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Sebastián Labrín Gajardo con GENDARMERÍA DE CHILE Rol: C3470-17

Consejo para la Transparencia, 27/03/2018

Se dedujo amparo en contra de Gendarmería de Chile, fundado en que dio respuesta negativa a una solicitud de información referente a "acceder a todos los documentos, textos, informes, reportes, presentaciones, en cualquier formato y en cualquier soporte, que contenga la cantidad de dinero en efectivo incautado y/o decomisado en operativos, procedimientos y/o investigaciones enmarcadas en la Ley 20.000, detallado por mes, año y región, entre enero de 2010 y julio de 2017". El Consejo rechaza el amparo, por configurarse la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3470-17

Entidad pública: Gendarmería de Chile

Requirente: Sebastián Labrín Gajardo

Ingreso Consejo: 03.10.2017

RESUMEN

Por decisión unánime del Consejo Directivo, se rechaza el presente amparo, por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en La Ley de Transparencia en su artículo 21 N° 1, letra c). Lo anterior, atendido que la divulgación de la información consultada implicaría distraer a la reclamada del cumplimiento efectivo de sus funciones. En efecto, la satisfacción del reclamo conlleva efectuar una importante labor administrativa consistente en la búsqueda y revisión de 30.211 actas con los respectivos partes denuncia y sus antecedentes, sólo para el periodo 2015 a 2017, como también el procesamiento de la misma para la posterior digitalización o proceso de fotocopiado, todo lo cual hace presumible la distracción del personal de la reclamada.

En sesión ordinaria N° 879 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de marzo de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3470-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 18 de agosto de 2017, don Sebastián Labrín Gajardo solicitó a Gendarmería de Chile "acceder a todos los documentos, textos, informes, reportes, presentaciones, en cualquier formato y en cualquier soporte, que contenga la cantidad de dinero en efectivo incautado y/o decomisado en operativos, procedimientos y/o investigaciones enmarcadas en la Ley 20.000, detallado por mes, año y región, entre enero de 2010 y julio de 2017".

2) RESPUESTA: Gendarmería de Chile respondió a dicho requerimiento de información mediante Carta N° 2692, de fecha 03 de octubre de 2017, señalando, en síntesis, que de conformidad al artículo 13 de la Ley de Transparencia, procedió a derivar la solicitud de información al Poder Judicial y al Ministerio Público, respectivamente, mediante los oficios N° 475 y 476, ambos de fecha 03 de octubre de 2017, toda vez que el requerimiento versa sobre delitos enmarcados en la ley N° 20.000, correspondiéndole al Ministerio Público investigar su procedencia, y al Poder Judicial sancionarlos, siendo desconocido a Gendarmería de Chile el estado procesal de los mismos.

Finalmente, exponen que acceder a todos los documentos requeridos que digan relación con los operativos y procedimientos consultados, considerando la cantidad de información y al elevado número de documentos que involucra revisar en cada una de las unidades penales del país, se configura la causal del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 03 de octubre de 2017, don Sebastian Labrín Gajardo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de Gendarmería de Chile, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de informacion, agregando que su Dirección operativa o de Estadísticas debería ser la responsable de registrar y agrupar la información pedida, referidas procedimientos por la ley N° 20.000 dentro de los recintos penales.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile, mediante oficio N° E3696, de fecha 17 de octubre de 2017.

El órgano requerido, a través de oficio Ord. N° 14.00.00.1329/17, de fecha 09 de noviembre de 2017, presentó sus descargos u observaciones, reiterando, en síntesis que de conformidad al artículo 13 de la Ley de Transparencia, procedió a derivar la solicitud de información al Poder Judicial y al Ministerio Público, respectivamente, mediante los oficios N° 475 y 476, ambos de fecha 03 de octubre de 2017. Adjunta respuesta otorgada al solicitante por el Ministerio Público, con link donde se encontraría la información pedida.

Además, señaló que concurre la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, por cuanto la información pedida implica la recopilación de un alto número de actos administrativos, de conformidad a lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 2632, de fecha 17 de agosto de 2006, del Director Nacional de Gendarmería de Chile, que aprueba procedimiento que debe adoptarse ante hallazgo de drogas o sustancias que aparentan ser tales, que señala que "... el Funcionario que encuentra la sustancia que ser droga u otra prohibida, debe adoptar durante todo el transcurso del procedimiento, las medidas que sean necesarias para asegurar la conservación y no alteración de la prueba, particularmente los contenedores de la sustancia" (artículo 1). Se deja constancia en el libro de novedades de la unidad penal, se elabora un parte denuncia con los antecedentes en la cadena de custodia y el Jefe de la Unidad informa al Fiscal de turno solicitando instrucciones al respecto. En el caso que "el Fiscal disponga que Gendarmería de Chile realice la prueba de campo de narcotest, el personal del Centro de Adiestramiento Canino (C.E.A.C.) la efectuará en la Región Metropolitana y del Equipo de Canes Adiestrados (E. C.A.) en regiones".

