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Juan Riesco Eyzaguirre con Consejo para la Transparencia Rol: 5833-2016

Corte de Apelaciones de Santiago, 06/10/2017

Particular interpone reclamo de ilegalidad en contra del Consejo para la Transparencia, y la resolución que rechazó el amparo por acceso a la información interpuesto en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud. La Corte de Apelaciones rechaza el reclamo de ilegalidad deducido.



Texto completo:

Santiago, seis de octubre de dos mil diecisiete.

Vistos:

A fojas 51 don JUAN SEBASTIAN RIESCO EYZAGUIRRE, interpone reclamo de ilegalidad en contra del Consejo para la Transparencia, específicamente en contra de la Resolución Oficio N° 004571 de 10 05 2016, que contiene la decisión del amparo ROL C 671 2016 del CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, que rechazó el amparo deducido por su parte, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso.

Señala que en nuestro país no existe una prohibición total y absoluta de entregar documentación que contenga datos sensibles de las personas, ya que el legislador dispuso de un procedimiento que obliga a notificar a los trabajadores afectados para que estos puedan ejercer su derecho de oposición. Dicho procedimiento se encuentra contemplado en el artículo 10 de la Ley 19.628, sobre protección de la vida privada, así como en el artículo 20 de la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública, normas cuyo tenor transcribe.

Sostiene que tanto la Secretaria Regional Ministerial de Salud de Valparaíso, como el Consejo para la Transparencia hacen caso omiso a lo establecido en la ley, inventando un procedimiento que omite la notificación a los trabajadores afectados, violando sus derechos y decidiendo arbitrariamente borrar ciertos datos de los documentos solicitados, lo que tampoco se encuentra establecido por el legislador, toda vez que el documento debe entregarse íntegramente en caso que el trabajador afectado no ejerza su derecho de oposición dentro del plazo legal. Atribuye ilegalidad al Consejo al inventar un procedimiento propio ante solicitudes de acceso a la información de la Ley de Transparencia.

Pide se acoja el reclamo, ordenando al Consejo de la Transparencia que se ajuste a las normas legales que rigen la materia y en definitiva ordene a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso, proceder del siguiente modo respecto de la solicitud de documentación formulada por su parte: a) Identificar la documentación solicitada; b) Notificar el derecho de oposición a los trabajadores correspondientes a la documentación solicitada; c) Verificar la cantidad de trabajadores que ejercen su derecho de oposición dentro del plazo legal y; d) Entregar al solicitante copia de todas las resoluciones en que los trabajadores no hayan hecho ejercicio del derecho de oposición dentro del plazo legal, sin tarjar ningún tipo de información del documento.

A fojas 64 el Consejo para la Transparencia solicitó el rechazo del reclamo de ilegalidad, y la confirmación de la decisión de amparo atacada.

Expone, que analizados los argumentos desarrollados por el requirente y por la Secretaría Regional Ministerial en el marco de la decisión de amparo, así como los de reclamo de ilegalidad considera que actuó conforme a derecho y al espíritu del constituyente en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Expone que conforme al tenor del reclamo, se pretende dejar sin efecto la decisión de amparo C 671 2016, que rechazó el amparo, por cuanto a juicio del recurrente durante la tramitación del amparo se omitió el procedimiento de notificación a terceros involucrados que establece el artículo 20 de la Ley de Transparencia, en relación al 10 de la Ley 19.628 decidiendo arbitrariamente "borrar ciertos datos de los documentos solicitados", por lo que se insiste en la entrega integra de la información contenida en las resoluciones emitidas por la COMPIN de la Región de Valparaíso.

Sostiene que la controversia se circunscribe a determinar si su parte obró conforme a derecho al rechazar el amparo interpuesto, por considerar legalmente procedente la entrega de la información al reclamante resguardando los datos personales de contexto y la información sensible de trabajadores contenidos en resoluciones dictadas por la COMPIN de la región de Valparaíso referidas a casos de silicosis pulmonar, así como si la falta de realización del procedimiento de notificación a terceros involucrados, establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, constituye o no un vicio del procedimiento que fundamente la declaración de ilegalidad de la decisión de amparo.

