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Carlos Ruiz-Tagle García-Huidobro con MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO Rol: C36-10

Consejo para la Transparencia, 28/05/2010

Se deduce amparo en contra de la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de San Bernardo por no suministrar información solicitada relativa a proyectos de urbanización indicados. Organismo se excusó aduciendo falta de acto administrativo terminal de dichos proyectos. El Consejo acoge parcialmente el amparo interpuesto.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Gestión y administración territorial (Urbanismo)
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 


Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime)
  • Roberto Guerrero Valenzuela (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C36-10

Entidad pública: I. Municipalidad de San Bernardo

Requirente: Carlos Ruiz-Tagle García-Huidobro

Ingreso Consejo: 20.01.10

En sesión ordinaria N° 152 de su Consejo Directivo, celebrada el 28 de mayo de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C36-10.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/09, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 5 de enero de 2010 don Carlos Ruiz-Tagle García-Huidobro solicitó al Director de Obras de la I. Municipalidad de San Bernardo, en relación a los proyectos “Emplazamiento Villorio Rural Comité de Allegados y Personas sin Casa, La Estrella de San Bernardo” y “Emplazamiento de Conjunto Habitacional Carozzi, para el Comité Nueva Ilusión”, la siguiente información:

a) “Si ha llegado al municipio, estudios de obras de urbanización, para aprobación del la Dirección de Obras.” “De ser efectivo lo anterior, entregar copia de dichos estudios”.

b) “Copias de cartas y/o cualquier documento emitido por departamentos del Municipio, relativo a ambos proyectos”.

c) Copia de cartas y/o cualquier documento recibido por departamentos del Municipio, relativo a ambos proyectos”.

2) RESPUESTA: Mediante Ordinario N° 43, de 12 de enero de 2010, el Director de Obras Municipales de la I. Municipalidad de San Bernardo respondió a la solicitud de acceso denegando la información requerida, por cuanto los proyectos a que hace referencia se encuentran actualmente en tramitación, por lo que de conformidad al artículo 21 de la ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos, para tener acceso a dicha información antes de haberse dictado la resolución respectiva, el peticionario debe acreditar su calidad de interesado, de acuerdo a los dispuesto en el artículo indicado, criterio que fue ratificado por la Contraloría General de la República en dictamen N° 38.735, de 19 de agosto de 2008.

3) AMPARO: El 20 de enero de 2010 don Carlos Ruiz-Tagle García-Huidobro dedujo amparo a su derecho de acceso a la información pública en contra del Director de Obras Municipales de la I. Municipalidad de San Bernardo, fundado en el hecho que la información entregada no corresponde a la solicitada.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo Directivo acordó admitir a tramitación el presente amparo trasladándolo, mediante Oficio N° 412, de 3 de marzo de 2010, a la Alcaldesa de la I. Municipalidad de San Bernardo, quien, mediante Ordinario N° 743, de 22 de marzo de 2010, evacuó sus observaciones y descargos señalando que:

a) La solicitud de información, en principio, no se ajusta a lo expresado en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, por cuanto no cumple con lo establecido en su letra b), vale decir, no contiene la identificación clara de la información que se requiere, toda vez que no especifica el o los documentos a pedir.

b) Se respondió dicho requerimiento en el contexto que no existe una solicitud específica y en atención a que el municipio ha entregado al reclamante innumerables copias de documentos mediante Oficios Ordinarios que en su oportunidad de acompañarán.

c) Además, el reclamante realiza la solicitud de conformidad a la Ley N° 19.880/2003, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos, por lo que solicita respuesta en dichos términos y no acredita su calidad de interesado.

d) Solicita fijar una audiencia para recibir antecedentes de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 inciso 3° de la Ley de Transparencia, con el objeto de presentar las distintas presentaciones y respuestas tanto al Sr. Ruiz-Tagle como a la Contraloría General de la República.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, primeramente, atendido el tenor y naturaleza de lo solicitado y no obstante la invocación del peticionario a la Ley N° 19.880, debe concluirse que el requerimiento que ha motivado este amparo constituye una solicitud efectuada en ejercicio del derecho de acceso a la información pública, por cuanto los antecedentes pedidos se subsumen en las hipótesis previstas en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Conforme lo anterior, dicha solicitud debe ser tramitada de acuerdo a las normas de la Ley de Transparencia y su respectivo Reglamento, sin perjuicio de que, acreditándose la calidad de parte interesada en un determinado procedimiento administrativo, pueda accederse a las piezas y documentos que lo conforman de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N° 19.880, en relación con el artículo 21 del mismo cuerpo legal.

