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Edgar Brizuela Zuleta con SEREMI DE SALUD REGIÓN DEL BÍO BÍO Rol: C1129-11

Consejo para la Transparencia, 29/02/2012

Se dedujo amparo en contra de la SEREMI de Salud del Bío Bío, fundado en que se le denegó la información solicitada sobre el Centro Integral de Tratamiento Ambiental CITA Ecobío S.A., ubicado en la comuna de Chillán Viejo. El Consejo señaló que la publicidad de dicha información permitiría realizar un ejercicio de control social para establecer si las sustancias que recibe la compañía son de aquellas que pueden ser admitidas a tratamiento según las limitaciones fijadas por la autoridad ambiental, y si los volúmenes recibidos de cada sustancia se encuentran dentro de los márgenes permitidos según la capacidad operativa de la industria o los volúmenes que se han fijado para cada sustancia por la misma autoridad, según la etapa respectiva. Por ello, la divulgación de la información se estima que posee un evidente un interés público, máxime cuando incide en el ejercicio de un derecho fundamental como es aquél consagrado en el art. 19 N° 8 de la Constitución Política de la República, en consecuencia, la información en comento se estima que no constituye un secreto empresarial cuya divulgación afecte los derechos económicos y comerciales del tercero oponente.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Regulación Interna
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Inhabilitación), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1129-11

Entidad pública: Secretaría Regional Ministerial de Salud del Bío Bío

Requirente: Edgar Brizuela Zuleta

Ingreso Consejo: 12.09.2011

En sesión ordinaria N° 319 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de febrero de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C1129-11.

VISTOS:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 3 de agosto de 2011 don Edgar Brizuela Zuleta, formuló ante la Secretaría Regional Ministerial de Salud del Bío Bío (en adelante, indistintamente la SEREMI) las consultas que se indican a continuación, con respecto al Centro Integral de Tratamiento Ambiental CITA Ecobío S.A., ubicado en la comuna de Chillán Viejo:

a) «¿Qué sustancias, desechos, residuos de industrias existen en el vertedero CITA de Hera Ecobio en Chillán Viejo?

b) ¿Cuánta es la cantidad que existe de cada sustancia?

c) ¿Cuáles son las empresas que derivan desechos al relleno?

d) ¿Cuándo comenzó sus operaciones el relleno industrial y cuanta es su vida útil?

e) ¿Qué sustancias pueden ingresar. Que sustancias no pueden ingresar?

f) ¿Cuántas fiscalizaciones se han efectuado en los últimos dos años?

g) ¿Existen sumarios que se hayan realizado al relleno industrial?

h) En relación al relleno de desechos domiciliarios ¿Se han realizado controles, hay sumarios sanitarios o multas aplicadas?»

2) OPOSICIÓN DEL TERCERO INTERESADO Y RESPUESTA: El 5 de agosto de 2011 la SEREMI, mediante el Ordinario N° 001295, comunicó la solicitud de información a la Empresa Hera Ecobio S.A., en el marco del procedimiento de oposición contemplado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, por estimar que la publicidad de la información relativa al tipo de residuos que existen actualmente en el vertedero industrial CITA Ecobio, la cantidad de cada residuo, y el tipo de empresas que deriva residuos, podía afectar los derechos de índole comercial de dicha empresa.

El 11 de agosto de 2011 la Empresa Hera Ecobio S.A. ejerció ante la SEREMI el derecho de oposición a la entrega de la información solicitada, en base a lo siguiente:

a) Señala desconocer el uso que se le dará a la información a que se refiere la SEREMI, lo cual podría afectar los intereses de la empresa. Precisa al efecto que el solicitante en su presentación no ha hecho valer ninguna justificación plausible que permita presumir siquiera cual será el uso, orientación, intencionalidad y/o destinatario de la información que se solicita, pudiendo de esa forma ponerse en riesgo la imagen, nombre, prestigio y buenas relaciones con la comunidad de que goza la compañía.

