho amparo, datos que precisamente están contenidos en la base de datos requerida en la especie.

7) Que, sin embargo, cabe relevar que, en los amparos aludidos en el considerando anterior, la entrega de la información fue requerida con exclusión de la identificación de las personas que aparecen como propietarios, por cuanto dichos datos habían sido excluidos de la solicitud de acceso, a diferencia del tenor de la solicitud de acceso objeto del amparo de la especie, lo que se abordará a continuación.

8) Que, sin perjuicio de las conclusiones a que se arriben del análisis enunciado, a juicio de este Consejo resulta pertinente y necesario prevenir a la municipalidad reclamada, que en caso de haber considerado que la información o parte de ella estaba protegida por el deber de reserva previsto en el artículo 7° de la Ley N° 19.628, sobre Protección de Datos Personales, por aplicación del cuerpo legal invocado y la jurisprudencia de este Consejo, debió entregar la base de datos requerida con exclusión de los datos que permiten identificar a la persona natural a los cuales está asociada la información, en un procedimiento de disociación de datos, que de acuerdo a su definición prevista en el artículo 2°, letra l) de la ley en comento, está destinado a que la información que se obtenga del tratamiento de datos personales, no pueda asociarse a una persona determinada o determinable, y no adoptar precisamente la actitud contraria, en orden a entregar la identificación de las personas, titulares de los mismos.

9) Que, en relación al nombre y RUT de los propietarios de bienes raíces que figuran en la base catastral del Servicio de Impuestos Internos este Consejo estima que, dado que la información del Rol del Avalúo permite conocer ambos datos —incluso a través de internet— se declarará que en este caso constituyen información pública de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, por lo que la municipalidad reclamada debió entregar dicha información.

10) Que la base de datos requerida contiene, además, información relativa a la tarifa a pagar por cada por los servicios de aseo y extracción de residuos sólidos y la deuda en dicho pago, si correspondiere, por propiedad, datos que, asociados a una persona determinada, ameritan un tratamiento aparte a efectos de determinar su publicidad o reserva en esta sede.

11) Que sobre la tarifa cobrada en relación a cada propiedad, es menester indicar que el inciso 2° del artículo 7° del D.L. N°3063, ya citado, señala que las condiciones generales de dicha tarifa, así como otros aspectos relacionados a la misma deberán ser fijados mediante una ordenanza local aprobada por la mayoría absoluta de los concejales en ejercicio, de modo que, a juicio de este Consejo, al tratarse una ordenanza de una resolución municipal de carácter general y obligatorio para la comunidad que debe estar a disposición del público y en los sistemas electrónicos del municipio, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 12, incisos 2° y final del D.F.L. N° 1, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, por aplicación de los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, es posible concluir que se trata de un documento de carácter eminentemente público. Además, así lo ha estimado este Consejo en el considerando 11) del amparo C472-10, señalando en su parte final que “no se ve por qué el monto cobrado, esto es, la tarifa aplicable a un contribuyente, deba ser una materia reservada”.

12) Que, establecido el carácter público de la tarifa a pagar por las personas afectas al cobro de derechos de aseo y retiro de residuos sólidos, la fecha de su vencimiento, la dirección de la propiedad, rol de avalúo y monto de avalúo de la misma, aun asociadas al nombre del obligado al pago, cabe analizar la publicidad o reserva de las deudas contraídas por las personas afectas al pago de derechos de aseo con el municipio, para lo cual resulta necesario distinguir entre las personas naturales o jurídicas, según se desarrolla a continuación:

a) En el caso de las personas naturales, la información sobre deudas por concepto de derecho de asociada a su nombre, constituye un dato personal, según la definición prevista en el artículo 2°, letra f) de la Ley N° 19.628, sobre Protección de Datos Personales, de modo que, en principio, respecto de dicha información existe un deber de reserva, por aplicación del artículo 7° de dicho cuerpo legal. Asimismo, debe tenerse a la vista los dispuesto en el artículo 17 del cuerpo legal en comento, que regula la utilización de datos personales relativos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, señalando taxativamente qué tipo de obligaciones de ese carácter pueden comunicarse, entre las que no están incluidas las deudas en análisis, de modo que es forzoso concluir que su divulgación constituiría, además, una infracción a dicha norma. La misma interpretación sostuvo este Consejo en la decisión del amparo A295-09, en relación a las personas naturales morosas del Impuesto de Valor Agregado, I.V.A. (considerando 19). Por último, el tratamiento de dichos datos por parte de un organismo público debe ceñirse a lo dispuesto en el artículo 20 de dicho cuerpo legal.

