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Felipe Torrealba con SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO (SAG) Rol: C4158-17

Consejo para la Transparencia, 08/05/2018

Se dedujo amparo en contra del Servicio Agrícola y Ganadero, fundado en que la respuesta entregada es incompleta referente a: "(...) los documentos de las resoluciones exenta emitidas por el SAG en relación al Decreto 867, a partir del año 2014". El Consejo acoge el amparo, ordenándose la entrega de los documentos de las resoluciones exentas emitidas por el SAG en relación al Decreto 867, que autorizan la siembra, plantación, cultivo o cosecha de especies vegetales del género cannabis, a partir del año 2014, tarjando sólo la información relativa a la ubicación de los predios y las medidas de protección de éstos, en virtud de la causal de reserva de afectación del orden público o seguridad pública.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Medio Ambiente
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4158-17

Entidad pública: Servicio Agrícola y Ganadero

Requirente: Felipe Torrealba

Ingreso Consejo: 24.11.2017

RESUMEN

Por decisión unánime del Consejo Directivo, se acoge el presente amparo ordenándose la entrega de los documentos de las resoluciones exentas emitidas por el SAG en relación al Decreto 867, que autorizan la siembra, plantación, cultivo o cosecha de especies vegetales del género cannabis, a partir del año 2014, tarjando sólo la información relativa a la ubicación de los predios y las medidas de protección de éstos, en virtud de la causal de reserva de afectación del orden público o seguridad pública.

En sesión ordinaria N° 889 del Consejo Directivo, celebrada el 08 de mayo de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4158-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de septiembre de 2017, don Felipe Torrealba solicitó al Servicio Agrícola y Ganadero, también denominado SAG, la siguiente información:

"(...) los documentos de las resoluciones exenta emitidas por el SAG en relación al Decreto 867, a partir del año 2014".

2) PRORROGA DE PLAZO: Mediante carta N° 6708/2017, de 20 de octubre de 2017, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en diez días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

3) RESPUESTA: El 08 de noviembre de 2017, el Servicio Agrícola y Ganadero respondió a dicho requerimiento de información mediante resolución exenta N° 6834/2017, de misma data, señalando, en síntesis, que:

El SAG ha otorgado autorizaciones para la siembra, plantación, cultivo o cosechas de especies vegetales de género cannabis a las sociedades Agrofuturo Limitada; Agrícola Fina SPA; Alef Biotechnology SPA y Fundación Daya.

Una parte de la información pedida corresponde a antecedentes que han sido aportados por estas empresas en el marco del procedimiento administrativo destinado a obtener estas autorizaciones, a que se refiere el artículo 9 de la ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, por tanto, de entregarse estos documentos podrían afectarse los derechos de los terceros interesados.

Atendido lo anterior, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, se procedió a notificar a estas entidades, las cuales con fecha 03, 09, 10 y 16 de octubre del año 2017, se opusieron a la entrega de la información requerida, con lo cual el Servicio quedó impedido de proporciona los antecedentes específicos referidos a los proyectos presentados por estas empresas. No obstante lo señalado, en virtud del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley citada, se entregó copia de los actos administrativos en que constan las autorizaciones respectivas, así como los oficios de los servicios públicos que emitieron su pronunciamiento en esta materia, omitiéndose todo antecedente vinculado a los proyectos presentados por estos terceros. Se indicó link donde acceder a estos documentos.

4) AMPARO: El 24 de noviembre de 2017, don Felipe Torrealba dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la respuesta entregada es incompleta lo que la torna ininteligible.

Además, el reclamante hizo presente que las oposiciones formuladas por los terceros interesados, dicen relación con la ubicación del predio, medidas de cerramiento, época de plantación y cosecha, resultado del trabajo, y decisiones comerciales, sin que se refieran al objeto de las investigaciones, información que fue censurada unilateralmente por el SAG.

Por tanto, solicita "(...) las resoluciones exentas emitidas por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en relación con el Decreto 867, a partir del año 2014, en las cuales no se censure el objeto de las investigaciones en las que se ha autorizado la siembra, plantación, cultivo y cosecha de la especie cannabis."

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo y, mediante oficio N° E4650, de 05 de diciembre de 2017, confirió traslado al Sr. Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero.