b) Expresa que la información requerida pertenece en dominio a la empresa, en conformidad a lo prescito en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, no constituyendo verdaderamente información pública susceptible de ser comunicada en aplicación de los procedimientos que contempla la Ley de Transparencia, pues dicha información solo circunstancialmente ha entrado en conocimiento de órganos públicos, debido, entre otras situaciones, a la ejecución de actos de supervigilancla que el servicio lleva a cabo conforme a la ley, actos que no les habilitan para disponer de ella. Más aún, y por tratarse de Información obtenida en procesos de fiscalización, esta se encuentra contextualizada en una situación particular, que puede dar lugar a interpretaciones falsas e inexactas acerca del funcionamiento de la empresa, datos que sin duda pueden llegar a perjudicar la imagen pública de la empresa, que constituye uno de sus importantes y valiosos intangibles.

c) Asimismo, la comunicación o conocimiento por parte de los competidores de la empresa o de la comunidad en general de la totalidad de las consultas planteadas afectaría los derechos de carácter comercial y económico de la empresa, en los términos que señala el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. En este punto señala coincidir con la interpretación sustentada por la SEREMI que justamente en aplicación de dicha interpretación ha efectuado la comunicación correspondiente a fin de que la empresa pueda ejercer el derecho a oposición que le confiere la ley en razón de la posición de tercero afectado, al cual no le resulta aplicable directamente el régimen de amplia publicidad que inspira a la Ley de Transparencia.

d) Por lo tanto, el mantenimiento en reserva de la totalidad de la información solicitada constituye para la empresa un secreto empresarial, por cuanto dicha información proporciona una mejora, avance o ventaja competitiva, que sería gravemente afectada o desconocida por su publicación, burlando derechos de rango legal y constitucional de la misma empresa.

Por su parte, la SEREMI el 25 de agosto de 2011 respondió a la solicitud entregando parte de la información solicitada y denegando el restante. En efecto, respondió directamente las consultas referidas a los puntos que se indican a continuación, entregando la información pertinente:

a) Época en que comenzó sus operaciones el relleno industrial y tiempo de vida útil –letra d) de la solicitud de acceso–: señala que el proyecto «Centro Integral de Tratamiento Ambiental fundo Las Cruces, C.I.T.A. Ecobio S.A.» cuenta con Resolución de Calificación Ambiental favorable N° 245, de 22 de diciembre del 2003 de la Comisión Regional del Medio Ambiente Región del Bío Bío (COREMA Bío Bío) y autorización sectorial para su funcionamiento mediante la Resolución N° 7.430, de 5 de diciembre de 2005, de la SEREMI de Salud del Bío Bío. Agrega que según lo señalado en la citada Resolución N° 245/03 de COREMA Bío Bío, el proyecto se ha evaluado para una vida útil de 30 años, sin embargo, debido a las características del tipo de proyectos y a la disponibilidad de terreno, la vida útil puede verse modificada de acuerdo a las condiciones del mercado.

b) Sustancias que pueden y no pueden ingresar –letra e) de la solicitud–: expresa que el depósito de residuos industriales (CITA) de propiedad de Hera Ecobio S.A., ubicado en la comuna de Chillán Viejo, puede recepcionar todos aquellos residuos industriales indicados en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental Favorable N° 245/03 de COREMA Bío Bío, donde además se indican aquellos residuos que no se pueden recibir.

c) Fiscalizaciones realizadas en los últimos dos años y existencia de sumarios al relleno industrial –letras f) y g) de la solicitud–: indica que se han realizado seis visitas al depósito de residuos industriales de la empresa Hera Ecobio S.A. y en la base de datos se registran sumarios sanitarios a dicha empresa.

d) Controles, sumarios sanitarios y multas aplicadas al relleno de desechos domiciliarios –letra h) de la solicitud–: manifiesta que existe un programa de fiscalización, habiéndose decretado sumarios sanitarios cuando se han detectado infracciones.

Respecto de las consultas relativas a qué sustancias, desechos y residuos de industrias existirían en el vertedero CITA de Hera Ecobio en Chillán Viejo; cantidad existente de cada sustancia; empresas que derivan desechos al relleno –letras a), b) y c) de la solicitud–, señala únicamente que las empresas que pueden derivar residuos al CITA Ecobio S.A., son todas aquellas a nivel nacional que cumplen con las condiciones establecidas en la normativa vigente, señalando que en lo restante la empresa Hera Ecobio S.A. ejerció su derecho de oposición, adjuntando al solicitante copia de la carta de oposición.

