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Samuel Quiroz Baeza con SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS Rol: C1160-11

Consejo para la Transparencia, 04/01/2012

Se deduce amparo en contra de Servicio de Vivienda y Urbanización, Delegación Provincial de Colchagua por haber denegado información relativa a nómina de todas las propiedades y bienes raíces adquiridas o traspasada al SERVIU, con el objeto de desarrollar los Proyectos de Construcción de Viviendas Sociales y las de proyectos de Subsidios de cualquier tipo que el SERVIU haya adquirido o adjudicado en la Provincia, en el periodo comprendido desde el 1° de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2011. El Consejo rechaza el amparo considerando que concurre una causal de secreto o reserva respecto a dicha información.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Vivienda
Materia Compras y Licitaciones
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Documentación presupuestaria.Otros 


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1160-11

Entidad pública: Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins

Requirente: Samuel Quiroz Baeza

Ingreso Consejo: 15.09.2011

En sesión ordinaria N° 308 del Consejo Directivo, celebrada el 4 de enero de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C1160-11.

VISTOS:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 19 de agosto de 2011 don Samuel Quiroz Baeza, solicitó al Servicio de Vivienda y Urbanización, Delegación Provincial de Colchagua (en adelante indistintamente SERVIU): «La nómina de todas las propiedades y bienes raíces adquiridas o traspasada al SERVIU, con el objeto de desarrollar los Proyectos de Construcción de Viviendas Sociales y las de proyectos de Subsidios de cualquier tipo. Que el SERVIU haya adquirido o adjudicado en la Provincia, en el periodo comprendido desde el 1° de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2011. Detallando nombre completo del vendedor del Bien Raíz, cantidad de mts2 del predio adquirido, monto pagado en pesos o UF por SERVIU, la fecha de las operaciones y en que notaría se ha escriturado la Compra Venta. Y los roles de las propiedades adquiridas para los proyectos del SERVIU.» (sic).

El requirente solicitó que la información le fuera entregada por escrito y con el señalamiento de los costos directos de reproducción asociados.

2) RESPUESTA: El SERVIU respondió a la antedicha solicitud a través del Ordinario N° 3.114, de 8 de septiembre de 2011, denegando la información requerida en virtud de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 letra c), de la Ley de Transparencia, puntualizando al efecto que:

a) La solicitud reviste un carácter genérico ya que carece de especificidad respecto de las características esenciales de la información solicitada al no precisar la comuna, proyecto, metraje mínimo o máximo, etc.

b) A mayor abundamiento, el requerimiento en cuestión se refiere a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, ya que no se determina o especifica el o los actos administrativos requeridos.

c) Por esto mismo la satisfacción del requerimiento distraería indebidamente a un número elevado de funcionarios del SERVIU, considerando su jornada laboral y considerando la emergencia habitacional que actualmente vive la región.

d) Sin perjuicio de lo anterior, precisa que el SERVIU tiene plena disposición para informar acerca de proyectos específicos que le sean consultados.

3) AMPARO: El 15 de septiembre de 2011 don Samuel Quiroz Baeza dedujo ante este Consejo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del SERVIU de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, fundado en que le fue denegada la información solicitada en virtud de la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia, respecto de la cual precisó que en la especie no se configura, toda vez que lo requerido es información específica acotada a un espacio de tiempo determinado y descrita con datos precisos.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo al Sr. Director Regional del SERVIU de la Región de O’Higgins, mediante el Oficio Nº 2.472, de 26 de septiembre de 2011, quien por su parte formuló sus observaciones y descargos a través del Ordinario N° 3.599, de 17 de octubre de 2011, puntualizando que, si bien la información requerida es de carácter pública según lo prescrito en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, en la especie concurre la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la misma ley, respecto de lo cual argumenta, en resumen, lo siguiente:

a) El requerimiento de la especie es de carácter genérico, por cuanto se refiere a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, en atención a que:

i. Carece de la especificidad necesaria respecto de las características esenciales de la información solicitada, en especial atención a que no menciona un fecha más o menos acotada de emisión de los documentos, no se refiere a terrenos adquiridos en alguna comuna específica, no se refiere a metrajes mínimos o máximos y tampoco se refiere a algún proyecto en especial del cual el recurrente requiera información, todo lo anterior de acuerdo al artículo 7° del Reglamento de la Ley de Transparencia que define precisamente la expresión "requerimientos de carácter genéricos".

