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Jurden Brain Barrera con MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Rol: C1135-11

Consejo para la Transparencia, 02/12/2011

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Puente Alto, fundado en que la información entregada por la municipalidad es incompleta sobre acceso a la base de datos que es utilizada por la municipalidad para emitir las boletas de cobro de extracción de basura y aseo domiciliario de dicha comuna. El Consejo señaló que en el caso de que los deudores de derechos municipales sean personas naturales, y no obstante constituir la calidad de deudor un dato personal, se ha señalado que las deudas tributarias constituyen el reflejo de cargas públicas, cuyo cumplimiento tiene un evidente interés público que justifica su publicidad (…) sin que corresponda aplicarles la reserva del art. 17 de la misma ley ”, no configurándose, en definitiva, la causal de secreto o reserva establecida en el art. 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia, acogiéndose el amparo interpuesto.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Aseo y Ornato
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1135-11

Entidad pública: Municipalidad de Puente Alto

Requirente: Jurden Brain Barrera

Ingreso Consejo: 13.09.2011

En sesión ordinaria N° 300 de su Consejo Directivo, celebrada el 2 de diciembre de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C1135-11.

VISTOS:

Los artículos 5° inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 2 de agosto de 2011 don Jurden Brain Barrera requirió a la Municipalidad de Puente Alto acceso a la base de datos que es utilizada por la municipalidad para emitir las boletas de cobro de extracción de basura y aseo domiciliario de dicha comuna, solicitando específicamente lo siguiente:

a) Que la municipalidad le informe las características técnicas de la base de datos indicada, esto es:

i. Formato en que se encuentra.

ii. Especificaciones de dicho sistema de almacenamiento de información.

iii. Peso aproximado.

iv. Fuentes involucradas en su elaboración (especialmente que indique características del convenio que mantiene con el Servicio de Impuestos Internos, si lo hubiere).

v. Cantidad de información contenida.

vi. Programa computacional utilizado para interpretar los datos.

vii. Períodos de actualización de esa base de datos.

viii. Otras especificaciones técnicas que sean del caso.

b) Respecto a la base de datos señalada precedentemente, solicita la entrega electrónica, completa y actualizada al año 2011, o la última actualización que existiere, de la base de datos que es utilizada por la municipalidad para emitir las boletas de cobros de extracción de basura y aseo domiciliario de todos los bienes raíces de la comuna, cualquiera sea su categoría, y que, dicha base de información sea entregada en cualquier formato (preferentemente Excel y que incluya, en todo caso, los datos de rol de avalúo fiscal, nombre completo del propietario, dirección y tipo de propiedad: agrícola, habitacional, comercial u otra; avalúo fiscal y valor del cobro de aseo domiciliario), por ejemplo, texto plano, con delimitadores de campo, en un disco compacto u otro dispositivo extraíble y conteniendo la misma información que figure en las boletas de cobro señaladas.

2) RESPUESTA: La Municipalidad de Puente Alto respondió a dicho requerimiento, mediante correo electrónico de 26 de agosto de 2011, de su Unidad de Transparencia, señalando, en síntesis, lo siguiente:

a) Si bien, de acuerdo al artículo 9º inciso 6º de la Ley de Rentas Municipales “las municipalidades estarán obligadas a certificar, a petición de cualquier persona que lo solicite, el monto del derecho de aseo que corresponda a una propiedad determinada y la existencia de deudas en el pago de ese derecho”, lo anterior se fundamenta sólo en el hecho de que la solicitud se refiera a una propiedad determinada, situación que difiere de lo requerido, en cuanto lo solicitado es la base de datos de todas las propiedades de la comuna, para lo cual, entre otros, se consideran datos de índole personal.

b) En consecuencia, no procede la entrega de la información total, dado que el nombre del propietario, domicilio y otros datos de carácter personal, se encuentran debidamente resguardados, de acuerdo a lo establecido por el artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia, que señala como causal de reserva “Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico”.

c) Asimismo, la negación a entregar la información según lo descrito, se fundamenta también en lo ya resuelto por este Consejo, en decisión recaída en amparo Rol C302-10, que señaló que “el nombre de una persona natural es un dato personal del cual ella es titular, además de un atributo de la personalidad, que como tal se encuentra amparado por la Ley Nº 19.628, sobre protección de datos de carácter personal, a menos que se obtenga de una fuente accesible al público…”.

d) Sin perjuicio de lo anterior, adjunta una planilla excel con datos genéricos (no personales) respecto de la solicitud planteada.