Releva que si bien la Ley de Transparencia conforme a los artículos 11 letra g) y 19 no exige expresar el uso que se dará a la información o el motivo de ella, en el caso de autos fue el propio solicitante quien indicó que se encontraba realizando un artículo académico respecto de la silicosis pulmonar en Chile y que con el objeto de poder concluir su trabajo necesitaba contar con información de respaldo estadístico de la situación actual de la enfermedad en Chile, de modo que de acuerdo a la definición de dato estadístico del artículo 2 letra e ) de la Ley 19.628, concluye que no existió ilegalidad alguna en la decisión reclamada, que se ajusta al tenor de la solicitud y a lo dispuesto en el artículo 2 letra e), f) y g) de la Ley 19.628 y 33 m) de la Ley 20.235.

Afirma que su parte obró conforme a derecho al rechazar, el amparo pues el SEREMI de Salud de Valparaíso reservó aquella parte de la información solicitada relativa a los datos sensibles y datos personales de contexto de trabajadores afectados con silicosis pulmonar, contenidos en las resoluciones administrativas consultadas, pues mediante esa forma de entrega se disoció parte de dicha información respecto de personas determinadas o determinables, pasando a ser meros datos estadísticos, en lugar de datos sensibles, por lo que estima haber obrado conforme con lo dispuesto en los artículos 2, letra f) 10 y 20 de la ley 19.628 y en virtud del principio de divisibilidad establecido en el artículo 11 letra e) de la ley de Transparencia, por lo que su parte no vulneró el derecho del reclamante a solicitar y recibir información, toda vez que tal derecho implícitamente reconocido en el artículo 19 N° 12 de la Carta Fundamental no es de carácter absoluto, ya que el inciso segundo del artículo 8 de la Constitución, así como el 21 de la Ley de Transparencia y el contenido de la Ley 19.628 establecen excepciones al derecho a la información pública, representadas por el establecimiento y consagración de causales de reserva, y la protección a los datos personales y sensibles.

Transcribe el artículo 8° de la Constitución Política, relativo a la reserva de actos que afectare los derechos de las personas y agrega que el artículo 5° y el artículo 10° de la Ley de Transparencia establecen excepciones a la información pública.

A continuación, reproduce el artículo 2 letra f) y letra g) y artículo 10 y 20 de la Ley de Transparencia y señala que el amparo se rechazó al determinarse que la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región de Valparaíso hizo entrega íntegra de la información de naturaleza pública sobre resoluciones administrativas emitidas por la Comisión de Medicina Preventiva de Invalidez (COMPIN) en la Región de Valparaíso que le fueron requeridas. Agregó que se concluyó que atendida la materia sobre la que versaba la solicitud resultó ajustado a derecho que la entrega de dicha información debía efectuarse en forma anonimizada, ello pues en la solicitud sede acceso se contenían una serie de datos personales de contexto, como RUN, domicilio, teléfono, coreos electrónicos particulares que vinculados a su estado de salud devienen en datos sensibles, por lo que su divulgación en la forma solicitada, afectaría los derechos de los terceros beneficiarios de pensión de invalidez en razón de padecer de determinada enfermedad profesional, datos cuyo tratamiento con fines distintos a los que justificaron su recolección se encuentra expresamente prohibido por los artículos 10 y 20 de la Ley 19.928.

Indica que la información contenida en las resoluciones de la COMPIN sobre silicosis pulmonar revelada por la Seremi de Salud de Valparaíso, ya no se refiere a los datos personales y sensibles, sino que a "datos estadísticos", es decir a datos que como consecuencia de su tratamiento, no pueden ser asociados a un titular identificado o identificable, lo que impide vincularlos a personas determinadas, ello en cumplimiento a las normas de la Ley 19.628 y al mandato legal que impone al Consejo el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia.