3) AMPARO: El 5 de septiembre de 2011 don Edgar Brizuela Zuleta dedujo ante la Gobernación Provincial de Ñuble amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la SEREMI de Salud del Bío Bío, fundado en que se le denegó la información solicitada por oposición del tercero interesado, siendo ingresada dicha la reclamación a este Consejo el 12 de septiembre de 2011.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: En virtud de lo anterior, el Consejo Directivo admitió a tramitación este amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 2.404, de 20 de septiembre de 2011, al Sr. SEREMI de Salud de la Región del Bío Bío, sólo respecto de las consultas a que se refieren los literales a), b) y c) de la solicitud de información, solicitándole, además, referirse a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información y acompañar copia de todos los antecedentes incluidos en el procedimiento de notificación al tercero interesado. Por su parte, la autoridad trasladada formuló sus observaciones y descargos mediante el Ordinario N° 3.430, de 17 de octubre de 2011, indicando, en resumen, que:

a) Respecto de las materias sobre que versa el amparo, se informó al solicitante que las empresas que pueden derivar residuos al depósito CITA Ecobio, son todas aquellas a nivel nacional que cumplan con las condiciones establecidas en la normativa vigente, indicando respecto de los puntos restantes que se dio estricta aplicación al artículo 20 de la Ley de Transparencia, toda vez que la empresa Hera Ecobio S.A. debidamente emplazada, ejerció su derecho de oposición en conformidad a la norma citada.

b) La autoridad sanitaria consideró que la información solicitada por el Sr. Brizuela se refería a antecedentes propios de la actividad empresarial, más allá de la información propia manejada por el servicio, ya que si bien es cierto que éste posee este tipo de información no es dable interferir en los negocios propios de la esfera privada como sería el caso en concreto, ya que las cantidades específicas de desechos, su procedencia y las empresas que los derivan dicen relación con el know-how o conocimiento fundamental como forma de transferencia de tecnología. Agrega que esta última constituye una expresión anglosajona utilizada en los últimos tiempos en el comercio internacional para denominar los conocimientos preexistentes no siempre académicos, que incluyen: técnicas, información secreta, teorías e incluso datos privados (como clientes o proveedores).

c) Sin perjuicio de lo anterior, se entregó al solicitante para su conocimiento copia de la RCA N° 245/2003, de la COREMA del Bío Bío, contenedora de todos los residuos que la citada empresa se encuentra autorizada a recepcionar, tratar y disponer, como asimismo los que expresamente se encuentran prohibidos. En este sentido la resolución de calificación ambiental ya individualizada otorgada por el organismo competente contempla la información solicitada en las letras a), b) y c) de la solicitud, aunque en forma general.

d) Finalmente, acompaña copia de la documentación que fue requerida en el traslado.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, este Consejo, a través del Oficio N° 2.403, de 20 de septiembre de 2011, trasladó el presente amparo a la Empresa Hera Ecobio S.A., quien formuló sus observaciones y descargos ratificando su oposición a la entrega de la información requerida, respecto de lo cual argumentó que:

a) La reclamación de amparo se debe fundar en el hecho que el órgano requerido, en este caso la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región del Bio Bio, en la denegación de entrega de cierta información, hubiere infringido la normativa legal vigente. Sin embargo, en el presente caso al negar parcialmente la información solicitada, dicho órgano dio pleno cumplimiento al marco legal vigente, particularmente al artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y al artículo 7° N° 2 de su Reglamento, que señalan como causal de secreto o reserva, en virtud de la cual puede denegarse la información, a aquella cuya publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos económicos de las personas, lo que la SEREMI fundadamente estimó, que a lo menos en parte, se daba en la especie. A mayor abundamiento, el referido órgano en su decisión sólo ha dado estricto cumplimiento a la Ley de Transparencia y no ha habido de su parte intención alguna de substraerse de la aplicación de la normativa y principios que la inspiran, lo que queda en evidencia en el hecho de que en su resolución accede a entregar más de la mitad de la información solicitada, denegando sólo aquella parte que, a buen juicio del servicio, corresponde a información privada que escapa al ámbito de aplicación de la ley.