ii. Si bien es cierto la ley otorga el derecho a los ciudadanos de requerir información de carácter público que emitan o manejen las instituciones del Estado, ello no ampara el "abuso del derecho", ya que en este supuesto se podría solicitar a cualquier órgano información sin ningún tipo de limitaciones, lo que significaría el colapso de los sistemas internos de trabajo.

iii. El requerimiento de la especie se refiere a un elevado número de actos administrativos ya que el recurrente solicita "la nómina de todos los bienes raíces", lo que implica, a su vez, recurrir a innumerables antecedentes para informar respecto del nombre completo del vendedor, el metraje adquirido en cada compraventa, el monto pagado en pesos o U.F., la fecha de las operaciones tendientes a perfeccionar el contrato de compraventa, la notaría que dio fe de los actos jurídicos y los roles de propiedad de cada inmueble en cuestión. Asimismo se solicita una nómina que el SERVIU debiera confeccionar para satisfacer el petitorio del recurrente, pues no bastaría con enviar los documentos y antecedentes, sino que se requiere confeccionar un nuevo documento a partir de los innumerables antecedentes con que el servicio cuenta. Cita al efecto lo razonado en decisión recaída en el amparo C301-11.

b) El requerimiento de la especie implica distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento de sus funciones habituales, por cuanto:

i. El cumplimiento regular de las labores habituales por parte de un número elevado de funcionarios del servicio se vería distraída indebidamente si a éstos se les encomienda la satisfacción del requerimiento del recurrente. En este sentido argumenta que las labores habituales de los funcionarios del SERVIU se refieren a la ejecución de las políticas habitacionales determinadas por el Ministerio del ramo, y que en forma extraordinaria en este período de tiempo se ha incrementado considerablemente, por los programas de reconstrucción de los daños ocasionados por el terremoto del 27 de febrero de 2010.

ii. Si bien lo anterior en ningún caso obsta al cumplimiento de las demás labores habituales del servicio, el énfasis mandatado tanto por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo como por la situación de emergencia habitacional se centra en las labores más urgentes, cual es otorgar una solución habitacional a los miles de damnificados de la región.

iii. Conforme se señaló en la respuesta entregada al peticionario, el SERVIU está dispuesto a otorgar información respecto de los terrenos que indique específicamente o respecto de determinados proyectos (en el entendido de que no se solicite una lista de innumerables proyectos o terrenos), pero no resulta posible responder un requerimiento tan amplio como el de la especie, en los plazos que otorga la Ley de Transparencia. Indica al respecto que el documento denominado "Análisis Dotación - Personal", adjunto a su descargos, demuestra estadística y empíricamente el daño a los innumerables bienes jurídicos que satisface, ya que el aumento de la ejecución presupuestaria en forma exponencial, el aumento de las obras a ejecutar para cumplir con los planes de reconstrucción y el leve aumento de la dotación de personal para cumplir con todo lo anterior sitúa al SERVIU en una posición de capacidad plena para afrontar las antedichas tareas.

c) El requerimiento de la especie afecta el debido cumplimiento de las funciones del SERVIU, teniendo el consideración que:

i. El SERVIU se encuentra desarrollando una misión histórica para el cumplimiento de sus funciones propias, a propósito de los daños provocados por el terremoto de 27 de febrero del año 2010 debiendo satisfacer las necesidades de vivienda habitacional a damnificados, sobretodo considerando que la VI Región fue la tercera región más afectada.

ii. Para satisfacer estas necesidades públicas de emergencia se han creado programas de reconstrucción como "Chile Unido Reconstruye Mejor" que involucran directamente al SERVIU como órgano ejecutor de las políticas públicas de reconstrucción. Con un presupuesto histórico que supera en cuatro veces el presupuesto normal de un año, se ha debido liderar la reconstrucción en la región sin aumentar significativamente su dotación de personal.

iii. Al efecto adjunta el documento denominado "Análisis Dotación - Presupuesto" elaborado por este SERVIU, que señala fue presentado al Subsecretario del MINVU, en donde consta estadísticamente el aumento del presupuesto a ejecutar durante este año 2011 en comparación con años anteriores años; el aumento de carga de trabajo para la ejecución de la reconstrucción relacionada con años anteriores y tablas comparativas de dotación de personal entre el año 2011 y años anteriores.

