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Roberto Padilla Parga con DIRECCIÓN DEL TRABAJO Rol: C2188-17

Consejo para la Transparencia, 12/10/2017

Se dedujo amparo en contra de la Dirección del Trabajo, fundado en la denegación de la información entregada referente al acceso a todas las actas de mediaciones efectuadas por dicho organismo el 2016. Lo anterior, sobre vulneración de derechos fundamentales inespecíficos. Ello, previo tarjamiento de los datos personales de los involucrados. El Consejo rechaza el amparo, por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2188-17

Entidad pública: Dirección del Trabajo

Requirente: Roberto Padilla Parga

Ingreso Consejo: 27.06.2017

En sesión ordinaria N° 837 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de octubre de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2188-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 17 de mayo de 2017, don Roberto Padilla Parga solicitó a la Dirección del Trabajo -en adelante e indistintamente Dirección o DT-, acceso a todas las actas de mediaciones efectuadas por dicho organismo el 2016. Lo anterior, sobre vulneración de derechos fundamentales inespecíficos. Ello, previo tarjamiento de los datos personales de los involucrados.

Conjuntamente con lo señalado, hizo presente que la información sería empleada en el desarrollo de sus tesis de magister en derecho laboral. Dicha información, debe ser remitida en formato digital.

2) RESPUESTA: El 6 de junio de 2017, la DT informó al requirente que no le era posible acceder a la entrega de los antecedentes consultados, en aplicación de lo previsto en la Ley de Transparencia en su artículo 21 N° 1, letra c). Lo anterior, por cuanto satisfacer el requerimiento en el modo planteado, supondría un esfuerzo institucional que involucraría a personal de todas y cada una de las reparticiones de la DT a lo largo del país. Agregó, que la satisfacción del requerimiento afectaría gravemente las funciones de dicho órgano, por cuanto funcionarios de cada una de sus unidades operativas, deberían buscar, cotejar, seleccionar, tarjar, digitalizar, para luego unificar la documentación reunida, a fin de elaborar una respuesta que satisfaga el requerimiento. Lo anterior, implica distraer a sus funcionarios por un tiempo indeterminado.

Conjuntamente con lo señalado, hace presente que la información pedida está amparada por la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 27 de junio de 2017, don Roberto Padilla Parga dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de la información consultada.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Trabajo, mediante Oficio N°E 1834, de 11 de julio de 2017, quien mediante presentación de 25 de julio del año en curso, reiteró lo ya expuesto con ocasión de su respuesta al requerimiento.

Y CONSIDERANDO:

1) Que en cuanto a la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, invocada por la reclamada para justificar la denegación de la información solicitada, cabe tener presente que dicha causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido el artículo 7° numeral 1°, letra c), del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento «requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales».

2) Que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva.

3) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie, y por tanto darían lugar a esfuerzos desproporcionados como los mencionados.

4) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado

5) Que en el caso en análisis, satisfacer el requerimiento de información en el modo planteado, supone ingentes esfuerzos por parte de la reclamada. En efecto, para obtener la información, primero debe requerirse desde el nivel central a cada una de las inspecciones comunales, provinciales como direcciones regionales, de todo el país, la búsqueda de la información pedida, para luego proceder al tarjamiento de los datos personales detallados en las actas consultadas de modo de proceder a su digitalización. Luego, una vez levantada la información, esta debe ser reunida para su posterior remisión al reclamante en el formato solicitado. Dichas acciones, supondrían distraer a un número indeterminado de funcionarios a lo largo del país por un tiempo incuantificable - considerando las restantes funciones que debe desarrollar el personal de la requerida como por cuestiones de hecho relativas a la existencia y archivo de la información-, afectándose gravemente la labor trascendental que la Dirección del Trabajado desarrolla en la fiscalización de la normativa laboral.

6) Que en concordancia con lo señalado precedentemente, se rechazará el presente amparo por configurarse la hipótesis de reserva alegada. En virtud de lo razonado precedentemente, se omitirá un pronunciamiento sobre la reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia - igualmente invocada por la DT-, por resultar inoficioso.

7) Que, sin perjuicio de lo antes resuelto, esta Corporación estima necesario hacer presente a la reclamada que, en lo sucesivo, deberá aportar antecedentes adicionales a los informados en esta sede, a fin de configurar la hipótesis antes analizada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por don Roberto Padilla Parga en contra de la Dirección Nacional del Trabajo, por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Roberto Padilla Parga y al Sr. Director Nacional del Trabajo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.