b) La información requerida respecto de la cual se denegó el acceso por parte de la SEREMI, pertenece en dominio a la empresa Hera Ecobio S.A., no constituyendo en consecuencia información pública susceptible de ser comunicada en virtud de lo dispuesto por la Ley de Transparencia. Hace presente al respecto que el articulo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República consagra el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes sean corporales o incorporales, dentro de los cuales se comprende, precisamente, todos aquellos activos intangibles que significan para una compañía una ventaja competitiva y que por tanto tienen un importante valor económico. Este valor, que corresponde a la contrapartida de años de inversión y desarrollo, está constituido en gran medida por el carácter de secreto que posee la información, por lo que su divulgación evidentemente produce un perjuicio económico. Si bien es cierto que la libertad de informar constituye un derecho constitucional, su ejercicio se encuentra sujeto a limitaciones que impiden abusar del mismo, lo que especialmente se produce cuando por su uso se afectan otros derechos del mismo rango, como es el derecho de propiedad, que en colisión con la libertad de información debe prevalecer.

c) Además de lo anterior, y en desarrollo del principio constitucional señalado, se ha consagrado tanto por la legislación interna, como por los Tratados Internacionales ratificados por Chile, el secreto empresarial. La Ley de Propiedad Industrial, en su artículo 86, define el secreto empresarial como todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva; constituyendo violación al mismo, entre otras conductas, su adquisición ilegitima, su divulgación o explotación sin la autorización de su titular. Todo este marco normativo se estableció precisamente reconociendo que existe cierta información de carácter industrial como comercial, cuya no divulgación o secreto es sumamente valioso para sus titulares; y es precisamente en esta línea de ideas, que la Ley de Propiedad Industrial, a diferencia de lo que ocurre con los demás derechos industriales, no sometió este derecho a un régimen de registro, en función de que precisamente lo protegido es su reserva. Agrega, que la consagración de este derecho por nuestra legislación interna responde a compromisos internacionales suscritos por Chile, entre los cuales destacan especialmente los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (acuerdos ADPIC), que establecen en el artículo 39 de los acuerdos de las Rondas de Uruguay, que: «Las personas físicas o jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información sea secreta, tenga un valor comercial y haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla en secreto.»

d) Además, es importante tener en cuenta que la divulgación de la información requerida no sólo puede significar un perjuicio para la compañía, sino también podría generar un enriquecimiento ilícito para todos aquellos particulares que, aprovechándose de ella, pueden obtener alguna clase de ventaja económica indebida. En efecto, la Ley de Propiedad Industrial reconoce que la utilización indebida de los derechos intelectuales que regula puede generar enriquecimiento sin causa, estableciendo al efecto todo un mecanismo de protección ante ella, particularmente en su artículo 108, en que se fija como concepto indemnizatorio por infracción a la misma «las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción».

e) Por otro lado, el artículo 21 de la Constitución Política de la República consagra el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público y a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen; por lo cual los particulares pueden desarrollar dichas actividades en la medida que se sujeten a la normativa pertinente. Ello se ha dado en la especie, toda vez que Hera Ecobio S.A. ha cumplido rigurosamente con la misma, entregando a las autoridades competentes la totalidad de la información requerida, por lo que resulta absolutamente contrario al espíritu de nuestra Constitución, que luego de proporcionarse cierta información confidencial con fines administrativos y para dar estricto cumplimiento a la referida legislación, ésta sea ahora revelada a terceros respecto de los cuales no existe obligación alguna.

f) Finalmente, es importante destacar que la oposición de Hera Ecobio S.A. a entregar dicha información no es caprichosa, sino que responde a una justificada aprensión respecto del uso que se le daría a la misma, particularmente considerando que recientemente se ha difundido en medios de comunicación local información falsa respecto de la compañía, lo que hace a lo menos dudar del destino que tendrá la misma y pone en peligro la imagen, nombre, prestigio y buenas relaciones con la comunidad de que goza la compañía.

