logo
 

Manuel Pino Turra con MUNICIPALIDAD DE ÑIQUÉN Rol: C530-10

Consejo para la Transparencia, 05/11/2010

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Ñiquén, fundado en la respuesta negativa del órgano a la solicitud de información sobre resultado de sumario interno aplicado al jefe del Departamento de Educación Municipalizada de Ñiquén (en adelante también DAEM), y funcionarios responsables, en el caso de las irregularidades emanadas del informe de la auditoría externa que se realizó al DAEM. El Consejo acogió parcialmente el amparo y estima que los concejales, en el desempeño de dicho cargo público, pueden solicitar información a los organismos o funcionarios de la respectiva entidad municipal no sólo a través del procedimiento establecido en la LOCM, sino que también mediante las disposiciones y mecanismos regulados por la Ley de Transparencia, pudiendo optar por uno u otro, o, incluso, empleando ambos procedimientos paralelamente, ajustándose a las normas que regulan a cada uno, además, estima que la negativa de la Municipalidad de Ñiquén a entregar al requirente la información solicitada sustentada en que el procedimiento empleado no se ajusta a derecho, resulta infundada, aún más considerando que la misma entidad edilicia señala en sus descargos que “No ha existido animo alguno de negarle al señor Pino la información que requiere”, de lo cual se puede desprender que dicha información existe y se encuentra en poder del órgano.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Regulación Interna
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Sentencias o resoluciones sobre esta decisión:




Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Ausente), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C530-10

Entidad pública: Municipalidad de Ñiquén

Requirente: Manuel Pino Turra

Ingreso Consejo: 10.08.2010

En sesión ordinaria N° 196 de su Consejo Directivo, celebrada el 5 de noviembre de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C530-10.

VISTOS:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; D.F.L. N° 1/2006, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.695, orgánica constitucional de municipalidades; los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Manuel Pino Turra, Concejal de la comuna de Ñiquén, el 1° de julio de 2010, solicitó al Alcalde de la Municipalidad de Ñiquén que le respondiera los siguientes puntos:

a) Resultado de sumario interno aplicado al Sr. Pedro Carrasco Carrasco, jefe del Departamento de Educación Municipalizada de Ñiquén (en adelante también DAEM), y funcionarios responsables, en el caso de las irregularidades emanadas del informe de la auditoría externa que se realizó al DAEM.

b) Informe acerca del resultado del sumario aplicado al Sr. Director de Liceo de San Gregorio (don Oceas Castillo), como consecuencia de los incidentes ocurridos durante el año escolar 2009 y que fueron protagonizados por dicho director y el ex alumno Fernando Aravena.

c) Proyectos educativos presentados por los directores de establecimientos educacionales de la comuna de Ñiquén que ganaron concurso público en los últimos 4 años y nivel de cumplimiento de los mismos en cuanto a las expectativas o puntos señalados en dichos proyectos.

d) Si está o no en funcionamiento el software educativo mencionado en la auditoría externa realizada al DAEM, el que fue proveído por el funcionario Carlos Manuel Bahamondez Tiznado con el fin de mejorar la calidad y rendimiento de los estudiantes de la comuna, y cuál ha sido su aplicación real en las unidades educativas en estos años e impacto demostrable en los resultados académicos de los estudiantes;

e) Nombre y carga horaria del o los asistentes sociales que se desempeñan en el equipo multiprofesional del programa de integración de Ñiquén establecido en el PADEM 2010 de dicha comuna, ya que dicho instrumento contempla un asistente social en dicho equipo por un total de 16 horas y la cuenta pública señala que hay un profesional desempeñando la misma función con 44 horas contratadas.

f) Cuáles son las conclusiones relativas a las inversiones realizadas en las unidades educativas de la comuna de Ñiquén en virtud de la Ley SEP comparadas con los resultados, que estaría en condiciones de entregar el Jefe de Educación, don Pedro Carrasco C., y cuanto de ello es demostrable cuantitativamente, a partir de la aplicación que el DAEM debió haber realizado de los instrumentos evaluativos o de control respectivos.

g) Que se indique las razones y los responsables de que en Ñiquén no se aplique la Ley N° 19.728/2002.