Y CONSIDERANDO:

1) Que lo solicitado en la especie es una nómina de todos los bienes raíces adquiridos por el SERVIU en la Provincia de Colchagua durante el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2011, con el fin de llevar a cabo proyectos de construcción de viviendas sociales y de entrega de subsidios, incluyendo el nombre completo del vendedor del bien raíz, metraje del predio adquirido, monto pagado por el SERVIU para la adquisición, fecha de las operaciones, notaría en que se escrituró la compraventa y los roles de las propiedades adquiridas.

2) Que, previo a abordar el fondo del asunto, es preciso aclarar que el hecho de acceder a la información requerida, a juicio de este Consejo no supone necesariamente la elaboración o creación de información por parte del órgano requerido, sino tan sólo el procesamiento de determinados flujos de información, en términos de efectuar búsquedas en sus diversos registros y bases de datos de acuerdo a determinados parámetros, para luego sistematizar sus resultados e incluirlos en una nómina que incluya los datos concretos que han sido solicitados. En este sentido, de la respuesta entregada por el SERVIU al requirente, como del tenor de sus descargos en esta sede, se desprende que la reclamada posee la información cuyo tratamiento o sistematización a través de las búsquedas respectivas le permitiría satisfacer la solicitud de información.

3) Que, a mayor abundamiento, resulta aplicable a lo analizado en este amparo lo señalado por esta Corporación en el considerando 6° de la decisión recaída en el amparo Rol A80-09, de 20 de noviembre de 2009, respecto de lo que ha razonado la jurisprudencia comparada a este respecto, a saber:

«a) El Information Commissioner’s Office (ICO), de Reino Unido, ha establecido en su jurisprudencia que, si bien bajo la vigencia de la Freedom of Information Act (2000) no existe obligación de crear información, una autoridad pública no está creando información cuando se le solicita que procese en forma de lista información que tiene; manipular información que se encuentra en sus archivos o extraer información de una base de datos electrónica mediante una búsqueda.

b) Así, ha establecido que el Comisionado reconoce que las autoridades públicas suelen recibir solicitudes de listas de información presentadas en virtud de la ley. En muchos casos, ha resuelto, ello no será información que la autoridad pública mantiene en forma de lista, pero partes constituyentes de esos datos, en cambio, estarán contenidas en una base de datos u otras fuentes dispares. Una respuesta común a esas peticiones es que la información simplemente no existe, porque, tal como se señaló anteriormente, la autoridad pública no está en posesión de una lista física, según lo solicitado. Varias de las autoridades públicas han sostenido que la respuesta a esa petición supondría la creación de nueva información. El Comisionado no ha aceptado esta posición y, en su lugar, es de la opinión de que, cuando una base de datos u otra fuente electrónica contiene la información registrada identificada en una solicitud, la información se posee, y la autoridad pública tiene la obligación de proporcionarla, a menos que esté exenta de ello. Además, el Comisionado considera que las acciones requeridas para acceder a la información específica constituyen la extracción o recuperación de información en lugar de la creación de nueva información, porque, simplemente, la información se tiene, aunque integrada dentro de una perspectiva más amplia de recursos de datos. Como la ley prevé un derecho de acceso a la información registrada, y esta información está registrada, la dificultad de la recuperación o proceso de extracción es irrelevante para la cuestión de si la información se mantiene. Sin embargo, la complejidad de este procedimiento, en términos del tiempo que se tardaría en encontrar y extraer la información solicitada, resulta claramente pertinente para la consideración de gastos de acuerdo con las regulaciones de las tasas.

c) Por su parte, en México, si bien el derecho de acceso a la información se satisface cuando se pone a disposición del solicitante, en la modalidad en que se encuentre, la información requerida, sin que tal derecho obligue a procesar la información solicitada, el Comité de Acceso a la Información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el criterio de que cuando se requiera información que se encuentra dispersa en distintas unidades administrativas y es obligación de algún órgano de ese Alto Tribunal tener un documento que concentre la misma, éste deberá generarla y ponerla a disposición del peticionario. En todo caso, cabe señalar que en la legislación mexicana no existe una disposición similar a nuestro artículo 17 de la Ley de Transparencia en cuanto a que se entregará la información solicitada de la forma y por el medio requerido, salvo la excepción establecida en la misma norma. »