2) Que, establecido lo anterior, cabe pronunciarse sobre la alegación del municipio reclamado en orden a que la solicitud de acceso no cumpliría con el requisito contemplado en la letra b) del artículo 12 de la Ley de Transparencia, esto es, que no identificaría claramente la información requerida.

3) Que, sobre este punto el artículo 28 del Reglamento de la Ley de Transparencia señala que “Se entiende que una solicitud identifica claramente la información cuando indica las características esenciales de ésta, tales como su materia, fecha de emisión o periodo de vigencia, origen o destino, soporte, etcétera.”

4) Que el literal a) de la solicitud de acceso indica la materia –estudios de obras de urbanización relativos a los proyectos que se indican–, por lo que respecto de ello se estima que la solicitud cumple con el requisito referido del artículo 12, letra b) de la Ley de Transparencia.

5) Que, a su vez, los literales b) y c) de la solicitud de acceso identifican la materia, pues en ellos se solicita cualquier documento en relación específicamente a los proyectos indicados; el origen –en el caso del literal b), emitido por departamentos del municipio reclamado– y el destinatario –en el caso del literal c), recibido por los departamentos del municipio reclamado– por lo que se estima que la solicitud, en los literales citados, cumple con el requisito contemplado en el artículo 12, letra b) de la Ley de Transparencia.

6) Que, por lo precedentemente expuesto, ha de desestimarse la alegación del municipio reclamado en orden a que la solicitud de acceso no cumpliría con el requisito contemplado en el artículo 12, letra b) de la Ley de Transparencia. Además, del tenor de la respuesta del municipio se desprende que conoce e identifica con precisión la información solicitada toda vez que señala que formaría parte de un procedimiento administrativo.

7) Que, al respecto, debe representarse al municipio reclamado que en caso de advertir en una solicitud de acceso el incumplimiento de alguno requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley de Transparencia o en el artículo 28 de su Reglamento, de proceder conforme lo indica el inciso 2° del mismo artículo 12 de la Ley de Transparencia y el artículo 29 del su Reglamento, es decir, requerir al solicitante para que, en un plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, subsane la falta, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, cuestión que no ocurrió en la especie.

8) Que el municipio reclamado en la respuesta dada al reclamante, afirma que los proyectos relativos a los comités aludidos, respecto de los cuales se pide información, se encuentran en actual tramitación y que, al no tener el peticionario la calidad de interesado en los mismos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 19.880, procede a denegar la información requerida.

9) Que consultado el municipio, vía correo electrónico, acerca de la identificación, materia y estado de trámite de los expedientes administrativos aludidos, el 26 de mayo de 2010 éste informó lo siguiente:

a) Que, la solicitud de acceso dice relación a los antecedentes relativos a tres proyectos de acuerdo al siguiente detalle:

i) Villorio Rural La Estrella de San Bernardo (Loteo DFL 2 con construcción simultánea), cuyo estado de tramitación es “con aprobación municipal, por lo que cuenta con el permiso de edificación N° 101/2009, de 15 de mayo de 2005 y Resolución N° 22, de 15 de mayo de 2005, de aprobación de loteo DFL 2 con construcción simultánea”.

ii) Anteproyecto de Loteo DFL 2 con construcción simultanea Comité Carozzi, cuyo estado de tramitación es “sin aprobación municipal”. Señala que éste cuenta con las siguientes actuaciones:

(1) Solicitud de aprobación de Anteproyecto de loteo DFL 2 con construcción simultánea con ingreso DOM N° 305/2009, de 8 de septiembre de 2009. Se encuentra en trámite con acta de observaciones de 1° de diciembre de 2009, sin subsanar.

(2) Solicitud de aprobación de anteproyecto de edificación de loteo DFL 2 con construcción simultánea con ingreso DOM N° 306/2009, de 8 de septiembre de 2009. Se encuentra en trámite con acta de observaciones de fecha 1° de diciembre de 2009, sin subsanar.

iii) Anteproyecto de Loteo DFL 2 con construcción simultánea de Comité Nueva Ilusión, cuyo estado de tramitación es “sin aprobación municipal”. Cuenta con las siguientes actuaciones:

(1) Solicitud de anteproyecto de loteo DFL 2 con construcción simultánea con ingreso DOM N° 304/2009, de 8 de septiembre de 2009. Se encuentra en trámite con acta de observaciones de 1° de diciembre de 2009, sin subsanar.

