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Cristian Camilo Cruz Rivera con CARABINEROS DE CHILE Rol: C994-20

Consejo para la Transparencia, 09/06/2020

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de Carabineros de Chile, ordenando la entrega de: - Información sobre las fechas y lugares (países y ciudades) en los que ha estado o viajado en comisión de servicio o institucionalmente desde que el oficial que indica egresó de la Escuela de Carabineros. - Información referida al consumo de munición diario, en especial cartuchos de perdigones, balines y balas, percutadas o disparadas en período que indica. Lo anterior, por haberse desestimado las alegaciones del órgano, fundadas en la afectación al debido cumplimiento de sus funciones, la seguridad de la Nación y orden público, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 436 N°3 del Código de Justicia Militar. - Copia de liquidaciones de sueldo en período que indica. Lo anterior, por tratarse de información pública que se relaciona directamente con el ejercicio de cargos y funciones públicas, que son pagados con fondos públicos y que no afecta la vida privada de éste. Con todo, en forma previa, el órgano deberá tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en aquellas, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, como asimismo los descuentos voluntarios, instituciones de salud y administradores de fondos de pensiones del funcionario, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y 4° de la ley N° 19.628. Lo anterior, se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra m) de la citada Ley de Transparencia; - Copia de la Hoja de Vida de funcionario y período que indica. Lo anterior, fundado en que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. Sin perjuicio de lo anterior, en aplicación del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letras f) y g), y 4 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada, deberán tarjarse, al momento de efectuar la entrega de la información, solamente aquellos datos personales de contexto, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, fotografía del funcionario, peso y altura, como también los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado al funcionario. Asimismo, se deberán tarjar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, esto último, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N° 19.628. Todo ello, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley. Asimismo, se rechaza el amparo en lo referido a los procedimientos en los cuales hayan resultado heridos funcionarios que indica por el actuar del funcionario consultado. Lo anterior, por cuanto forman parte de un sumario administrativo que no se encuentra afinado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C994-20

Entidad pública: Carabineros de Chile

Requirente: Cristian Camilo Cruz Rivera

Ingreso Consejo: 24.02.2020

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de Carabineros de Chile, ordenando la entrega de:

- Información sobre las fechas y lugares (países y ciudades) en los que ha estado o viajado en comisión de servicio o institucionalmente desde que el oficial que indica egresó de la Escuela de Carabineros.

- Información referida al consumo de munición diario, en especial cartuchos de perdigones, balines y balas, percutadas o disparadas en período que indica. Lo anterior, por haberse desestimado las alegaciones del órgano, fundadas en la afectación al debido cumplimiento de sus funciones, la seguridad de la Nación y orden público, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 436 N°3 del Código de Justicia Militar.

- Copia de liquidaciones de sueldo en período que indica. Lo anterior, por tratarse de información pública que se relaciona directamente con el ejercicio de cargos y funciones públicas, que son pagados con fondos públicos y que no afecta la vida privada de éste. Con todo, en forma previa, el órgano deberá tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en aquellas, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, como asimismo los descuentos voluntarios, instituciones de salud y administradores de fondos de pensiones del funcionario, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y 4° de la ley N° 19.628. Lo anterior, se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra m) de la citada Ley de Transparencia;

- Copia de la Hoja de Vida de funcionario y período que indica. Lo anterior, fundado en que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. Sin perjuicio de lo anterior, en aplicación del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letras f) y g), y 4 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada, deberán tarjarse, al momento de efectuar la entrega de la información, solamente aquellos datos personales de contexto, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, fotografía del funcionario, peso y altura, como también los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado al funcionario. Asimismo, se deberán tarjar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, esto último, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N° 19.628. Todo ello, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley.

Asimismo, se rechaza el amparo en lo referido a los procedimientos en los cuales hayan resultado heridos funcionarios que indica por el actuar del funcionario consultado. Lo anterior, por cuanto forman parte de un sumario administrativo que no se encuentra afinado.