2) RESPUESTA: La Municipalidad de Ñiquén dio respuesta a la solicitud del requirente a través del Ordinario N° 433/2010, de 22 de julio de 2010, por medio del cual le indica que su solicitud no será informada mientras no se ajuste a lo dispuesto en la letra h) del artículo 79 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en virtud de las siguientes razones:

a) Que, conforme a lo dispuesto en la letra h) del artículo 79 de la Ley invocada, es facultad del Concejo Municipal citar o pedir información a través del Alcalde, a los organismos municipales para pronunciarse sobre materias de su competencia.

b) Que la referida facultad puede ser ejercida por cualquier concejal, en forma individual en el ejercicio de su cargo, lo que deberá, necesariamente, ser formalizado por escrito en el respectivo Concejo Municipal.

c) Que, conforme a lo anterior, es ajeno a derecho el proceder utilizado por el solicitante al formular su petición a través de la Oficina de partes de la Municipalidad.

3) AMPARO: El 10 de agosto de 2010 el solicitante reclamó ante este Consejo el amparo a su derecho de acceso a la información requerida, fundado en la respuesta negativa del órgano a la solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo, acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo al Alcalde de la Municipalidad de Ñiquén, mediante el Oficio N° 1632, de 2 de septiembre de 2010, quien evacuó sus descargos a través del Ordinario N° 581, de 23 de septiembre del mismo año, formulando, en resumen, los siguientes descargos y observaciones:

a) Que el requirente ostenta la calidad de concejal de la comuna de Ñiquén y que la información solicitada la ha requerido, precisamente, en su carácter de concejal y en las labores de fiscalización que como tal autoridad le empece, lo que se lee en su petición de informe.

b) Que la letra h) del artículo 79 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece un procedimiento especial, distinto al señalado en la Ley N° 20.285, para solicitar información pública cuando quien la requiere es un concejal en el ejercicio de sus funciones, disponiendo que es facultad del concejo “Citar o pedir información, a través del alcalde, a los organismos o funcionarios municipales cuando lo estime necesario para pronunciarse sobre las materias de su competencia. La facultad de solicitar información la tendrá también cualquier concejal, lo que deberá formalizarse por escrito al concejo”.

c) Que, del tenor de la norma transcrita, se desprende que el requirente, en su carácter de concejal, debe formalizar por escrito ante el Concejo Municipal de Ñiquén su solicitud de información, y no realizarla a través de la Oficina de Partes de dicha Municipalidad.

d) Que la norma contenida en la letra h) del artículo 79 de la Ley N° 18.695 es especial, de rango constitucional y se encuentra plenamente vigente, no pudiendo considerarse que haya sido derogada por la Ley N° 20.285 y, atendido su rango y su carácter de ley especial, prevalece sobre la última.

e) Que no ha existido ánimo de negarle al requirente la información solicitada, sólo se le ha pedido que formule la petición como en derecho corresponde, agregando que “prueba de ello lo constituye el hecho que otro concejal de la comuna incurrió en el mismo error, que se le representó. Ante ello formuló la petición del modo que la ley lo indica y la recibió oportunamente”.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, atendido los descargos formulados por la Municipalidad de Ñiquén y antes de entrar al fondo del presente amparo, se hace necesario precisar si un concejal de un municipio puede o no solicitar información, conforme a las reglas establecidas en la Ley de Transparencia, a la Municipalidad en la cual desempeña su cargo de elección popular.

2) Que, al respecto, y conforme a lo establecido por el artículo 71 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades (en adelante también LOCM), los integrantes del concejo municipal –órgano que posee carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, y es el encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local y de ejercer las atribuciones que dicha ley– reciben la denominación de concejales. La Ley citada establece, en su artículo 2°, que “Las municipalidades estarán constituidas por el alcalde, que será su máxima autoridad, y por el concejo”, y regula las funciones y atribuciones de los concejales y la forma en que deben desempeñarlas.