3) AMPARO: Don Jurden Brain Barrera dedujo amparo a su derecho de acceso a la información el 13 de septiembre de 2011 en contra de la Municipalidad de Puente Alto, fundado en que la información entregada por la municipalidad es incompleta, por las siguientes razones:

a) El 28 de agosto de 2011, procedió a remitir, vía correo electrónico, una solicitud de reconsideración al pronunciamiento emitido por la municipalidad, mediante la cual solicitó a dicha entidad que tuviera en consideración la decisión del amparo Rol C121-11, del Consejo para la Transparencia, la que trata una petición similar a la realizada y requiere la misma la entrega de la información, atendido los argumentos esgrimidos en misma.

b) El 9 de septiembre de 2011, recibió vía correo electrónico, el Memorándum Nº 496, por el cual la Directora de Asesoría Jurídica dio respuesta a la solicitud de reconsideración, señalando que sería procedente entregar la información requerida respecto de las personas jurídicas, no así de las personas naturales, respecto de las cuales el Consejo para la Transparencia tiene la obligación de proteger sus datos.

c) De acuerdo al contenido del artículo 7º de la Ley Nº 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, el deber de secreto en el tratamiento de datos personales sólo procede cuando los datos provengan, o hayan sido recolectados, de fuentes no accesibles al público, en circunstancias que, en la especie, se está solicitando una base de datos cuyo contenido efectivamente es posible recolectar de variadas fuentes públicas, toda vez que ésta se encuentra disponible al público a través de diversos medios materiales y electrónicos, como los siguientes:

i. Libro de Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, donde constan los datos de dirección de la propiedad, rol de avalúo fiscal, avalúo fiscal, y demás antecedentes de los inmuebles.

ii. Sistema computacional interno del municipio, en el que cualquier usuario puede acceder en la sección de atención a público y en la que, dependiendo de la inscripción de la propiedad, es posible buscar por nombre, RUT y dirección del inmueble.

iii. Libros de Rol de Cobro Comunal del Servicio de Impuestos Internos disponibles en todas las oficinas de dicho órgano, entre otros.

d) En consecuencia, al momento de ser recepcionados los antecedentes de un contribuyente por el municipio, difícil es clasificar esos datos como privados o no accequibles al público, pues en forma previa necesariamente ya han atravesado por una etapa de notoria publicidad, según lo expuesto en el literal anterior.

e) En relación con el artículo 9º de la Ley Nº 3.063, sobre Rentas Municipales, norma que según el municipio reclamado se refiere sólo a una propiedad determinada, no siendo aplicable a la entrega masiva de información, señala que si la citada ley determina la certificación respecto de una propiedad determinada, el mismo principio se debe aplicar a las certificaciones en general, toda vez que se presume pública no solo una, sino toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado, por lo que no podría concluirse que una única certificación es obligatoria para el municipio, pero que no sería obligatoria tratándose de certificaciones de datos de carácter masivo, pues se trata de la misma especie de actos administrativos.

f) Asimismo, en relación con los artículos 7º y 9º de la Ley Nº 19.628, señala que el deber de secreto en el tratamiento de datos personales sólo procede cuando los datos provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público y, en el caso en comento, se está solicitando una base de datos cuyo contenido efectivamente es posible recolectar de variadas fuentes públicas, por lo que la disposición invocada no corresponde sea aplicada a la petición de información efectuada.

