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Pablo González Martínez con SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Rol: C3247-18

Consejo para la Transparencia, 20/12/2018

Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana, respecto de toda documentación pública desde la fecha de su establecimiento en el Plano Regulador Metropolitano a la fecha, en relación a todo lo obrado en materia de promoción, cuidado y materialización de los parques ribereños del Río Mapocho para los sectores de Talagante, Peñaflor, El Monte, Isla de Maipo y Melipilla, por configurarse la causal de reserva invocada de distracción indebida de los funcionarios del órgano reclamado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Vivienda
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3247-18

Entidad pública: Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana.

Requirente: Pablo González Martínez.

Ingreso Consejo: 19.07.2018.

RESUMEN

Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana, respecto de toda documentación pública desde la fecha de su establecimiento en el Plano Regulador Metropolitano a la fecha, en relación a todo lo obrado en materia de promoción, cuidado y materialización de los parques ribereños del Río Mapocho para los sectores de Talagante, Peñaflor, El Monte, Isla de Maipo y Melipilla, por configurarse la causal de reserva invocada de distracción indebida de los funcionarios del órgano reclamado.

En sesión ordinaria N° 951 del Consejo Directivo, celebrada el 20 de diciembre de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3247-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 25 de junio de 2018, don Pablo González Martínez solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana, en adelante e indistintamente, la Secretaría o la SEREMI, en relación a todo lo obrado en materia de promoción, cuidado y materialización de los parques ribereños del Río Mapocho para los sectores de Talagante, Peñaflor, El Monte, Isla de Maipo y Melipilla, la siguiente información:

a) "toda documentación pública desde la fecha de su establecimiento en el Plano Regulador Metropolitano a la fecha.

b) Copia de toda normativa vigente aplicable a los parques ribereños".

2) RESPUESTA: El 19 de julio de 2018, mediante correo electrónico, la SEREMI dio respuesta al requerimiento, señalando en síntesis, que "Esta Secretaría Ministerial tiene atribuciones para la elaboración de la normativa relacionada con los instrumentos de planificación urbana y rural y, en ese sentido, es la facultada para elaborar el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) y sus Modificaciones. Sin embargo, en lo referente a su requerimiento, esta Secretaría Ministerial no cuenta con atribuciones para la materialización de los proyectos de las áreas verdes planificadas".

Acto seguido, respecto de lo solicitado en la letra a), el órgano denegó la entrega de la información de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra c) de la Ley de Transparencia, señalando que "En ese contexto, su solicitud respecto a ‘toda documentación pública’, debe contener mayor precisión en cuanto, al menos, número de ordinario y fechas; u otro dato que le permita a este Servicio identificar claramente y, en consecuencia, recabar la información requerida".

Asimismo, con relación a lo requerido en el literal b), indicó el enlace a la página web donde se encuentra publicada dicha información, detallando los banner donde debe ingresar.

3) AMPARO: El 19 de julio de 2018, don Pablo González Martínez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta a su solicitud de información. Asimismo, agrega que "Se deniega la primera parte de mi solicitud y se entrega sólo la segunda" y que "Organismo aduce carácter genérico de mi solicitud, pero es claro la información es bastante acotada al establecer todo lo obrado en relación a los parques ribereños de la Provincia de Talagante en un período acotado de tiempo (...) Por otro lado, el organismo aduce que lo abultado de la solicitud lo distraería de sus funciones, pero no indica argumentos cuantitativos que fundamenten su afirmación. Por otro lado, al tratarse de responsabilidad de la Seremi de Vivienda el mantener esta información a su disposición y de manera ordenada no resulta plausible que signifique una gran cantidad de tiempo para el organismo el entregarla".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante oficio N° E5887, de 10 de agosto de 2018, confirió traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones, particularmente, respecto de: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y, (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida.

El 31 de agosto de 2018, mediante Ord. N° 4085, la SEREMI evacuó sus descargos, señalando en síntesis, que mantiene un sistema digitalizado de gestión documental, denominado OFPA, pero sólo a partir del año 2010, por lo que los pronunciamientos de fecha anterior no se encuentran digitalizados. Asimismo, agrega que "producto del terremoto acaecido con fecha 27 de febrero de 2010, se produjeron significativos daños estructurales en nuestras dependencias ubicadas en calle Alameda 874 (Edificio Copacabana). Dicho lugar, servía hasta entonces como único recinto de bodegaje y archivo material de documentación, la cual también resultó seriamente dañada e incluso inutilizable. Los diversos insumos de trabajo y documentación (rescatable) almacenada por años en dichas dependencias, tuvieron que ser, necesariamente, trasladados a diversas bodegas y oficinas ministeriales. Producto de lo anterior y debido a la urgencia que dichas circunstancias ameritaban y, para no entorpecer nuestro deber de continuidad en el servicio se produjo, lamentablemente, una dispersión documental que hoy, ante requerimientos específicos de documentación cuya emisión es anterior al año 2010, resulta de muy difícil hallazgo y sistematización con la papelería sobreviviente".

