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Matías Rojas Medina con MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Rol: C2068-17

Consejo para la Transparencia, 08/09/2017

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de San Clemente, fundado en la entregada de información incompleta referente a unos convenios suscritos por la Municipalidad de San Clemente y la empresa Endesa Chile, Enel y/o Ferrovial, en los últimos 10 años, con la especificación que ahí se detalla. El Consejo rechaza el amparo, por configurarse la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia y por exceder el amparo aquello requerido en la solicitud original.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Desarrollo y Gestión Institucional
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2068-17.

Entidad pública: Municipalidad de San Clemente.

Requirente: Matías Rojas Medina.

Ingreso Consejo: 16.06.2017.

En sesión ordinaria N° 830 del Consejo Directivo, celebrada el 8 de septiembre de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C2068-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 8 de abril de 2017, don Matías Rojas Medina solicita a la Municipalidad de San Clemente, lo siguiente:

a) "Copia digital de todos los convenios suscritos entre la Municipalidad de San Clemente y la empresa Endesa Chile, Enel y/o Ferrovial, en los últimos 10 años, especificando el objetivo de los convenios, contabilizando el traspaso de fondos de dichas firmas al municipio, si es que lo hubo, señalando para qué fines se traspasaron los dineros, y si con motivo de ello se adquirieron compromisos con dichas firmas, indicando cuáles".

b) "Se especifique, en relación al punto anterior, dónde fueron a parar los dineros que hubieren sido entregados por la o las empresas; si se trató de programas o proyectos sociales, o compra de equipos municipales, se solicita indicar cuáles, con especificación del monto que se pagó por cada uno de ellos, con el respectivo respaldo documental de dichas adquisiciones y facturas y decretos que hubieren autorizado el financiamiento para tales fines, y comprobación de que se ocuparon para tales fines, en formato digital".

c) "Se me informe si sobró dinero entregado por la o las empresas ya citadas, para el financiamiento ya indicado, precisando cuánto es el monto que sobró y el destino de dicho monto que sobró, en cada caso, precisando la identidad del funcionario municipal que administra dichos fondos, y el lugar físico en el que se encuentran".

d) "Copia digital de todos los requerimientos de información o rendición de cuentas, pre-informes, informes finales o reconsideraciones de informes finales de la Contraloría General de la República, junto con copia de los descargos realizados por este municipio a los mismos, que tengan relación con la materia de esa solicitud, es decir, convenios suscritos por el municipio con la o las empresas indicadas, que hubieren sido objetados por dicho órgano fiscalizador".

e) "Copia de todas las denuncias por contaminación que hubieren sido recibidas por este municipio, en virtud de presuntos hechos que involucren a la empresa Endesa Chile, Enel y/o Ferrovial, ya sea en la construcción de la central Los Cóndores u otra, que vincule a dichas firmas, en los últimos 10 años, detallando el tenor de las denuncias y los cursos de acción adoptados por el municipio; si hubo fiscalizaciones municipales a las faenas, se solicita remitir copia de toda la documentación que así lo acredite, ya sea informes que hubieren emanado de dichas fiscalizaciones, multas, oficios a otros servicios públicos con notificación de las irregularidades, u otros documentos; indicando si se remitieron antecedentes a la Superintendencia de Medio Ambiente o al Ministerio Público".

f) "Copia digital de todos los documentos, decretos, facturas por pago de traslado, entre otros, que se vinculen con la reunión sostenida el día 22 de agosto de 2016, entre el alcalde Juan Rojas Vergara y el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, en la ciudad de Santiago, precisando el motivo de dicha reunión y los demás asistentes a la misma".

g) "Se me entregue copia digital de todas las declaraciones de patrimonios e intereses que hubieren sido realizadas por el alcalde Juan Rojas Vergara".

2) RESPUESTA: La Municipalidad de San Clemente, mediante ordinario N° 819, de fecha 26 de mayo de 2017, informa que adjuntan parte de lo pedido, precisando lo siguiente:

a) En cuanto a lo pedido en el literal b) de la solicitud, indican que bajo el acuerdo sostenido en el Convenio Marco de Aportes de Responsabilidad Social Empresarial años 2013-2016 suscrito con la empresa ENDESA, fueron ingresados al municipio un total de $ 731.7000.250 correspondiente al desarrollo de 2 carteras de proyecto según detalle que señalan. Por su parte, en cuanto a lo solicitado referente al "respaldo documental de dichas adquisiciones y facturas y decretos que hubieren autorizado el financiamiento para tales fines (...)", estiman que se configura la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, debido a la cantidad de actos administrativos que fueron celebrados para cada uno de los pagos asociados, que el respaldo documental pedido involucra un elevado número de documentos a digitalizar y que la búsqueda de aquellos significaría una distracción de las labores regulares que deben cumplirse para con proveedores y otros usuarios del Municipio.

b) Respecto a lo pedido en el literal e) de la solicitud, informan que no existen denuncias realizadas por su Dirección de Turismo y Medio Ambiente, así como tampoco, mediante el sistema de recepción de denuncias ambientales sobre lo que se plantea respecto a presuntos hechos que involucren a las empresas consultadas, ya sea en la construcción de la Central Los Cóndores u otra, que vincule a dichas firmas, en los últimos 10 años. Sin embargo, el 9 de febrero de 2017, solicitaron a la Superintendencia de Medio Ambiente fiscalización por presunta contaminación de aguas debido a la intervención del estero Lo Aguirre, asociado al proyecto Los Cóndores, adjuntan ordinario del Alcalde N° 270, de fecha 9 de febrero de 2017. Por otra parte, informan que su Unidad de Fiscalización no ha realizado inspección ni fiscalización alguna respecto de las empresas consultadas.