g) Por otra parte, respecto a lo señalado por el reclamado en cuanto a que sólo procedería remitir parte de los datos solicitados, como el avalúo fiscal y su rol, tipo de propiedad y valor del cobro de aseo domiciliario, indica que dicha argumentación es disímil a los mecanismos tecnológicos y digitales observados en otras reparticiones públicas, pues se observa que, por ejemplo, en los certificados de avalúo fiscal que arroja el sitio web del Servicio de Impuestos Internos, se consignan, entre otros, datos como el nombre y RUT, tanto de personas naturales como jurídicas.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante Oficio Nº 2.419, de 20 de septiembre de 2011, al Alcalde de la Municipalidad de Puente Alto, solicitándole especialmente, que al formular sus descargos se refiriera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que a su juicio harían procedente la denegación de parte de la información solicitada. Mediante Ordinario Nº 702, de 18 de octubre de 2011, el Alcalde aludido evacuó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis, lo siguiente:

a) En cuanto a que la información solicitada se trataría de datos personales provenientes o recolectados de fuentes no accequibles al público, dicho argumento no resulta procedente, toda vez que respecto de estos antecedentes ninguno de los servicios en cuyo poder se encuentran, permite hacer la relación entre el titular de la propiedad y el monto de las deudas por concepto de derechos de aseo que mantiene con la municipalidad el respectivo titular.

b) En relación con lo prescrito por el artículo 9º de la Ley de Rentas Municipales, indica que no corresponde su aplicación en la especie, en virtud de lo resuelto por este Consejo en decisión de amparo Rol C121-11, en la cual se acordó la entrega de la base de datos requerida, con exclusión del dato relativo a las deudas que mantienen las personas naturales con la municipalidad, en razón de los derechos de aseo y retiro de residuos sólidos.

c) Es de conocimiento general que la Ley Nº 19.628 lo que resguarda son los datos relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables, al tenor de lo indicado por el artículo 2º, letra f), de dicho cuerpo legal, sin que aquello en nada se relacione con la realidad tecnológica de las reparticiones públicas.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, primeramente, cabe precisar que, sin perjuicio de que a través del presente amparo el reclamante sólo se manifiesta expresamente respecto a la negativa de la municipalidad reclamada a entregarle la información completa requerida en el literal b) de la solicitud de acceso, de la lectura del amparo no queda sino concluir que éste abarca igualmente lo requerido en el literal a) de la solicitud de información, requerimiento respecto del cual, de los antecedentes que obran en el presente amparo, no se advierte que la Municipalidad de Puente Alto tampoco se haya pronunciado en su respuesta.

2) Que, previo a analizar la respuesta del municipio reclamado, cabe precisar, a modo de contexto, la normativa que rige la materia sobre la cual versa la información requerida, contenida en el:

a) D.L. Nº 3063, de 1979, del Ministerio del Interior, que establece normas sobre Rentas Municipales: El artículo 6º establece la atribución de las municipalidades de efectuar un cobro por la extracción de residuos sólidos domiciliarios, cuya determinación debe ser de carácter general y objetivo y establecerse por cada municipalidad mediante la dictación de ordenanzas locales. A su vez, el artículo 7º prevé la atribución de las municipalidades para el cobro por servicios de aseo, de una tarifa anual. A su vez, dispone que “Las condiciones generales mediante las cuales se fijará la tarifa indicada, el monto de la misma, el número de cuotas en que se divida dicho costo, así como las respectivas fechas de vencimiento y los demás aspectos relativos al establecimiento de la tarifa, se consignarán en las ordenanzas locales correspondientes, cuya aprobación requerirá el acuerdo de la mayoría absoluta de los concejales en ejercicio”. Por último se prevén normas acerca de las rebajas y exenciones del pago por este servicio. Asimismo, el inciso 3º del artículo 9º establece que el obligado al pago es el propietario u ocupante, y su inciso 6º dispone que “las municipalidades estarán obligadas a certificar, a petición de cualquier persona que lo solicite el monto del derecho de aseo que corresponda a una propiedad determinada y la existencia de deudas en el pago de ese derecho”. Por último cabe mencionar que el inciso final del artículo indicado, establece que una vez determinados los usuarios del servicio afectos al pago de la tarifa de aseo, las autoridades municipales velarán por el cumplimiento diligente de su cobranza.

