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Don Marco Pavez Oliva con MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL Rol: C468-11

Consejo para la Transparencia, 26/04/2011

Se deduce amparo en contra de la Municipalidad de Illapel, fundado en la falta de respuesta a una serie de solicitudes de información referidas al costo detallado y empresa adjudicada para la prestación de servicio, como número de ejemplar confeccionado y copia de la factura de una serie de productos. Como también la información de actividades del abogado Antonio Saavedra. Y finalmente, la solicitud de entrega del monto total de gasto en publicidad año 2010 y su detalle en los ítems de difusión y publicidad. El Consejo declara inadmisible el amparo, por no constituir los requerimientos del reclamante solicitudes de información amparadas por la Ley de Transparencia, pues las solicitudes hechas por el requirente, en su calidad de concejal del municipio reclamado, corresponden a requerimientos de información formulados en virtud del art. 87 de la LOCM.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Falta de legitimacion Activa

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Compras y Licitaciones
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Documentación presupuestaria.Presupuestos  Documentos Operacionales.Documentación presupuestaria.Otros 


Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C468-11

Entidad pública: Municipalidad de Illapel.

Requirente: Marco Pavez Oliva.

Ingresos Consejo: 13.04.2011

En sesión ordinaria N° 239 de su Consejo Directivo, celebrada el 26 de abril de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C468-11.

VISTOS:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285, N° 19.880 y N° 20.405; lo previsto en el D.F.L. N° 1, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285 y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUDES DE ACCESO: Don Marco Pavez Oliva, concejal de Illapel, el 15 de marzo de 2011, solicitó al Presidente del Concejo Municipal de dicha comuna, a través de tres presentaciones ingresadas en la Oficina de Partes singularizadas con los Numerales 1503, 1504 y 1505, que le proporcionaran la información que se indica a continuación:

a) Solicitud ingresada bajo numeral N° 1503: El costo detallado y empresa adjudicada para la prestación del servicio, como número de ejemplar confeccionado y copia de la factura de pago de los siguientes productos:

• Tarjeta de navidad entregada por el Sr. Alcalde 2010;

• Calendario grande con imagen del Sr. Alcalde 2011;

• Adhesivo para automóviles entregado a fines del año 2010 y a principios de 2011; y,

• Revista entregada a fines de diciembre del año 2010 y a principios 2011.

b) Solicitud ingresada bajo numeral N° 1504: Requirió que le informaran las actividades del abogado Antonio Saavedra V. con cargo a la SEP, como su contribución al proceso educativo de la comuna y gasto total de honorarios durante el año 2010. La misma información requirió de don Mauricio Cortés; informe de actividades, costo total del servicio y tiempo de contratación.

c) Solicitud ingresada bajo numeral N° 1505: Solicitó que le proporcionaran información del monto total de gasto en publicidad año 2010 y su detalle en los ítems de difusión y publicidad. Servicio de impresiones, encuadernación y empaste y otros no considerados. Asimismo, la identificación de las empresas beneficiadas.

El Sr. Pavez Oliva invoca, en cada una de estas solicitudes dirigidas al Presidente del Concejo Municipal, que la información la requiere “en base al artículo 87 de la ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades”.

2) FALTA DE RESPUESTAS Y AMPARO: Don Marco Pavez Oliva, el 13 de abril de 2011, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Municipalidad de Illapel, ingresado a este Consejo bajo el Rol 468-11, invocando la falta de respuesta a cada una de sus solicitudes de información.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 33, letra b), de la Ley de Transparencia, corresponde a este Consejo resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad con la misma Ley.

2) Que, atendido lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia y los artículos 36 y 46 de su Reglamento, corresponde a este Consejo examinar la admisibilidad del reclamo presentado por el requirente, en atención a los requisitos establecidos en dichas disposiciones.

3) En este contexto, es preciso señalar que el artículo 10 de la Ley de Transparencia al referirse a las materias a las que se extiende el derecho de acceso a la información dispone: “El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales”.

4) Del mismo modo, el artículo 24 de la Ley de Transparencia, previene, en su inciso segundo que: “La reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su caso”.

