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: Ignacia Velasco Ibáñez con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C1179-18

Consejo para la Transparencia, 03/07/2018

Se dedujo amparo en contra de la Policia de Investigaciones de Chile, fundado en que la información entregada es incompleta referente a los informes de investigación de los sumarios concluidos. El Consejo rechaza el amparo, toda vez que configura la causal de reserva de distracción indebida de los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1179-18

Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Requirente: Ignacia Velasco Ibáñez

Ingreso Consejo: 23.03.2018

RESUMEN

Se rechaza el presente amparo, por acreditarse que la entrega de los informes de investigación de los 1203 sumarios concluidos que se reclaman, configura la causal de reserva de distracción indebida de los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile.

En sesión ordinaria N° 904 del Consejo Directivo, celebrada el 03 de julio de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1179-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 15 de febrero de 2018, doña Ignacia Velasco Ibáñez solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile información sobre los sumarios en curso y realizados que ha realizado dicha entidad policial en los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 en todo el país, indicando:

a) Fecha en la que se realizó cada sumario;

b) Establecimiento de la PDI en donde se realizó cada sumario;

c) Estado de cada sumario (abierto o cerrado/ en tramitación o finalizado);

d) Si el sumario está cerrado, añadir informe de investigación.

2) RESPUESTA: La Policía de Investigaciones de Chile respondió a dicho requerimiento de información mediante documento de fecha 19 de marzo de 2018, señalando, en síntesis, que se remiten archivos en planillas Excel, por año requerido, de la información que mantiene, correspondiente a lo solicitado.

3) AMPARO: El 23 de marzo de 2018, doña Ignacia Velasco Ibáñez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, fundado en que la información entregada es incompleta, dado que no se le proporcionó la información pedida en la letra d) de la solicitud referida a los informes de investigación de los sumarios concluidos.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante oficio N° E2078, de fecha 11 de abril de 2018. Se solicitó expresamente al órgano: referirse, a las alegaciones de la recurrente relativas a la información cuya falta de entrega reclama en esta instancia; referirse a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información reclamada; remita copia a este Consejo de los informes objeto de reclamo y archivos Excel acompañados en la respuesta.

El órgano reclamado, a través de oficio N° 325, de fecha 26 de abril de 2018, presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que sobre la información reclamada concurre la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, por las siguientes razones:

a) La reclamante no especifica el tipo de informe que requiere, y en este sentido es genérica, por cuanto un informe de investigación puede versar sobre datos tales como el nombre de los involucrados, materia sobre la cual versa el expediente sumarial, duración de tramitación, sanciones aplicadas, etc.

b) Debe considerarse que el número de sumarios administrativos instruidos en la Policía de Investigaciones de Chile desde el año 2014 a lo que va del año 2018, alcanzó un total de 2360, de los cuales al menos 1203 se encuentran concluidos, de forma tal que correspondería a igual número de informes.

Hace presente, que los expedientes sumariales que se encuentran concluidos están archivados en la Región Policial que dispuso su instrucción, por consiguiente para entregar lo solicitado por la reclamante primeramente debería procederse a desarchivar cada uno de éstos, y enviarse a Santiago, lugar donde se encuentra la Sección Transparencia de la Policía de Investigaciones de Chile, para recién en dicha oportunidad revisar cada uno de los 1203 expedientes, con la finalidad de extraer los datos que se estime pertinente para efectuar el informe pedido, debiendo en cada caso revisar por lo menos 250 fojas, que es la proporción más baja que en general puede contener un expediente sumarial, es decir, implica la revisión de al menos 300.750 fojas.

c) Señala que la magnitud de la información que se solicita elaborar, implica una tarea imposible de realizar, por cuanto significa efectuar una revisión de las menos 1203 expedientes sumariales, para la cual la Sección Transparencia cuenta con tan solo 3 funcionarios, los cuales no tienen dedicación exclusiva, puesto que también forma parte de sus labores habituales elaborar otros tipos de informes para la Institución o bien para órganos externos. Lo anterior significaría destinar un funcionario con dedicación exclusiva a para elaborar la información reclamada, lo cual se traduciría en un desmedro de las labores que efectúa dicha Sección para satisfacer un solo requerimiento de información.