4) Que en el presente caso, el SERVIU ha denegado la información solicitada en razón de la causal prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, según el cual se podrá denegar total o parcialmente la información requerida cuando su divulgación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente, tratándose de requerimientos de carácter genéricos, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, respecto de la cual el SERVIU ha sostenido que concurren los tres supuestos descritos.

5) Que, precisando los supuestos de la causal en comento, el Reglamento de la Ley de Transparencia en su artículo 7° N° 1, literal c) párrafo segundo, preceptúa: «[s]e entiende por requerimientos de carácter genérico, aquellos que carecen de la especificidad respecto de las características esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión, o periodo de vigencia, autor, origen, destino, soporte, etcétera». Y agrega su párrafo tercero: «[s]e considerará que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando sus satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales.»

6) Que, por su parte, atendido lo dispuesto en los artículos 10, 16 y 21 de la Ley de Transparencia, este Consejo ha señalado que para determinar la afectación a los bienes jurídicos protegidos por las causales de reserva o secreto de la información, es necesario, en primer lugar, no sólo que la información de que se trate concierna a las materias sobre las que éstos versan, sino que además debe dañarlos o afectarlos negativamente en alguna magnitud y con alguna especificidad que habrá de ser determinada en concreto, de modo que no cabe presumir tal afectación, sino que deberá ser acreditada por los órganos administrativos, en cuanto a que tiene alguna probabilidad de ocurrir y, en segundo lugar, deberá existir proporcionalidad entre los daños que la publicidad provoca a alguno de los bienes jurídicos protegidos por las causales de secreto reserva y el perjuicio que el secreto causa al libre acceso a la información y al principio de publicidad (decisiones Roles A1-09, A39-09, A45-09, C669-10 y C734-10, entre otras).

7) Que, en este contexto, para fundamentar el primer supuesto de la causal ––carácter genérico de la solicitud–– la reclamada ha sostenido que la solicitud carece de la especificidad necesaria respecto de las características esenciales de la información solicitada. Sin embargo, contrariamente a lo sostenido por el SERVIU, este Consejo estima que, atendido el tenor de la solicitud, en cuanto especifica la provincia en que se ubicarían los bienes raíces adquiridos, los fines de la adquisición, los datos concretos de cada adquisición tales como nombre del vendedor, metraje de cada inmueble, precio pagado, fecha de cada adquisición, notaría en que se realizó cada operación, y el periodo de tiempo específico de tales adquisiciones, no puede calificarse como genérica en los términos que establece la norma citada en el considerando 5° precedente, sino que, por el contrario, precisa de manera clara las características esenciales de la información requerida, entendiéndose por tanto que desde un principio dicha solicitud satisfizo la exigencia que establece el artículo 12, literal b), de la Ley de Transparencia respecto de toda solicitud de información en cuanto a la «Identificación clara de la información que se requiere».

8) Que, en tal sentido, este Consejo en las decisiones recaídas en los amparos A317-09 y C791-10, ha establecido que para que una solicitud identifique claramente la información solicitada, se requiere que, en base únicamente a los antecedentes proporcionados por el peticionario, sea posible al órgano reclamado identificar o individualizar la información requerida, sin que sea necesario la realización de gestiones previas para su adecuada comprensión, presupuesto que, según se ha señalado, se verifica en la especie. En consecuencia, no cabe sino desechar la procedencia de la causal en esta parte.

9) Que, en lo que se refiere a los restantes supuestos de la causal en análisis––un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, como asimismo la afectación del debido cumplimiento de sus funciones–– el SERVIU ha fundado su concurrencia en la especie en base a los siguientes elementos de hecho:

(i) El requerimiento de la especie se refiere a un elevado número de actos administrativos ya que el recurrente solicita "la nómina de todos los bienes raíces" con datos precisos respecto de cada adquisición, lo que implica la necesidad de recurrir a innumerables antecedentes.