A modo de ejemplo señala que durante el año 2017 previa denuncia a la Fiscalía correspondiente, se han realizado por la Sección (C.E.A.C. , E.C.A. Colina, E.C.A. Puente Alto y E.C.A. de Talagante) 2.920 Peritajes de Prueba de Campo Narcotest, de sustancias incautadas en los recintos Penales y Especiales de la Región Metropolitana, entregadas con peso bruto o neto según corresponda, a los 06 Servicios de Salud correspondientes a la Jurisdicción, posterior se hace entrega de las cadenas de custodias con respectivos contendores vacíos a 4 de las 5 Fiscalías Regionales. En los 18 Equipos de Canes Adiestrados, distribuidos de Arica a Punta Arenas, se han realizados 4.753 Pruebas de Campo Narcotest, sustancias que han sido entregadas en los Servicios de Salud Correspondientes y cadenas custodias entregadas a las fiscalías. Acompaña un cuadro que indica el número de pruebas de campo y asesorías, realizadas desde el año 2015 a septiembre de 2017, dado que respecto a los años anteriores se debe proceder a la búsqueda de los libros de la época y sus archivos correspondientes.

Por lo anterior, sostiene que recopilar información sólo respecto de esta categoría a nivel nacional implica la revisión de 30.211 actas con los respectivos partes denuncia y sus antecedentes (sin considerar la búsqueda en los registros de libros en años anteriores), lo que traducido a impresión de documentos, considerando sólo un mínimo de tres hojas por actas, daría un resultado de 90.603 fotocopias, ante lo cual procedería el pago de costos de reproducción según su normativa interna, las cuales deben ser analizadas por un funcionario con dedicación exclusiva para que pueda determinar si en ese parte denuncia se consigna el hecho que hubiera existido dinero en efectivo incautado y/o decomisado como lo requiere el solicitante. Agrega, que el funcionario requerido debería ser un profesional grado EUS 12, cuya remuneración bruta mensualizada ascendería a la suma de $ 1.752.942, donde el periodo de trabajo consignado sería de a lo menos dos meses, para poder realizar la tarea encomendada.

Por tales consideraciones, estima que se configura la causal establecida en el artículo 21 letra c) de la Ley de Transparencia, al ser un requerimiento de carácter genérico, donde existe un elevado número de actos administrativos y su atención requiere distraer indebidamente a algún funcionario que cumple labores habituales diversas.

Agrega, que además concurre la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra a) de la Ley de Transparencia, por cuanto los antecedentes han sido derivados al Ministerio Público por medio de los partes denuncias respectivos, y el órgano persecutor decidió iniciar una investigación de los hechos que eventualmente podrían ser constitutivos de delito, determinar a él o los autores, y en definitiva perseguir la responsabilidad penal que correspondiere. Por lo tanto la publicidad o conocimiento de esta información, afecta el debido cumplimiento de las funciones de Gendarmería de Chile, y también del Ministerio Público, en cuanto al esclarecimiento de los hechos que motivaron la solicitud de una investigación, desconociendo el estado procesal de las denuncias que deriva a dicho organismo.

También señala que concurre la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, dado que a su juicio el conocimiento o divulgación de los antecedentes solicitados, implica una vulneración clara a los derechos de las personas involucradas en los hechos mencionados en esta presentación, por lo que de dicho modo la honra y la vida privada de las personas que están siendo investigadas por tales acontecimientos, se vería afectada con la publicidad del documento solicitado.

Por otra parte, señala que también concurre la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, por tratarse de una solicitud de investigación al Ministerio público, es plenamente aplicable la causal de reserva o secreto mencionada precedentemente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 de la ley 19.640, que establece la ley orgánica constitucional del ministerio público.

Finalmente, Gendarmería de Chile a través de correo electrónico de fecha 22 de noviembre de 2017, complementó sus descargos, señalando que estima que concurre la causal de reserva contenida en el artículo 21 letra c) de la Ley de Transparencia, porque al ser un requerimiento de carácter genérico, donde existe un elevado número de actos administrativos y su atención requiere distraer indebidamente a algún funcionario que cumple labores habituales diversas, por lo tanto para poder discriminar aquellos documentos en los cuales conste la cantidad de dinero efectivo incautado, se deben recopilar todas las actas de entrega remitidas al Ministerio Público de los años solicitados por el requirente, y leer detalladamente cada parte denuncia y sus adjuntos. A modo de ejemplo acompaña copia de un acta de entrega N° 88 remitida a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Además señala que la Resolución Exenta N° 2632, de fecha 17 de agosto de 2006, del Director Nacional de Gendarmería de Chile, que aprueba procedimiento que debe adoptarse ante hallazgo de drogas o sustancias que aparentan ser tales, también se aplica a todos los hechos relacionados al mismo, como la identidad de las personas involucradas, las especies o elementos prohibidos incautados, dinero asociado a dicha incautación, etc.

