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Damaris Rodríguez Valenzuela con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: RC843-10

Consejo para la Transparencia, 17/05/2011

Se dedujo reposición administrativa contra decisión del Consejo para la Transparencia, recaída en el amparo C843-10, que resolvió acoger aquél recurso, ordenando que se informe sobre la existencia de una o más órdenes de detención, arresto, apremio u otra que implique la privación de libertad, respecto de persona que señala. El Consejo rechazó la reposición por estimar que no existen antecedentes suficientes para modificar, reemplazar o anular la decisión recurrida. Así, reiteró que el principio general que rige las actuaciones judiciales es el de la publicidad, de modo que si el juez, al emitirla y habiendo valorado la afectación de la normal sustanciación o el principio de inocencia, no determinó que aquélla fuera secreta, no puede denegarse su entrega en la medida en que se encuentre dentro del plazo de cinco años a que se refiere el art. 44 del Código Procesal Penal. Lo que no implica en caso alguno que el órgano reclamado, o el Consejo, interprete el contenido de una resolución judicial.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Recursos Administrativos


Descriptores analíticos:

Tema Justicia
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Ausente), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime)

Texto completo:

RESUELVE REPOSICIÓN ROL RC843-10

En sesión ordinaria N° 246 de su Consejo Directivo, celebrada el 17 de mayo de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del recurso de reposición administrativo deducido el 12 de mayo de 2011, por la Policía de Investigaciones de Chile, en contra de la decisión recaída en el amparo Rol C843-10, interpuesto por don Juan Sandoval Toledo, en representación de doña Damaris Rodríguez Valenzuela, el 23 de noviembre de 2010, ante este Consejo, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la citada Ley de Transparencia.

VISTOS:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8° y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) DECISIÓN RECURRIDA: El Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, en Sesión Ordinaria N° 241, celebrada el 29 de abril de 2011, se pronunció sobre el amparo por denegación de acceso a la información, Rol C843-10, deducido por don Juan Sandoval Toledo, en representación de doña Damaris Rodríguez Valenzuela, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y resolvió acogerlo, respecto de las órdenes de detención, arresto, apremio u otra que implique la privación de libertad, no declaradas como secretas o reservadas por el tribunal, o respecto de las cuales haya transcurrido más de 5 años desde su realización.

Además, se requirió al Director de la PDI que informara acerca de la existencia de una o más órdenes de detención, arresto, apremio u otra que implique la privación de libertad, con indicación del tribunal, el rol, la causa, materia y fecha en que fueron decretadas.

2) REPOSICIÓN: Mediante documento ingresado a este Consejo el 12 de mayo pasado, la Policía de Investigaciones de Chile, dedujo dentro de plazo legal, recurso de reposición administrativo en contra de la decisión ya individualizada, solicitando que ésta sea modificada, en razón de lo siguiente:

1. En cuanto a la forma: manifiesta que en la especie procedió a derivar la solicitud al Servicio de Registro Civil e Identificación, de modo que no ha denegado la información u omitido una respuesta. Que, al suponer que se ha denegado la información, le ha impedido ejercer el reclamo de ilegalidad, por cuanto no existe ninguna resolución denegatoria por la que se invoque alguna causal de reserva del artículo 21 de la Ley de Transparencia;

2. En cuanto al fondo:

a) Señalan que se efectuó la derivación por cuanto es el Servicio de Registro Civil el que mantiene la base de datos correspondiente;

b) No comparten lo manifestado en el considerando 3º de la parte considerativa, por cuanto el Registro Civil contiene un catastro con todas las órdenes, sin distinguir entre sentencias definitivas firmes y otras órdenes que no emanen de dichas resoluciones; y

c) El tribunal al emitir una orden de privación de libertad, la remite a la PDI y al Registro Civil.

3. En lo que respecta al considerando 7º, indican que el tribunal al emitir una orden de detención, no analiza o califica si su secreto o publicidad es procedente. De modo que sostener que si la orden nada expresa, ella es pública, implica interpretar el contenido de una resolución judicial para el cual ni la PDI, ni este Consejo, están autorizados.

En este sentido, hacen presente que el pleno de la Corte Suprema aprobó un formato de órdenes de detención, arraigo, medidas cautelares personales y contraórdenes, en el que no se contempla indicación alguna acerca de su secreto.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el artículo 10 del D.F.L. N° 1–19.653, de 13 de diciembre de 2000, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dispone que “los actos administrativos serán siempre impugnables mediante los recursos que establezca la ley. Se podrá siempre interponer el de reposición ante el mismo órgano del que hubiere emanado el acto respectivo y, cuando proceda, el recurso jerárquico, ante el superior correspondiente, sin perjuicio de las acciones jurisdiccionales a que haya lugar”.

2) Que, por su parte, el inciso primero del artículo 59 de la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, señala que “El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de cinco días ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna; en subsidio, podrá interponerse el recurso jerárquico”.

