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Diego Ismael Mejías González con MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Rol: C2036-18 / C2038-18

Consejo para la Transparencia, 04/09/2018

Se dedujeron dos amparos en contra de la Subsecretaría de Evaluación Social, fundados en que la información entregada no corresponde a la solicitada referente a: a) Solicitud de información que originó el amparo Rol N° C2036-18: "todas las evaluaciones de proyectos (evaluación técnico-económica) de iniciativas para la región de Atacama y que hayan obtenido RATE igual a RS durante el año 2017. Observaciones: que la información sean lo más acabada posible en lo respectivo al lugar geográfico en donde se enmarca la iniciativa que se evalúa; cálculo de indicadores tales como VAN social, TIR, CAE, entre otros; necesidades a las cuales atienden; y cualquier otra información relevante de ellas según la metodología específica del sector en que se enmarque". b) Solicitud de información que originó el amparo Rol N° C2038-18: "todas las evaluaciones de proyectos (evaluación técnico-económica) de iniciativas para la región de Atacama y que hayan obtenido RATE igual a RS durante el año 2016. El Consejo rechaza los amparos, toda vez que se entrego la información solicitada, y lo reclamado ante este Consejo constituyen peticiones que exceden del tenor de las solicitudes de información originalmente


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPAROS ROLES C2036-18 y C2038-18

Entidad pública: Subsecretaría de Evaluación Social.

Requirente: Diego Ismael Mejías González.

Ingreso Consejo: 11.05.2018.

RESUMEN

Se rechazan los amparos deducidos en contra de la Subsecretaría de Evaluación Social, relativa a las evaluaciones de proyectos (evaluación técnico-económica) de iniciativas para la región de Atacama y que hayan obtenido RATE igual a RS, durante los años 2016 y 2017.

Lo anterior, por cuanto la Subsecretaría hizo entrega de lo requerido con ocasión de sus respuestas, y lo reclamado ante este Consejo constituyen peticiones que exceden del tenor de las solicitudes de información originalmente presentadas.

En sesión ordinaria N° 923 del Consejo Directivo, celebrada el 4 de septiembre de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de los amparos roles C2036-18 y C2038-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 12 y 13 de abril de 2018, don Diego Ismael Mejías González interpuso ante la Subsecretaría de Evaluación Social, las siguiente solicitudes de información:

a) Solicitud de información que originó el amparo Rol N° C2036-18: "todas las evaluaciones de proyectos (evaluación técnico-económica) de iniciativas para la región de Atacama y que hayan obtenido RATE igual a RS durante el año 2017.

Observaciones: que la información sean lo más acabada posible en lo respectivo al lugar geográfico en donde se enmarca la iniciativa que se evalúa; cálculo de indicadores tales como VAN social, TIR, CAE, entre otros; necesidades a las cuales atienden; y cualquier otra información relevante de ellas según la metodología específica del sector en que se enmarque".

b) Solicitud de información que originó el amparo Rol N° C2038-18: "todas las evaluaciones de proyectos (evaluación técnico-económica) de iniciativas para la región de Atacama y que hayan obtenido RATE igual a RS durante el año 2016.

Observaciones: que la información sean lo más acabada posible en lo respectivo al lugar geográfico en donde se enmarca la iniciativa que se evalúa; cálculo de indicadores tales como VAN social, TIR, CAE, entre otros; necesidades a las cuales atienden; y cualquier otra información relevante de ellas según la metodología específica del sector en que se enmarque".

2) RESPUESTA: Por medio de carta N° 050/1697, de 10 de mayo de 2018, el órgano, confiriendo respuesta respecto de ambas solicitudes, en síntesis, señaló adjuntar base de datos para los años 2016 y 2017 con los registros de iniciativas con RATE RS y que contienen la ubicación geográfica (Región, Provincia, Comuna), así como los indicadores de evaluación social VAN, TIR, o CAE, según corresponde.

Asimismo, se indicó que "se ha incluido la variable "Justificación", donde se podrá identificar las necesidades a las cuales atiende cada iniciativa. Para mayor detalle, se encuentra disponible y es de acceso público en el Banco Integrado de Proyectos (BIP), a través de botón BIP-Consulta en: https://bip.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/bip2-consultalapp/parent-flow?execution=e4s1, la ficha IDI de cada proyecto; la misma que constituye documento público del proyecto que obtiene la recomendación satisfactoria (RATE RS), y podrá descargar la georeferenciación. Lo anterior a partir de consultar ingresando en la lista desplegable la opción de búsqueda; por ejemplo: una palabra clave, código BIP, área geográfica, temática sectorial u otra opción de la lista seleccionando el nombre de la iniciativa en el listado que se despliegue o descargar el listado de proyectos que corresponden a la búsqueda específica".

3) AMPAROS: El 11 de mayo de 2018, el solicitante dedujo dos amparos a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada.

Al efecto, señaló en síntesis que lo solicitado eran las evaluaciones de proyectos (también llamada evaluación técnico-económica), en que se debe entregar un análisis detallado de la iniciativa bajo la metodología específica por la cual requiera ser evaluada, identificándose en ella minuciosamente el problema, la demanda y oferta actual y proyectada del servicio a prestar, el déficit actual y proyectado, los beneficios y costos de la iniciativa, la población objetivo, área de influencia, el cálculo de flujos netos, etc.

Lo que envió la Subsecretaría es una base de datos resumen, la cual, si se analiza iniciativa en iniciativa, no muestra la evaluación técnico económica, sino ciertos aspectos que son resultado de la misma. "Lo solicitado es el documento, o también puede llamarse informe, en donde se realiza la evaluación. Finalmente, que lo solicitado tampoco es la ficha IDI, porque esta es un resumen de evaluación".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación estos amparos, confiriendo traslado a la Sra. Subsecretaria de Evaluación Social, mediante oficio N° E3514, de fecha 1 de junio de 2018, requiriéndose que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; y, (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada.

