logo
 

Juan Sebastian Riesco Eyzaguirre con Consejo para la Transparencia Rol: 8041-2016

Corte de Apelaciones de Santiago, 06/10/2017

Se interpone un reclamo de ilegalidad en contra del Consejo para la Transparencia en contra de la Resolución que acogió el amparo deducido por su parte, ordenando a la Secretaría Regional Ministerial de Salud del Maule la entrega de copia de las resoluciones emitidas por la Comisión de Medicina Preventiva e invalidez de Maule, durante el periodo 2012 - 2015, por la enfermedad profesional denominada silicosis pulmonar tarjando previamente, los datos personales de contexto y sensibles que pudieren estar incorporados en ellas y todo otro que permita identificar a los titulares, particularmente el nombre, número de cédula de identidad, domicilio, correo electrónico, nombre y número de cédula nacional de identidad del médico tratante, instituciones de salud y previsión social entre otros. Corte rechaza el recurso.



Texto completo:

Santiago, seis de octubre de dos mil diecisiete.

Vistos:

A fojas 13, don JUAN SEBASTIAN RIESCO EYZAGUIRRE, interpone reclamo de ilegalidad en contra del Consejo para la Transparencia, específicamente en contra de la Resolución Oficio N° 006826 de 13-07-2016, que contiene la decisión del amparo ROL C1.165-2016 del CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, que acogió el amparo deducido por su parte, ordenando a la Secretaría Regional Ministerial de Salud del Maule la entrega de copia de las resoluciones emitidas por la Comisión de Medicina Preventiva e invalidez de Maule, durante el periodo 2012 - 2015, por la enfermedad profesional denominada silicosis pulmonar tarjando previamente, los datos personales de contexto y sensibles que pudieren estar incorporados en ellas y todo otro que permita identificar a los titulares, particularmente el nombre, número de cédula de identidad, domicilio, correo electrónico, nombre y número de cédula nacional de identidad del médico tratante, instituciones de salud y previsión social entre otros

Señala que en nuestro país no existe una prohibición total y absoluta de entregar documentación que contenga datos sensibles de las personas, ya que el legislador dispuso de un procedimiento que obliga a notificar a los trabajadores afectados para que estos puedan ejercer su derecho de oposición. Dicho procedimiento se encuentra contemplado en el artículo 10 de la ley 19.628, sobre protección de la vida privada, así como en el artículo 20 de la ley 20.285 sobre acceso a la información pública, normas cuyo tenor transcribe.

Sostiene que el Consejo hace caso omiso a lo establecido en la ley, inventando un procedimiento que omite la notificación a los trabajadores afectados, violando sus derechos y decidiendo arbitrariamente borrar ciertos datos de los documentos solicitados, lo que tampoco se encuentra establecido por el legislador, toda vez que el documento debe entregarse íntegramente en caso que el trabajador afectado no ejerza su derecho de oposición dentro del plazo legal.

Atribuye ilegalidad al Consejo al inventar un procedimiento propio ante solicitudes de acceso a la información de la Ley de Transparencia.

Pide se acoja el reclamo, ordenando al Consejo de la Transparencia que se ajuste a las normas legales que rigen la materia y en definitiva ordene a la Secretaría Regional Ministerial de Maule, proceder del siguiente modo respecto de la solicitud de documentación formulada por su parte: a) Identificar la documentación solicitada; b) Notificar el derecho de oposición a los trabajadores correspondientes a la documentación solicitada; c) Verificar la cantidad de trabajadores que ejercen su derecho de oposición dentro del plazo legal y; d) Entregar al solicitante copia de todas las resoluciones en que los trabajadores no hayan hecho ejercicio del derecho de oposición dentro del plazo legal, sin tarjar ningún tipo de información del documento.

A fojas 64 el Consejo para la Transparencia solicitó el rechazo del reclamo de ilegalidad, y la confirmación de la decisión de amparo atacada.

Expone, que analizados los argumentos desarrollados por el requirente y por la Secretaría regional Ministerial en el marco de la decisión de amparo, así como los de reclamo de ilegalidad considera que actuó conforme a derecho y al espíritu del constituyente en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Sostiene que la controversia se circunscribe a determinar si su parte obró conforme a derecho al ordenar la entrega de la información al reclamante resguardando los datos personales y la información sensible que ésta contiene, así como si la falta de realización del procedimiento de notificación a terceros involucrados, establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, constituye o no un vicio del procedimiento que fundamente la declaración de ilegalidad de la decisión de amparo, ya que el reclamante insiste en que se debe proceder de conformidad al artículo 20 de la Ley de Transparencia para que se haga entrega de la información en forma completa, incluyendo nombre y apellido y demás datos personales de contexto, de todas las personas diagnosticadas con silicosis pulmonar, que previa notificación de acuerdo al art. 20 y art. 10 de la ley 19.628, no se opongan a la entrega de sus datos.