3) Que, por lo tanto, procede determinar, para los efectos de resolver acertadamente el fondo de la impugnación deducida por la recurrente, si los argumentos esgrimidos y los antecedentes acompañados en su respectivo recurso resultan o no suficientes para modificar, reemplazar o dejar sin efecto lo resuelto por este Consejo en la decisión recurrida.

4) Que, este Consejo acordó acoger el amparo deducido por la señora Rodríguez Valenzuela, y se ordenó la entrega de la información indicada en el numeral 1º, de la parte expositiva. Precisándose, en el considerando 5º, de la decisión recurrida, que: “lo solicitado en este caso consiste en el contenido de actuaciones judiciales, tales como órdenes de detención, arresto, apremio y cualquier otra que implique privación de libertad. En este sentido, el Código Procesal Penal ha dispuesto que se levante un registro de las actuaciones realizadas por o ante el juez de garantía, el tribunal de juicio oral en lo penal, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema con el objeto de asegurar la conservación y reproducción del mismo”. Precisándose, en el considerando siguiente que “dichos registros de las actuaciones judiciales, de acuerdo al artículo 44 del citado cuerpo normativo, son de libre acceso para los intervinientes, entendiéndose por tales (…) al fiscal, imputado, defensor, víctima y querellante. Por otra parte, aquellos que no tienen la calidad de intervinientes, los terceros, en principio, pueden consultar los registros, cuando dieren cuenta de actuaciones que fueren públicas de acuerdo con la ley, a menos que durante la investigación o la tramitación de la causa, el tribunal restringiere el acceso para evitar que se afecte su normal substanciación o el principio de inocencia (artículo 44, incisos 1º y 2º). Con todo, estos registros serán públicos transcurridos cinco años desde la realización de las actuaciones consignadas en ellos.”

5) Conforme a ello, en la decisión recurrida se manifestó que “si se trata de actuaciones que obren en poder de un OAE, para su cumplimiento, registro u otra finalidad respecto de las cuales el juez que las hubiese dictado ya efectuó una evaluación sobre la afectación de la normal sustanciación o el principio de inocencia y definió en su texto el secreto o publicidad, según corresponda, frente a una solicitud de acceso a la información, el órgano solicitado deberá respetar dicha calificación en la medida en que se encuentre dentro del plazo de 5 años a que se refiere el artículo 44 del CPP. Por tanto, si la actuación define que es secreta dicha orden deberá denegarse el acceso y, en caso contrario y de no decir nada, deberá accederse a la entrega, por ser la publicidad la regla general en esta materia (art. 9 COT).”

6) Que, analizados los argumentos indicados por la Policía de Investigaciones de Chile en su reposición, por una parte, consta que sus alegaciones tanto de forma como de fondo, ya fueron analizados por este Consejo en la decisión acordada el 29 de abril de 2011, atendido que reitera lo manifestado en los descargos evacuados ante este Consejo, en el ordinario Nº 336, de 15 de diciembre de 2010, y que se encuentran contenidos en el numeral 4º, de la parte expositiva de la decisión recurrida.

7) Que, en lo que respecta a la alegación planteada por la PDI en el numeral 3º, de su reposición, es preciso señalar que, tal como manifestó este Consejo en el considerando 7º de la decisión recurrida, el principio general que rige las actuaciones judiciales es el de la publicidad, de modo que si el juez, al emitirla y habiendo valorado la afectación de la normal sustanciación o el principio de inocencia, no determinó que aquélla fuera secreta, no puede denegarse su entrega en la medida en que se encuentre dentro del plazo de 5 años a que se refiere el artículo 44 del CPP.

8) Que lo anterior, no implica en caso alguno que el órgano reclamado, o este Consejo, interprete el contenido de una resolución judicial -como lo manifiesta la PDI en su presentación-, toda vez que lo que esta Corporación ha manifestado es que el órgano solicitado deberá respetar dicha calificación y deberá denegarse la entrega en caso que la actuación se haya declarado secreta.

9) Que, en consecuencia, examinadas las alegaciones esgrimidas por la Policía de Investigaciones de Chile, este Consejo estima que no existen antecedentes suficientes para modificar, reemplazar o anular la decisión recurrida que -como se señaló en los considerandos precedentes-, es precisamente el objeto que persiguen los recursos administrativos, de modo que se procederá a ratificar lo resuelto y razonado en la decisión recaída en el amparo Rol C843-10.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I) Rechazar el recurso de reposición administrativo deducido por la Policía de Investigaciones de Chile, de fecha 12 de mayo de 2011, en contra de la decisión pronunciada por este Consejo en el amparo C843-10, en virtud de los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes.

II) Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión al señor Director General de la Policía de Investigaciones de Chile y al señor Juan Sandoval Toledo.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Se deja constancia que su Presidente don Raúl Urrutia Ávila no asiste a la sesión. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.