3) Que, sobre el particular, la letra h) del artículo 79 de la LOCM, establece que a dicho Consejo le corresponderá “Citar o pedir información, a través del alcalde, a los organismos o funcionarios municipales cuando lo estime necesario para pronunciarse sobre las materias de su competencia. / La facultad de solicitar información la tendrá también cualquier concejal, la que deberá formalizarse por escrito al concejo. / El alcalde estará obligado a responder el informe en un plazo no mayor de quince días”, norma que constituye la regla general, ya que letra d) del artículo 29 de la LOCM contiene una norma especial respecto a las unidades de control, que dispone, en lo que interesa, que a dicha unidad le corresponderá colaborar directamente con el concejo en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, para cuyos efectos debe emitir trimestralmente un informe acerca de las materias que indica la norma, agregando que “En todo caso, deberá dar respuesta por escrito a las consultas o peticiones de informes que le formule un concejal”, de lo que se desprende que los concejales se encuentran habilitados para solicitar directamente a la unidad de control, información relativa al ámbito de las materias propias de ésta, en el ejercicio de la facultad en comento, y ésta, a su vez, deberá dar respuesta escrita directamente al concejal que le requirió información (Dictamen N° 2386 de la Contraloría General de la República, de 14 de enero de 2010).

4) Que el artículo 87 del mismo cuerpo legal dispone que “Todo concejal tiene derecho a ser informado plenamente por el alcalde o quien haga sus veces, de todo lo relacionado con la marcha y funcionamiento de la corporación. Este derecho debe ejercerse de manera de no entorpecer la gestión municipal. El alcalde deberá dar respuesta en el plazo máximo de quince días, salvo en casos calificados en que aquél podrá prorrogarse por un tiempo razonable a criterio del concejo”.

5) Que, por otra parte, el artículo 8° de la Constitución Política dispone que “Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen”, lo que es reiterado por los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, estableciendo éste último artículo, además, que “Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley”, sin efectuar distinción alguna entre los titulares de este derecho y respecto al procedimiento aplicable para ejercerlo, debiendo tenerse especialmente en consideración el principio de no discriminación, consagrado en la letra g) de la Ley de Transparencia, conforme al cual “los órganos de la Administración del Estado deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud”.

6) Que, por otro lado, este Consejo ha señalado que el acceso a la información pública es un derecho fundamental implícitamente reconocido en nuestra Constitución (decisiones recaídas en amparos Roles A11-2009 y A45-2009). Al respecto, la letra a) del considerando 4) de la decisión A11-2009 señala que el Tribunal Constitucional le ha reconocido dicho carácter al derecho de acceso a la información pública en su sentencia Rol N° 634/2006, de 9 de agosto de 2007, al afirmar que “…acorde a la naturaleza de derecho reconocido por la Constitución que tiene el acceso a la información pública, aunque lo sea de forma implícita, la propia Carta Fundamental ha reservado a la ley y, específicamente, a una ley de quórum calificado, el establecimiento de las causales de secreto o de reserva que, haciendo excepción a la vigencia irrestricta del principio de publicidad en la actuación de los órganos del Estado, permiten limitarlo vedando, consecuentemente, el acceso a la información requerida” (considerando 10°), lo que se ve reforzada por lo dispuesto en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos -en relación con el artículo 5° de nuestra Constitución-, como reconoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Claude Reyes y otros vs. Chile, de 19 de septiembre de 2006, serie C 151, al estimar que dicha norma «al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones” protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención» (Ibíd., párr. 77).

7) Que, en virtud de lo señalado precedentemente, este Consejo estima que los concejales, en el desempeño de dicho cargo público, pueden solicitar información a los organismos o funcionarios de la respectiva entidad municipal no sólo a través del procedimiento establecido en la LOCM, sino que también mediante las disposiciones y mecanismos regulados por la Ley de Transparencia, pudiendo optar por uno u otro, o, incluso, empleando ambos procedimientos paralelamente, ajustándose a las normas que regulan a cada uno, conforme se ha resuelto en la decisión del amparo Rol C583-10, en el que fue aplicado el criterio establecido en la decisión Rol A270-10.

8) Que, de acuerdo a lo razonado, este Consejo estima que la negativa de la Municipalidad de Ñiquén a entregar al requirente la información solicitada sustentada en que el procedimiento empleado no se ajusta a derecho, resulta infundada, aún más considerando que la misma entidad edilicia señala en sus descargos que “No ha existido animo alguno de negarle al señor Pino la información que requiere”, de lo cual se puede desprender que dicha información existe y se encuentra en poder del órgano.

