logo
 

Soledad Luttino Rojas con SUPERINTENDENCIA DE SALUD Rol: C8392-19

Consejo para la Transparencia, 09/04/2020

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Salud, relativo a información sobre resolución exenta N° 641, que acogió recurso de reposición interpuesto por la reclamante en contra de resolución que se pronunció acerca de reclamo presentado en contra de la Mutual de Seguridad de Calama. Lo anterior, debido a lo siguiente: a) En cuanto a las consultas sobre cuál fue el juicio de reproche efectuado y qué significa aquello, debido a que constituye una solicitud pronunciamiento, que no se encuentra amparada por el procedimiento de acceso a la información establecido en la Ley de Transparencia, sino que por la Constitución Política de la República. b) Respecto del detalle, rol y funciones de la Superintendencia de Salud respecto de la Mutual de Seguridad, pues aquello fue entregado con ocasión de la respuesta proporcionada por el órgano reclamado, en su oportunidad. c) En lo relativo al procedimiento efectuado por denuncia de la reclamante y a si sus funcionarios denunciaron la situación que indica, debido a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que no obra en su poder la información solicitada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C8392-19

Entidad pública: Superintendencia de Salud

Requirente: Soledad Luttino Rojas

Ingreso Consejo: 25.12.2019

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Salud, relativo a información sobre resolución exenta N° 641, que acogió recurso de reposición interpuesto por la reclamante en contra de resolución que se pronunció acerca de reclamo presentado en contra de la Mutual de Seguridad de Calama. Lo anterior, debido a lo siguiente:

a) En cuanto a las consultas sobre cuál fue el juicio de reproche efectuado y qué significa aquello, debido a que constituye una solicitud pronunciamiento, que no se encuentra amparada por el procedimiento de acceso a la información establecido en la Ley de Transparencia, sino que por la Constitución Política de la República.

b) Respecto del detalle, rol y funciones de la Superintendencia de Salud respecto de la Mutual de Seguridad, pues aquello fue entregado con ocasión de la respuesta proporcionada por el órgano reclamado, en su oportunidad.

c) En lo relativo al procedimiento efectuado por denuncia de la reclamante y a si sus funcionarios denunciaron la situación que indica, debido a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que no obra en su poder la información solicitada.

En sesión ordinaria N° 1087 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de abril de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C8392-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 1° de diciembre de 2019, doña Soledad Luttino Rojas solicitó a la Superintendencia de Salud, respecto de resolución N° 641/2016, en lo pertinente, lo siguiente:

a) "Cuál fue el juicio de reproche otorgado a la Mutual de Seguridad, según lo señalado en la resolución 641/2.'16, emitido por este servicio".

b) "Que es un juicio de reproche para la Superintendencia de salud".

c) "Detalle Rol y/o funciones de esta Superintendencia respecto a Mutual de Seguridad".

d) "Procedimiento efectuado por denuncia de la suscrita por no notificación de enfermedad AUGE, como sanción o similar a la misma".

e) "De acuerdo a lo indicado por el art. 175 del CPP, señale si funcionarios de este servicio, denunciaron a (...) por estar emitiendo diagnósticos distintos en forma paralela a una paciente (una COMPN Y otra para el paciente)".

2) RESPUESTA: La Superintendencia de Salud mediante ordinario N° 3121, de fecha 24 de diciembre de 2019, informó en lo pertinente lo siguiente:

a) En cuanto a lo consultado en los literales a) y b) de la solicitud, sostienen que no son requerimientos de acceso a la información pública en los términos dispuestos en la Ley de Transparencia, por cuanto no corresponde realizar una revisión de actos administrativos.

b) Respecto a lo pedido en el literal c) de la solicitud, señalan que sus funciones y atribuciones con los prestadores institucionales de salud, son aquellas que se encuentran contenidas en el decreto con fuerza de ley N° 1, año 2005, del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469; ley N° 20.394, que prohíbe condicionar la atención de salud al otorgamiento de cheques o dinero en efectivo; ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud - en adelante ley N° 20.584-; y ley N° 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales; indicando el enlace por medio del cual puede acceder a cada una de dichas normas.

c) En lo referente a lo solicitado en el literal d) del requerimiento, informan que no cuenta con información de procedimiento sancionatoria hacia el prestador indicado relacionado a su reclamo. Así como tampoco, cuenta con aquella respecto de denuncias efectuadas en contra del profesional indicado en el literal e) de la presentación.

