logo
 

Carolina López con UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (UMCE) Rol: C3458-17

Consejo para la Transparencia, 02/02/2018

Se dedujo amparo en contra de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, fundado en la denegación de la información solicitada referente a la copia del formulario de carga académica que aprueban los directores de departamento, respecto de cada uno de sus académicos, tanto para el primer como segundo semestre. Lo anterior, respecto de los departamentos de biología, matemática, física y del instituto de entomología, respecto del período 2011 a 2017. El Consejo rechaza el amparo, por concurrir la causal de reserva invocada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3458-17

Entidad pública: Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

Requirente: Carolina López

Ingreso Consejo: 03.10.2017

En sesión ordinaria N° 867 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de febrero de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3458-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Carolina López, mediante presentación de 29 de agosto de 2017, solicitó a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación -en adelante también Universidad o UMCE-, copia del formulario de carga académica que aprueban los directores de departamento, respecto de cada uno de sus académicos, tanto para el primer como segundo semestre. Lo anterior, respecto de los departamentos de biología, matemática, física y del instituto de entomología, respecto del período 2011 a 2017.

2) RESPUESTA: El 27 de septiembre de 2017, el organismo requerido indicó a la reclamante que no le era posible acceder a la entrega de la información consultada. Lo anterior, en conformidad a lo previsto en la Ley de Transparencia en su artículo 21 N° 1, letra c). Agregó, que satisfacer el requerimiento, en el modo planteado, implicaría afectar el debido cumplimiento de sus funciones, atendida la magnitud de los antecedentes consultados.

3) AMPARO: El 03 de octubre de 2017, Carolina López, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Universidad, fundado en la denegación de la información solicitada.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación el referido amparo y, mediante Oficio N°3.729, de 18 de octubre de 2017, confirió traslado al Sr. Rector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, quien mediante presentación de 6 de noviembre de 2017, señaló en síntesis lo siguiente:

a) Satisfacer la solicitud en el modo planteado, implicaría destinar con tal fin al director de docencia, tres directores de departamento, al director del instituto de entomología, más sus respectivos secretarios académicos, un estafeta para cada departamento más un estafeta para coordinar la entrega de los archivos que se encuentran fuera de la Universidad. A ello, se suma un funcionario destinado exclusivamente a la digitalización de la información solicitada.

b) Primeramente cabe recuperar la documentación de nuestros archivos, lo anterior, toda vez que el período consultado comprende un lapso de 6 años.

c) Una vez realizada la selección y reconstitución de los antecedentes, se debe enviar al respectivo departamento o instituto para su validación, luego deberán remitirse los 3024 documentos al director de docencia para que efectúe la revisión y validación de los mismos.

d) Efectuado lo anterior, procede la digitalización de los documentos. Dicho procedimiento abarca una duración total de 88 días hábiles contados desde que los archivos externos se encuentren a disposición de los secretarios académicos.

e) Satisfacer la solicitud afectaría el proceso de matrícula como el control de los procesos de rendición de pruebas de evaluación nacional diagnosticas dispuestas por la ley N° 20.903.

f) El impacto en las respectivas jornadas de todos los funcionarios involucrados en la satisfacción del requerimiento, conlleva asumir un costo económico de $3.653.438 pesos por concepto de remuneraciones, desarchivo, fotocopias y digitalización.

g) Por último, hizo presente que los funcionarios involucrados (15) deberían destinar 194 horas a la satisfacción del requerimiento de información.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo tiene por objeto, la entrega por parte de la UMCE de formularios de carga académica de docentes de tres departamentos y el Instituto de Entomología de la referida casa de estudios. Lo anterior, respecto del período comprendido entre el 2011 y 2017.

2) Que al efecto, la reclamada señaló que respecto de la información solicitada, no procedía su entrega por cuanto recabar la totalidad de los antecedentes consultados implicaba distraer a sus funcionarios del debido cumplimiento de sus funciones, razón por la cual resultaba aplicable la hipótesis de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

3) Que en cuanto a la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, invocada por la reclamada para justificar la denegación de la información solicitada, cabe tener presente que dicha causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido el artículo 7° numeral 1°, letra c), del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento «requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales».

4) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie, y por tanto darían lugar a esfuerzos desproporcionados como los mencionados.

5) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado.

6) Que, atendido lo dicho, este Consejo estima que la causal del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia concurre en el presente caso, toda vez que el conjunto de actividades descritas en el considerando precedente, como en el numeral 4°, de lo expositivo, son de una entidad tal que afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, ya que la atención del requerimiento implicaría para los funcionarios del órgano la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el Servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a favor de esta persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás. Acorde con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, dicha Administración del Estado está al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley, y de la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal.

7) Que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva.

8) Que la satisfacción completa del requerimiento en el modo planteado por el solicitante, supone necesariamente el despliegue de un ingente esfuerzo a fin de obtener los datos solicitados, para luego proceder a la centralización de estos, su revisión, digitalización y posterior remisión al solicitante. Lo anterior, implica revisar los archivos de la casa de estudios a fin de recabar los formularios consultados, respecto de un lapso de tiempo de 6 años. La referida actividad, implica no sólo efectuar una importante labor administrativa consistente en la búsqueda manual y revisión de la información efectivamente disponible, sino también el procesamiento de la misma para la posterior digitalización, todo lo cual hace presumible la distracción del personal de la reclamada, el cual compromete a 15 funcionarios lo cual se traduce en un impacto económico que ha sido estimado por la reclamada en $3.653.438 pesos.

9) Que en mérito de lo antes señalado, y resultando plausibles las alegaciones de la reclamada a fin de acreditar la causal consagrada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, se acogerá la causal invocada y conjuntamente con ello, se rechazará el presente amparo.

10) Que finalmente, y, sin perjuicio de lo antes resuelto, se hace presente a la reclamada que en lo sucesivo, los argumentos que justifiquen la reserva de la información deberán ser explicitados, igualmente de un modo completo, en su respuesta a los requerimientos de información que se le planteen. Ello, de conformidad a lo previsto en la Ley de Transparencia en su artículo 16, el cual dispone que la autoridad requerida en el evento de denegar la entrega de la información, junto con explicitar la causal de reserva que invoca, debe fundarla «(...) especificando la causal legal invocada y las razones que en cada caso motiven su decisión (...)».

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 8°, 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNAMINIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 8°, 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNAMINIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por doña Carolina López, en contra de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, por las razones precedentemente expuestas.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Carolina López y al Sr. Rector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.