Se deriva a la Fiscalía respectiva la parte de la solicitud referida los lugares (comunas) en las que el oficial que indica ha debido prestar labores o funciones, con señalamiento de fechas, desde el 18 de octubre de 2019 al día 31 de diciembre de 2019.

En sesión ordinaria N° 1104 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de junio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C994-20.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 31 de diciembre de 2019, don Cristian Camilo Cruz Rivera solicitó a Carabineros de Chile la siguiente información:

"Sobre el oficial Felipe Rozas Córdova, solicita:

1°.- Fecha en la que ascendió a los grados o rangos de Subteniente, Teniente y Capitán.

2°.- Fecha en que inició sus labores o funciones en el GOPE y fecha en que dejó de prestar labores en ese ente.

3°.- Fechas y lugares (países y ciudades) en los que ha estado o viajado en comisión de servicios o institucionalmente, desde que egresó de la Escuela de Carabineros.

4°.- Se me indique, desde el 1 de enero de 2018 al día 31 de diciembre de 2019, las fechas en que viajó o se transportó en naves y aeronaves institucionales, con el monto por asignación, beneficio, gratificación o símil que le corresponde recibir como pago, reembolso o símil por cada uno de esos viajes o vuelos.

5°.- Lugares (comunas) en las que ha debido prestar labores o funciones, con señalamiento de fechas, desde el 18 de octubre de 2019 al día 31 de diciembre de 2019.

6°.- El consumo de munición diario, en especial cartuchos de perdigones, balines y balas, percutadas o disparadas entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2019.

7°.- Acompañando copia de sus liquidaciones de sueldo y demás documentos que den cuenta de la respuesta, solicito los montos que ha percibido, por mes, por cualquier concepto (sueldo, reembolsos, asignaciones, gratificaciones, etcétera), entre el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019.

8.- Copia legible y fiel del original de su Hoja de Vida y Calificación, bajo cualquier denominación que tenga, desde que egresó de la Escuela de Oficiales al presente, tarjando sólo los datos sensibles tales como números de rut, domicilio, datos médicos, antecedentes de sus familiares.

9°.- Fecha en que toda persona, tanto civiles como personal institucional, resultó herido o lesionado por el proceder del Oficial consultado, señalando si entre tales lesionados hay uno o más funcionarios en instrucción, entrenamiento o capacitación con este mismo.

10°.- Se me informe la fecha de toda investigación dentro de Carabineros, sea administrativa, interna, sumaria u otra que diga relación, total o parcialmente, con el proceder, intervención o actuación del oficial consultado, desde que ingresó al GOPE.

11°.- Se me indique si ese oficial ha efectuado clases, como profesor o instructor, de alguna de las academias o centro de formación de Carabineros, indican las asignatura y periodos de tales clases".

2) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta N°46, de 6 de febrero de 2020, Carabineros de Chile respondió a dicho requerimiento, señalando:

1.- Fechas de ascensos de la persona consultada.

2.- Fecha desde la cual la persona consultada presta servicios en el G.O.P.E

3.- Países a los cuales fue destinado a Comisión de Servicio, indican fechas.

4.- Señalan que el oficial subalterno no mantiene otorgamiento de beneficios de asignación vuelo en el periodo consultado.

5.- En la fecha consultada el oficial prestado servicios en el G.O.P.E Calama, como jefe.

6.- Señalan que no es posible entregar este tipo de información, toda vez que guarda relación con los planes operativos llevados a cabo por la institución, razón por la cual deniegan la información, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 N° 3 y 5 de la Ley de Transparencia.

7.- Se deniega la información por oposición de tercero.

8.- Se informan las calificaciones obtenidas por la persona consultada en su carrera funcionaria El resto de los antecedentes solicitados son denegados por la oposición del tercero.

9.- Se informan dos casos en que han salido lesionados miembros de Carabineros por el proceder de la persona consultada.

10.- Se informan los sumarios en que se encuentra involucrado la persona consultada.