9) Que, teniendo establecido lo anterior y a fin de resolver acertadamente el presente amparo, corresponde analizar la procedencia de que la Municipalidad requerida entregue al requirente la información que fue solicitada.

10) Que respecto de la información relativa a los sumarios indicados en las letras a) y b) del numeral 1 de la parte expositiva de esta decisión, el requirente sólo ha solicitado que se le informe sobre el resultado de los mismos, debiendo entenderse por ello el informe sobre si en dichos procesos disciplinarios se impuso alguna medida disciplinaria –y en su caso, la sanción aplicada- o se absolvió a algún funcionario del DAEM o si dichos procesos fueron sobreseídos, circunstancias que deben necesariamente constar en los decretos que hayan puesto término a dichos procedimientos, las que, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° de la Constitución y 5° y 10 de la Ley de Transparencia, poseen el carácter de información pública. Por lo señalado, este Consejo estima que la Municipalidad requerida satisfará la solicitud formulada informando al requirente el estado en que se encuentren los sumarios singularizados en su solicitud y, en caso de encontrarse afinados, informarle si ellos fueron sobreseídos o si en dichos procesos disciplinarios se impuso alguna medida disciplinaria –y en su caso, la sanción aplicada- o se absolvió a algún funcionario del DAEM, indicando, en este caso, los hechos establecidos en la resolución respectiva, el nombre del funcionario y la sanción decretada, cuidando de resguardar los datos personales de mero contexto de las personas involucradas en dichos sumarios, tales como RUT y domicilio, entre otros.

11) Que, en cuanto a los proyectos educativos presentados por los directores de establecimientos educacionales que ganaron concurso público en los últimos 4 años y el nivel de cumplimiento de los mismos, es necesario tener presente lo siguiente:

a) Que distintas normas de la Ley N° 19.070, que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación, en adelante también Estatuto Docente, (artículos 7°, 13, 15 y 16), como de su Reglamento (artículos 18, 44, 50 y 51) se refieren al proyecto educativo institucional.

b) Que, conforme a lo señalado en el documento titulado “Proyecto Educativo Institucional. Marco Legal y Estructura básica”, del Ministerio de Educación (2002), de autoría de Sonia Villarroel Barrera, el proyecto educativo institucional (PEI) es “el instrumento que orienta todos los procesos que ocurren en un establecimiento educacional, clarifica a los actores las metas de mejoramiento, da sentido y racionalidad a la gestión para el mediano o largo plazo, permite la toma de decisiones pedagógicas y curriculares, articula los proyectos y acciones innovadoras en torno al aprendizaje y la formación de los alumnos, en resumen, ordena las grandes tareas en torno a objetivos compartidos”, agregando más adelante otra definición, conforme a la cual el PEI es el “Instrumento técnico y político que orienta el quehacer del establecimiento escolar, explicitando su propuesta educacional y especificando los medios que se pondrán en marcha para realizarla. Expresa en forma escrita la misión y visión guía su acción de transformación y es compartido por todos sus integrantes, en tanto es el fruto de un proceso de reflexión democrática de todos los actores involucrados en los aprendizajes de sus alumnos y de toda la comunidad; implica el avance en los niveles de participación de todos los actores hacia el logro de una mayor autonomía e identidad para la escuela, Como instrumento de gestión, debe articular los distintos ámbitos o dimensiones en las cuales se desenvuelve la vida cotidiana en las escuelas: acciones pedagógico-curriculares, administrativo organizativas, financieras, comunitarias, sistémicas y convivenciales” (en www.educarchile.cl).

c) Que el inciso segundo del artículo 7° del Estatuto Docente establece que “La función principal del Director de un establecimiento educacional será dirigir y liderar el proyecto educativo institucional”.

d) Que, conforme a lo indicado precedentemente, los establecimientos educacionales municipalizados de Ñiquén no pueden sino contar con un Proyecto Educativo institucional, razón por la cual la Municipalidad requerida deberá entregar al requirente copia de dichos proyectos.

e) Respecto del nivel de cumplimiento de dichos proyectos, este Consejo estima que la Municipalidad sólo deberá informar sobre este punto al requirente en la medida que exista algún documento que de cuenta de dicha información, de tal suerte que si ello no es así, deberá comunicarle dicha situación, debiendo entenderse cumplida, de esa forma, su obligación de informar.