Expone que ese fue el contexto del rechazo del amparo al constatarse que el recurrente efectivamente recibió la información requerida, resguardándose el derecho del solicitante de acceder a la información pública que obra en poder de la Seremi y a su vez se resguardó la vida privada e y la intimidad de las personas, al omitirse parte de los datos personales y sensibles de los trabajadores afectados en virtud de lo dispuesto por los artículos 10 y 20 de la Ley 19.628, en términos que dicha información no detenta la potencialidad de afectar los derechos de terceros involucrados respecto a quienes se refieren las resoluciones cuya entrega se ordenó, por cuanto al tratarse de información disociada de sus titulares, pierde la categoría de datos personales, pasando a ser meros datos estadísticos, por lo que a juicio del Consejo, no se cometió alguna ilegalidad en la decisión.

Agrega que su parte no logró determinar la existencia de algún interés público en dar a conocer al requirente los datos personales y sensibles de los trabajadores afectados por la enfermedad profesional materia de la solicitud de acceso a la información, por lo que no existió ilegalidad en su decisión.

Añade que el Consejo para la Transparencia debe velar por el cumplimiento de la ley 19.628, sobre protección de datos personales, sin que para ello se encuentre siempre sujeto al procedimiento de oposición regulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

Hace presente que, durante la tramitación del amparo, se determinó que el reclamante obtuvo efectivo acceso a gran parte de la información de carácter pública, solicitada, por parte de la Seremi de Salud de la Región de Valparaíso.

Expone que a pesar que el amparo fue rechazado en virtud de normas expresas de protección de datos personales y que el reclamante insiste en acceder a los demás datos sensibles y personales de los trabajadores afectados por silicosis respecto de los que la Compin dictó resoluciones olvidando las facultades que su parte detenta en orden a velar por el adecuado cumplimiento de la Ley 18.628, conforme al artículo 33 letra m) de la Ley 20.285

Indica que la decisión de no llevar a efecto materialmente el procedimiento de oposición regulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, no es una invención sino de una interpretación armónica de las normas de los artículos 33 letra b), 33 letra m) de la Ley de Transparencia, y las normas de protección de datos personales de la Ley 19.628, especialmente el art. 2° letra f) y g) en relación con el art. 10 y 20 del mismo cuerpo legal, de lo que resultó forzoso para el Consejo estimar que la Seremi reclamada obró conforme a derecho al proceder al tarjado de datos personales y sensibles de los trabajadores afectados por silicosis pulmonar contenidos en los antecedentes entregados, considerando el claro tenor de la Ley 19.628 .

Recuerda que la decisión recurrida se hace cargo específicamente de las alegaciones planteadas por el señor Riesco sobre la aplicación del procedimiento de notificación a terceros, rechazándola.

Añade que en el caso que estos terceros ejercieran efectivamente su derecho de oposición, como ocurre en la gran parte de los casos que se tramitan, el derecho a la información se vería aún más restringido.

Explica que la aplicación del principio de divisibilidad en la decisión recurrida, permite al reclamante acceder a toda aquella información disponible sobre las resoluciones dictadas por la COMPIN de la Región de Valparaíso consultadas que obran en poder del Seremi de Salud de la misma región, y que detenta naturaleza eminentemente publica, sin que la información entregada detente la potencialidad de afectar derecho de las personas conciliando la expectativa de publicidad de la información con el debido resguardo a la vida privada de los trabajadores a los que se refieren las resoluciones.

Finalmente, resalta que en el petitorio del reclamo se solicite que el Consejo ordene a la Secretaria Regional Ministerial que realice una serie de gestiones vinculadas a la realización del procedimiento de oposición regulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, peticiones que escapan absolutamente del objeto del amparo por denegación de acceso a la información impugnado, como también al ámbito del reclamo de ilegalidad.

A fojas 152 informó la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso y solicitó el rechazó del reclamo en todas sus partes.

