logo
 

Ignacio Funes Maureira con SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA (SERNAGEOMIN) Rol: C3593-17

Consejo para la Transparencia, 27/03/2018

Se dedujo amparo en contra del Servicio Nacional de Geología y Minería , fundado en que dio respuesta negativa a una solicitud de información referente a "todos los planes de cierre aprobados por el Servicio, en los periodos que se indican. El Consejo acoge el amparo, en cuanto no se acreditó la distracción indebida de funciones. HAY VOTO DISIDENTE


Tipo de solicitud y resultado:

  • Resoluciones Sumarios Administrativos

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Industria (Productividad)
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3593-17

Entidad pública: Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN)

Requirente: Ignacio Funes Maureira

Ingreso Consejo: 13.10.2017

RESUMEN

Se acoge el amparo en cuanto no se acreditó la distracción indebida de funciones, cuya alegación se fundó en que existen 1.707 planes de cierre aprobados y 90 solicitudes de acceso a la información pendientes. Se ordena la entrega de los planes de cierre aprobados desde el inicio de la vigencia de la Ley de Cierre hasta septiembre de 2017, considerando que 1.251 planes de cierres están digitalizados, y que el número de solicitudes de información pendientes no son suficientes para acreditar la causal de reserva de distracción indebida de funciones.

En sesión ordinaria N° 879 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de marzo de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3593-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 12 de septiembre de 2017, don Ignacio Funes Maureira solicitó al Servicio Nacional de Geología y Minería, en adelante e indistintamente SERNAGEOMIN, "todos los planes de cierre aprobados por el Servicio, de los períodos:

a) Desde el inicio de la vigencia de la Ley de Cierre, hasta el 31 de enero de 2015.

b) Desde el 31 de diciembre de 2016 a la fecha".

2) RESPUESTA: El 12 de octubre de 2017, el SERNAGEOMIN respondió a dicho requerimiento de información mediante Oficio N° 2126 de 11 de octubre de 2017, señalando en síntesis que:

a) Sin perjuicio de que los planes de cierre de faenas tienen el carácter de información pública según los términos del artículo 9° de la ley N°20.551, que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras, en adelante e indistintamente Ley de Cierre, en la especie se configura la causal de reserva o secreto establecida en la letra c) del N° 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

b) El requerimiento se refiere a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes. La totalidad de la información correspondiente a los planes de cierre aprobados en los periodos consultados, incluyendo planes de cierre aprobados de acuerdo con el procedimiento general y con el procedimiento simplificado, comprende 1.707 planes de cierre, a julio del presente año.

c) Cada uno de éstos contempla el propio plan de cierre presentado por las empresas mineras, las observaciones hechas por el servicio durante la revisión del plan presentado, las respuestas a las observaciones y la resolución aprobatoria.

d) De ese total, se ha digitalizado la cantidad de 1251 planes de cierre.

e) Sin considerar la destinación de funcionarios para copiar y digitalizar aquellos planes de cierre que no han sido digitalizados, en el caso de aquellos del período consultado que han sido digitalizados es necesario, previo a su entrega, cumplir lo dispuesto en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, por lo que se debe revisar y eliminar aquellos datos personales que aparezcan en éstos.

f) Para ello, el servicio cuenta con un funcionario que es el encargado de las solicitudes de transparencia y una ayudante contratada a honorarios, quienes para responder la solicitud deben revisar cada uno de los planes de cierre solicitados y eliminar los datos personales, en el horario de trabajo de cada uno: en el caso del funcionario este se extiende de 8: 30 a 17: 30 y el caso de la segunda, de 8:30 a 13:00.

g) Respecto de la tramitación de las demás solicitudes de transparencia, por el funcionario y su ayudante, el portal de transparencia informa que existen 4 solicitudes en etapa de ingreso y recepción, 90 en etapa de análisis y búsqueda, de las cuales 31 se encuentran por vencer.

h) En 30 días hábiles resulta imposible revisar y eliminar los datos personales de todos los planes de cierre, sin descuidar la tramitación de las demás solicitudes de información pública y ello aún en el caso de que se trabaje fuera del horario regular.

3) AMPARO: El 13 de octubre de 2017, don Ignacio Funes Maureira dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa a la solicitud de información.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del SERNAGEOMIN mediante Oficio N° E3912 de 24 de octubre de 2017.

Mediante Oficio N° 2394 de 16 de noviembre de 2017, el Sr. Director Nacional del SERNAGEOMIN presentó sus descargos u observaciones, reiterando lo señalado en su respuesta. Luego, mediante correo electrónico de 24 de noviembre de 2017, la reclamada complementó sus descargos adjuntando lo siguiente:

a) Planilla Excel en que se da cuenta de los 1.708 expedientes de planes de cierres aprobados.

b) Copia de captura de pantalla en que se da cuenta de las solicitudes de información pública en tramitación.

c) Copia de captura de pantalla con información de las personas que deben procesar las respuestas a la solicitudes de información.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, respecto de lo solicitado, la reclamada deniega su entrega en virtud del artículo 21, N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, por cuanto existirían 1.707 planes de cierres aprobados en el período requerido, de los cuales habrían 1.251 digitalizados, sin perjuicio de lo cual, habría que proceder a tarjar los datos personales de contexto incorporados a dicha documentación, para lo cual dispondría de un funcionario a jornada completa y una funcionaria a media jornada. Asimismo señala que existirían 90 solicitudes de acceso a la información pendientes en el servicio.

