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Hernán Espinoza Zapatel con SUBSECRETARÍA DE PESCA Rol: C7475-19 / C7478-19

Consejo para la Transparencia, 24/03/2020

Se acogen los amparos deducidos en contra de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, ordenando la entrega de un listado de los centros de engorda de salmónidos que han solicitado relocalizarse dentro de las regiones de Aysén y Los Lagos, identificados por sus Números de Pertenencia o Códigos RNA, indicando su nueva ubicación mediante coordenadas geográficas. Lo anterior, por tratarse de información que obra en poder del órgano y por haberse desestimado sus alegaciones, en el sentido de que su entrega afectaría el privilegio deliberativo del mismo, o generaría distracción indebida de sus funcionarios, toda vez que lo pedido sólo se refiere a un listado con identificación de los centros de engorda de salmónidos.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Industria (Productividad)
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Sentencias o resoluciones sobre esta decisión:





Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPAROS ROLES C7475-19 y C7478-19

Entidad pública: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Requirente: Hernán Espinoza Zapatel.

Ingreso Consejo: 04.11.2019

RESUMEN

Se acogen los amparos deducidos en contra de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, ordenando la entrega de un listado de los centros de engorda de salmónidos que han solicitado relocalizarse dentro de las regiones de Aysén y Los Lagos, identificados por sus Números de Pertenencia o Códigos RNA, indicando su nueva ubicación mediante coordenadas geográficas.

Lo anterior, por tratarse de información que obra en poder del órgano y por haberse desestimado sus alegaciones, en el sentido de que su entrega afectaría el privilegio deliberativo del mismo, o generaría distracción indebida de sus funcionarios, toda vez que lo pedido sólo se refiere a un listado con identificación de los centros de engorda de salmónidos.

En sesión ordinaria N° 1083 del Consejo Directivo, celebrada el 24 de marzo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información, roles C7475-19 y C7478-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUDES DE ACCESO: El 18 de septiembre de 2019, don Hernán Espinoza Zapatel requirió a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, la siguiente información:

a) Solicitud que dio origen al amparo rol C7475-19, requirió lo siguiente:

i. "El listado, actualizado a la fecha, de los centros de engorda de salmónidos que han solicitado relocalizarse dentro de la Región de Aysén;

ii. Que en el listado solicitado arriba, los centros a relocalizar sean identificados por sus Números de Pertenencia y/o Códigos RNA, indicándose la nueva posición que ocuparían los centros relocalizados mediante las respectivas coordenadas geográficas".

b) Solicitud que dio origen al amparo rol C7478-19, requirió lo siguiente:

i. "El listado, actualizado a la fecha, de los centros de engorda de salmónidos que han solicitado relocalizarse dentro de la Región de Los Lagos.

ii. Que en el listado solicitado arriba, los centros a relocalizar sean identificados por sus Números de Pertenencia y/o Códigos RNA, indicándose la nueva posición que ocuparían los centros relocalizados mediante las respectivas coordenadas geográficas".

2) RESPUESTA: El 22 de octubre de 2019, mediante Oficio (G.S.) N° 3449, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura respondió a dichos requerimientos, denegando la entrega de la información solicitada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra b) de la Ley de Transparencia, y señalando que las solicitudes de relocalización de centros de engorda de las regiones de Aysén y Los Lagos se encuentran aún en proceso de trámite.

3) AMPAROS: El 4 de noviembre de 2019, don Hernán Espinoza Zapatel dedujo dos amparos a su derecho de acceso a la información en contra de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, fundados en la respuesta negativa a sus solicitudes.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación los amparos interpuestos, y mediante oficio N° E18126, de fecha 17 de diciembre de 2019, confirió traslado al Sr. Subsecretario de Pesca y Acuicultura, notificando los reclamos y solicitando que presente sus descargos u observaciones.

Mediante Ord. D.J. N° 57, de fecha 21 de enero de 2020, el órgano evacuó sus descargos respecto de ambos amparos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agregó en síntesis, que "el Sr. Espinoza requiere información relativa a las solicitudes de relocalización de los centros de engorda de salmónidos de las regiones de Los Lagos y de Aysén, respecto a las cuales no existe aún ninguna resolución aprobatoria por parte de esta Subsecretaría, lo que supondría haber puesto término al procedimiento administrativo", denegando la entrega de la información de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra b), de la Ley de Transparencia, y artículo 7 N°1, letra b), del Reglamento de la citada ley, y haciendo mención a lo resuelto por este Consejo en los amparos rol C995-16 y C587-17.

Asimismo, el órgano que "las solicitudes presentadas (...) y que aún no han sido resueltas, constituyen evidentemente un antecedente fundamental para la dictación de la resolución del procedimiento por parte de esta Subsecretaría (...) pudiéndose ver afectado el resultado de dichos procedimientos administrativos", alegando, además, la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, señalando que la información requerida no se encuentra sistematizada ni disponible en los términos requeridos, circunstancia comunicada al solicitante con anterioridad, frente a una solicitud de carácter similar.

