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Matías Rojas Medina con MUNICIPALIDAD DE TENO Rol: C3392-18

Consejo para la Transparencia, 13/11/2018

Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Teno, teniendo por entregada aunque en forma extemporánea, la información consistente en la identidad de los funcionarios públicos que se indican. Asimismo, se ordena entregar la documentación que se detalla, que da cuenta de la inversión y ejecución de fondos PIE -Programa de Integración Escolar- correspondiente a los años 2016 y 2017. En este caso, se desestima la causal de distracción indebida alegada, por cuanto se trata de antecedentes que se encuentran referidos a aspectos propios del manejo del presupuesto y por ende, a información contable que debería encontrarse suficientemente ordenada y clasificada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3392-18

Entidad pública: Municipalidad de Teno.

Requirente: Matías Rojas Medina.

Ingreso Consejo: 27.07.2018.

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Teno, teniendo por entregada aunque en forma extemporánea, la información consistente en la identidad de los funcionarios públicos que se indican.

Asimismo, se ordena entregar la documentación que se detalla, que da cuenta de la inversión y ejecución de fondos PIE -Programa de Integración Escolar- correspondiente a los años 2016 y 2017.

En este caso, se desestima la causal de distracción indebida alegada, por cuanto se trata de antecedentes que se encuentran referidos a aspectos propios del manejo del presupuesto y por ende, a información contable que debería encontrarse suficientemente ordenada y clasificada.

Se sigue el criterio establecido en las decisiones Roles C1545-15, C4182-17 y C4289-17, entre otras.

En sesión ordinaria N° 940 del Consejo Directivo, celebrada el 13 de noviembre de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C3392-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 27 de junio de 2018, don Matías Rojas Medina solicitó a la Municipalidad de Teno -en adelante e indistintamente municipio o municipalidad-, la siguiente información: "Copia digital de todas las actas del Concejo Municipal correspondientes al año 2017, en que se hubieren aprobado recursos e inversión de dichos recursos, correspondientes a fondos PIE, al igual que copia digital de toda la documentación administrativa, decretos, resoluciones, cotizaciones, facturas y boletas, que constaten la inversión y ejecución de esos fondos y aquellos correspondientes al año anterior 2016, detallando en qué bienes se gastaron o en qué se dispuso gastar aquellos que no han sido gastados aún, y en qué establecimientos educacionales públicos se gastaron: finalmente, se solicita identificar la identidad de los funcionarios públicos en los cuales recae la responsabilidad de ejecutar correctamente los fondos".

2) RESPUESTA: Por medio de decreto alcaldicio N° 142/2018, de 26 de julio de 2018, el órgano en resumen, indicó lo siguiente:

a) Se accede a la entrega de información de actas del concejo municipal.

b) Respecto del resto de la documentación administrativa, se alegó la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, en base a lo siguiente:

i. Por el Programa de Integración Escolar (PIE) se realizan aproximadamente 400 compras anuales, donde la documentación administrativa de respaldo (decretos, cotizaciones, facturas, boletas, entre otros), se encuentran en formato papel y archivada en bodegas de tesorería municipal, junto con la información correspondiente a las demás subvenciones, por lo tanto para obtener la información requerida es necesario: buscar archivadores de compras por establecimiento educacional que se encuentran archivados en orden correlativo, siendo el encargado de Tesorería Municipal, el único facultado para entregar dicha información.

ii. En resumen, para obtener digitalizado los 800 oficios de solicitud de compra, 800 cotizaciones, 800 oficios conductores para la autorización de la alcaldesa, 800 decretos de aprueba compra, 800 órdenes de compra, 800 recepciones conforme y 800 decretos de pago, además del tiempo invertido en buscar y seleccionar todos éstos documentos de los años 2016 y 2017 se necesitaría distraer necesariamente a una persona de sus labores habituales por alrededor de 3 a 4 semanas.

3) AMPARO: El 27 de julio de 2018, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

Al efecto, indicó en síntesis, que se ampara por la segunda parte de su requerimiento, atingente a la documentación administrativa y a la identidad del funcionario respectivo. Asimismo, agregó entre otras cosas, que: "La respuesta hace referencia a 1.500 compras que efectúa el DAEM, cuando se pide información exclusivamente de aquellas relativas a PIE. La data de la documentación no es lo suficientemente antigua como para hacer necesaria una búsqueda mayor. Si la documentación no está ordenada, aquello no es resorte de este requirente".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Teno, mediante oficio N° E6279, de fecha 22 de agosto de 2018, requiriendo que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; y, (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa.

Posteriormente, el órgano por medio de ordinario N° 773, de 7 de septiembre de 2018, señaló en resumen lo que sigue:

a) Se entregan los nombres de los funcionarios en los cuales recae la responsabilidad de ejecutar correctamente los fondos.

b) Respecto del resto de la información, se reiteró la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, señalando entre otras cosas, lo siguiente:

i. Sólo los procesos de compras que se rigen por la ley N° 19.886, en ambos años fueron 1950. A dicha cantidad, se le deben agregar las compras inferiores a 3 UTM que no se regulan por la citada normativa.

ii. Las compras inferiores a 3 UTM se encuentran separadas por fondos, y en ambos años suman un total de 199 procesos de compras. Si se analizan los procesos de compra inferior a 3 UTM, y se contabilizan los documentos que obligatoriamente están adjuntos a un proceso, (que serían 7 documentos), arroja un total de 1.393 documentos que no se encuentran digitalizados.