b) Ordenanza Nº 7, de 21 de diciembre de 2000, sobre Fijación de Tarifas del Servicio Domiciliario por Extracción de Basuras, que fija normas sobre la materia para la comuna de Puente Alto.

c) En cuanto a la prescripción de los derechos municipales, la Contraloría General de la República, sobre el cobro de los derechos de aseo, señaló en su Dictamen Nº 54.856, de 15 de septiembre de 2010, que al no existir disposición expresa, la prescripción de los derechos municipales procede aplicar los plazos previstos en el artículo 2.515 del Código Civil.

d) Sobre la posibilidad de condonar las deudas generadas por este derecho municipal, el órgano contralor señaló en su Dictamen Nº 30.960, de 10 de junio de 2010, siguiendo los Dictámenes Nº 30.585, de 2004, y 30.339, de 2009, que la municipalidad carece de atribuciones legales para condonar obligaciones en dinero, dentro de las cuales deben contemplarse las deudas originadas por el cobro de derechos de aseo.

3) Que, establecido lo anterior, respecto de lo solicitado en el literal a) de la solicitud de información, esto es, características técnicas de la base de datos utilizada por la municipalidad para emitir las boletas de cobro de extracción de basura y aseo domiciliario, la Municipalidad de Puente Alto no se pronunció sobre el particular en la respuesta entregada al requirente de información, así como tampoco abordó tal requerimiento en sus descargos, en circunstancias que este Consejo a través del Oficio Nº 2.419, por el que confirió traslado a la municipalidad reclamada, le solicitó expresamente que se refiriera específicamente a las causales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada.

4) Que, por lo anterior, no habiéndose alegado por la Municipalidad de Puente Alto la inexistencia de la información requerida en el literal a) de la solicitud, y teniendo en consideración, además, que de los antecedentes aportados por la misma municipalidad se desprende que ésta posee en su poder la base de datos a que se refiere la solicitud de información, no queda sino concluir que las características técnicas de la misma se trata de información que obra en poder de la municipalidad reclamada, por lo que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5º inciso 2º de la Ley de Transparencia, se trata de información pública.

5) Que, por otra parte, si bien no ha sido alegado por la municipalidad reclamada, es razonable suponer que tal información se encuentra dispersa y no necesariamente contenida en un mismo soporte documental, no obstante lo cual, a juicio de este Consejo resulta plenamente aplicable en la especie el criterio desarrollado en la decisión recaída en amparo Rol C97-09, que señaló, en lo que interesa en la especie, que es posible solicitar al organismo la elaboración de cierta información, en la medida que ésta obre en su poder y ello no signifique un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto del Servicio.

6) Que, en consecuencia, no habiéndose alegado respecto a lo requerido la concurrencia de alguna causal de secreto o reserva, y obrando tal información en poder de la municipalidad reclamada, no importando la generación de la misma un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto del Servicio, este Consejo deberá acoger el presente amparo en esta parte, requiriendo al Sr. Alcalde de la municipalidad reclamada que informe al reclamante las características técnicas de la base de datos utilizada para emitir las boletas de cobro de extracción de basura y aseo domiciliario, de acuerdo a las especificaciones indicadas en el punto 1) de lo expositivo de la presente decisión.

7) Que, por otra parte, respecto de lo requerido en el literal b) de la solicitud de acceso a la información, esto es, la entrega electrónica completa y actualizada al año 2011, o la última actualización que existiere, de la base de datos utilizada por la municipalidad para emitir las boletas de cobros de extracción de basura y aseo domiciliario de todos los bienes raíces de la comuna, con los datos que indica en su requerimiento, la Municipalidad de Puente Alto en su respuesta, hizo entrega de una tabla de Excel con datos genéricos, por cuanto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia y de los artículos 7º y 9º de la Ley Nº 19.628, deben excluirse los datos de carácter personal contenidos en la base de datos solicitada, como el nombre del propietario y el domicilio, por cuanto su divulgación afectaría los derechos de los contribuyentes.