Acto seguido, indica que "toda la documentación solicitada (...) es de carácter técnico y específico. Por lo tanto, para atenderla satisfactoriamente en los términos formulados, se debe encomendar a funcionarios profesionales, capacitados y especializados con conocimiento técnico en la materia. Lo anterior, cobra relevancia, puesto que, esta SEREMI solo cuenta con 5 funcionarios habilitados con conocimientos cabales respecto de la materia requerida, quienes se desempeñan en el Equipo de Planificación Regional del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura de esta SEREMI de Vivienda y Urbanismo. Esto, sumado a la multiplicidad de funciones y trámites administrativos que desempeñan estos 5 funcionarios idóneos y disponibles, trabajo que permanentemente se efectúa con plazos legales y reglamentarios acotados y, que incluye diariamente, la atención de público de parte de éstos, de lunes a viernes desde las 09:00 horas hasta las 13:00 horas, sin perjuicio de las consultas telefónicas y por correo electrónico que los mismos funcionarios deben responder a los municipios, otros servicios, consultas internas y a particulares; incorporan a su función habitual el suministro de insumos e información para responder dentro de plazo requerimientos ciudadanos en virtud de la Ley N° 20.285 y de la Ley N° 19.880 (...) para responder el requerimiento que nos convoca, los aludidos funcionarios debiesen ocupar la totalidad de su jornada laboral ordinaria, con dedicación exclusiva destinada a recabar la información solicitada, y con todo, sin poder garantizar una búsqueda exitosa, debido tanto por la imprecisión de la solicitud, como también, por la dispersión de depósito documental en distintos puntos de la ciudad", reiterando su denegación a la entrega fundado en la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, y haciendo mención a lo resuelto por la I. Corte de Apelaciones de Santiago en causa rol 6143-2010 y a Excma. Corte Suprema, en causa rol 1903-2011 y la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia.

Finalmente, indica que la información comprende antecedentes desde el año 1994 en adelante, que la información es genérica, lo que hace imposible cumplir exitosamente con lo requerido, en consideración al gran número de actos administrativos y oficios que emite esa Secretaría, abarcando un volumen de documentación indeterminado.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta incompleta por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, el requerimiento se refiere a toda documentación pública desde la fecha de su establecimiento en el Plano Regulador Metropolitano a la fecha, en relación a todo lo obrado en materia de promoción, cuidado y materialización de los parques ribereños que indica, y copia de toda normativa vigente aplicable a dichos parques. Al respecto, tanto en su respuesta como en sus descargos, el órgano denegó la entrega de la información relativa a la promoción y cuidado de los parques consultados, fundado en la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, no obstante entregó la documentación sobre la normativa vigente aplicable a los parques ribereños.

2) Que, del tenor de la solicitud, del contenido de la respuesta entregada por el órgano, y de lo señalado por el solicitante en su amparo, la presente decisión se circunscribe a lo requerido por don Pablo González Martínez en la letra a), de la solicitud contenida en el número 1) de la parte expositiva, esto es, toda documentación pública desde la fecha de su establecimiento en el Plano Regulador Metropolitano a la fecha, en relación a todo lo obrado en materia de promoción, cuidado y materialización de los parques ribereños del Río Mapocho para los sectores de Talagante, Peñaflor, El Monte, Isla de Maipo y Melipilla.

3) Que, en primer lugar, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

4) Que, en segundo lugar, el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7, N° 1, letra c) del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

5) Que, en tercer lugar, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1336-16, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia.

6) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias.

7) Que, en la especie, cabe tener presente lo señalado por la SEREMI, con ocasión de sus descargos, en cuanto a que producto del terremoto del 27 de febrero del año 2010, se produjeron significativos daños estructurales en sus dependencias, dado que dicho lugar servía como único recinto de bodegaje y archivo de documentación, la cual también habría resultado dañada e inutilizable, y que tuvo que ser trasladada a diversas bodegas y oficinas ministeriales, generando una dispersión de la información, circunstancia que dificultaría su búsqueda. Asimismo, el órgano informó que la documentación solicitada es de carácter técnico y específico, por lo que su búsqueda debe ser realizada por funcionarios profesionales, capacitados y especializados con conocimiento técnico en la materia, y que dicha SEREMI sólo cuenta con 5 funcionarios habilitados con conocimientos cabales respecto de la materia requerida, quienes se desempeñan en el Equipo de Planificación Regional del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura, y que deberían ocupar la totalidad de su jornada laboral ordinaria, con dedicación exclusiva, debiendo dejar de lado sus funciones habituales para poder recabar la información solicitada, por un plazo indeterminado de días, incluso, sin poder garantizar una búsqueda exitosa, debido a la amplitud de la solicitud, como también, por la dispersión de depósito documental en distintos puntos de la ciudad, afectando el normal funcionamiento del órgano. También indica el órgano, que se trata de información de antigua data, teniendo en consideración que el propio solicitante requirió la información desde su establecimiento en el Plan Regulador Metropolitano, lo que corresponde según el órgano, desde el año 1994 en adelante, lo que conlleva una búsqueda de documentación de más de 24 años.

8) Que, según lo razonado en las decisiones de los amparos rol C2615-17 y C2668-17, entre otras, para este Consejo la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado. En otra palabras, la configuración de la causal de distracción indebida supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran los esfuerzos asociados a la entrega de lo pedido, entre ellos, el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie, y por tanto darían lugar a esfuerzos desproporcionados como los mencionados. Por ello, la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, indicó que esta causal "deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". Luego, ese ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado, motivo por el cual este Consejo acogerá la alegación de distracción indebida.

9) Que, en consecuencia, en virtud de todo lo expuesto, teniendo en consideración que, en la especie, se configura la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Pablo González Martínez, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana, por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Pablo González Martínez y a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Consejera doña Gloria de la Fuente González y sus Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.