Por lo expuesto, sostiene que se configura la hipótesis prevista en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia que se invoca.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, doña Ignacia Velasco Ibáñez solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile información sobre los sumarios en curso y realizados que ha realizado esta institución en los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 en todo el país, al tenor de lo señalado en el N° 1 de lo expositivo, obteniendo respuesta incompleta por cuanto no se le entregó el informe de investigación de los sumarios que se encuentran cerrados pedidos en la letra d) del requerimiento formulado, fundado en que concurre la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, lo que constituye el fundamento del presente amparo.

2) Que, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

3) Que, en relación a la causal de reserva alegada por el órgano requerido para denegar la información pedida, cabe tener presente que en virtud del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, puede denegarse la entrega de la información cuando su publicidad "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado números de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales". Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7°, N° 1, letra c), del Reglamento de la citada ley, señalando que "...un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

4) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1336-16, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, de MINSEGPRES, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia.

5) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". En dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie.

6) Que, en efecto, de los antecedentes examinados en el presente caso, particularmente la respuesta y descargos del órgano requerido, a juicio de este Consejo sus alegaciones resultan suficientes para tener por configurada la causal de reserva, por cuanto la Policía de Investigaciones de Chile señaló y acreditó detalladamente en el N° 4 de lo expositivo de la presente decisión, que entregar información reclamada implica revisar al menos 1203 expedientes sumariales que se encuentran concluidos, cada uno de los cuales tiene aproximadamente 250 fojas, razón por la cual para elaborar los informes reclamados, se debe solicitar el desarchivo de cada uno de los expedientes terminados desde la Región policial que dispuso su instrucción, para ser enviados a la Sección Transparencia que se encuentra en la ciudad de Santiago, donde se debería destinar con dedicación exclusiva a la tarea de revisión y elaboración de los informes pedidos, a uno de los 3 funcionarios con que cuenta dicha unidad, afectando con ello sus labores y funcionamiento para satisfacer un solo requerimiento de información, razón por la cual este Consejo estima que los argumentos formulados son suficientes y revisten una magnitud tal que permiten tener por acreditada la hipótesis prevista en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

7) Que, en consecuencia, habiéndose acreditado la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, este Consejo rechazará el presente amparo.

8) Que, no obstante lo resuelto precedentemente, este Consejo representará al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, la circunstancia que información de carácter pública, como lo son los sumarios administrativos que se encuentran afinados, no pueda ser entregada por no estar sistematizada, toda vez que dicha alegación devela que no posee un mecanismo de gestión documental en el cual se contenga la información solicitada de manera íntegra y sistematizada, lo que puede volver ilusorio el derecho de acceso a la información, además de constituir una infracción a los principios de transparencia, máxima divulgación y facilitación contemplados en las letras c), d) y f) del artículo 11 de la Ley de Transparencia. Por lo anterior, este Consejo recomendará tomar las medidas tendientes a ajustar sus procedimientos para los efectos de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, permitiendo de esa forma dar respuesta oportuna y expedita a las solicitudes de acceso que se le formulen y, en definitiva, garantizar adecuadamente dicho derecho en favor de los ciudadanos respecto de aquella información que obre en su poder, teniendo especialmente en cuenta las competencias y funciones encomendadas por la ley a la Policía de Investigaciones de Chile.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por doña Ignacia Velasco Ibáñez, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, por configurase la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Representar al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile la infracción a los principios de transparencia, máxima divulgación y facilitación contemplados en las letras c), d) y f) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, por cuanto la circunstancia que información de carácter pública, como lo son los sumarios administrativos afinados, no pueda ser entregada al no estar sistematizada, devela que no posee un mecanismo de gestión documental en el cual se contenga la información solicitada de manera íntegra y sistematizada, lo que contraria los principios señalados.

III. Recomendar al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile adoptar las medidas tendientes a ajustar sus procedimientos para los efectos de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, permitiendo de esa forma dar respuesta oportuna y expedita a las solicitudes de acceso que se le formulen y, en definitiva, garantizar adecuadamente dicho derecho en favor de los ciudadanos respecto de aquella información que obre en su poder, teniendo especialmente en cuenta las competencias y funciones encomendadas por la ley a la Policía de Investigaciones de Chile.

IV. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Ignacia Velasco Ibáñez y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre, su Consejera doña Gloria de la Fuente González y su Consejero don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.