Posteriormente, por medio de ordinario N° 2300, de 19 de junio de 2018, el órgano en síntesis, señaló lo siguiente:

a) La respuesta entregada responde a una base de datos detallada con un total de 371 proyectos de la región de Atacama; 182 para el año 2016 y 189 para el año 2017, que incluyen en el detalle de información todas las variables requeridas por el solicitante. En cuanto a mayor detalle de cada proyecto se indicó en la respuesta que puede encontrar en la Ficha IDI de cada proyecto en el entendido que ésta constituye el reporte de análisis técnico económico y es el documento público descargable a través del BIP Consulta en la URL especificada en la respuesta.

b) En sus amparos, el reclamante agrega mayor detalle en relación con su requerimiento de información y señala aspectos que se encuentran en los archivos contenidos en la carpeta digital de cada uno de los 371 proyectos de la base de datos entregada; a saber el problema, el cálculo de indicadores, la demanda actual y proyectada, los beneficios y costos de la iniciativa, la población objetivo, área de influencia, el cálculo de flujos netos, entre otros.

c) En caso que el requerimiento efectivamente se refiera a archivos contenidos en la carpeta de cada uno de los proyectos tal como se interpreta del texto incluido en el reclamo de amparo; no es posible entregar tal información debido a que se encuentra dentro de lo definido en el Artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

d) De esta manera, el Ministerio de Desarrollo Social, al hacer uso de esta facultad legal, no puede entregar mayor información que la que ya fue entregada, en vista que distraería a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Sin embargo hace hincapié que el reclamante bien puede descargar los reportes de Ficha IDI desde el BIP Consulta para mayor detalle de los proyectos, todo lo cual se encuentra permanentemente a disposición del público en el sitio web institucional.

5) GESTIÓN OFICIOSA: Mediante correo electrónico de 29 de agosto de 2018, se consultó al órgano por la naturaleza de las Fichas IDI, quien precisó por medio de correo de misma fecha, que en ella se encuentra el Resultado de Análisis Técnico Económico (RATE) y la fundamentación en las observaciones de RATE, agregando que si bien la normativa hace referencia a un informe, en esos casos lo que en realidad se emite es un resultado del análisis de la iniciativa el cual se refleja en la Ficha IDI, esta última es un reporte del Banco Integrado de Proyectos (BIP).

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en atención a que entre los amparos roles C2036-18 y C2038-18 existe identidad respecto del reclamante y del órgano de la Administración reclamado, a efectos de facilitar la comprensión y resolución de los mismos y en virtud del artículo 9° de la ley N° 19.880, que consagra el principio economía procedimental, este Consejo ha resuelto acumular los citados reclamos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto en la presente decisión.

2) Que, por medio de los presentes amparos, se reclama el haber recibido información distinta a la requerida, de conformidad a lo anotado en los numerales 1° y 3°, de lo expositivo. En tal sentido, refirió recibir fichas IDI de las iniciativas que detalla en circunstancias en que solicitó: "evaluaciones de proyectos (también llamada evaluación técnico-económica)".

3) Que, al respecto, el órgano indicó que la Ficha IDI de cada proyecto constituye el reporte de análisis técnico económico y es el documento público descargable a través del BIP Consulta en la URL especificada en la respuesta. Seguidamente, en el numeral 5°, de lo expositivo, complementó indicando que si bien la normativa hace referencia a un informe, en esos casos lo que en realidad se emite es un resultado del análisis de la iniciativa el cual se refleja en la Ficha IDI, esta última es un reporte del Banco Integrado de Proyectos (BIP).

4) Que, para resolver lo reclamado, se debe tener presente que de acuerdo al documento publicado en la web Ministerio de Desarrollo Social, (http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/evaluacion-iniciativas-de-inversion/evaluacion-ex-ante/normas-instrucciones-y-procedimientos-inversion-publica-nip/), denominado Normas, instrucciones y procedimientos para el proceso de inversión pública (NIP), se indica en su página 16, lo siguiente: "el proceso de análisis técnico económico se inicia con la recepción de la iniciativa de inversión y culmina con la emisión del resultado de su análisis, por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Este análisis consiste en revisar si la iniciativa fue correctamente formulada y evaluada, y si contiene todos los antecedentes técnicos y económicos indicados en las normas del Sistema Nacional de Inversiones y en los requisitos de información sectoriales. La responsabilidad de este proceso recae en el Ministerio de Desarrollo Social. El análisis de las iniciativas de inversión deberá probar la conveniencia técnico económica de llevarlas a cabo, fundamentado en una evaluación que analice su rentabilidad social y económica, emitiendo para tal efecto un informe en los términos señalados en el Artículo 19 bis, del Decreto Ley N° 1.263, de 1975, el cual se expresa a través del Resultado del Análisis Técnico - Económico (RATE) en la ficha IDI del BIP".

5) Que, de lo anterior se desprende que lo entregado por el órgano corresponde a lo requerido en las solicitudes de acceso que se detallan en el numeral 1°, de lo expositivo, y lo reclamado ante este Consejo constituyen peticiones que exceden del tenor de las solicitudes de información originalmente presentadas, razón por la cual estas reclamaciones serán rechazadas, sin necesidad de analizar la procedencia de la causal de reserva alegada por el órgano en sus descargos por resultar inoficioso.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar los amparos roles C2036-18 y C2038-18 deducidos por don Diego Ismael Mejías González en contra de la Subsecretaría de Evaluación Social, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Diego Ismael Mejías González y a la Sra. Subsecretaria de Evaluación Social.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.