Como antecedentes reseña que su parte respondió a la solicitud del señor Riesco mediante ordinario N° 0292 de 29 de febrero de 2016, entregando copia de cuadro estadístico de casos de silicosis pulmonar en Valparaíso, clasificados de acuerdo a diagnóstico médico, cuadro estadístico de casos de silicosis pulmonar en Valparaíso clasificados de acuerdo al área económica del empleador, copia de 35 resoluciones de incapacidad permanente de acuerdo Ley 16.744 correspondiente a los años 2014 y 2015, que contenían identificación del caso, sexo, edad y profesión u oficio de la persona evaluada, nombre del administrador del seguro ley 16.744, fecha de la solicitud de evaluación, quien solicitó la evaluación, tipo de evaluación, (distinguiendo entre primera evaluación, revaluación, revisión, dictamen SUSESO y resolución COMERE), diagnostico, secuelas, grado total de incapacidad, fecha de inicio de incapacidad permanente, tarjando los datos relativos a la identificación de los trabajadores, vale decir nombre completo, Rut, dirección y número de teléfono y aquellos que corresponden a la identificación de la última entidad empleadora, esto es su nombre o razón social y RUT.

Sostiene que la posición del reclamante importa obviar lo dispuesto por la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada, pues en la especie se trata del estado de salud de los trabajadores afectados por silicosis pulmonar, enfermedad que ha determinado incluso un grado de invalidez en ellos por lo que resulta evidente que se trata de un dato sensible, de modo que tajar los datos que comprenden la identificación de los trabajadores obedece justamente a evitar que se conozca el estado de salud de los mismos, cuestión que se encuentra conforme a derecho, sin que se trate del caso que la información o documentación solicitada pueda afectar derechos de terceros, como establece el artículo 20 de la Ley 20.285, sino que de proporcionar los nombres y datos de individualización de los trabajadores declarados con algún porcentaje de invalidez debido a padecer de silicosis pulmonar constituiría tratamiento de datos sensibles de terceros, cuestión que se encuentra impedida por ley.

Enfatiza que el procedimiento del artículo 20 de la Ley 20.285 no constituye una forma excepcional de pasar por encima de la prohibición de tratamiento de datos sensibles establecida en el artículo 10 de la Ley 19.628, sino que se trata de un procedimiento destinado a proteger otros derechos de terceros que pudieren verse afectados con la entrega de la información.

Hace presente que su parte no entendió la justificación real del solicitante para conocer los nombres, RUT, direcciones y teléfonos de los trabajadores, de acuerdo a los fines expresados en la solicitud.

En definitiva, afirma que el estado de salud y el porcentaje de invalidez de una persona constituye a la luz de la Ley 19.628 un dato sensible por lo que haber tarjado los datos correspondientes a la individualización de los trabajadores declarados con un porcentaje de incapacidad permanente producto de sufrir silicosis pulmonar es una actuación basada en la prohibición de tratamiento de los mismos y en el deber de este organismo de resguardarlos, por lo que resulta conforme a derecho y se enmarca en la jurisprudencia del Consejo.

A fojas 164 se trajeron los autos en relación.

A fojas 169, atendida la estrecha vinculación existente entre los recursos de ilegalidad ingresos Corte N° 5833 2016, 6334 2016, 6336 2016,6338 2016,6541 2016,6542 2016,8041 2016, 8045 2016 y 5832 2016, se ordenó su vista uno en pos de otro, a contar del más antiguo.

Considerando:

Primero: Que según consta de los antecedentes, con fecha 7 de enero de 2016, Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre, solicitó copia de las resoluciones emitidas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Valparaíso durante los años 2014 y 2015 por la enfermedad profesional denominada silicosis pulmonar (neumoconiosis).

En su solicitud consignó encontrarse realizando un artículo académico respecto de silicosis pulmonar en Chile y que con el objeto de poder concluir su trabajo necesitaba contar con información de respaldo "estadístico" de la situación actual de la enfermedad en Chile. Solicitó información sobre todos los antecedentes relativos a la silicosis pulmonar durante los años 2014 y 2015 en Valparaíso, adjuntando "idealmente" los antecedentes relativos a todos los trabajadores que sufrían esta enfermedad.