3) AMPARO: Con fecha 25 de diciembre de 2019, doña Soledad Luttino Rojas dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de la Superintendencia de Salud fundado en la respuesta incompleta o parcial, pues no proporcionan acceso a lo pedido.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Salud mediante oficio N° E833, de fecha 21 de enero de 2020, para que formule sus descargos y observaciones.

El órgano reclamado por medio de ordinario N° 327, de fecha 6 de febrero de 2020, reiteró lo señalado en su respuesta, agregando que la reclamante mediante la presentación N° 101181, de fecha 30 de noviembre de 2015, dedujo reclamo en contra de la Mutual de Seguridad de Calama por presunto incumplimiento de la ley N°20.584, por las atenciones otorgadas en dicho prestador durante el año 2013. Con fecha 12 de febrero de 2016, por medio de la Resolución Exenta IP/N° 228, resolvieron dicho reclamo acogiéndolo al haberse constatado una infracción a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley N°20.584, instruyéndose en virtud de lo dispuesto en el artículo 38 de la citada ley, corregir la irregularidad verificada y entregar copia íntegra de todos sus antecedentes clínicos. Mediante presentación de fecha 24 de febrero de 2016, la solicitante interpuso recurso de reposición en contra de la citada resolución, argumentando, en lo fundamental, que dicho acto administrativo no habría abordado la totalidad de sus presentaciones. Por Resolución Exenta 1P/N°641, de fecha 27 de abril de 2016, resolvieron el recurso de reposición presentado, acogiéndolo parcialmente, teniéndose por acreditada la infracción al artículo 8 letra b) de la ley N°20.584. En este contexto, se instruyó al prestador reclamado ajustar sus procedimientos de notificación de las citadas patologías de conformidad a la ley y confeccionar un procedimiento de entrega de fichas clínicas a los pacientes que la requieran y que dé cuenta de su integridad y viabilidad, manteniéndose en lo no modificado, lo dispuesto en la Resolución Exenta IP/N°228. Con fecha 7 de junio de 2016, el prestador reclamado, informó el cumplimiento de lo instruido en la citada resolución.

Además, señalan que desde la fecha de interposición de su reclamo y hasta que se resolvió el recurso de reposición en el mes de abril de 2016, la reclamante continúo efectuado variadas presentaciones relacionadas con el reclamo, las que fueron agregadas al expediente respectivo, consideradas en la resolución del reclamo y respectivo recurso de reposición. Asimismo, con posterioridad a la resolución de dicho recurso y hasta el día de hoy, ha continuado ingresando presentaciones, en las que reitera las alegaciones resueltas en el procedimiento administrativo iniciado a partir del reclamo N° 101181, expediente que le ha sido entregado en numerosas oportunidades.

Por otra parte, en cuanto a lo consultado en los literales a) y b) del requerimiento, sostienen que de su simple lectura cabe concluir que no ha formulado una solicitud de acceso a la información en los términos previstos en la Ley de Transparencia, sino que ha pretendido obtener una explicación respecto al juicio de reproche realizado a un prestador de salud en virtud de un procedimiento administrativo seguido en su contra por vulneraciones a la ley N°20.584, lo que corresponde al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N°14 de la Constitución Política de la República, en razón de lo que supondría, una redacción poco clara de un considerando de un acto administrativo específico, por lo que la Ley de Transparencia no resulta la vía jurídica para conocer y/o impugnar las motivaciones de un acto administrativo, determinar sus alcances o requerir explicaciones de su contenido. Además, hacen presente que la reclamante ha solicitado este tipo de pronunciamientos con anterioridad, tal como consta en los requerimientos N°A0006T0001638, de fecha 7 de mayo de 2018 y N°A0006T0001988, de 17 de septiembre de 2018, respectivamente, cuyas copias se adjuntan. Sin perjuicio de lo anterior, reiteran que el reproche formulado al prestador se refirió precisamente a que éste omitió cumplir su obligación de notificar el diagnóstico de una patología incluida en el entonces Decreto Supremo N°4, de 2013, de Salud (actual Decreto N°3, de 2016, de Salud). Además, sostienen que al indicar la Resolución Exenta "correspondiendo por tanto un juicio de reproche a su conducta del modo que se resolverá", se refiere a que el "juicio de reproche a su conducta", esto es, la falta de notificación de la patología GES, se sancionaría del modo que se indicó en el punto 1 de la parte Resolutiva de la misma, esto es, ordenando ajustar el procedimiento de notificación de dichas patologías. De esta manera, cabe indicar que el reproche efectuado a la Mutual de Seguridad de Calama dice relación con la falta de notificación de la patología GES, y la Superintendencia, debido a las facultades legales que le otorga la ley N°20.584, le ordenó ajustar sus procedimientos de notificación en relación con dichas patologías.