Mediante ordinario N° 6134/2017, de 22 de diciembre de 2017, el órgano presentó sus descargos señalando, en síntesis que:

Luego de reiterar lo sostenido con ocasión de la respuesta, señala que por disposición de la citada ley N° 20.000, los interesados en obtener la autorización para el cultivo de cannabis deben presentar una serie de antecedentes que dan cuenta de los proyectos específicos que ejecutarán, entre otros, información que da a conocer sus alianzas estratégicas con otras instituciones, proveedores de semillas, características del cultivo, ubicación del predio, sobre el cual, han invertido cuantiosos recursos y que de revelarse afectaría sus derechos de carácter comercial o económico.

Se adjuntan cartas remitidas a los terceros interesados y las oposiciones formuladas por aquéllos.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: El Consejo Directivo de esta Corporación, con fecha 05 de diciembre de 2017, notificó a los terceros interesados, a fin que presentaran sus descargos y observaciones al presente amparo, haciendo mención expresa a los derechos que les asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida.

i. Por oficio N° E4653, notificó a la empresa Alef Biotechnology, sin que hasta la fecha se haya recepcionado respuesta alguna.

ii. Por oficio N° E4660, notificó a la sociedad Agrícola Fina SPA, quien con fecha 05 de enero de 2018, señaló, en síntesis que, en el expediente administrativo que dio lugar la autorización para el cultivo de cannabis hay información relevante en cuanto a la producción y caracterización de dicho cultivo, como también cifras económicas obtenidas fruto del esfuerzo, tiempo y dinero invertido, informándose además de los resultados del trabajo y las decisiones adoptadas. Asimismo, afectaría la seguridad del predio donde se realiza el cultivo y de la comunidad que lo rodea, ya que se prestaría para que terceros roben y/o consuman en su interior.

iii. Por oficio N°E4664, notificó a Fundación DAYA, la cual con fecha 26 de diciembre de 2018, señaló, en síntesis, que se opone a la entrega de antecedentes de sus proyectos, fundado en la reserva del artículo 21 números 2 y 3 de la Ley N° 20.285, por cuanto la publicidad de la información solicitada afectaría el orden y la seguridad pública, pues se trata de proyectos que involucran predios destinados al cultivo de una sustancia que puede ser usada con fines distintos a los propuestos, y que publicar su ubicación y medidas de seguridad, podría afectar la seguridad de la plantación, pues el desarrollo de los proyectos, implica la investigación y promoción de terapias alternativas orientadas a aliviar el sufrimiento humano con plantas medicinales, como asimismo colaborar y asesorar en el diseño de políticas públicas que promuevan el bienestar físico y espiritual de las personas.

En cuanto a la revelación de especificaciones técnicas, indica que éstas forman parte de la propiedad intelectual de la Fundación. A su vez, el conocimiento de las alianzas comerciales estratégicas con instituciones de carácter privado, implicarían una infracción a obligaciones contractuales contraídas, razón por la cual importaría un perjuicio irreparable en los derechos de carácter comercial o económico.

iv. Por oficio N° E4667, notificó a la sociedad Agrofuturo Limitada, sin que hasta la fecha se haya recepcionado respuesta alguna.

7) GESTION OFICIOSA: Para una debida resolución del presente caso, mediante correo electrónico de fecha 23 de abril de 2018, se solicitó al SAG remitir el link enviado al solicitante con ocasión de la respuesta, con el fin de acceder a la información entregada, el cual fue enviado el 26 de abril del año en curso.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la insatisfacción del reclamante ante la entrega parcial de la solicitud que se lee en el literal 1) de lo expositivo, referida a las resoluciones exentas emitidas por el Servicio Agrícola y Ganadero en relación al Decreto 867, a partir del año 2014. El recurrente alega que se omitió el objeto de las investigaciones en las que se ha autorizado la siembra, plantación, cultivo o cosecha de la especie cannabis, lo cual no formó parte de las oposiciones ejercidas por los terceros interesados.

2) Que, este Consejo notificó a los terceros interesados, sociedades Agrofuturo Limitada; Agrícola Fina SPA, Alef Biotechnologies SPA y Fundación Daya. Al efecto, Agrícola Fina SPA y Fundación Daya, en términos generales, se opusieron a la entrega de la información, por concurrir las causales de reserva del artículo 21 numerales 2 y 3 de la Ley de Transparencia, por afectación de derechos de carácter comercial y económicos, de seguridad pública, además de derechos de propiedad intelectual.