(2) Solicitud de Aprobación de Anteproyecto de edificación de loteo DFL 2 con construcción simultánea con ingreso DOM N° 307/2009, de 8 de septiembre de 2009. Se encuentra en trámite con acta de observaciones de fecha 1° de diciembre de 2009, sin subsanar.

b) Agrega que don Carlos Ruiz-Tagle retiró copias de los antecedentes solicitados correspondientes a los tres conjuntos habitacionales antes mencionados, situación que quedó registrada de acuerdo a certificado de retiro de antecedentes de 5 de febrero de 2010, suscrito por el interesado, que se acompaña.

10) Que de lo precedentemente expuesto y al tenor de lo informado por la Municipalidad reclamada, con fecha posterior a la presentación del presente amparo dicho organismo habría entregado al reclamante información contenida en los expedientes de los proyectos a los que se refiere la solicitud de acceso.

11) Que el certificado aludido no especifica los documentos entregados, sin embargo en él el reclamante indica que «con fecha 05 de febrero de 2010 recibe de la Dirección de Obras Municipales, documentos solicitados del proyecto “Comité Nueva Ilusión Carozzi” y “Villorio Agrícola La Estrella de San Bernardo”, a través de los ingresos de oficina de partes N° 1063 y N° 1064, de 4 de febrero de 2010» (lo destacado es nuestro). Además, en el mismo certificado, con letra manuscrita, señala que “posteriormente si es necesario solicitaré piezas de ambos proyectos…”

12) Que se estima que dicho certificado no acredita fehacientemente la entrega efectiva de la información referida a la solicitud que ha motivado este amparo, conforme lo exige el inciso final del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por cuanto se refiere a solicitudes efectuadas por el reclamante con fecha 4 de febrero en circunstancias que la de la especie se efectuó un mes antes, considerando, además, que el organismo reclamado en sus descargos, de fecha posterior al certificado, reafirma lo indicado en su repuesta.

13) Que, sin perjuicio de lo antes señalado, cabe referirse a la aplicabilidad, en la especie, de la Ley N° 19.880, y de la Ley de Transparencia en relación con el ejercicio del derecho de acceso a la información, teniendo presente las consideraciones que siguen.

14) Que la Ley 19.880 establece en su artículo 16, por una parte, el principio de transparencia, y el consecuente derecho de acceso, respecto de los procedimientos administrativos, de modo que las personas, incluso los terceros ajenos al procedimiento, tienen derecho a conocer su contenido una vez terminada su tramitación. En este sentido interpreta la Contraloría General de la República la disposición en comento (Ver Dictámenes N° 17.583/2008, 33.438/2008 y 57.558/2008, 34.185/2009 y 50.792/2009). Por otra parte, el mismo texto legal consagra en su artículo 17 el derecho de los interesados en el procedimiento administrativo, de acuerdo al artículo 21, a conocer en cualquier momento el estado de su tramitación y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente y la devolución de los originales.

15) Que, por su parte, la Ley de Transparencia establece el derecho de acceso a la información pública, sin condicionar su ejercicio sino únicamente al cumplimiento de los requisitos indicados en su artículo 12.

16) Que del análisis de las normas indicadas de la Ley N° 19.880 en comento, que establecen el derecho de acceso de todas las personas y el derecho a conocer de todo interesado en el procedimiento administrativo, se advierte que el interés protegido por las mismas, al establecer un derecho específico y sin condiciones al interesado, es la efectividad de sus derechos en el marco de la tramitación de un procedimiento administrativo, particularmente en relación al ejercicio de recursos de impugnación. En otras palabras, el derecho a conocer establecido para los interesados en los términos indicados busca resguardar la bilateralidad de la audiencia en el procedimiento administrativo de que aquellos sean parte.