(ii) Por lo anterior, el cumplimiento regular de las labores habituales de un número elevado de funcionarios del servicio se vería distraída indebidamente si a éstos se les encomienda la satisfacción del requerimiento, ya que implicaría destinar personal especialmente dedicado a la ejecución de dicha tarea en desmedro de sus labores habituales.

(iii) Las labores habituales de los funcionarios del SERVIU se han concentrado en la ejecución de las políticas habitacionales determinadas por el MINVU, referidas primordialmente a atender la emergencia habitacional a que dio lugar el terremoto de 27 de febrero de 2010, las que se verían afectadas de ser necesario recopilar y sistematizar información para entregar la nómina requerida

10) Que, además, el SERVIU acompañó a sus descargos el documento denominado «Análisis Dotación - Presupuesto», el cual da cuenta estadísticamente del aumento de la ejecución presupuestaria del servicio entre los años 2009 a 2011, establece medidas comparativas entre la cantidad de personal de esos años en relación con la ejecución de sus funciones, señala las funciones habituales que cumple el SERVIU VI Región en materia de reconstrucción, y de las necesidades de aumento de personal que le permitiría al servicio cumplir satisfactoriamente sus funciones habituales. A este respecto el SERVIU ha sostenido que el contenido de dicho documento demuestra la capacidad plena en que se encuentra operando actualmente.

11) Que, siguiendo el criterio expuesto en el considerando 6° precedente, este Consejo estima que el SERVIU, más allá de sus dichos, no ha acreditado suficientemente los supuestos de la causal de reserva alegada. Ello por cuanto, si bien pudiere parecer razonable que el procesamiento de los flujos de información necesarios para satisfacer el requerimiento de la especie, en atención al nivel de desagregación requerido, requiera que uno o más funcionarios del servicio ajusten los tiempos que demandan sus funciones habituales, a partir de los elementos de juicio proporcionados por la reclamada no es posible determinar con precisión la medida en que ello implicaría distraer indebidamente a dichos funcionarios del cumplimiento de sus funciones habituales, en términos de requerir la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales, tal como lo exige la concurrencia de la causal en análisis, según se ha explicado.

12) Que, a lo anterior se suma el que la reclamada se ha limitado a explicar las funciones en que se concentran actualmente sus funcionarios, sin exponer, por ejemplo, los volúmenes estimados de información que sería necesario procesar para atender al requerimiento (como numero de proyectos estimados en los años consultados, cantidad de adquisiciones realizadas, etc.); no se ha referido al soporte en que consta la información base –informático, magnético o papel– lo que permitiría a este Consejo apreciar la factibilidad o dificultad para sistematizar o procesar dicha información, o aquellas actividades que sería necesario realizar para que el organismo reclamado proporcione la información requerida; tampoco se ha referido a los recursos materiales que posee, ni estimativamente al tiempo que sus empleados deberían utilizar, en relación a su jornada habitual de trabajo, para el desarrollo de tales funciones. En otras palabras, la reclamada no ha acreditado de manera específica la hipótesis de reserva invocada, pues no ha establecido fehacientemente ni ha entregado elementos que permitan determinar en concreto el daño o afectación del bien jurídico protegido –debido cumplimiento de las funciones del servicio–, por lo que este Consejo no hará lugar a la causal invocada.

13) Que, sin perjuicio de lo anterior, habiendo hecho presente el SERVIU la dificultad para atender a requerimientos como el de la especie en los plazos que otorga la Ley de Transparencia, lo cual parece plausible, este Consejo requerirá la entrega de la información en un plazo prudencial mayor.

14) Que, sobre la entrega de la información requerida, cabe hacer presente que el SERVIU cumplirá de igual manera la solicitud planteada ya sea elaborando una nómina de los bienes raíces adquiridos por dicho órgano en la Provincia de Colchagua durante el periodo señalado, que incluya los datos a que hace referencia la solicitud; o en su defecto, atendido que dichos antecedentes –nombre completo del vendedor del bien raíz, metraje del predio adquirido, monto pagado por el SERVIU para la adquisición, fecha de las operaciones, notaría en que se escrituró la compraventa y los roles de las propiedades adquiridas- aparecen descritos en la correspondiente escritura pública, encontrándose tales datos –conforme lo dispone el art. 15 de la Ley de Transparencia– a disposición permanente del público, podrá optar por remitir copia de los documentos en que consten los datos de la inscripción del dominio de las propiedades en comento, en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, según mejor estime el propio órgano reclamado.