Respecto de lo requerido en el literal c) de la solicitud, indican que las facultades que detenta este organismo fiscalizador se encuentran referidas a la calidad de una entidad en su condición de prestador de salud, y no particularmente en relación a una Mutual de Seguridad, por ello la enunciación de cuerpos legales realizada en su respuesta, consideran que satisface íntegramente el requerimiento efectuado, por cuanto si el accionar de una Mutual de Seguridad, como prestador de salud, transgrede alguna de las normativas expuestas, se expone a la intervención de esa Superintendencia.

En lo referente a lo pedido en el literal d) de la presentación, reiteran que por medio de la resolución exenta IP/N° 228, se resolvió el reclamo administrativo N°101181, de 30 de noviembre de 2015, acogiéndose el mismo al haberse constatado una infracción a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley N°20.584 por lo que se instruyó en virtud de lo dispuesto en el artículo 38 de la citada ley, que se corrigiera la irregularidad verificada y se entregara copia íntegra a la reclamante de todos sus antecedentes clínicos. Este acto administrativo no se refirió a la falta de notificación de la patología GES de la reclamante, por lo que, tras recurso de reposición interpuesto, por medio de resolución exenta IP/N°641, de fecha 27 de abril de 2016, determinaron la existencia de una infracción del artículo 8 letra b) de la ley N°20.584, instruyendo al prestador reclamado ajustar sus procedimientos de notificación de patologías GES de conformidad a la ley y confeccionar un procedimiento de entrega de fichas clínicas a los pacientes que la requieran, dando cuenta de su integridad y viabilidad. De esta manera, el único procedimiento administrativo que existió fue precisamente el informado, cuyo contenido la recurrente misma exhibe en su presentación, sin embargo, y dadas las facultades que al efecto confiere el artículo 38 de la ley N°20.584, que sólo autoriza a la Intendencia de Prestadores adoptar las medidas necesarias que permitan corregir las irregularidades detectadas, es que no existe una "sanción" en los términos convencionales de la expresión, y por ello en su respuesta, informaron que no contaba con información de un procedimiento sancionatorio en contra del prestador. De esta manera la única "sanción" que existiría es la de ajustar sus procedimientos de notificación de antedichas patologías de conformidad a la ley.

Finalmente, con relación a lo consultado en el literal e) de la presentación, reiteran lo señalado en su respuesta, en orden a que no cuentan con información sobre denuncias efectuadas en contra del profesional indicado, situación que ya había sido advertida en la presentación Folio N°A0006T0001638, de fecha 7 de mayo de 2018 y a la que se alude en la decisión del amparo Rol C2519-18, de 2 de octubre de 2018.

5) SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO: Este Consejo, en atención a lo señalado precedentemente, solicitó a la reclamante mediante oficio N° E2.981, de fecha 5 de marzo de 2020, pronunciarse en los siguientes términos: (1°) indique si se encuentra conforme con la información proporcionada por el órgano; y, (2°) en el evento de manifestar su disconformidad, señale específicamente qué información de la solicitada no le ha sido entregada.