Afirma que su parte obro conforme a derecho al acoger parcialmente el amparo, reservando únicamente aquella información contenida en resoluciones dictadas durante los años 2012 a 2015, relativa a datos personales y sensibles de trabajadores diagnosticados con la enfermedad profesional consultada, se disocia la información respecto de personas determinadas o determinables, pasando a ser meros datos estadísticos , en lugar de datos sensibles , por lo que estima haber obrado conforme con lo dispuesto en los artículos 2, letra f) 10 y 20 de la ley 19.628 y en virtud del principio de divisibilidad establecido en el artículo 11 letra e) de la ley de Transparencia , por lo que su parte no vulneró el derecho del reclamante a solicitar y recibir información , toda vez que tal derecho implícitamente reconocido en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental no es de carácter absoluto, ya que el inciso segundo del artículo 8 de la Constitución, así como el 21 de la Ley de Transparencia y el contenido de la Ley 19.628 establecen excepciones al derecho a la información pública, representadas por el establecimiento y consagración de causales de reserva, y la protección a los datos personales y sensibles.

Transcribe el artículo 8° de la Constitución Política, relativo a la reserva de actos que afectare los derechos de las personas y agrega que el artículo 5° y el artículo 10° de la Ley de Transparencia establecen excepciones a la información pública.

A continuación, reproduce los artículo 2 letra f) y letra g) y artículo 10 y 20 de la ley de Transparencia señalando que el Consejo determinó atendida la materia sobre la cual versaba la solicitud de información, y por aplicación del principio de divisibilidad que la entrega de dicha información debía efectuarse en forma anonimizada, por cuanto en los antecedentes requeridos se contenía información sensible sobre la identidad de trabajadores diagnosticados con silicosis pulmonar , además de contener una serie de datos personales de contexto, por lo que su divulgación en la forma solicitada, afectaría los derechos de los terceros respecto a quienes se refieren las resoluciones de la Compin requeridas. Agrega que mediante la especial forma en que se dispuso la entrega de los antecedentes requeridos, se resguarda el derecho del solicitante de acceder a la información pública que obra en poder de la Seremi de Salud, sin que ésta tenga la potencialidad de afectar los derechos de terceros involucrados respecto a quienes se refieren las resoluciones cuya entrega se ordenó, por cuanto al tratarse de información disociada de sus titulares, pierde la categoría de datos personales, pasando a ser meros datos estadísticos, por lo que a juicio del Consejo, no se cometió alguna ilegalidad en la decisión.

Estima que la información sensible que vincula a personas determinadas como afectadas por silicosis pulmonar, y los datos personales de contexto contenidos en la información ordenada entregar, tales como RUT, domicilio, teléfono, correo electrónico particular, resultan ser antecedentes legítimamente reservados, en virtud de lo prescrito en los artículos 2°letra f) y g), 10 y 20 de la Ley 19.628, y lo dispuesto por el artículo 33 letra m) de la ley de Transparencia, sin perjuicio que conforme al principio de divisibilidad establecido en la letra e) del artículo 11 de la Ley de Transparencia el recurrente igualmente obtuvo información estadística sobre las resoluciones del Compin, dictadas sobre el tema de su interés y referida a los años 2012 y 2015.

Agrega que su parte no logró determinar la existencia de algún interés público en dar a conocer al requirente los datos personales y sensibles de los trabajadores afectados por la enfermedad profesional materia de la solicitud de acceso a la información, por lo que no existió ilegalidad en su decisión.

Añade que el Consejo para la Transparencia debe velar por el cumplimiento de la ley 19.628, sobre protección de datos personales, sin que para ello se encuentre siempre sujeto al procedimiento de oposición regulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

Indica que dentro de las funciones del Consejo está la contemplada en el artículo 33 letra m) de la ley 20.285, que le encomienda expresamente "velar por el adecuado cumplimiento de la ley 19.628, sobre protección de datos de carácter personal. Indica que la decisión no es una invención sino de una interpretación armónica de las normas de los artículos 33 letra b), 33 letra m) de la Ley de Transparencia, y las normas de protección de datos personales de la ley 19.628, especialmente el art. 2° letra f) y g) en relación con el art. 10 y 20 del mismo cuerpo legal, además del artículo 19 N°4 de la Constitución y art. 21N°2 de la Ley de Transparencia, de lo que resultó forzoso para el Consejo ordenar el tarjado de los datos personales sensibles de trabajadores "pensionados" por silicosis pulmonar, considerando además que debido al alto número de terceros involucrados aparecía impracticable e inoficioso realizar el procedimiento de notificación a terceros regulado en el art. 20 de la Ley de Transparencia, atendido el claro tenor de la ley 19.628 Sobre Protección de Datos Personales y las facultades con las que cuenta el Consejo para velar por el cumplimiento de dicha norma.