11.- Se informa que el Oficial consultado fue profesor en la Escuela de Formación de Carabinero Grupo Arica. Otorgan detalle.

3) AMPARO: El 24 de febrero de 2020, don Cristian Camilo Cruz Rivera dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en respuesta incompleta o parcial. Además, el reclamante hizo presente que: se encuentra conforme con la respuesta otorgada a los puntos 1, 2, 10 y 11 de su solicitud y que se manifiesta disconforme con los siguientes puntos: 3.- Sólo se le indicó los países no las ciudades; 4.- El órgano responde parcialmente, indica que no ha recibido asignaciones por ese ítem, sin acompañar el certificado de búsqueda, pero lo más relevante es que omiten informar o responder si él ha viajado en dichas naves o aeronaves; 5.- Responden que en el referido período, la persona consultada, ha cumplido labores de Jefe del GOPE Calama, lo que no responde lo requerido, ya que no pregunta por la labores o cargo desempeñados sino que requirió saber comunas a las que debió ir, pues siendo Jefe del servicio perfectamente pudo viajar a diferentes lugares en comisión de servicios por horas o días, sin que por ello pierda su cargo de Jefe de GOPE Calama; 6.- Requirió el consumo de munición fiscal por día para el período consultado, a lo que Carabineros indica que no le informarán por ser parte de los planes operativos. Indicar que no es posible sostener o creer ello, por cuanto sería como señalar que previamente se le ordenaba a él (en consecuencia a cada funcionario) disparar un determinado número de cartuchos por día, lo que es simplemente absurdo. Las balas y munición son de cargo fiscal, no pretende que le informen a futuro, sólo lo efectivamente ya consumido; 7 y 8.- Señala que le denegaron la información por la oposición del tercero; 9.- Dicen que los funcionarios resultaron lesionados, sin señalar si ello fue por obra del oficial por lo que la respuesta es ambigua.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. General Director de Carabineros de Chile, mediante Oficio N° E3650, de 13 de marzo de 2020, solicitando que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información, considera lo expresado por el recurrente respecto a los puntos 3, 4, 5 y 9 de su solicitud ; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) explique cómo lo solicitado, respecto a los puntos 6, 7 y 8 del requerimiento, afectaría la seguridad de la nación y los derechos de el/los tercero(s) y; (4°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a el/los tercero(s), incluyendo copia de la(s) respectiva(s) comunicación(es), de los documentos que acrediten su notificación, de la(s) oposición(es) deducida(s) y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que ésta(s) ingresó(aron) ante el órgano que usted representa; y, (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Mediante presentación de 26 de marzo de 2020, el órgano reclamado hizo llegar sus descargos a este Consejo, señalando en cuanto a las preguntas que:

3.- En cuanto a las fechas y lugares (países y ciudades) en los que ha estado o viajado en comisión de servicio o institucionalmente desde que egresó de la Escuela de Carabineros, se entregó la información existente, toda vez que las comisiones de servicio se disponen para una actividad determinada en un país y no en una ciudad o localidad. De la misma forma se encuentra registrado en su hoja de vida.

4.- Se informó al recurrente, que de acuerdo a los antecedentes existentes y luego de efectuada una revisión de la Lista de Revista de Comisario, el Oficial Subalterno por el que consulta, no mantiene otorgamiento de beneficio de asignación de vuelo en el período indicado, derecho que nace por el solo hecho de efectuar un vuelo. Por consiguiente, si no se pagó el referido estipendio, es por cuanto no efectuó vuelos en el período señalado, por lo que no resulta pertinente acompañar certificado de búsqueda de ninguna naturaleza.