8) Que, a efectos de establecer la publicidad de dicha información, en particular, aquellos antecedentes que la municipalidad indica se deberán excluir de la entrega, cabe señalar, en primer lugar, que la base de datos a que se refiere la solicitud de acceso constituye una herramienta utilizada por la municipalidad reclamada a efectos de implementar la cobranza de la tarifa por el servicio de extracción de basura y aseo, y contiene la individualización del usuario afecto al pago de dicha tarifa, ubicación de la propiedad, rol de avalúo fiscal, montos adeudados, si correspondiere, y, en general, diversa información necesaria para efectos de proceder al cobro e individualizar correctamente la propiedad de que se trata.

9) Que, la publicidad de los datos relativos a una propiedad consistentes en su dirección, rol de avalúo y monto de avalúo, entre otros, ha sido ya declarada por este Consejo, en las decisiones de los amparos Roles A296-09 y C575-10, en que se requirió la entrega de la base catastral de bienes raíces agrícola y no agrícolas y de antecedentes contenidos en el formulario Nº 2890, respectivamente, ambos del SII. Particularmente, en el caso de la decisión del amparo Rol A296-09, la base catastral cuya entrega fue requerida por este Consejo, contempla datos sobre la dirección de la propiedad, rol de avalúo, avalúo fiscal, entre otros, según pudo verificarse en la tramitación de dicho amparo, datos que precisamente están contenidos en la base de datos requerida en la especie.

10) Que, sin embargo, cabe relevar que, en los amparos aludidos en el considerando anterior, la entrega de la información fue requerida con exclusión de la identificación de las personas que aparecen como propietarios, por cuanto dichos datos habían sido excluidos de la solicitud de acceso, a diferencia del tenor de la solicitud de acceso objeto del amparo de la especie, lo que se abordará a continuación.

11) Que, en relación al nombre y RUT de los propietarios de bienes raíces que figuran en la base catastral del Servicio de Impuestos Internos, este Consejo estableció en la decisión de amparo Rol C121-11 que “dado que la información del Rol de Avalúo permite conocer ambos datos –incluso a través de internet- se declara que en este caso constituyen información pública de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 5º y 10 de la Ley de Transparencia”, por lo que la municipalidad reclamada deberá entregar dicha información.

12) Que, asimismo, la base de datos requerida contiene, además, información relativa a la tarifa a pagar por los servicios de aseo y extracción de residuos sólidos y la deuda en dicho pago, si correspondiere, por propiedad, datos que, asociados a una persona determinada, ameritan un tratamiento aparte a efectos de determinar su publicidad o reserva en esta sede.

13) Que, respecto con la tarifa cobrada en relación a cada propiedad, el inciso 2º del artículo 7º del D.L. Nº 3063, ya citado, señala que las condiciones generales de dicha tarifa, así como otros aspectos relacionados a la misma, deberán ser fijados mediante una ordenanza local aprobada por la mayoría absoluta de los concejales en ejercicio, de modo que, a juicio de este Consejo, al tratarse una ordenanza de una resolución municipal de carácter general y obligatorio para la comunidad que debe estar a disposición del público y en los sistemas electrónicos del municipio, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 12, incisos 2º y final, de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, por aplicación de los artículos 5º y 10 de la Ley de Transparencia, es posible concluir que se trata de un documento de carácter eminentemente público. Además, así lo ha estimado este Consejo en el considerando 11) de la decisión del amparo C472-10, que señala en su parte final que “no se ve por qué el monto cobrado, esto es, la tarifa aplicable a un contribuyente, debe ser una materia reservada”.

14) Que, establecido el carácter público de la tarifa a pagar por las personas afectas al cobro de derechos de aseo y retiro de residuos sólidos, la fecha de su vencimiento, la dirección de la propiedad, rol de avalúo y monto de avalúo de la misma, aun asociadas al nombre del obligado al pago, cabe analizar la publicidad o reserva de las deudas contraídas por las personas afectas al pago de derechos de aseo con el municipio. A este respecto, el artículo 6°, inciso 9°, del D.L. N° 3.063 señala que “las municipalidades estarán obligadas a certificar, a petición de cualquier persona que lo solicite, el monto del derecho de aseo que corresponda a una propiedad determinada y la existencia de deudas en el pago de ese derecho”, de lo que, a juicio de este Consejo, queda de manifiesto inequívocamente que la circunstancia de la morosidad en el pago de los derechos de aseo que corresponda, se trata de información que el legislador ha querido que sea pública, en tanto establece la obligación de las municipalidades a certificar tal hecho, a petición de cualquier persona de modo que, la publicidad de tal información arranca del propio texto del DL en comento.