5) GESTIÓN OFICIOSA: Este Consejo mediante correo electrónico de fecha 15 de marzo de 2018, requirió a Gendarmería de Chile pronunciarse sobre su disposición a entregar información, acotándola a un volumen o período de tiempo menor al consultado.

Dicho organismo, a través de correo electrónico de fecha 22 de marzo de 2018, cumplió lo solicitado, reiterando lo ya expuesto en sus descargos, señalando en síntesis, que a su juicio concurre la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, dado que entregar la información pedida implicaría un despliegue logístico importante y una recopilación elevada de actos administrativos, como se explicó detalladamente en los referidos descargos.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, don Sebastián Labrín Gajardo solicitó a Gendarmería de Chile los documentos que contengan la cantidad de dinero en efectivo incautado y/o decomisado en operativos, procedimientos y/o investigaciones enmarcadas en la ley N° 20.000, en los recintos penitenciarios del país, detallado por mes, año y región, entre enero de 2010 y julio de 2017, al tenor de los señalado en el N° 1 de lo expositivo de la presente decisión, obteniendo respuesta estimada como denegatoria, por cuanto se procedió a derivar la solicitud de información al Ministerio Público y al Poder Judicial de conformidad al artículo 13 de la Ley de Transparencia, además de invocar las causales de reserva contempladas en el artículo 21 N° 1 letras a) y c), y N° 2 de la referida ley.

2) Que, al efecto, el órgano reclamado señaló que respecto de la información solicitada, no procedía su entrega por cuanto recabar la totalidad de los antecedentes consultados implicaba distraer a sus funcionarios del debido cumplimiento de sus funciones, razón por la cual resultaba aplicable la hipótesis de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letras a) y c), y N° 2 de la referida ley.

3) Que, en cuanto a la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, invocada por la reclamada para justificar la denegación de la información solicitada, cabe tener presente que dicha causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido el artículo 7° numeral 1°, letra c), del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento «requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales».

4) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie, y por tanto darían lugar a esfuerzos desproporcionados como los mencionados.

5) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado.

6) Que, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva.

7) Que, la satisfacción completa del requerimiento en el modo planteado por el solicitante, supone necesariamente el despliegue de un ingente esfuerzo a fin de obtener los datos solicitados, para luego proceder a la centralización de estos, su revisión, digitalización y posterior remisión al solicitante. Lo anterior, implica revisar los archivos de Gendarmería a fin de recabar las actas con los respectivos partes de denuncia donde se encontraría la información pedida, todo ello referido a un periodo de 7 años. La referida actividad, en concreto, implica la revisión de 30.211 actas con los respectivos partes denuncia y sus antecedentes sólo considerando los años 2015 a 2017, sin contar la búsqueda en los registros de libros en años anteriores, lo que traducido a impresión de documentos, considerando sólo un mínimo de tres hojas por actas, daría un resultado de 90.603 fotocopias, ante lo cual procedería el pago de costos de reproducción según su normativa interna, las cuales deben ser analizadas por un funcionario con dedicación exclusiva para que pueda determinar si en ese parte denuncia se consigna el hecho que hubiera existido dinero en efectivo incautado y/o decomisado como lo requiere el solicitante. Lo anterior, sin perjuicio que el órgano sostuvo que para ello se debería destinar un funcionario un profesional grado EUS 12, cuya remuneración bruta mensualizada ascendería a la suma de $ 1.752.942, donde el periodo de trabajo consignado sería de a lo menos dos meses, para poder realizar la tarea encomendada.

8) Que, atendido lo dicho, este Consejo estima que la causal del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia concurre en el presente caso, toda vez que el conjunto de actividades descritas son de una entidad tal que afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, ya que la atención del requerimiento implicaría para los funcionarios del órgano la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el Servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a favor de esta persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás. Acorde con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, dicha Administración del Estado está al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley, y de la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal.

9) Que, por lo expuesto, y resultando plausibles las alegaciones de la reclamada a fin de acreditar la causal consagrada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, se acogerá la causal invocada y conjuntamente con ello, se rechazará el presente amparo. Por lo anterior, este Consejo no se pronunciará sobre las otras causales de reservas invocadas por la reclamada, para denegar la divulgación de la información objeto del presente análisis, por resultar innecesario.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Sebastián Labrín Gajardo, en contra de Gendarmería de Chile, por configurarse la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Sebastian Labrín Gajardo, y al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.