Al mismo tiempo pidió información sobre las pensiones de invalidez Ley 16.744 por silicosis pulmonar otorgada durante 2014 y 2015 y enviar copia en formato PDF de todas las resoluciones emitidas por la COMPIN. La COMERE, o la SUSESO.

La Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso al responder acompañó copia de 35 resoluciones de incapacidad emitidas por la COMPIN Valparaíso por diagnóstico médico de Silicosis durante los años 2014 y 2015, con el debido resguardo de los datos sensibles de acuerdo a la Ley 19.628.

El solicitante, dedujo amparo de acceso a la información el que se resolvió mediante la decisión reclamada en estos autos. En sus descargos la Secretaría Regional Ministerial de Valparaíso señaló que proporcionó al reclamante cuadro estadístico de casos de silicosis pulmonar en Valparaíso, clasificados de acuerdo a diagnóstico médico, cuadro estadístico de casos de silicosis pulmonar en Valparaíso clasificados de acuerdo al área económica del empleador, copia de 35 resoluciones de incapacidad permanente de acuerdo Ley 16.744 correspondiente a los años 2014 y 2015, que contenían identificación del caso, sexo, edad y profesión u oficio de la persona evaluada, nombre del administrador del seguro ley 16.744, fecha de la solicitud de evaluación, quien solicitó la evaluación, tipo de evaluación, (distinguiendo entre primera evaluación, revaluación, revisión, dictamen SUSESO y resolución COMERE), diagnostico, secuelas, grado total de incapacidad, fecha de inicio de incapacidad permanente, tarjando los datos relativos a la identificación de los trabajadores, vale decir nombre completo, Rut, dirección y número de teléfono y aquellos que corresponden a la identificación de la última entidad empleadora, esto es su nombre o razón social y RUT.

Indicó que el recurrente de amparo no había indicado exactamente la documentación que no se le habría entregado y que su parte cumplió con la entrega.

En cuanto se le reprocha no haber dado traslado a terceros en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley 20.285, señala que ello implica obviar lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 19.628, pues se trata del estado de salud de los trabajadores, lo que ha determinado un gado de invalidez por lo que se trata de un dato sensible.

Hace presente que no advierte como los datos personales de los trabajadores pudieren aportar información a los fines académicos perseguidos.

En cuanto a la derivación a la COMERE y a la SUCESO, advirtiendo que no se había dado cumplimiento al procedimiento del artículo 13 de la Ley de Transparencia, ofició a tales órganos.

Como gestión oficiosa el Consejo requirió al solicitante precisar si había recibido las 35 resoluciones de incapacidad con los datos personales tarjados y a que literales de su solicitud se refería el amparo, contestando haber recibido las 35 resoluciones y que su amparo se circunscribía a los actos administrativos del COMPIN.

Para resolver como lo hizo el Consejo para la Transparencia tuvo presente que la información contenida en las resoluciones emitidas por la COMPIN, aluden al estado de salud de sus beneficiarios, lo que constituye un estado sensible, conforme al artículo 2 letra g) de la Ley 19.628 cuya divulgación se encuentra prohibida, salvo excepciones conforme al artículo 4 en relación al 10 de la Ley 19.628 y la obligación del Consejo del artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia.

Recordó lo dispuesto por el artículo 21 N° 2 de la ley de Transparencia, artículo 8, inciso segundo, de la Carta Fundamental, 5 y 10 de la Ley de Transparencia, conforme a los que si bien los documentos entregados son en principio públicos resultaban plausibles los fundamentos invocados por la reclamada para denegar una parte de la información y por aplicación del principio de la divisibilidad consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia haber entregado la información solicitada, previo tarjado de los datos personales contenidos en los antecedentes requeridos, no generando así afectación en principio de los derechos de los terceros.