15) Que, a mayor abundamiento, y sin perjuicio que en un primer momento, en decisión recaída en el amparo Rol C121-11, este Consejo señaló que, en relación con las personas naturales, la información sobre deudas por concepto de derechos de aseo, asociadas a su nombre, constituían un dato personal respecto del cual existe un deber de reserva, posteriormente, en la decisión recaída sobre amparo Rol C404-11, de 31 de agosto de 2011, esta Corporación, al pronunciarse sobre la publicidad de deudores morosos del pago de permisos municipales por ocupación de bien de uso público, arribó a la conclusión que la información “que da cuenta del no pago oportuno de una obligación que emana del otorgamiento, por parte del Alcalde de la Municipalidad de Algarrobo en ejercicio de sus atribuciones legales, de permisos para la ocupación de bienes de uso público, cuyo importe ingresa al patrimonio de la municipalidad” debe entenderse que “es, en principio pública, salvo que concurra a su respecto alguna de las causales de reserva previstas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia”.

16) Que, asimismo, la citada decisión, indicó que en el caso de que los deudores de derechos municipales sean personas naturales, y no obstante constituir la calidad de deudor un dato personal a la luz de lo dispuesto por el artículo 2º, letra f), de la Ley Nº 19.628, sobre Protección de Datos Personales, “este Consejo ha señalado en su decisión C403-11 que las deudas tributarias constituyen el reflejo de cargas públicas, cuyo cumplimiento tiene un evidente interés público que justifica su publicidad (…) sin que corresponda aplicarles la reserva del art. 17 de la misma ley conforme al extenso razonamiento allí elaborado”, no configurándose, en definitiva, la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia. A continuación señala que “el mismo razonamiento resulta aplicable respecto de los deudores que son persona jurídicas, pues su calidad no altera el interés público que reviste la información en los términos planteados en el considerando anterior, de modo que se acogerá el presente amparo en esta parte y se requerirá al Alcalde de la Municipalidad de Algarrobo la entrega del registro de pago de los permisos en comento y del registro de morosidades”.

17) Que, este Consejo estima que el mismo criterio resulta aplicable en relación a la publicidad de deudores morosos de pago de derechos de aseo y extracción de residuos sólidos, ratificando el criterio del legislador en la materia, según se señaló en el considerando 14) del presente acuerdo, razón por la cual, se acogerá el amparo de la especie, requiriéndose al Alcalde de la Municipalidad de Puente Alto para que haga entrega al solicitante de la información solicitada en el literal b) de la solicitud de acceso, esto es, copia de la base de datos utilizada por la municipalidad para emitir las boletas de cobro de extracción de basura y aseo domiciliario, en forma completa y actualizada al año 2011, o la última actualización que existiere, de todos los bienes raíces de la comuna.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo de don Jurden Brain Barrera en contra de la Municipalidad de Puente Alto, por los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Puente Alto:

a) Haga entrega al solicitante de la siguiente información:

i. Características técnicas de la base de datos utilizada para emitir las boletas de cobro de extracción de basura y aseo domiciliario, de acuerdo a las especificaciones indicadas en el punto 1) de lo expositivo de la presente decisión.

ii. Base de datos actualizada al año 2011, o la última actualización que existiere, que es utilizada por la municipalidad para emitir las boletas de cobro de extracción de basura y aseo domiciliario de todos los bienes raíces de la comuna.

b) Cumplir el presente requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a don Jurden Brain Barrera y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Puente Alto.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no concurre a la presente decisión por encontrarse ausente.

Certifica el Director General del Consejo para la Transparencia don Raúl Ferrada Carrasco.