Sin perjuicio de lo anterior, el órgano acompaña un listado actualizado a diciembre de 2019, con las solicitudes de relocalización que han sido rechazadas (513 solicitudes), indicando los números de pertenencia y de resolución exenta, solicitando que el amparo sea resuelto vía SARC.

5) PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: Este Consejo, mediante Oficio N° E1367, de fecha 31 de enero de 2020, solicitó al reclamante manifestar su conformidad o disconformidad con la información entregada por la institución en sus descargos, detallando cuáles antecedentes de los requeridos, no le habrían sido entregados.

Mediante presentación enviada por correo electrónico de fecha 1 de febrero de 2020, el reclamante manifestó su disconformidad, señalando en síntesis, que la información entregada es insuficiente o parcial "pues lo que se solicitó fue el listado de centros de engorda de salmónidos, en la Regiones de Los Lagos y de Aysén, que se han acogido a este proceso elevando las respectivas solicitudes para relocalizarse en una nueva posición, la que evidentemente deben identificar cuando elevan dicha solicitud. El listado adjunto a la respuesta de SUBPESCA al Consejo corresponde a las resoluciones de rechazo a las relocalizaciones solicitadas (...) y siendo una información importante, no satisface lo demandado, puesto que es sólo complementario a lo que no se entrega".

Asimismo, indicó que "en los descargos de SUBPESCA hay referencias a normativas que también estaban vigentes al año 2015 cuando dicha Subsecretaría no tuvo inconvenientes en entregarme la información que se solicitó sobre los mismos temas, adjuntando una planilla excel inicial, en septiembre de 2015, con las relocalizaciones de concesiones acuícolas para salmonicultura en las misma regiones del país y una segunda planilla, en agosto 2015, con aclaraciones que solicité sobre esta primera respuesta de septiembre" [sic], remitiendo copia de la solicitud y repuestas aludidas, y señalando que el mar chileno es un bien nacional de uso público, protegido por la Ley General de Pesca y Acuicultura, agregando que "las excusas dadas por SUBPESCA en sus descargos, vienen a impedir que los propietarios de este bien nacional puedan saber qué es lo que se planea hacer dentro de su propiedad y ante las deficiencias, ya detectadas por el organismo contralor y a nuestro juicio aún no corregidas, en la fiscalización y regulación de la salmonicultura intensiva".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el principio de economía procedimental consagrado en el artículo 9° de la ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos, mediante las cuales se rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, exige responder con la máxima economía de medios y eficacia, evitando trámites dilatorios. Por lo anterior, y atendido al hecho que entre los amparos roles C7475-19 y C7478-19 existe identidad respecto del solicitante y del órgano de la Administración requerido, además de tratarse de solicitudes de información de similar contenido, este Consejo, para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto.

2) Que, los amparos se fundan en la respuesta negativa por parte de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, a las solicitudes de información del reclamante. En efecto, dichos requerimientos se refieren a un listado de los centros de engorda de salmónidos que han solicitado relocalizarse dentro de las regiones de Aysén y Los Lagos, indicando su nueva ubicación mediante coordenadas geográficas. Al respecto, el órgano denegó la entrega de la información de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letras b) y c), de la Ley de Transparencia.

3) Que, en primer lugar, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

4) Que, en segundo lugar, respecto de la alegación del órgano fundada en la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra b), de la misma Ley, norma que prescribe que se podrá denegar total o parcialmente lo requerido, cuando la divulgación de lo pedido afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. Además, según lo previsto en el artículo 7 N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios. Así, según lo razonado sostenidamente por este Consejo, en las decisiones de los amparos rol C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otros, para que se configure la causal de reserva en comento, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política, y b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.

5) Que, en el presente caso, cabe tener presente que, si bien el órgano señaló que las solicitudes de relocalización aún no han sido resueltas, no especificó la afectación que la publicidad de la información podría generar en el cumplimiento de las funciones del órgano, teniendo en consideración que, como se dijo, sólo se ha requerido un listado de los centros de engorda de salmónidos que solicitaron relocalizarse, y no se ha pedido copia de ningún documento o antecedente relativo a dicho procedimiento, como parece haberlo entendido la Subsecretaría. En efecto, según la jurisprudencia reiterada de este Consejo, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entregar la información requerida, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes específicos que acrediten la afectación a los bienes jurídicos respectivos, circunstancias que no se advierten en la especie. El órgano no especificó ni detalló de qué manera la entrega de los antecedentes requeridos podría generar la afectación alegada, o la manera en que se vería perjudicado el privilegio deliberativo de la autoridad respectiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra b), de la Ley de Transparencia. En consecuencia, se desestimará dicha alegación.