b) En este punto, este Consejo estima pertinente indicar que la extensión del derecho de acceso a la información pública a bases de datos personales, vale decir, según la definición prevista en el artículo 2°, letra m) de la Ley N° 19.628, al “…conjunto organizado de datos de carácter personal, sea automatizado o no y cualquiera sea la forma o modalidad de su creación u organización, que permita relacionar datos entre sí, así como realizar todo tipo de tratamiento de datos”, si bien, por regla general, debe ceñirse a los principios que rigen el derecho de acceso a la información pública, consagrados en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, entre los que se encuentra el principio de máxima divulgación, previsto en su literal d), según el cual el órgano requerido debe proporcionar la información en los términos más amplios posibles, con exclusión de aquello que esté sujeto a las excepciones legales y constitucionales, es imprescindible ponderar su aplicación con la de los principios que debe regir el tratamiento de datos personales, en cuyo concepto se incluye su comunicación. En este orden de ideas, en lo que interesa en la especie, es preciso tener a la vista que dicha comunicación de datos personales debe estar sujeta al principio del consentimiento, vale decir a la autorización expresa del titular de los datos, salvo autorización legal, y al principio de finalidad, según el cual el titular de los datos debe ser informado sobre el propósito del almacenamiento de la información y su posible comunicación al público; ambos concretados en el artículo 4° de la Ley N° 19.628. De este modo, las deudas que una persona natural tiene respecto de un organismo público, no deben ser objeto de tratamiento sin que se cumplan estos supuestos básicos, de modo que este Consejo, en ejercicio de su atribución establecida en el artículo 33, letra m) de la ley de Transparencia, está llamado a cautelar la protección de estos datos, excluyéndolos del ámbito del derecho de acceso, máxime si a la luz de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Transparencia, la entrega de la información en esta sede debe hacerse sin imponer condiciones o restricciones al uso de la misma, lo que, en la especie, redundaría en la pérdida, por parte del titular de los datos, del control de la circulación de dicha información y, en definitiva, una limitación a su derecho a la autodeterminación informativa, bien jurídico que busca proteger el estatuto fijado en la ley N° 19.628, de modo que en este punto ha de rechazarse el amparo en comento.

c) Además, debe considerarse que si bien la publicación de la deuda sin vinculación a una persona natural resulta inocua para el ejercicio de sus derechos, dado que el listado entregado por la municipalidad en respuesta a esta solicitud incluye los nombres de cada persona, la entrega del resto de la información con exclusión de dicho dato podría ser lesiva para las personas por cuanto el reclamante ya tiene en su poder información sobre la identificación de los obligados al pago de derecho de aseo, lo que le permitiría asociar los datos de modo de vincularlos a las personas de que se trate, burlando de esta manera la los derechos que a través de esta decisión se busca cautelar.

d) En el caso de las personas jurídicas, no resulta aplicable la Ley N° 19.628, por cuanto los datos personales están referidos a una persona natural identificada o identificable, de acuerdo a la definición prevista en el artículo 2°, letra f) de dicho cuerpo legal, por lo que debe analizarse si la divulgación de sus deudas con el municipio reclamado a título de derechos de aseo impagos afecta alguno de sus derechos, de modo de configurar la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Sobre este punto, este Consejo no advierte de qué modo la divulgación de la información sobre sus deudas con la Municipalidad de Santiago por concepto de derechos de aseo y retiro de residuos sólidos, puede afectar alguno de sus derechos, tales como su honra o alguno de naturaleza comercial o económica. Lo anterior basado en lo siguiente:

i) No obstante lo razonado por este Consejo con ocasión de la resolución del amparo A265-09, mediante el cual se optó por la reserva de la información sobre deudas tributarias de las personas jurídicas –particularmente las personas morosas del pago del I.V.A., cuya información constaba en registros de información comercial-, el tipo de deuda, su entidad y tratamiento, factores considerados en la decisión aludida, son disímiles al caso de la especie, lo que no hace posible la aplicación de dicho criterio para la resolución del presente amparo.

ii) Además, a juicio de este Consejo, el conocimiento de la existencia de una deuda en el pago de los derechos de aseo, per se, difícilmente constituirá un impedimento para el acceso al crédito, o para el desenvolvimiento en el ámbito comercial, por parte de la persona de que se trate, de modo que tampoco desde ese punto de vista es posible advertir la verificación de la causal de reserva en comento.

iii) Por último, este Consejo estima que el conocimiento de dichas deudas puede resultar beneficioso como herramienta para que se proceda a su pago, lo que redunda en un beneficio para el municipio, al tratarse de emolumentos que constituyen restas municipales, según se indicó, de modo que existe un interés público prevalente a nivel local en la divulgación de la información.

13) Que, como consecuencia de lo razonado, se acogerá parcialmente el presente amparo, y se requerirá al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Santiago la entrega de la base de datos requerida, previo resguardo de los datos relativos a la deuda que mantienen personas naturales con su representada por concepto de derechos de aseo y retiro de residuos sólidos, por aplicación del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Jurden Brain Barrera en contra de la Municipalidad de Santiago en relación a la base de datos utilizada por la Municipalidad reclamada para emitir boletas de cobro por derechos de aseo y retiro de residuos sólidos, de acuerdo a las consideraciones expuestas en el presente acuerdo.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Santiago la entrega de la base de datos requerida, con exclusión del dato relativo a las deudas que mantienen las personas naturales con su representada en razón de los derechos de aseo y retiro de residuos sólidos.

III. Requerir a la Sr. Alcalde de la Municipalidad de Santiago a fin de que, dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde que quede ejecutoriado el presente acuerdo, entregue al reclamante la información requerida en su solicitud de acceso y cuya entrega requirió este Consejo en el numeral II.

IV. Requerir a la Sr. Alcalde de la Municipalidad de Santiago a que dé cumplimiento a lo precedentemente resuelto, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia, enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información, a este Consejo, al domicilio Morandé N° 115, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl para efectos de verificar el cumplimiento de esta decisión.

V. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Jurden Brain Barrera y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Santiago.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.