iii. Ahora, si se analiza cómo obtener la información de un proceso de licitación pública, adquisición a través de convenio marco, o trato directo, se debe revisar en el sistema de mercado público el total de 1950 procesos de compra, para poder revisar cuál de ellos se adquirió con fondos PIE. Al efecto, se debería escanear toda la documentación solicitada, y si se considera que en una compra inferior a 3 UTM se cuenta con al menos 7 documentos, el promedio de un trato directo es de 14 documentos, ya que se suman decretos que dispone la contratación, términos de referencia, memorándum solicitando la adquisición, entre otros. El promedio de documentos por cada compra realizada a través de convenio marco es de 10 documentos y en una licitación pública, mínimo unas 30 páginas, ya que se incluyen, entre otros las bases de licitación.

iv. Es decir, solo en los procesos de compra inferior a 3 UTM, que son los que cuentan con menos documentación, se debería obtener y escanear al menos 1393 documentos, y si sólo se considera que ambos años hubo un total de 200 compras, realizadas a través de los otros mecanismos, y se multiplica por un promedio de 20 hojas, arroja un total de 4.000 documentos a digitalizar.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de la documentación que se detalla en el numeral 1°, de lo expositivo, que constaten la inversión y ejecución de fondos PIE -Programa de Integración Escolar- correspondientes al año 2016 y 2017 y la identidad de los funcionarios públicos en los cuales recae la responsabilidad de ejecutar correctamente los referidos fondos.

2) Que, en un primer orden de ideas, el órgano respecto de los funcionarios responsables consultados, informó las identidades de estos con ocasión de sus descargos. Por este motivo, se acogerá el amparo en esta parte, sin perjuicio de tener por entregada la información aunque en forma extemporánea, la cual será enviada al reclamante al momento de la notificación de la presente decisión.

3) Que, en lo que atañe a los demás antecedentes, el órgano alegó la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Al respecto, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado".

4) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

5) Que, resulta pertinente indicar que lo requerido, dice relación con antecedentes que deben servir de base para las respectivas rendiciones de cuenta. En tal sentido, el artículo 22, del decreto N° 170, de 2010, de Educación, que fija Normas para Determinar los Alumnos con Necesidades Educativas Especiales que serán beneficiarios de las Subvenciones para Educación Especial, dispone que los establecimientos de educación regular que eduquen a estudiantes que presenten necesidades educativas especiales transitorias asociadas a trastornos específicos del aprendizaje, déficit atencional y aquellos en que las evaluaciones de funcionamiento intelectual se ubican en el rango límite, para impetrar el beneficio de la subvención educacional deberán contar con un proyecto o programa de integración escolar aprobado por el Ministerio de Educación, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 1, de 1998, del Ministerio de Educación. Luego, el artículo 92, del mismo cuerpo normativo, señala que "El Programa de Integración Escolar debe contar con un sistema de evaluación y seguimiento por establecimiento, de las distintas acciones realizadas. Esta información debe ser sistematizada a través de un "Informe Técnico de Evaluación Anual", que deberá entregarse al Departamento Provincial de Educación respectivo, al Consejo Escolar y estar disponible para las familias de los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, a lo menos una vez al año, antes del 30 de enero de cada año. El informe a que se refiere el inciso anterior debe adjuntar un anexo con información detallada del uso de los recursos otorgados por concepto de subvención de educación especial. Además, debe incluir facturas, boletas, copia de los contratos y una planilla de pago de los profesionales contratados. El Informe debe ser incorporado en la cuenta pública que deba efectuar el sostenedor del establecimiento, de conformidad a lo establecido en la Ley de Subvenciones".

6) Que de la revisión de la documentación contenida en el procedimiento de acceso en análisis, se advierte que la reclamada ha determinado de modo preciso el volumen de la información consultada. Dicho antecedente, sumado a que la información requerida se encuentra referida a aspectos propios del manejo de su presupuesto y por ende, a información contable que debería encontrarse suficientemente ordenada y clasificada, permiten a este Consejo descartar la concurrencia de la hipótesis alegada para justificar la denegación de los antecedentes solicitados, al dar cuenta del uso de recursos públicos, acotado únicamente además a dos años en particular. Lo anterior, siguiendo el criterio establecido entre otros, en los amparos Roles C1545-15, C4182-17 y C4289-17.

7) Que, por estas consideraciones, es que se acogerá el amparo en esta parte, ordenándose la entrega de la información faltante, anotada en el numeral 1°, de lo expositivo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Matías Rojas Medina en contra de la Municipalidad de Teno, teniendo por entregada aunque en forma extemporánea, la información consistente en la identidad de los funcionarios públicos en los cuales recae la responsabilidad de ejecutar correctamente los fondos, conforme a los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Teno, que:

a) Entregue al solicitante la siguiente información: copia digital de toda la documentación administrativa, decretos, resoluciones, cotizaciones, facturas y boletas, que constaten la inversión y ejecución de fondos PIE correspondientes al año 2016 y 2017, detallando en qué bienes se gastaron o en qué se dispuso gastar aquellos que no han sido gastados aún, y en qué establecimientos educacionales públicos se gastaron.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Teno y a don Matías Rojas Medina, haciéndole entrega a este último, de la información remitida por el órgano con ocasión de sus descargos.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.