15) Que, con todo, entre los datos requeridos por el solicitante figura el nombre de las personas que transfirieron bienes raíces al SERVIU en el periodo consultado, el cual, en relación con la restante información que ha sido requerida, configura un dato personal en los términos establecidos en el artículo 2°, letra f) de la Ley N° 19.628. Sin embargo este Consejo estima que en la especie la protección que confiere a dichos datos el artículo 7° del citado cuerpo legal debe ceder en pos del necesario control social que supone conocer identidad de quienes han contratado con el Estado para la venta o traspaso de bienes raíces y han recibido por ello pagos con cargo a fondos públicos.

16) Que, se rechazará el emparo en lo que se refiere a la información comprendida entre la fecha en que fue formulada la solicitud y el 31 de diciembre del año 2011, por cuanto, según lo ha resuelto reiteradamente este Consejo, por ejemplo en las decisiones de los amparos roles C346-11 o C475-11, la información que se puede solicitar en virtud del derecho de acceso a la información es aquella que obra en poder del órgano de la Administración del Estado a la fecha de la solicitud de información, condición que manifiestamente no ha cumplido la información comprendida en el periodo descrito.

17) Que, sin perjuicio de lo anterior, en relación con la obligación de transparencia activa consagrada en el artículo 7° de la Ley de Transparencia, la Instrucción General N° 4 de este Consejo, en su acápite 1.5, parte final, establece: «Se informarán en este acápite los actos administrativos que aprueban contratos relativos a bienes inmuebles, como compraventas, permutas, o arrendamientos, entre otros. Respecto de ellos deberá consignarse la misma información que para las contrataciones sometidas al sistema de compras públicas».

18) Que, revisada la página web del SERVIU VI Región, en el banner “Gobierno Transparente”, acápite “otras compras y adquisiciones” en lo que respecta a los años 2006 a 2011 , se ha constatado que la información señalada en el considerando precedente no se encuentra disponible, por lo que, ejerciendo la facultad que le confiere el artículo 33, letra a), de la Ley de Transparencia, ordenará remitir esta decisión a la Dirección de Fiscalización de esta Corporación, a objeto de que haga especial seguimiento a esta materia y revise de forma exhaustiva la página web del SERVIU VI Región, informando acerca del nivel de cumplimiento de sus obligaciones de transparencia activa sobre de esta materia.

LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Samuel Quiroz Baeza en contra del SERVIU de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, por los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Director Regional del SERVIU de O’Higgins:

a) Entregar al reclamante, alternativamente y según estime pertinente:

i) Una nómina de los bienes raíces adquiridos por el SERVIU en la Provincia de Colchagua durante el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2009 y el 19 de agosto de 2011, para llevar a cabo proyectos de construcción de viviendas sociales y de entrega de subsidios, incluyendo el nombre completo del vendedor del bien raíz, metraje del predio adquirido, monto pagado por el SERVIU para la adquisición, fecha de las operaciones, notaría en que se escrituró la compraventa y los roles de las propiedades adquiridas; o,

ii) Copia de los documentos en que consten los datos de la inscripción del dominio de los bienes raíces descritos en el punto anterior, en el Conservador de Bienes Raíces respectivo.

b) Cumplir dicho requerimiento dentro de un plazo que no supere los 20 días hábiles contados desde que quede ejecutoriado el presente acuerdo, bajo el apercibimiento de proceder conforme lo disponen los artículos 46 y siguientes de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de estos requerimientos, enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio Morandé N° 115, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de esta decisión.

III. Remitir copia de la presente decisión a la Sra. Directora de Fiscalización para los efectos indicados en el considerando 18° del presente acuerdo.

IV. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Samuel Quiroz Baeza y al Sr. Director Regional del SERVU de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins.

En contra de la presente decisión no procede el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que el Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero, si bien concurrió al acuerdo, no firma esta decisión por encontrarse ausente al momento de su suscripción.