6) GESTONES OFICIOSAS: El 16 de febrero de 2012 este Consejo se comunicó vía correo electrónico con la SEREMI a fin de que informara si obra en su poder información relativa al nombre de las empresas que depositan sustancias y residuos industriales en el CITA Ecobio S.A. Con fecha 20 de febrero, dicho organismo informó por la misma vía a Ud. que efectivamente cuenta con el listado de empresas que depositan residuos industriales en las instalaciones de la empresa CITA Hera Ecobio S.A., atendido lo dispuesto por la Resolución Exenta Nº 7430/2005, de esta Autoridad Sanitaria, que autoriza el funcionamiento de dicha instalación, y además, se exige a la misma el resumen mensual de los residuos recepcionados, indicando el generador, haciendo presente que esta información se exige con la finalidad de ejercer de mejor forma su función fiscalizadora.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, atendido el tenor de la reclamación, puede concluirse que de las consultas que comprendió la solicitud el amparo aquella se circunscribe a la información concerniente a las siguientes tres cuestiones referidas al funcionamiento del CITA Ecobío S.A.:

(i) Las sustancias, desechos y residuos industriales que existen en el relleno sanitario industrial –literal a) de la solicitud–;

(ii) La cantidad que, de cada sustancia, existe en el relleno sanitario industrial –literal b) de la solicitud–; y,

(iii) Las empresas que derivan desechos al relleno –literal c) de la solicitud–.

2) Que la antedicha información debe entenderse referida a aquella que obraba en poder de la reclamada al momento de formularse la solicitud, es decir, a aquellas sustancias o residuos que existían en el citado vertedero, y las cantidades de cada uno de ellos, al 3 de agosto de 2011, por una parte, además de la identidad de las empresas que a la misma fecha habían derivado desechos al relleno. De lo señalado por la SEREMI de Salud en el marco de la gestión oficiosa realizada por este Consejo, se desprende que la información señalada obra en poder de dicha autoridad, pues ha señalado que efectivamente cuenta con el listado de empresas que depositan residuos industriales en las instalaciones de la empresa CITA Hera Ecobio S.A., atendido lo dispuesto por la Resolución Exenta Nº 7430/2005, de la misma autoridad sanitaria, que autoriza el funcionamiento de dicha instalación, y además, se exige a la misma el resumen mensual de los residuos recepcionados, indicando el generador.

3) Que, en el marco del procedimiento contemplado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, la empresa Hera Ecobio S.A. ejerció en tiempo y forma el derecho de oposición a la entrega de la información señalada, siendo posteriormente ratificada dicha oposición en esta sede, al momento de evacuar dicha empresa sus correspondientes descargos. En consecuencia, para resolver acerca de si la información reclamada posee o no carácter público, procede calificar, en primer término, la pertinencia de la oposición del tercero, abordando las cuestiones que han sido planteadas por éste.

4) Que, la empresa Hera Ecobio S.A ha sostenido que lo solicitado no constituiría información pública susceptible de ser requerida en conformidad a la Ley de Transparencia, toda vez que dicha información ha sido conocida circunstancialmente por la SEREMI de Salud debido, entre otras razones, a la ejecución de actos de supervigilancia, que en caso alguno le habilitarían para disponer de la misma, de modo que su divulgación por esta vía se afectaría el derecho de propiedad que recae sobre esa información.

5) Que, al respecto, la jurisprudencia anterior de este Consejo (recaída en las decisiones de amparo Roles C65-09 y C165-09, considerandos 10 y 16, respectivamente) ha desestimado argumentaciones como las que ha formulado la empresa Hera Ecobio S.A. pues ha entendido que al encontrarse la información requerida en poder del órgano de la Administración del Estado –como sucede en la especie– se configura la hipótesis general de publicidad contemplada en el artículo 5°, inciso 2°, de la Ley de Transparencia, referida a: «(…) toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado (…)», agregando expresamente la norma, entre otras características referidas a la información «(…) cualquiera sea su (…) origen (…) a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas. Por tanto, quienquiera sea el titular o dueño de la información solicitada, en caso que ella obre en poder de un órgano de la Administración del Estado, por ese solo hecho se sujeta al régimen que establece la Ley de Transparencia, presumiéndose –en principio– pública, salvo que a su respecto se configuran una o más de las causales de secreto o reserva contempladas en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 21 de la Ley de Transparencia, las que han sido alegadas en la especie.