5) Que, atendido que el requirente es concejal de la Municipalidad de Illapel, debe tenerse presente el criterio establecido en el considerando 7° de la decisión recaída en el Amparo C530-10, de 5 de noviembre de 2010, conforme al cual “…los concejales, en el desempeño de dicho cargo público, pueden solicitar información a los organismos o funcionarios de la respectiva entidad municipal no sólo a través del procedimiento establecido en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades (en adelante también LOCM), sino que también mediante las disposiciones y mecanismos regulados por la Ley de Transparencia, pudiendo optar por uno u otro, o, incluso, empleando ambos procedimientos paralelamente, ajustándose a las normas que regulan a cada uno, conforme se ha resuelto en la decisión del amparo Rol C583-10, en el que fue aplicado el criterio establecido en la decisión Rol A270-1”, debiendo precisarse, en todo caso, que este Consejo sólo posee competencia para conocer de los amparos deducidos por los concejales, en aquellos casos en que las solicitudes de información se formulen conforme al procedimiento establecido y regulado en la Ley de Transparencia y su Reglamento, situación que no ocurre con las solicitudes de información en la especie.

6) Que, al respecto, y conforme a lo establecido por el artículo 71 de la LOCM, los integrantes del concejo municipal -órgano que posee carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, y es el encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local y de ejercer las atribuciones que dicha ley-, reciben la denominación de concejales. La Ley citada establece, en su artículo 2°, que “Las municipalidades estarán constituidas por el alcalde, que será su máxima autoridad, y por el concejo”, y regula las funciones y atribuciones de los concejales y la forma en que deben desempeñarlas.

7) Que, sobre el particular, la letra h) del artículo 79 de la LOCM, establece que a dicho Consejo le corresponderá “Citar o pedir información, a través del alcalde, a los organismos o funcionarios municipales cuando lo estime necesario para pronunciarse sobre las materias de su competencia. / La facultad de solicitar información la tendrá también cualquier concejal, la que deberá formalizarse por escrito al concejo. / El alcalde estará obligado a responder el informe en un plazo no mayor de quince días”, norma que constituye la regla general, ya que la letra d) del artículo 29 de la LOCM contiene una norma especial respecto a las unidades de control, que dispone, en lo que interesa, que a dicha unidad le corresponderá colaborar directamente con el concejo en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, para cuyos efectos debe emitir trimestralmente un informe acerca de las materias que indica la norma, agregando que “En todo caso, deberá dar respuesta por escrito a las consultas o peticiones de informes que le formule un concejal”, de lo que se desprende que los concejales se encuentran habilitados para solicitar directamente a la unidad de control, información relativa al ámbito de las materias propias de ésta, en el ejercicio de la facultad en comento, y ésta, a su vez, deberá dar respuesta escrita directamente al concejal que le requirió información (Dictamen N° 2386 de la Contraloría General de la República, de 14 de enero de 2010).

8) Que, asimismo, el artículo 87 del mismo cuerpo legal dispone “Todo concejal tiene derecho a ser informado plenamente por el alcalde o quien haga sus veces, de todo lo relacionado con la marcha y funcionamiento de la corporación. Este derecho debe ejercerse de manera de no entorpecer la gestión municipal. El alcalde deberá dar respuesta en el plazo máximo de quince días, salvo en casos calificados en que aquél podrá prorrogarse por un tiempo razonable a criterio del concejo”. Cabe señalar que este plazo es diverso del establecido en el art. 14 de la Ley de Transparencia.

9) Que, revisados los antecedentes en el caso que nos ocupa, queda claro que las solicitudes de información realizadas por don Marco Pavez Oliva, en su calidad de concejal de la Municipalidad de Illapel, corresponden a requerimientos de información formulados en virtud del artículo 87 de la LOCM, por lo que el procedimiento para responder dichos requerimientos y reclamar en caso de incumplimiento se rige por esa disposición y no por el de la Ley de Transparencia.

10) Que, en consecuencia, no habiéndose ejercido el derecho de acceso a la información en los términos de la Ley de Transparencia, fuerza concluir que no puede tener lugar una solicitud en que se pida a este Consejo el amparo de tal derecho, debiendo declararse su inadmisibilidad.

11) Que lo anterior, no obsta, a que el reclamante realice a futuro solicitudes de información a la Municipalidad de Illapel invocando las disposiciones de la Ley de Transparencia ajustándose al procedimiento establecido y regulado en por dicho cuerpo legal y su Reglamento, caso en que tendrá derecho a acudir de amparo ante este Consejo si se cumplen las hipótesis del art. 24 de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES, Y 33, LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I) Declarar inadmisible el amparo al derecho de acceso a la información deducido por don Marco Pavez Oliva en contra Municipalidad de Illapel, por no constituir los requerimientos del reclamante solicitudes de información amparadas por la Ley de Transparencia.

II) Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a don Marco Pavez Oliva y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Illapel, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.