17) Que, a su vez, la exclusión de los terceros absolutos al procedimiento del derecho a acceder a información contenida en expedientes que substancian procedimientos administrativos no finalizados, busca cautelar los principios de eficiencia, consagrado en los artículo 3°, inciso 2° del D.F.L. N° 1-19.653/2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y de celeridad, consagrado en el artículo 7° de la Ley N° 19.880, por cuanto dar la posibilidad a los terceros absolutos al procedimiento para acceder a la información contenida en dichos expedientes podría provocar el entorpecimiento en las labores del organismo público ante el cual se substancia.

18) Que, posteriormente, la Ley de Transparencia al establecer el derecho de acceso a la información pública en términos amplios y sin requerir calidad alguna para su ejercicio, abre la posibilidad a los terceros absolutos a un determinado procedimiento administrativo de acceder a documentos que obran en expedientes administrativos en trámite, con sujeción a los plazos establecidos en dicho cuerpo normativo, y, lo que es relevante para efectos del presente análisis, sujeto a la posibilidad de denegación del acceso invocando al efecto una causal legal de reserva, cuestión que lo distingue del derecho a conocer que tiene los interesados en el marco de la Ley N° 19.880.

19) Que lo anterior, a juicio de este Consejo se debe, fundamentalmente a que el interés protegido en la Ley de Transparencia, ya no es el interés particular de los interesados en el procedimiento, sino el interés general que reviste el control de la actividad de la Administración del Estado.

20) Que, además, la Ley de Transparencia cautela los principios de eficiencia y celeridad ya mencionados en el considerando 14), por cuanto, si bien concede a todas las personas el derecho de acceso a la información pública, contempla entre sus causales de reserva la establecida en el artículo 21, N° 1, letra b), esto es, que la publicidad, comunicación o conocimiento de la información requerida afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente, tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas.

21) Que, por lo precedentemente expuesto, se puede concluir que la respuesta del municipio reclamado en orden a denegar la información por no ostentar el peticionario la calidad de interesado en el procedimiento administrativo que contiene la información requerida resulta improcedente, por cuanto el estatuto aplicable en este caso es el de la Ley de Transparencia, debiendo haber invocado y fundamentado la procedencia de alguna causal legal de reserva para denegar el acceso a la información requerida, o haber entregado derechamente la información, actitudes que no adoptó en la tramitación de la solicitud de acceso de la especie.

22) Que, en otro orden de consideraciones, según lo indicado por el municipio reclamado, el proyecto relacionado con el Villorio Rural “La Estrella de San Bernardo”, ya estaría tramitado, razón por la cual no puede sino concluirse que se trata de información pública, de acuerdo a los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia.

23) Que en cuanto al proyecto relacionado con el “Comité Nueva Ilusión”, aún estarían en trámite las solicitudes de aprobación de un anteproyecto de loteo DFL 2 con construcción simultánea, circunstancia que, como se señaló, no basta para denegar la información requerida. Por otro lado, el municipio reclamado no invocó causal alguna de reserva, particularmente la contemplada en el artículo 21, N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, por lo que se concluye que lo requerido se trata también de información pública de acuerdo a los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia.

24) Que, por todo lo expuesto en los considerandos precedentes ha de acogerse el presente amparo y requerir a la Alcaldesa de la I. Municipalidad de San Bernardo la entrega de la información requerida.

25) Que, por último, este Consejo rechaza la petición de audiencia efectuada por el municipio reclamado, por cuanto estima suficientes los antecedentes que obran en el presente amparo para su resolución.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por Don Carlos Ruiz-Tagle García-Huidobro, en contra de la I. Municipalidad de San Bernardo.

II. Requerir a la Sra. Alcaldesa de la I. Municipalidad de San Bernardo la entrega de los siguientes documentos, en cuanto no hayan sido previamente entregados al reclamante con la respectiva certificación de la entrega efectiva de la misma de acuerdo al artículo 17, inciso 2º de la Ley de Transparencia, dentro de 5 hábiles siguientes contados desde que quede ejecutoriado el presente acuerdo:

a) Estudios de obras de urbanización relacionados con los proyectos aludidos en la solicitud de información, en caso de constar en los expedientes respectivos.

b) Cartas y/o cualquier documento emitido o recibido por la I. Municipalidad de San Bernardo, en relación a dichos proyectos.

III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Carlos Ruiz-Tagle García-Huidobro y al Sra. Alcaldesa de la I. Municipalidad de San Bernardo

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, Roberto Guerrero Valenzuela y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.