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Javier Morales con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rol: C1056-20

Consejo para la Transparencia, 09/06/2020

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Tesorería General de la República, referido a entrega de copias de recaudación del impuesto específico al Diesel en el periodo que se indica. Lo anterior, por cuanto la información solicitada no obra en poder de la reclamada, tras haberse informado consistentemente la inexistencia de lo requerido; no disponiendo este Consejo de antecedentes que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada, en cuanto a la inexistencia de lo solicitado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1056-20

Entidad pública: Tesorería General de la República

Requirente: Javier Morales

Ingreso Consejo: 27.02.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Tesorería General de la República, referido a entrega de copias de recaudación del impuesto específico al Diesel en el periodo que se indica.

Lo anterior, por cuanto la información solicitada no obra en poder de la reclamada, tras haberse informado consistentemente la inexistencia de lo requerido; no disponiendo este Consejo de antecedentes que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada, en cuanto a la inexistencia de lo solicitado.

En sesión ordinaria N° 1104 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de junio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N°20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1056-20.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 13 de febrero de 2020, don Javier Morales solicitó a la Tesorería General de la República -en adelante, indistintamente TGR- la siguiente información: "recaudación del impuesto específico al Diesel desde el 2000 hasta el año 2019, desglosado por año".

2) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 27 de febrero de 2020, la Tesorería General de la República respondió a dicho requerimiento de información, accediendo a la entrega de lo requerido respecto del periodo de 2004 a 2019. Respecto de los años 2000, 2001, 2002 y 2003, indica que, tras la revisión de sus sistemas, se verificó que no cuenta con registros que permitan la entrega de la recaudación para ese periodo.

3) AMPARO: El 27 de febrero de 2020, don Javier Morales dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la respuesta proporcionada seria incompleta, toda vez que no se entrega la recaudación de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Tesorera General de la República, mediante Oficio N°E3860, de fecha 17 de marzo de 2020 solicitándole que: (1°) se indique si procedió a efectuar la búsqueda de parte de la información solicitada, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre Procedimiento Administrativo de acceso a la información; (2°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de parte de la información requerida; y, (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de parte de la información solicitada.

Mediante presentación, de fecha 22 de abril de 2020, la TGR presentó sus descargos y observaciones, reiterando lo expuesto en su respuesta. Al respecto, con relación al motivo específico, en virtud del cual la información requerida no obra en poder del órgano reclamado señala que, respecto de la habilitación del código 211 -donde consta la información referida a la recaudación del impuesto específico al Diesel-, la Resolución Exenta N°27, de fecha 27 de julio de 2001, del Servicio de Impuestos Internos establece que: "Dispone la Creación de Formulario N°50 de Recaudación y Pago Simultáneo de Impuestos que señala y Ordena su Utilización a Contar de la Fecha que Indica". Dicha resolución señala en el N°4 que "En el formulario 10 administrado por el Servicio de Tesorerías y a contar de la fecha de entrada en vigencia de esta resolución, los contribuyentes no podrán hacer uso de los siguientes códigos: Código 211 Impuesto específico a la primera venta de petróleo diésel". Por lo anterior, a partir de la entrada en vigencia de la singularizada resolución, se creó el Formulario N°50, código N°211 para dicho impuesto, dejando de utilizarse el Formulario N°10, código N°211.

Sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, el órgano reclamado informa que, la Sección de Recaudación de la División Operaciones de la Tesorería General de la República, realizó una nueva búsqueda -con el código N°211 del Formulario N°10, que era utilizado con anterioridad-, obteniéndose el monto que se indica para el año 2001. Con respecto a los años 2000, 2002 y 2003 precisa que, no existe información declarada en el código N°211 de los formularios N°50 y N°10.

5) PRONUNCIMIENTO DEL RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante Oficio N°E6201, de fecha 30 de abril de 2020, le solicita al reclamante que: (1°) señale si la respuesta proporcionada por el organismo reclamado, satisface o no su requerimiento de información, indicando si desea desistir o continuar con la tramitación del presente amparo; (2°) en el evento de manifestar su disconformidad con la misma, aclare la infracción cometida por el órgano reclamado, acompañando antecedentes que permitan aseverar que la información obra en poder del servicio.

Mediante comunicación electrónica, de fecha 6 de mayo de 2020, el peticionario manifiesta su inconformidad con la respuesta y su intención de perseverar en el presente amparo de acceso a la información, cuestionando la inexistencia alegada por el órgano reclamado.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente procedimiento de acceso a la información se funda en la falta de satisfacción del reclamante con la respuesta entregada por el órgano reclamado, por cuanto dicha respuesta sería parcial. Al efecto, el peticionario cuestiona la inexistencia de la información -referida a la entrega de copia de la recaudación del impuesto específico al Diesel del periodo que se indica- de los años 2000, 2001, 2002 y 2003, alegada por el órgano reclamado.

2) Que, de la revisión de los antecedentes aportados por la reclamada, con ocasión de su respuesta y descargos, este Consejo advierte que la TGR ha sido consistente en informar, tanto al solicitante, como a esta Corporación, que no obraban en su poder antecedentes distintos a lo ya entregados al reclamante. Al efecto, el órgano reclamado explica que, tras la revisión de los registros del sistema no se encontraron los antecedentes requeridos, con respecto a los años 2000, 2002 y 2003. Al respecto, reseña que, se buscó en el código N°211 del Formulario N°50 donde consta la información referida a la recaudación del impuesto específico al Diesel, sin obtener resultados, como asimismo en el código N°211 del Formulario N°10, sistema utilizado con anterioridad al 1 de agosto de 2001, según Resolución Exenta N°27, de fecha 27 de julio del 2001, de Impuestos Internos.

3) Que, sobre la materia, de acuerdo a los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia es pública y por tanto, factible de ser objeto de un requerimiento de acceso a información pública aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de información inexistente. En efecto, el artículo 10° de la antedicha ley, dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado "cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga (...)". En tal sentido y complementando lo anterior, el artículo 3°, letra d), del Reglamento del cuerpo legal citado, preceptúa que "toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información que obre en poder de cualquier órgano de la Administración (...)" (énfasis agregado).

4) Que, sobre lo anterior, es menester tener en consideración lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09, en donde se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, no resulta procedente requerir al órgano reclamado que haga entrega de información que, de acuerdo con lo señalado, no obraría en su poder, como tampoco de aquélla que resulte inexistente.

5) Que, habiéndose explicado consistentemente la inexistencia de lo requerido y atendida la falta de antecedentes en el procedimiento de acceso en análisis, que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada en esta sede, en cuanto a la inexistencia de la información solicitada, se rechazará el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Javier Morales, en contra de la Tesorería General de la República, en virtud de la inexistencia consistentemente explicada por el órgano reclamado.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Javier Morales; y a la Sra. Tesorera General de la República.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.