En cuanto a la aplicación del procedimiento del artículo 20 de la Ley de Transparencia, consideró que ello hubiera resultado inoficioso, por tratase de un dato sensible cuya divulgación se encuentra prohibida.

Segundo: Que basta para desestimar el reclamo de autos, tener presente que si bien la Ley de Transparencia no exige precisar la finalidad del uso de la información solicitada, en la especie tal como han hecho presente La Secretaría Regional Ministerial de Valparaíso y el Consejo para la Transparencia, don Sebastián Riesco en su solicitud (fojas 1) explicó que realizaba un artículo académico respecto de la silicosis en Chile y que con el objeto de poder concluir dicho trabajo necesitaba contar con información de respaldo "estadístico" de la situación actual de la enfermedad en Chile, de modo que ateniéndose a lo dispuesto por el artículo 2 letra e) de la Ley 19.628 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, ningún agravio se ocasiona al recurrente al otorgar la información en la forma que ahora impugna, guardando completa coherencia lo solicitado con lo concedido, por cuanto al tratarse de un "dato estadístico" en su origen o como consecuencia de su tratamiento no puede ser asociado a un titular identificado o identificable.

Tercero: Que por lo demás, entre las funciones y atribuciones del Consejo para la Transparencia se encuentra la de velar por el adecuado cumplimiento de la Ley N° 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de Administración del Estado, normativa que define como "Datos de carácter personal o datos personales" los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables" y como "Datos sensibles" aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, la ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual".

Cuarto: Que, la decisión impugnada surge de la ponderación de las normas pertinentes al principio de la transparencia en la función pública y de acceso a la información en relación a la protección de la vida privada y el tratamiento de los datos personales y sensibles, lo que debe enmarcarse en el respeto del pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los titulares de los datos. Al efecto, no se debe olvidar que lo que ahora se pretende obtener es información relacionada con el estado de salud de personas determinadas, dato personal y sensible de acuerdo a la Ley, relacionado con el derecho fundamental a la vida privada, que limita el derecho de acceso a la información.

Quinto: Que, por su parte, en lo que atañe al procedimiento y específicamente a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley 20.285 y 10 de la Ley 19.628, en concepto de esta Corte la notificación a terceros que echa de menos el recurrente es obligatoria cuando pueden verse afectados sus derechos patrimoniales, más no sus datos sensibles, como acontece en la especie, toda vez que el deber de reserva de datos sensibles es un bien superior lo que se traduce en que la notificación no se erige en una exigencia para rechazar su entrega, máxime si la información del estado de salud de una persona, no es información pública, sino que esencialmente privada e íntima, por lo que aquella información es privativa de su titular y lo único que puede ser de interés general es el antecedente genérico que puede extraerse para fines estadísticos, nada más, constituyendo una excepción la utilización y conocimiento de los datos sensibles por las instituciones que la ley autoriza para los fines que el ordenamiento jurídico prevé y que se relacionan con el manejo, prevención, contención y, tratamiento de ciertas enfermedades, evento en el cual los datos sensibles siguen siendo reservados para el resto de la población.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto por los artículos 8 y 19 N° 4 de la Carta Fundamental, 1, 2, 3 4, 5, 10, 11, 20, 21, 28, 33 de la Ley de Transparencia y su Reglamento, artículo 1, 2, 10 y 20 de la Ley 19.628 se rechaza el reclamo de Ilegalidad presentado en lo principal de fojas 51, contra la decisión amparo rol N° C 671 2016, notificada mediante Resolución Oficio N° 004571, de 10 de mayo de 2016, con costas.

Regístrese y devuélvase.

Redacción de la Ministra Ravanales.

El Abogado Integrante señor José Luis López Reitze no firma no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo por encontrarse ausente.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Presidida por la Ministra señora Adelita Ravanales Arriagada, e integrada además por el Ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez y por el Abogado Integrante señor José Luis López Reitze.

Rol N° 5833 2016.