6) Que, sin perjuicio de lo anterior, el Consejero Sr. Jorge Jaraquemada, al fundamentar su disidencia en decisiones anteriores, como las recaídas en los amparos roles C306-10, C722-10, C866-10, C839-10 y C638-11, entre otras, ha manifestado una opinión distinta en el sentido que la información de carácter privada que los particulares están obligados a entregar a los órganos de la Administración del Estado no pierde su naturaleza de tal por el solo hecho de obrar en poder del Estado, ni se sujeta por esa sola circunstancia al principio de publicidad consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de la República. Así, ha sostenido que el carácter público o reservado de la información dependerá de su origen y naturaleza, pues podría ocurrir perfectamente que determinada información que obre en poder de la Administración del Estado, pueda quedar comprendida dentro de la esfera de privacidad de los particulares, que como tal debe mantenerse en esa esfera de custodia y no darse a conocer. Sin embargo, ha estimado que en casos excepcionales, puede disponerse que terceros accedan al conocimiento de dicha información cuando ha sido obtenida en ejercicio de las potestades del órgano respectivo y/o existe un interés público suficiente que lo amerite. Así ocurriría, por ejemplo, si la información obra en poder del órgano por resultar relevante para la adopción de una decisión en el ejercicio de sus funciones.

7) Que, ambas interpretaciones conducen indefectiblemente al rechazo de las alegaciones formuladas sobre el punto por la oponente, puesto que, por una parte, resulta claro el que la información solicitada obra en poder de la SEREMI –configurándose así la hipótesis general de publicidad del artículo 5° de la Ley de Transparencia, lo que permite sustentar la opinión mayoritaria de la jurisprudencia anterior del Consejo–; y, por otra parte, según se desprende del cúmulo de antecedentes adjuntos al amparo, la SEREMI ha accedido a la información reclamada con ocasión del ejercicio de sus potestades de fiscalización como autoridad sanitaria a efectos de ejecutar actos supervigilancia respecto de las actividades propias del giro de la empresa Hera Ecobio S.A., a lo que se sumaría el interés público que supondría revelar la información requerida, en atención su naturaleza, tal como se indicará más adelante. Tal conclusión, en todo caso, no obsta a ponderar la eventual reserva de la información requerida en razón de la afectación de los derechos de la mencionada empresa, que ha sido invocado como causal de reserva

8) Que, en efecto, la empresa Hera Ecobio S.A. ha invocado la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, alegando que la divulgación de la información solicitada afectaría sus derechos comerciales o económicos, en razón de los siguientes argumentos, algunos de los cuales fueron alegados también por la SEREMI reclamada:

(i) Que la divulgación de la información reclamada envuelve un riesgo inminente de afectar seriamente intangibles de relevante valor económico para la compañía, tales como su imagen, nombre y prestigio comercial, toda vez que: a) se desconoce el uso, orientación, intencionalidad y/o destinatario de la información requerida, dado que el solicitante en su presentación no ha hecho valer ninguna justificación plausible al efecto; y b) la autoridad accede a la información reclamada en un contexto particular, fuera del cual es posible que existan interpretaciones falsas e inexactas acerca del desenvolvimiento de la empresa.

(ii) Que la información reclamada es el resultado de años de inversión y desarrollo al interior de la compañía, proporcionando a ésta última una ventaja competitiva, por lo que su reserva le confiere un valor económico, que permite considerarla como un secreto empresarial que debe ser protegido.

9) Que la alegación tocante a la afectación de los derechos comerciales de la compañía en lo referido a su nombre, imagen y prestigio comercial, debe ser desestimada, toda vez que el tercero no ha proporcionado ningún antecedente relevante que permita establecer de manera concreta y con algún grado de especificidad la manera en que la divulgación de la información reclamada, en razón de las circunstancias descritas en el considerando que antecede –N° I a)– produciría la afectación alegada, limitándose a señalar que recientemente se ha difundido en medios de comunicación local información falsa respecto de la compañía. En este sentido cabe recordar que el Consejo ha establecido como criterio orientador que, en razón del principio de apertura o transparencia consagrado en el artículo 11 letra c) de la Ley de Transparencia, la carga de acreditar las circunstancias de las que depende la concurrencia de una causal de secreto o reserva que releve del deber de entregar la información corresponde a quien la alega, esto es, al órgano público, o al tercero que se opone a la entrega de la información, quienes, por tanto, deben probar fehacientemente las hipótesis de secreto o reserva invocan, sin que basten puras afirmaciones como las realizadas por la empresa Hera Ecobio S.A. (p. ej., decisiones Roles A1-09, A39-09 y A7-09).