Doña Soledad Luttino Rojas por medio de correo electrónico de fecha 10 de marzo de 2020, manifiesta su disconformidad con lo informado por el órgano reclamado.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo se funda en la respuesta incompleta o parcial, pues no proporciona acceso a la información solicitada referida, en términos generales, al contenido de la resolución exenta IP/N°641, de fecha 27 de abril de 2016, que acogió recurso de reposición deducido en contra de resolución exenta IP/N° 228, de fecha 12 de febrero de 2016, que se pronunció sobre reclamo N° 101181, de fecha 30 de noviembre de 2015, deducido por la reclamante en contra de la Mutual de Seguridad de Calama. Por lo tanto, se puede concluir que se consulta sobre procedimiento afinado, respecto del cual no proceden más recursos, por lo menos, por la vía administrativa.

2) Que en cuanto a lo consultado en los literales a) y b) del requerimiento, cabe hacer presente que atendido su tenor literal aquello se trata de una solicitud de pronunciamiento a la Superintendencia de Salud, amparada por el derecho de petición previsto en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República y no por el procedimiento de acceso a la información previsto en la Ley de Transparencia. Sin perjuicio de lo cual, se debe considerar que el órgano reclamado, con ocasión de sus descargos, informó sobre lo consultado, en particular, sostuvo que el reproche formulado al prestador se refirió precisamente a que éste omitió cumplir su obligación de notificar el diagnóstico de patología GES. Además, a qué se refieren con "juicio de reproche a su conducta", esto es, a la falta de notificación de la patología GES, por lo que, se le ordenó ajustar el procedimiento de notificación de aquellas. Lo anterior, fue puesto en conocimiento de la reclamante, en su oportunidad, quien se manifestó disconforme con lo informado. En consecuencia, se rechazará el amparo en estos literales, por no constituir solicitud amparada por el procedimiento dispuesto en la Ley de Transparencia.

3) Que lo pedido en el literal c) de la solicitud es el detalle, rol y funciones de la Superintendencia de Salud respecto de la Mutual de Seguridad, al respecto aquella, con ocasión de su respuesta, indicó los cuerpos normativos en los cuales se encuentran contenidas sus funciones y atribuciones con los prestadores institucionales de salud. Además, precisan en sus descargos, que las facultades que detentan se encuentran referidas a la calidad de una entidad en su condición de prestador de salud, y no particularmente en relación con una Mutual de Seguridad, por cuanto si el accionar de aquella en dicho sentido, transgrede alguna de las normativas expuestas, se expone a su intervención. En consecuencia, atendido a que se le otorgó la información solicitada, en su oportunidad, se rechazará el amparo en este literal.

4) Que respecto de lo solicitado en los literales d) y e) de la presentación, el órgano alegó que aquello no obra en su poder. En tal sentido, cabe hacer presente que la inexistencia es una circunstancia de hecho, cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. Esta alegación debe ser fundada, indicando en forma clara el motivo por el cual no obra en su poder, y debe ser acreditada en forma fehaciente.

5) Que, en cuanto al procedimiento efectuado por denuncia realizada por la reclamante, al respecto el órgano reclamado informó que el único procedimiento administrativo que existió fue aquel resuelto, en primera instancia, por la resolución exenta N° 228, por ello en su respuesta, indicaron que no contaba con información de un procedimiento sancionatorio en contra del prestador, pues la única "sanción" que existiría es la de ajustar sus procedimientos de notificación de las patologías GES de conformidad a la ley, en virtud de la resolución citada precedentemente. Por su parte, en cuanto a las denuncias efectuadas por sus funcionarios respecto del profesional individualizado en su requerimiento, la Superintendencia de Salud sostuvo que no cuentan con aquella, haciendo presente que en el mismo sentido fue informado en respuesta a solicitud de acceso que da origen al amparo Rol C2519-18.

6) Que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, sólo será pública aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de información inexistente. En consecuencia, sin que se dispongan de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, se rechazará el amparo en estos literales, por no obrar en su poder lo pedido.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por doña Soledad Luttino Rojas en contra de la Superintendencia de Salud, por constituir una solicitud de pronunciamiento, por haberse otorgado lo pedido de manera oportuna y por no obrar en su poder la información solicitada, respectivamente, por los fundamentos señalados precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a doña Soledad Luttino Rojas y al Sr. Superintendente de Salud.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.