3) Que, en tal sentido, antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto, este Consejo, reitera lo señalado en la decisión de amparo C3207-17, respecto de las oposiciones efectuadas por los terceros interesados, en cuanto a que "(...) no procede señalar la afectación de derechos de carácter comercial o económicos, pues en este ámbito no se dan los supuestos de un mercado competitivo, por ende, no corresponde analizar si se configuran los criterios establecido por este Consejo para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pudiera afectar estos derechos en los términos del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia", por lo que se desechan tales alegaciones.

4) Que, por otra parte, en cuanto al derecho de propiedad intelectual alegado por uno de los terceros, este Consejo ha sostenido que la divulgación de material reconocido por el derecho de autor no constituiría impedimento para que, con posterioridad, el autor de la obra ejerza los derechos morales y patrimoniales que le reconoce la ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual, ni para el ejercicio de las acciones que consagra dicho cuerpo legal, en caso de utilización de su obra. Por su parte, la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia Rol 6804-2010, de 24 de junio de 2011, resolvió que los propósitos de la ley sobre propiedad intelectual y los de la Ley de Transparencia son radicalmente diferentes; así, la autorización prevista en la primera ley mencionada corresponde al permiso que otorga el titular del derecho de autor para que un tercero pueda "utilizar públicamente" una obra de su dominio privado, esto es, para que pueda publicarla por cualquier medio de comunicación al público, reproducirla a través de cualquier procedimiento, adaptarla o modificarla, ejecutarla públicamente, distribuirla o transferirla, sea en original o en ejemplares de la obra. En cambio, la autorización idónea para los efectos de la Ley de Transparencia tiene por única finalidad la de posibilitar el mero acceso a la información y, desde luego, en caso alguno importa un permiso para su aprovechamiento, ni menos comporta acto de disposición o de enajenación de la obra. Tanto es así que el legislador, conforme se ha visto, otorga al silencio el valor de una manifestación de voluntad positiva para hacerse de la información. Este Consejo, en lo sucesivo, estima que este último criterio es el que debe observarse en esta materia, rechazando en consecuencia la alegación planteada por el tercero.

5) Que, dicho lo anterior, a modo de contexto, sobre la materia que nos ocupa, cabe precisar, que:

a) El inciso primero, del artículo 1°, de la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, prescribe que "Los que elaboren, fabriquen, transformen, preparen o extraigan sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud, sin la debida autorización, serán castigados con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales."

b) El artículo 8 de la citada ley N° 20.000, establece que para sembrar, plantar, cultivar o cosechar especies vegetales del género cannabis se debe contar con la debida autorización. Así, el artículo 9 de esta ley prescribe que aquella será otorgada por el Servicio Agrícola y Ganadero, cuyo procedimiento se encuentra detallado en el decreto supremo N° 867, de 2007, de Interior, que aprueba el Reglamento de la ley N° 20.000 - en adelante D.S. N° 867.

c) El artículo 6 del D.S. N° 867 señala que para obtener la autorización en cuestión, los interesados deberán presentar una solicitud en la Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero respectiva, la que según lo establecido en el artículo 7, deberá contener la siguiente información:

i. La completa individualización del solicitante, esto es, nombres y apellidos, nacionalidad, estado civil, profesión o actividad, domicilio, lugar y fecha de nacimiento, número de la cédula de identidad y del Rol Único Tributario, si fuere distinto a aquélla.

ii. Ubicación y denominación del predio, si la tuviere; superficie y deslindes del mismo; rol de avalúo para el pago de contribuciones territoriales; inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces.

iii. Exacta ubicación del terreno y superficie en que se proyecta efectuar el cultivo.

iv. Fecha en que se efectuará la siembra; género, especie y variedad del cultivo; cantidad del material de reproducción que se propone emplear y proveedor del mismo; período y cantidad estimados de cosecha.

v. Destino que se pretende dar al producto cosechado y antecedentes del contrato respectivo, si ya se hubiere celebrado.