Desde el punto de vista meramente formal, hace presente que pretender llevar a efecto el procedimiento de oposición reglado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, durante la etapa de acceso a la información pública ante el Seremi, podría haber implicado para dicho órgano poner en conocimiento la solicitud a una gran cantidad de terceros, atendido el número de resoluciones dictadas, y verificar posteriormente su oposición, pudiendo incluso dichas gestiones llegar a configurar una hipótesis plausible de "distracción indebida de funciones", que en caso de haber sido íntegramente acogida, habría impedido en forma absoluta al señor Riesco Eyzaguirre acceder a la información solicitada y que en el caso que terceros ejercieran efectivamente su derecho a la oposición, el acceso a la información se vería aún más restringido.

Recuerda que acogió el amparo omitiendo dar a conocer datos personales y sensibles de los trabajadores involucrados, por aplicación del Principio de Divisibilidad dispuso la entrega de los datos en forma anonimizada, lo que permite al reclamante acceder a toda aquella información disponible sobre resoluciones del Compin dictada respecto de trabajadores afectados por silicosis pulmonar que obran en poder de la Seremi y que detentan naturaleza eminentemente publica, sin que lo ordenado entregar, tenga la potencialidad de afectar derechos de las personas conciliando la expectativa de publicidad de la información que obra en poder del Seremi con el debido resguardo a la vida privada de los trabajadores pensionados a raíz de padecer la enfermedad profesional consultada.

Finalmente, resalta que en el petitorio del reclamo se solicite que el Consejo ordene a la Secretaria Regional Ministerial que realice una serie de gestiones vinculadas a la realización del procedimiento de oposición regulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, peticiones que escapan absolutamente del objeto del amparo por denegación de acceso a la información impugnado, como también al ámbito del reclamo de ilegalidad.

A fojas 123 el Secretario Regional Ministerial de Salud del Maule, al evacuar informe afirma haber procedido conforme a las instrucciones y lo ordenado por el Consejo para la Transparencia , encontrándose amparada la decisión en la normativa aplicable y los criterios que el órgano creado para dar cumplimiento a la Ley 20.285 ha establecido. Sostiene haber subsanado la ausencia de respuesta al solicitante, remitiendo en su oportunidad copia de las resoluciones dictadas por la Secretaría Regional Ministerial de Salud-Compin, correspondiente al periodo 2012-2015, con motivo del diagnóstico de enfermedad profesional silicosis pulmonar tarjando previamente , conforme a lo decretado, la identidad de todos los involucrados , como los datos personales de contexto y sensibles allí contenidos conforme a la ley 19.628, lo que resulta coherente con lo dispuesto por el artículo 8 inciso 2°, 5 y 10, 11 letra e) de la Ley de Transparencia y 19 N° 4 de la Carta Fundamental.

Conforme a la normativa que cita, procede la aplicación de un examen o test de daño que pondere la entrega de los datos solicitados íntegramente, con la afectación del derecho a la vida privada, intimidad y honra consagrada legal y constitucionalmente, toda vez que la información requerida contiene datos sensibles , por referirse a estados de salud físicos, dando cuenta así de datos personales que se refieren a hechos o circunstancias de su vida privada o intima, motivo por el cual se aplica el principio de la divisibilidad de la información , sin denegar la entrega.

A fojas 130 se trajeron los autos en relación.

A fojas 137, atendida la estrecha vinculación existente entre los recursos de ilegalidad ingresos Corte N° 5833-2016, 6334-2016, 6336-2016,6337-2016,6338-2016,6541-2016,6542-2016,8041-2016, 8045 -2016 y 5832-2016, se ordenó su vista uno en pos de otro, a contar del más antiguo.

Considerando:

Primero: Que según consta de los antecedentes, con fecha 24 de febrero de 2016, Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre, solicitó copia de las resoluciones emitidas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Maule durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015 por la enfermedad profesional denominada silicosis pulmonar (neumoconiosos). Fundó su solicitud en el principio de transparencia, hizo presente que la documentación solicitada no era genérica , ni se refería a un elevado número de actos administrativos, que era fácilmente obtenible, no siendo necesario distraer indebidamente a un funcionario del cumplimiento regular de sus labores habituales. Solicitó que con anterioridad a la entrega de la documentación se comunicara a los trabajadores involucrados la solicitud, para que pudieran ejercer el derecho que de oposición establecido en el artículo 20 de la Ley 20.285, en relación al 10 de la Ley 19.628, toda vez que la documentación solicitada contenía información que podía afectar el derecho de terceros.

