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Valentina Munoz con MUNICIPALIDAD DE MACUL Rol: C678-18

Consejo para la Transparencia, 06/03/2018

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Macul, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada referente al contrato de trabajo del funcionario por el que consultó. Agregó, que lo enviado es el decreto alcaldicio sin la firma de ambas partes en que se especifiquen las funciones, cometidos y horarios. El Consejo declara inadmisible el amparo, toda vez que el órgano reclamado sí accedió al requerimiento de información impetrado, dentro de plazo legal, mediante el envío de la documentación requerida que obraba en su poder.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Ausencia de infracción

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C678-18

Entidad pública: Municipalidad de Macul.

Requirente: Valentina Munoz.

Ingreso Consejo: 19.02.2018.

En sesión ordinaria N° 873 de su Consejo Directivo, celebrada el 06 de marzo de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información pública Rol C678-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) Que, con fecha 8 de enero de 2018, doña Vale Muñoz realizó una presentación ante la Municipalidad de Macul, a través de la cual requirió el contrato de trabajo, el registro horario y las horas extraordinarias del funcionario que individualiza.

2) Que, mediante Resolución, de 5 de febrero de 2018, la Municipalidad de Macul accedió a la entrega de la información, señalando lo siguiente:

a) Se adjunta Decreto Alcaldicio N° 451, de 29 de diciembre de 2017, que contrata a don Francisco Tapia como auxiliar, contrata grado 13°, a contar del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018;

b) La jornada laboral se encuentra establecida en los artículos 62 y 63 de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales;

c) El Sr. Tapia cumple funciones como chofer del Sr. Alcalde, con la jornada laboral que se indica. Sin embargo, debido a la naturaleza de sus funciones la jornada se extiende fuera del horario laboral regular indicado;

d) Registra su ingreso y salida en el libro de asistencia, de acuerdo a lo establecido en oficio N°54.185 de 2012, de la Contraloría General de la República;

e) El jefe directo del Sr. Tapia es el Sr. Alcalde; y,

f) Se adjunta registro de asistencia del período consultado.

3) Que, con fecha 19 de febrero de 2018, doña Valentina Munoz dedujo ante este Consejo, amparo a su derecho de acceso a la información pública en contra de la Municipalidad de Macul, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada, ya que no remitieron el contrato de trabajo del funcionario por el que consultó. Agregó, que lo enviado es el decreto alcaldicio sin la firma de ambas partes en que se especifiquen las funciones, cometidos y horarios.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, a fin de resolver la admisibilidad de la reclamación deducida, primeramente es necesario determinar si ésta cumplió con los requisitos legales, en particular, si los hechos denunciados constituyen una infracción a la Ley de Transparencia.

2) Que, es preciso señalar que el artículo 24 de la Ley de Transparencia al referirse al objeto al que se extiende el amparo por denegación de acceso a la información dispone: "Vencido el plazo previsto en el artículo 14 para la entrega de la documentación requerida, o denegada la petición, el requirente tendrá derecho a recurrir ante el Consejo establecido en el Título V, solicitando amparo a su derecho de acceso a la información". Por su parte, el inciso 2° agrega: "La reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran".

3) Que, en el contexto del análisis de admisibilidad del presente caso se procedió a contrastar la reclamación de la recurrente con las exigencias establecidas en el artículo 24 de la Ley de Transparencia y en el artículo 43 del Reglamento que la ejecuta, así como también con los antecedentes fundantes del presente amparo, no advirtiéndose por este Consejo que el órgano recurrido haya incurrido en una infracción al derecho de acceso a la información pública de la requirente. Ello, por cuanto, el municipio reclamado proporcionó la información que obraba en su poder.

4) Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 1° de la Ley N° 18.883 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, los funcionarios a contrata estarán sujetos a esta ley en todo aquello que sea compatible con la naturaleza de estos cargos. En efecto, el artículo 1° de la Ley N° 19.280, dispone explícitamente que se entenderá que son funcionarios municipales el alcalde, las demás personas integrantes de la planta municipal y los personales a contrata que se consideren en la dotación de las mismas, fijadas anualmente en el presupuesto municipal. Adicionalmente, de acuerdo al literal f) del artículo 5° de la Ley N° 18.883, ya individualizada, el empleo a contrata es aquel de carácter transitorio que se contempla en la dotación de una municipalidad. Continuando en este mismo sentido, según el artículo 13 del Estatuto mencionado, la provisión de cargos municipales se efectuará por el alcalde mediante nombramiento o ascenso y, de conformidad al artículo 14, el nombramiento regirá desde la fecha indicada en el respectivo decreto alcaldicio, el que será remitido a la Contraloría General de la República para el solo efecto de su registro. Por lo tanto, el Decreto N° 451, de 29 de diciembre de 2017, que ordena la contratación de las personas allí individualizadas, entre las que se encuentra el Sr. Francisco Tapia como auxiliar a contrata, grado 13°, es el acto administrativo que vincula laboralmente al Sr. Tapia con el municipio.

5) Que, tales funcionarios no poseen un documento de contrato de trabajo en los términos que define el Código del Trabajo. Al respecto, cabe precisar que el inciso 2° del artículo 1° del referido cuerpo legal establece que: "Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial". Asimismo, la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado en el inciso 2° del artículo 1°, señala: "La Administración del Estado estará constituida por los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad pública, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades y las empresas públicas creadas por ley".

6) Que, asimismo, en virtud de la obligación de transparencia activa, consignada en el Título III de la Ley de Transparencia, la Municipalidad de Macul en su portal web https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/pdtta/-/ta/MU161/PR/PCONT/13430426 ha publicado la información relativa a las contrataciones y remuneraciones de todos sus funcionarios, clasificados según la calidad bajo la cual prestan servicios al municipio. Así, se ha verificado que el Sr. Francisco Tapia, se ubica dentro de la Dotación a Contrata de la Alcaldía, específicamente en el cargo de "Auxiliar", ejerciendo la función de Chofer, informándose sus remuneraciones.

7) Que, con el mérito de los antecedentes acompañados, y lo razonado precedentemente, este Consejo concluye que el amparo deducido por doña Valentina Munoz adolece de la falta de un elemento habilitante para su interposición, toda vez que el órgano reclamado sí accedió al requerimiento de información impetrado, dentro de plazo legal, mediante el envío de la documentación requerida que obraba en su poder.

8) Que, en consecuencia, procede declarar la inadmisibilidad de la presente solicitud al tenor de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia y los artículos 36 y 42 de su Reglamento.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Declarar inadmisible el amparo deducido por doña Valentina Munoz en contra de la Municipalidad de Macul, por las razones expuestas precedentemente.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Valentina Munoz y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Macul, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28, y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de quince días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y por los Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Javier Leturia Infante. Se hace presente que el Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero no asiste a la sesión.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.