10) Que, sin perjuicio de lo anterior, y a mayor abundamiento, cabe consignar en lo que respecta al motivo de la solicitud, que el artículo 11 letra g) de la Ley de Transparencia consagra el principio de no discriminación, conforme al cual “los órganos de la Administración del Estado deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud”. Por tal razón, este Consejo estima que no procede la alegación realizada por la oponente respecto a que la solicitante no hizo valer ninguna justificación plausible que permita presumir el uso que dará a la información pedida, máxime si, como se ha señalado precedentemente, tampoco ha precisado de que manera específica un supuesto mal uso de la misma podría poner en riesgo la imagen, nombre y reputación de dicha empresa. Asimismo, en lo que atañe al uso que pueda darse a la información solicitada cabe consignar que el artículo 19 del mismo cuerpo normativo establece que la entrega de la información solicitada se hará por parte del órgano requerido sin imponer condiciones de uso, sin perjuicio de las restricciones establecidas expresamente por la ley. Por otra parte, conviene recordar lo razonado por este Consejo en la decisión de amparo Rol C19-09, en el sentido que «[…] aunque la forma de procesar y presentar los datos entregados puede dar pie a interpretaciones inexactas será el debate público y académico quien deberá hacerse cargo de este tema, si es que aflora».

11) Que, previo a abordar la alegación del tercero tocante a la eventual afectación de sus derechos comerciales en razón de la divulgación del secreto empresarial que configuraría la información reclamada, conviene recordar que este Consejo en las decisiones C204-09, de 16.03.2010, y C501-09 de 26.02.2010, ha reconocido la posibilidad de comprender dicha hipótesis dentro de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por los fundamentos que se consignan en dichos acuerdos, estableciendo en esas mismas decisiones, así como en otras posteriores, como las recaídas en los amparos roles A252-09, A114-09, C887-10 y C515-11, que –concretamente– los siguientes criterios permiten determinar si determinada información empresarial constituye un secreto de la misma naturaleza cuya divulgación supondría afectar los derechos comerciales y económicos de su titular, a saber:

a) Que la información tenga un valor comercial por ser secreta, lo que significa que poseerla proporcione a su titular una ventaja competitiva que se vería significativamente afectada por su publicidad, con el consiguiente perjuicio a su desenvolvimiento competitivo.

b) Que se hayan hecho razonables esfuerzos para mantener su secreto.

c) Que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza este tipo de información.

12) Que, a la luz de los precitados criterios, puede concluirse lo siguiente respecto de la información relativa a las sustancias, desechos y residuos industriales existentes en el CITA Ecobio S.A y los volúmenes o cantidades que se depositan de cada sustancia:

a) Que dicha información sólo dice relación con la naturaleza y cantidad de los insumos que la empresa recibe para desarrollar su posterior actividad industrial de clasificación; trituración; estabilización o intervención de residuos; y tratamientos de los mismos, por lo que, si bien su conocimiento supone revelar aspectos vinculados a una de las etapas de su proceso, como es la recepción, al no versar sobre productos industriales ni suponer que se dé a conocer la totalidad de los procedimientos industriales de la compañía, difícilmente su reserva puede significar para su titular una ventaja competitiva que como tal resguarde el adecuado desenvolvimiento de la compañía en el mercado relevante, máxime cuando el procedimiento industrial se encuentra descrito de forma detallada en la Resolución Exenta N° 245, de la COREMA VIII Región, que calificó ambientalmente el proyecto.

b) Que, la misma información, al menos en parte importante, no puede estimarse de conocimiento exclusivo del agente industrial, toda vez que un acto administrativo de la autoridad encargada de calificar ambientalmente la actividad desarrollada por la empresa, cuyo dominio es esencialmente público, se ha encargado de fijar de manera precisa las sustancias que pueden admitirse a tratamiento y los volúmenes, proporciones o porcentajes de cada sustancia asociados a cada una de las etapas del proceso industrial, por lo que, siendo conocida además por la misma vía la capacidad máxima de recepción de la empresa, ha de considerarse que dicha información, a través de razonables esfuerzos es perfectamente identificable para personas introducidas en los círculos en que normalmente se desarrollan estas competencias.