12) Que, en lo relativo a la información indicada en la letra d) del punto 1 de la parte expositiva –esto es, si está o no en funcionamiento el software educativo mencionado en la auditoría externa realizada al DAEM, y cuál ha sido su aplicación real en las unidades educativas en estos años e impacto demostrable en los resultados académicos de los estudiantes–, este Consejo estima que, al respecto, la solicitud del requirente se refiere a información que puede desprenderse fácilmente del contenido de los registros que mantiene la Municipalidad, cuya respuesta no supone la imposición de un gravamen a su respecto, por lo que dicha respuesta se encontraría amparada por la Ley de Transparencia (aplica criterio de decisión Rol C467-10), razón por la cual la Municipalidad de Ñiquén deberá pronunciarse sobre lo solicitado, indicando si dicho software está o no en funcionamiento, y en caso afirmativo, señalar los establecimientos educacionales en los que se emplea. Asimismo, corresponde precisar que la entidad edilicia requerida deberá informar al requirente acerca del impacto de la aplicación de dicho software en los resultados académicos de los estudiantes sólo en la medida que cuente con un documento en donde conste dicho impacto, de modo que si ello no es así, deberá comunicarle dicha situación al requirente, debiendo entenderse cumplida, de esa forma, su obligación de informar.

13) Que, respecto a la solicitud de información relativa al nombre y carga horaria del asistente social contratado por la Municipalidad para desempeñar las funciones de asistente social del equipo multiprofesional de Ñiquén contemplado en el programa de integración establecido en el PADEM de la comuna, debe tenerse presente lo siguiente:

a) Que conforme a las normas de transparencia activa contempladas en el artículo 7° de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento, además de lo dispuesto en las Instrucciones Generales N° 4, 7 y 9 de este Consejo, la Municipalidad requerida debe informar en su sitio electrónico acerca del personal de planta, a contrata y el que se desempeñe en virtud de un contrato de trabajo y las personas naturales contratadas a honorarios que presten servicios para dicha entidad, de tal suerte que, conforme a lo dispuesto en el numeral 1.4 de la Instrucción general N° 9, se en dicho sitio se debe indicar el nombre completo del profesional o los profesionales a que se refiere la solicitud del requirente, indicando la naturaleza jurídica de su vinculación, cargo o función y vigencia de la relación laboral, entre otras materias.

b) Que, por otro lado, el contrato y/o decreto de nombramiento del o los asistentes sociales que se desempeñan en el equipo multiprofesional señalado precedentemente, conforme a lo dispuesto por los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, posee, en principio, el carácter de información pública.

c) Que, por lo señalado precedentemente, y no concurriendo en la especie ninguna causal de secreto o reserva, este Consejo estima que la Municipalidad de Ñiquén deberá informar al requirente sobre el nombre y la carga horaria del o los asistentes sociales que forman parte del equipo multiprofesional de Ñiquén contemplado en el programa de integración establecido en el PADEM de la comuna.

14) Que, en lo concerniente a la información solicitada por el requirente y que es señalada en la letra f) del punto 1 de la parte expositiva de esta decisión, debe tenerse presente lo siguiente:

a) Que la Ley N° 20.248, de Subvención Escolar Preferencial, o Ley SEP, creó una subvención educacional denominada preferencial destinada “al mejoramiento de la calidad de la educación de los establecimientos educacionales subvencionados, que se impetrará por los alumnos prioritarios que estén cursando primer o segundo nivel de transición de la educación parvularia y educación general básica” (artículo 1°), a la cual tienen derecho los establecimientos educacionales regidos por el Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación (Ley de subvenciones), que impartan enseñanza regular diurna y cuyo sostenedor haya suscrito con el Ministerio de Educación un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa para el establecimiento educacional correspondiente (artículo 4°), por medio del cual el sostenedor se obligará, entre otros compromisos, a “Presentar anualmente al Ministerio de Educación y a la comunidad escolar un informe relativo al uso de los recursos percibidos por concepto de subvención escolar preferencial y de los demás aportes contemplados en esta ley. Dicho informe deberá contemplar la rendición de cuentas respecto de todos los recursos recibidos por concepto de esta ley”, “Presentar al Ministerio de Educación y cumplir un Plan de Mejoramiento Educativo elaborado con la comunidad del establecimiento educacional, que contemple acciones desde el primer nivel de transición en la educación parvularia hasta octavo básico en las áreas de gestión del currículum, liderazgo escolar, convivencia escolar o gestión de recursos en la escuela…” y “Establecer y cumplir las metas de efectividad del rendimiento académico de sus alumnos y en especial de los prioritarios, concordadas con el Ministerio de Educación, en función de los resultados que se obtengan por aplicación del sistema de evaluación nacional a que se refiere el artículo 21 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, de acuerdo a lo establecido en el decreto a que se refiere el artículo 10” (letras a), d) y e) del artículo 7°).

b) Que, la referencia realizada al “sistema de evaluación nacional a que se refiere el artículo 21 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza”, deberá entenderse realizada al sistema establecido en el artículo 37 de la Ley N° 20.370, que Establece la Ley General de Educación (publicada en el Diario Oficial el 12 de septiembre de 2009), que le otorga a la Agencia de Calidad de la Educación diseñar e implementar el sistema nacional de evaluación de logros de aprendizaje, lo que, conforme al artículo 10 transitorio de dicho cuerpo normativo, deberá ser diseñado e implementado por el Ministerio de Educación mientras no entren en vigencia las normas que crean la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad de la Educación.

c) Que, de lo expuesto precedentemente, se desprende que el DAEM de Ñiquén debe contar con un informe anual relativo al uso de los recursos percibidos por los establecimientos educacionales de dicha comuna por concepto de subvención escolar preferencial y de los demás aportes contemplados en la Ley SEP, así como también debió haber sido sometido a la aplicación del sistema nacional de evaluación, contando, por lo tanto, con dicha información.

d) Que, conforme a lo señalado precedentemente, este Consejo estima que la Municipalidad requerida deberá entregar al requirente las conclusiones del Jefe de Educación de dicha entidad edilicia sólo en la medida que exista un informe que las contenga, y en caso negativo, deberá hacer entrega al requirente de los dos informes señalados en la letra anterior.

15) Que, por último, este Consejo estima que la solicitud del requirente en el punto relativo a las razones por la cuales no se aplica la Ley N° 19.728 en la comuna de Ñiquén y quiénes son los responsables de esa situación, constituye una solicitud de pronunciamiento de la autoridad que debe tramitarse conforme a las normas de la Ley N° 19.880, que Establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, excediendo por tanto del ámbito de competencia de este Consejo, razón por la cual no se emitirá pronunciamiento respecto a si procede o no que la entidad requerida dé respuesta al requirente sobre este punto.

16) Por todo lo expuesto, se acogerá parcialmente el amparo de don Manuel Pino Turra respecto de la información indicada en la letra a), b), c), d), e) y f) del punto 1 de la parte expositiva de esta decisión, por haberla negado infundadamente al requirente, debiendo hacer entrega de ella en la forma indicada en los considerandos 10), 11), 12), 13) y 14), según corresponda.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo presentado por don Manuel Pino Turra en contra de la Municipalidad de Ñiquén, fundado en la negativa del organismo de entregar la información indicada en la letra a), b), c), d), e) y f) del punto 1 de la parte expositiva de esta decisión, por los fundamentos antes expresados.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Ñiquén para que:

a) Entregue a don Manuel Pino Turra la información indicada en la letra a), b), c), d), e) y f) del punto 1 de la parte expositiva de esta decisión, en la forma señalada en los considerandos 10), 11), 12), 13) y 14) precedentes, en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

b) Dé cumplimiento a lo precedentemente resuelto, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia, enviando copia de los documento en que conste la entrega de información, a este Consejo, al domicilio Morandé N° 115, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl para efectos de verificar el cumplimiento de esta decisión.

III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Manuel Pino Turra y al Alcalde de la Municipalidad de Ñiquén.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Se deja constancia que el presidente del Consejo, Presidente don Raúl Urrutia Ávila, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.