2) Que, respecto a la naturaleza pública de lo requerido, la Ley de Cierre señala en su artículo 9°, inciso 2° "Los Planes de Cierre que se sometan a aprobación del Servicio tendrán carácter público y se regirán por las disposiciones de la ley N° 20.285".

3) Que, en relación a la causal de reserva alegada por el órgano requerido para denegar la información pedida, cabe tener presente que en virtud del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, puede denegarse la entrega de la información cuando su publicidad "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado números de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales". Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7°, N° 1, letra c), del Reglamento de la citada ley, señalando que "...un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

4) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima no concurren en la especie, y por tanto no darían lugar a esfuerzos desproporcionados como los mencionados.

5) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste no ha sido el estándar demostrado por el órgano reclamado.

6) Que, de los antecedentes examinados, ha sido posible establecer que el órgano requerido para justificar la causal de reserva alegada, señaló que los planes de cierres aprobados en el período consultado serían 1.707, sin embargo habrían 1.251 digitalizados, por lo que habría en formato papel solamente 456. En el mismo sentido, habría 90 solicitudes de acceso a la información pendientes, lo cual tampoco parece un número que vulnere el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada, considerando los plazos para responder que señala la Ley de Transparencia. En razón de ello, a juicio de este Consejo, dichas argumentaciones no son suficientes para tener por configurada la hipótesis prevista en la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.

7) Que, por consiguiente se desestimará la causal de reserva alegada, y en definitiva, se acogerá el presente amparo, ordenando al SERNAGEOMIN entregar a don Ignacio Funes Maureira la información pedida, tarjando previamente sólo aquellos datos personales de contexto incorporados en la información que se ordena entregar, por ejemplo, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Ignacio Funes Maureira en contra del Servicio Nacional de Geología y Minería, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería:

a) Entregar a don Ignacio Funes Maureira todos los planes de cierre aprobados por el Servicio, desde el inicio de la vigencia de la Ley de Cierre, hasta el 31 de enero de 2015, y desde el 31 de diciembre de 2016 a septiembre de 2017, tarjando previamente sólo aquellos datos personales de contexto incorporados en la información que se ordena entregar, por ejemplo, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 20 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Ignacio Funes Maureira, y al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería.

VOTO DISIDENTE:

La presente decisión es acordada con el voto en contra del Consejero Jorge Jaraquemada Roblero, quien no comparte lo razonado en el presente acuerdo respecto de los 456 documentos que se encontrarían en formato papel, estimando que el amparo debe rechazarse en esta parte, en base a las siguientes consideraciones:

1) Que, sin perjuicio de que concurre al voto de mayoría respecto de los 1.251 documentos que se encontrarían digitalizados, debe rechazarse el amparo respecto de los 456 documentos que se encontrarían en formato papel, por cuanto se configura en dicho caso la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia.

2) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie respecto de los 456 documentos que se encontrarían en formato papel, y por tanto darían lugar a esfuerzos desproporcionados como los mencionados.

3) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, éste ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado.

4) Que, atendido lo dicho, en el presente caso respecto de los 456 documentos que se encontrarían en formato papel, concurre la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, toda vez que el conjunto de actividades descritas en el numeral 2° de lo expositivo, son de una entidad tal que afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, ya que la atención del requerimiento implicaría para los funcionarios del órgano la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el Servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a favor del reclamante en desmedro de la que se destina a la atención de las demás. Acorde con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, dicha Administración del Estado está al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley, y de la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal.

5) Que, no obstante lo señalado, dado que lo requerido forma parte de las funciones del Servicio Nacional de Geología y Minería, dicho organismo deberá propender a elaborar un sistema documental que tenga suficientes elementos de innovación tecnológica y modernidad, en el cual se ponga a disposición permanente del público esta información, de manera que la ciudadanía pueda efectuar el debido control social de esta materia referida a los cierres de faenas mineras, circunstancia que deberá ser acreditada por el órgano, y sujeta al control de este Consejo, por medio de su Dirección de Fiscalización. Lo anterior en virtud de las atribuciones que le otorga a esta Corporación el artículo 33, letras c) y e), de la Ley de Transparencia.

6) Que, en virtud de lo expuesto, el Servicio Nacional de Geología y Minería debería entregar a este Consejo en un plazo de 30 días, un Plan de Gestión Documental y de Trabajo que permita la disponibilidad de esta información, debiendo el órgano explicitar el período de tiempo que le llevaría ejecutar dicho plan.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.