c) Que, por otra parte, la publicidad de dicha información permitiría realizar un ejercicio de control social para establecer si las sustancias que recibe la compañía son de aquellas que pueden ser admitidas a tratamiento según las limitaciones fijadas por la autoridad ambiental, y si los volúmenes recibidos de cada sustancia se encuentran dentro de los márgenes permitidos según la capacidad operativa de la industria o los volúmenes que se han fijado para cada sustancia por la misma autoridad, según la etapa respectiva. Por ello, la divulgación de la información se estima que posee un evidente un interés público, máxime cuando incide en el ejercicio de un derecho fundamental como es aquél consagrado en e artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de la República.

13) Que, en consecuencia, la información en comento se estima que no constituye un secreto empresarial cuya divulgación afecte los derechos económicos y comerciales del tercero oponente.

14) Que, por su parte, respecto de la identidad de las empresas que derivan sustancias al CITA Ecobio S.A., atendida la naturaleza del negocio que desarrolla dicha empresa en relación a la materia consultada, es manifiesto que la publicidad de dicha información supondría revelar, al menos parcialmente, la cartera de clientes de la compañía, información que este Consejo estima comprendida dentro de la hipótesis de secreto empresarial, por entender que concurren a su respecto los supuestos descritos en el considerando 11) precedente, sin que se observe un especial interés público en conocer dicha información, como fundamento para levantar la reserva asociada a la información, razón por la cual rechazará el amparo en esta parte.

15) Que, con todo, en la medida que la SEREMI no dispusiera de información precisa y consolidada al 3 de agosto de 2011, respecto de las sustancias, desechos y residuos industriales existentes en el CITA Ecobio S.A y los volúmenes o cantidades que se depositan de cada sustancia, en virtud del principio de facilitación, podría satisfacer dicho requerimiento entregando información que precise las substancias que «habitualmente» se recibieron el CITA Ecobio S.A., con anterioridad a dicha fecha, y un promedio de los volúmenes de cada substancia que se depositaron en el mismo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Edgar Brizuela Zuleta, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la VIII Región del Bío Bío, por las consideraciones expresadas en el presente acuerdo.

II. Requerir al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud de la VIII Región del Bío Bío:

a) Entregar al reclamante información relativa a aquellas sustancias, desechos y residuos industriales, y los volúmenes de cada una de ellas, que existen en el en el CITA Ecobío, al 3 de agosto de 2011, según los depósitos efectuados por las empresas respectivas, resguardando el nombre de las empresas que a esa fecha habían derivado desechos al relleno. Sin embargo, en caso que la SEREMI no dispusiera de información precisa y consolidada a esa misma fecha, respecto de las sustancias, desechos y residuos industriales existentes en el CITA Ecobio S.A y los volúmenes o cantidades que se depositan de cada sustancia, entregue información que precise las substancias que habitualmente se recibieron el CITA Ecobio S.A., con anterioridad a dicha fecha, y un promedio de los volúmenes de cada substancia que se depositaron en el mismo.

b) Cumplir dicho requerimiento dentro de un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que quede ejecutoriado el presente acuerdo, bajo el apercibimiento de proceder conforme lo disponen los artículos 46 y siguientes de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a don Edgar Brizuela Zuleta, al representante legal de la Empresa Hera Ecobio S.A. y al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud de la VIII Región del Bío Bío.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que el Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi, en forma previa al conocimiento del presente caso, comunicó su decisión de abstenerse de intervenir en el mismo, por estimar que concurre de su parte interés o circunstancias que le restan imparcialidad para su resolución, en razón de ser miembro del directorio de las empresa sanitaria ESSBIO S.A., que participa de la propiedad de la empresa Hera Ecobío S.A., respecto de la cual se consulta, y ESVAL S.A. Ello, en razón del Acuerdo del Consejo para la Transparencia sobre Tratamiento de los Conflictos de Intereses, adoptado en la sesión N° 101, de 9 de junio de 2009, que hace aplicable a este Consejo el número 6 del artículo 62 de la LOCBGAE.