d) A su turno, la orden general N° 2502, de 2017, de Carabineros de Chile, que aprueba la "Cartilla sobre matriz de seguridad para lugares de plantación de cannabis sativa hasta una hectárea zona rural", señala en su parte introductoria que "(...) Respecto del ámbito que compete a Carabineros de Chile, se estimó pertinente generar una Cartilla sobre matriz de riesgo que permita levantar información objetiva, sobre las medidas de seguridad exigibles, para los lugares de plantación en zonas rurales, posterior traslado y lugar de destino de las cosechas de cannabis sativa, además de considerar antecedentes respecto a la problemática policial de dichos lugares."

e) Agrega dicha orden en su Introducción, que "(...) El objetivo perseguido es que, ante requerimientos de futuras plantaciones hasta una Hectárea, acopio y traslado de plantaciones de cannabis sativa, se tome en cuenta las consideraciones mínimas de seguridad Humana, Física y Tecnológica. Así permitirá una evaluación respecto de las condiciones de seguridad, detectando falencias y/o vulnerabilidades, para proponer las medidas más idóneas, contrarrestar o hacer frente a eventuales delitos que pudiesen afectar el normal funcionamiento de estas plantaciones, minimizando los efectos adversos que estos provocan.".

f) En la letra f), del punto 3, de esta orden, sobre seguridad y conceptos referenciales, se señala que, "(...) se entenderá por medidas de seguridad, toda acción que involucre la implementación de recursos humanos, elementos físicos, tecnológicos y los procedimientos a seguir con el fin de evitar la comisión de hechos delictuales y proteger la seguridad de las personas."

6) Que, en este orden de ideas, en concordancia con la normativa que regula la materia, este Consejo en las decisiones de amparo roles C1505-15; C1702-15; C1758-15; C1467-17; y, C3207-17, ha considerado que dado que el objeto de los proyectos cuya autorización se solicita es la siembra, plantación, cultivo o cosecha de especies vegetales del género cannabis, la información relativa a la ubicación de los predios y las medidas de protección de éstos, es de aquella cuyo conocimiento puede ser utilizada con fines ilícitos por terceras personas, lo que conllevaría una eventual afectación a la mantención del orden público o seguridad pública, configurándose la causal de reserva del artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia. A su turno, respecto de otras materias, como es la cantidad de plantaciones autorizadas, este Consejo en la decisión de amparo C3207-17 razonó que "la cantidad del material de reproducción que se propone emplear" y "la cantidad estimada de cosecha", constituyen antecedentes y fundamentos que se deben tener a la vista para efectos de obtener las respectivas autorizaciones, resultando relevante, en consecuencia, a juicio de esta Consejo, entregar esta información, a fin de poder verificar que las plantaciones se ajustan a lo autorizado, como asimismo, ejercer un control sobre un posible exceso o déficit de las mismas, para el cumplimiento de los fines específicamente autorizados por el Legislador."

7) Que, en razón de lo precedentemente señalado, la materia reclamada, referida al objeto de las investigaciones para las cuales se ha autorizado la siembra, plantación, cultivo o cosecha de la especie cannabis, no forma parte de aquellas que haya sido reservada por este Consejo. Por tanto, se acogerá el presente amparo y ordenará entregar los documentos de las resoluciones exentas emitidas por el SAG en relación al Decreto 867, a partir del año 2014, tarjando sólo la información relativa a la ubicación de los predios y las medidas de protección de éstos, en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia y por aplicación del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11, letra e) de dicha Ley. Así como también, los datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, por ejemplo, cédula nacional de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada. Lo anterior, se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Felipe Torrealba, en contra del Servicio Agrícola y Ganadero, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero:

III. Entregar al solicitante la siguiente información:

Los documentos de las resoluciones exentas emitidas por el SAG en relación al Decreto 867, a partir del año 2014, tarjando sólo la información relativa a la ubicación de los predios y las medidas de protección de éstos, en virtud del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia, así como también, los datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, por ejemplo, cédula nacional de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada, publicitándose la información reclamada, referida al objeto de las investigaciones para las cuales se ha autorizado la siembra, plantación, cultivo o cosecha de la especie cannabis.

IV. Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

V. Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

VI. Encomendar el Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Felipe Torrealba, al Sr. Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero y a los terceros interesados sociedades Agrofuturo Limitada, Agrícola Fina SPA, Alef Biotechnology SPA y Fundación Daya.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.