3) AMPARO: Con fecha 16 de junio de 2017, don Matías Rojas Medina deduce amparo a su derecho de acceso en contra de la Municipalidad de San Clemente, fundado en la entrega de información incompleta, por debido funcionamiento del órgano. En particular, que no le habrán otorgado acceso a los respaldos solicitados en el literal b) y que en cuanto a lo pedido en el literal e) del requerimiento, no se le otorga "copia de sus registros sobre el incidente ambiental ocurrido el 13 de febrero de 2016 en la obra de Central Los Cóndores, situación que fue comunicada a través del Facebook del municipio, momento en el cual se descartaron los hechos de contaminación que posteriormente fueron verificados por la Superintendencia de Medio Ambiente (...) registros de comunicaciones con el denunciante de los hechos de contaminación, don Francisco Pulgar, que constituyen denuncias, y registros de los cursos de acción adoptados".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de San Clemente, mediante oficio N° E1.629, de fecha 28 de junio de 2017, para que formule sus descargos y observaciones. El órgano reclamado, por medio de ordinario N° 1122, de fecha 20 de julio de 2017, reitera lo señalado en su respuesta, en orden a que respecto de lo solicitado en el literal b) del requerimiento, se configuraría la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. En dicho sentido, precisan que según los antecedentes entregados por su Directora(S) de Administración y Finanzas por concepto de Fondos de Iniciativas Comunitarias, se tramitaron un total de 229 subvenciones, las cuales están debidamente respaldadas en más de 30 archivadores, sin considerar los demás conceptos como obras civiles, proyectos y otras adquisiciones, lo que superaría la cantidad de 50 archivadores. A modo de ejemplo adjuntan listados de las subvenciones para los años 2015-2016. Además, agregan que para poder hacer entrega de dichos respaldos, estos deben ser revisados y analizados debido a que cuentan con datos personales, lo cual involucraría un mayor tiempo de horas-trabajo de los funcionarios. A lo anterior, se debe sumar el hecho de los limitados recursos con los que cuentan en equipamiento informático disponible en el departamento de Administración y Finanzas, esto es, sólo una multifuncional para todos los funcionarios que laboran en dicha oficina, lo que significaría, entorpecer la labor de los demás trabajadores, al utilizar éste único equipo para escanear cada uno de los archivadores que contiene los respaldos que solicita el reclamante. Por otra parte, hacen presente que en su oportunidad, a la Contraloría General de la República remitieron los documentos originales, es decir, requisaron más de 50 archivadores, los cuales requirieron de una camioneta para poder trasladarlos. Asimismo, señalan que por el rol fiscalizador de dicha entidad, no debieron tarjar información relativa a datos personales.

Finalmente, respecto de la disconformidad planteada por el reclamante, con relación a lo pedido en el literal e) de la solicitud, señalan que aquello no estaba indicado en su requerimiento original.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo se funda en la entrega incompleta de la información solicitada, circunscribiéndose el objeto de éste al respaldo documental de las adquisiciones pedido en el literal b), y al literal e) del requerimiento.

2) Que respecto de los respaldos documentales solicitados en el literal b) del requerimiento, el órgano reclamado, tanto en su respuesta como en sus descargos, argumenta la concurrencia de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, en virtud de la cual puede denegarse la entrega de la información cuando su publicidad "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado números de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales". Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7 N° 1, letra c), del Reglamento de la citada ley, señalando que "(...) un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

3) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie, y por tanto darían lugar a esfuerzos desproporcionados como los mencionados.

4) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado.

5) Que, el órgano reclamado argumenta que la información requerida se refiere a los respaldos documentales respecto de todos los pagos que se cursaron para un total de 229 subvenciones, que se tramitaron por concepto de Fondos de Iniciativas Comunitarias durante los años consultados (10), los cuales se encuentran almacenadas, en formato papel, en alrededor de 50 archivadores. Así, para ponerlos a disposición del reclamante deberían revisarlos, tarjar los datos personales que aquellos pudieran contener, y, finalmente, digitalizarlos. Además, hacen presente que para tal tarea cuentan sólo con una multifuncional que es utilizada por todo su Departamento de Administración y Finanzas. De esta forma, consideran que entorpecerían las labores de sus trabajadores, ocasionando una distracción indebida de sus funciones.

6) Que, en atención a lo razonado precedentemente, resulta plausible lo argumentado por el órgano reclamado, en el sentido, de que otorgar acceso a lo pedido conllevaría la distracción de sus trabajadores del cumplimiento habitual de sus funciones, con el evidente perjuicio del normal quehacer institucional de la Municipalidad de San Clemente. Razón por la cual, se rechazará el amparo en este literal, por configurarse la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

7) Que respecto a lo solicitado en el literal e) del requerimiento, el órgano reclamado en su respuesta señala que no existen denuncias como las pedidas. Sin embargo, el reclamante en su amparo hace alusión a un incidente determinado, referente al cual no se le habría proporcionado información alguna. Sin embargo, de la lectura de la disconformidad planteada, como de las notas de prensa señaladas, se concluye que la denuncia pedida fue realizada directamente a la Superintendencia del Medio Ambiente, por lo tanto, aquello excede el tenor de la solicitud original. En consecuencia, se rechazará el amparo en este literal por improcedente.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por don Matías Rojas Medina en contra de la Municipalidad de San Clemente, por configurarse la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia y por exceder el amparo aquello requerido en la solicitud original, conforme los fundamentos señalados precedentemente.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Matías Rojas Medina y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de San Clemente.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu, la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza y el Consejero don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.