6) Que, en tercer lugar, con ocasión de sus descargos, el órgano señaló que la entrega de la información con el desglose solicitado distraería a los funcionarios de sus labores habituales, al tenor de lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia. Al respecto, dicha norma dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7, N° 1, letra c) del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

7) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1336-16, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia.

8) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias.

9) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, éste no ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado.

10) Que, en el presente caso, cabe tener presente que la institución se limitó a señalar que la información no se encuentra sistematizada ni disponible en los términos requeridos, sin señalar en forma precisa la cantidad de antecedentes que comprende la petición o la cantidad de solicitudes de relocalización ingresadas, ni la cantidad de funcionarios necesarios para recabarla, ni la cantidad de horas o días necesarios para aquello, ni la forma ni el lugar en que dicha información se encuentra almacenada, ni ningún otro fundamento que permita tener por configurada la causal de reserva alegada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, teniendo en consideración que el propio órgano remitió un listado con más de 500 solicitudes de relocalización que fueron rechazadas, con el mismo desglose requerido, y que por tratarse de normas de derecho estricto, su aplicación debe ser excepcional y fundada, motivo por el cual dicha alegación deberá ser desestimada.

11) Que, en cuarto lugar, cabe tener presente que existe un evidente interés público en la publicidad de la información reclamada, por cuanto conocer las ubicaciones autorizadas para la instalación de los centros de engorda de salmónidos, permite examinar si dicha actividad se está realizando conforme a las autorizaciones y limitaciones específicas otorgadas para ello por la autoridad competente. En dicho contexto, el control social que facilita el conocimiento de la información requerida permite a la sociedad en su conjunto conocer si dicha actividad se está desarrollando en las condiciones en que fuera autorizada en su momento, teniendo en consideración el resguardo del medio ambiente, la salud humana, y animal, como asimismo tomar conocimiento del incumplimiento de dichas condiciones, a fin de requerir que las autoridades fiscalizadoras competentes ejerzan las facultades legales que les confiere la normativa legal vigente.

12) Que, en este sentido, y atendida la materia sobre la cual versa el presente amparo, resulta pertinente tener presente que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de fecha 31 de mayo de 2016 en causa Rol N° 11.771-2015 referida al uso de antimicrobianos en la salmonicultura razonó en su considerando trigésimo segundo que : "(...) Desde luego, en el contexto de un Estado Democrático de Derecho, es necesaria la existencia de una fiscalización o control social, que debe ejercerse por los ciudadanos, sin perjuicio del control que le cabe al propio Sernapesca, respecto de las empresas del rubro del cultivo de la especie salmón, para así por un lado, poder fiscalizar el debido cumplimiento de las funciones públicas por parte de los Órganos del Estado, que como precisa la Constitución Política, se deben al principio servicial sobre la persona humana y cuya finalidad esencial es promover el bien común. Asimismo, permite el escrutinio público sobre las propias empresas o entidades fiscalizadas por el respectivo órgano de la Administración, que permita entonces apreciar el modo como se respeta la legislación que enmarca su actuación económica, en el terreno del ejercicio de la libertad de ejercer una actividad económica lícita, pero por cierto apegada a la Constitución y a las leyes." En el considerando trigésimo séptimo del referido pronunciamiento, el mencionado tribunal manifestó que "la referida información debe ser conocida por la solicitante y, en definitiva, hacerse pública, pues se trata de una materia en extremo sensible a toda la opinión pública, por cuanto, como ha quedado expuesto, se encuentra en el tapete de la discusión incluso un problema de salud pública. Frente a la colisión de derechos que podría producirse y tal como lo ha hecho presente el recurrente, habría que aplicar el test de daño, herramienta que permitiría sin duda inclinar el asunto en el sentido de hacer lugar a la publicidad, por las mismas razones que se invocan".

13) Que, finalmente, vale tener en consideración que, con anterioridad, el propio órgano entregó la misma información requerida al solicitante, mediante oficios G.S. N° 1596, de fecha 22 de septiembre de 2015, y N° 211, de fecha 3 de febrero de 2016, documentos acompañados por el reclamante en su respuesta a la solicitud de pronunciamiento.

14) Que, en consecuencia, tratándose de información que obra en poder de la Subsecretaría, y habiéndose desestimado las alegaciones del órgano, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letras b) y c), de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger los amparos deducidos por don Hernán Espinoza Zapatel en contra de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario de Pesca y Acuicultura, lo siguiente:

a) Entregar al reclamante un listado de los centros de engorda de salmónidos que han solicitado relocalizarse dentro de las regiones de Aysén y Los Lagos, identificados por sus Números de Pertenencia o Códigos RNA, indicando su nueva ubicación mediante coordenadas geográficas.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Hernán Espinoza Zapatel, y al Sr. Subsecretario de Pesca y Acuicultura.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.