La Secretaría regional Ministerial de Salud del Maule, mediante correo electrónico de 23 de marzo de 2016, informó al solicitante que se había puesto en contacto con terceros para su autorización, prorrogando el plazo para otorgar respuesta, sin embargo, en definitiva ella no se recibió.

El solicitante dedujo amparo de acceso a la información el que se resolvió mediante la decisión reclamada en estos autos. En sus descargos la Secretaría Regional Ministerial del Maule informó que por un error la respuesta Ordinario N° 815, de 24 de marzo de 2016, no fue enviada en su oportunidad al reclamante y que en ella se acompañaba copia de las resoluciones pedidas eliminándose los datos de carácter personal sensible.

Para resolver como lo hizo el Consejo para la transparencia consideró que los antecedentes proporcionados no daban cuenta que la información hubiera sido efectivamente enviada al reclamante, por lo que acoge el amparo requiriendo la entrega de copia de todas las resoluciones emitidas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región del Maule, por la enfermedad silicosis pulmonar durante el periodo 2012-2015, disponiendo que previamente se tarjaran los datos personales de contexto y sensible que pudieren estar incorporados en ellas y todo otro que permita identificar a los titulares, particularmente el nombre y número de cédula de identidad, domicilio, correo electrónico, nombre y número de cedula de identidad del médico tratante, de instituciones de salud y previsión social entre otros en conformidad a lo dispuesto por los artículos 2 letra f) y g) de la Ley 19.628 y en cumplimiento de la atribución conferida por el art. 33 letra m) de la Ley de Transparencia, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 letra e) de la misma ley.

Segundo: Que, para resolver el reclamo de autos, cabe recordar que entre las funciones y atribuciones del Consejo para la Transparencia se encuentra la de velar por el adecuado cumplimiento de la Ley N° 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de Administración del Estado, normativa que define como "Datos de carácter personal o datos personales" los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables" y como "Datos sensibles" aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, la ideologías y opiniones políticas , las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual".

Tercero: Que, la decisión impugnada surge de la ponderación de las normas pertinentes al principio de la transparencia en la función pública y de acceso a la información en relación a la protección de la vida privada y el tratamiento de los datos personales y sensibles, lo que debe enmarcarse en el respeto del pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los titulares de los datos. Al efecto, no se debe olvidar que lo que ahora se pretende obtener es información relacionada con el estado de salud de personas determinadas , dato personal y sensible de acuerdo a la Ley, relacionado con el derecho fundamental a la vida privada, que limita el derecho de acceso a la información.

Cuarto Que, por su parte, en lo que atañe al procedimiento y específicamente a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley 20.285 y 10 de la Ley 19.628, en concepto de esta Corte la notificación a terceros que echa de menos el recurrente es obligatoria cuando pueden verse afectados sus derechos patrimoniales, más no sus datos sensibles, como acontece en la especie, toda vez que el deber de reserva de datos sensibles es un bien superior lo que se traduce en que la notificación no se erige en una exigencia para rechazar su entrega, máxime si la información del estado de salud de una persona, no es información pública, sino que esencialmente privada e íntima, por lo que aquella información es privativa de su titular y lo único que puede ser de interés general es el antecedente genérico que puede extraerse para fines estadísticos, nada más , constituyendo una excepción la utilización y conocimiento de los datos sensibles por las instituciones que la ley autoriza para los fines que el ordenamiento jurídico prevé y que se relacionan con el manejo, prevención, contención y, tratamiento de ciertas enfermedades, evento en el cual los datos sensibles siguen siendo reservados para el resto de la población.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto por los artículos 8 y 19 N° 4 de la Carta Fundamental, 1, 2, 3 4, 5, 10, 11, 20, 21, 28, 33 de la Ley de Transparencia y su Reglamento, artículo 1, 2, 10 y 20 de la Ley 19.628 se rechaza el reclamo de Ilegalidad presentado en lo principal de fojas 13, contra la decisión amparo rol N° 1165-2016, notificada mediante Resolución Oficio N° 006826, de 13 de julio de 2016, con costas.

Regístrese y devuélvase.

Redacción de la Ministra Ravanales.

Civil Rol N° 8041-2016.-

Pronunciada por la Octava Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Presidida por la Ministra señora Adelita Ravanales Arriagada, e integrada además por el Ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez y por el Abogado Integrante señor José Luis López Reitze, quien no firma por haber cesado en sus funciones.

Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Adelita Ines Ravanales A., Juan Antonio Poblete M. Santiago, seis de octubre de dos mil diecisiete.

En Santiago, a seis de octubre de dos mil diecisiete, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.