5.- En relación a las comunas en que ha debido prestar labores o funciones, con señalamiento de fechas, desde el 18 de octubre de 2019 al 31 de diciembre de 2019, cabe hacer presente que el Oficial por el que se consulta no fue designado para prestar servicios en una comuna determinada, ya que su labor se extiende, de acuerdo a los planes operativos y acciones que requieran la participación del personal de ese Estamento Especializado, a toda el área jurisdiccional del GOPE Calama. Luego para establecer a qué lugares se dirigió en su accionar policial, habría que revisar todos los planes operativos y las instrucciones impartidas por la Fiscalía respectiva, lo que significaría develar antecedentes protegidos por el secreto de las investigaciones que tal entidad lleva a efecto.

6.- Respecto al consumo de munición diario, en especial cartuchos de perdigones, balines y balas, percutadas o disparadas entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, la información no es factible de ser entregada puesto que posee el carácter de secreta, de acuerdo a las normas del Código de Justicia Militar. En efecto, entregar "copia y acceso a la documentación que contenga el número de munición utilizada en procedimientos entre los años 2018 y 2019, sea operativos o cualquier otra situación de servicio, desglosado por mes y tipo de munición", conlleva un riesgo de afectación, cierto, probable y específico, debido al cumplimiento de las funciones de Carabineros de Chile y, en definitiva, a la seguridad pública, atendido su contenido específico, referido a develar indirectamente la descripción detallada del tipo de armamento que utiliza Carabineros de Chile en el desarrollo de sus funciones , lo que aumentaría la sensación de inseguridad entre los particulares y afecta el futuro desempeño de los funcionarios y de las Unidades y Reparticiones. Debe tenerse presente que en el período solicitado se comprende la contingencia de octubre a diciembre de 2019. Señala que, asimismo, entregar la información solicitada, permite evidenciar alteraciones cualitativas en la capacidad de fuego del órgano policial, pudiendo colocarse en riesgo eventual determinadas actividades o planes de acción frente a grupos criminales o en situaciones de alteración del orden público. Cita jurisprudencia al respecto.

Indica que, en la especie resulta plenamente aplicable la reserva de información en virtud de lo establecido en el artículo 21 N° 1 letra a) de la ley N° 20.285, toda vez que la publicidad, comunicación o conocimiento de lo requerido, afecta el debido cumplimiento de las funciones propias del Control de Orden Público que debe llevar a efecto Carabineros de Chile, por cuanto es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito.

7 y 8.- En cuanto a las liquidaciones de sueldo y Hoja de Vida, debido a que la información versa sobre datos concernientes a la vida privada y datos sensibles, sobre los cuales en conformidad con la legislación vigente, aquél tiene el legítimo derecho a mantener reserva, se dio lugar al procedimiento del artículo N° 20 de la Ley de Transparencia, resultando oposición del tercero.

9.- En cuanto a la fecha en que toda persona, tanto civiles como personal institucional, resultó herido o lesionado por el proceder del Oficial consultado, señalando si entre tales lesionados hay uno o más funcionarios en instrucción, entrenamiento o capacitación con este mismo, se informó que existen dos investigaciones que a la fecha no se encuentran afinadas, a fin de establecer eventuales responsabilidades en las lesiones que sufriera un ex Carabinero Alumno y un Cabo 1°. No encontrándose terminadas las investigaciones, resulta improcedente atribuir responsabilidades a determinado personal, no obstante lo cual, se entregó la totalidad de la información que es pública a la fecha, incluidos los números de las órdenes de sumario vigentes.

5) PRONUNCIMIENTO DEL RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante oficio N° E4912, de 8 de abril de 2020, solicitó al reclamante manifestar su conformidad o disconformidad respecto de la información que le habría remitido el órgano, y en caso de disconformidad, detallar qué información de la solicitada no le habría sido entregada. Mediante correo electrónico de 13 de abril de 2020, el reclamante manifiesta su disconformidad con la respuesta entregada, señalando que su petición constó de 11 numerales, basando el Amparo en lo relativo a los numerales 3° al 9°, incluidos tales. Señala que da por cumplido lo requerido en numeral 4. En cuanto al resto de los numerales de su solicitud y el descargo de Carabineros, indica lo siguiente:

Numeral 3°, reiteran en lo grueso la respuesta inicial, indicando que Felipe Rozas viajó en comisión de servicios a Argentina y Colombia, pero esta vez (no lo dijeron en principio) aseveran desconocer la ciudad o ciudades en las que estuvo y supuestamente ello no estaría informado en su Hoja de Vida. No es creíble ni verosímil que la institución desconozca las ciudades a la que fue en comisión de servicios y si respecto a numeral 4° aluden a la Revista del Comisario para buscar información, está vez no buscaron allí ni en oficinas del GOPE o en la dependencia de Carabineros a cargo de viajes la información requerida. Ergo, nuevamente, no han dado respuesta a lo consultado y evitan entregar información de las ciudades a las que con fondos públicos viajó un oficial con vínculos de protección institucional.

Respecto al numeral 5°, está vez añaden nuevos argumentos, por lo que evidentemente al interponer el Amparo no pudo referirse a ellos. En los hechos, dicen que deberían revisar los planes operativos para darle respuesta, o sea reconocen tener la información requerida y no acusan dificultad en dar con ella, arguyen que al tratarse de información de investigaciones de la fiscalía eso sería secreto o reservado. Reitera que recién se escudan en ese secreto, además no precisan a que fiscalía se refieren (fiscalía del Ministerio Público, Fiscalía Militar u otra), sin perjuicio de lo cual es sabido que no todas las actuaciones del GOPE, ni en general de Carabineros, las ordena la fiscalía de Ministerio Público y que algunas de esas actuaciones lo son en lo que ellos denominan control del orden público (el cual obedece a instrucciones policiales o de la autoridad política y no del Ministerio Público), dicho lo anterior, corresponde le informen lo precisado y sólo para los casos en que hubiesen obrado por orden previa de la fiscalía del Ministerio Público, en virtud del principio de divisibilidad, indicarle las comunas en que ello ocurrió, con el número de actuaciones en esa comuna por orden del persecutor, pero respecto de las demás veces que concurrió a demás comunas, fuera de Calama, sin orden previa del Ministerio Público ello le debe ser informado en detalle acorde su requerimiento primitivo. Indica, que en sus descargos el órgano trata de limitar su respuesta a que el oficial en cuestión no fue destinado a otras comunas, cuando no pregunta solo por destinaciones, dice "a las comunas a las que debió concurrir a prestar labores o servicios" (lo que es más amplio que el concepto destinación).

Al numeral 6°, indican que hablar del armamento les perjudicaría, que lo que se pide es consumo de munición en un período acotado, no pide ningún dato de armamento u otro, por lo que todo lo referido por Carabineros sólo es con el afán de no dar respuesta e, incluso, tratan de equiparar su solicitud con la de un tercero sobre el consumo de lacrimógenas de toda la institución en el periodo de meses, lo que no es comparable con su solicitud y no tienen relación alguna.

A los numerales 7° y 8°, señala que son innumerables los casos pretéritos en que ha solicitado esos datos respecto de variado personal policial, entre ellos y en lo respectivo de ex Generales Directores de Carabineros en servicio y otros oficiales, y se le ha entregado, tarjado sólo los datos sensibles, dichos documentos y antecedentes por lo que no hay razón a la misma legislación se me niegue en definitiva esa información.

Al numeral 9°, se mantienen en su respuesta primitiva y añaden que no pueden pronunciarse sobre la atribución de responsabilidad del Sr. Rozas Córdova, para así no entregar parte de la información peticionada en dicho numeral. El caso es que no preguntó por responsabilidad administrativa u otra, que es el argumento usado ahora, refiere sobre el proceder de aquel, no sobre si ese obrar u actuación conlleva responsabilidad administrativa.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la falta de satisfacción del reclamante con la respuesta entregada por la reclamada en que solicita información del oficial que indica, por lo que se procederá a hacer un análisis de conformidad.

2) Que, al respecto, en cuanto al numeral 3° de la solicitud, esto es, las fechas y lugares (países y ciudades) en los que ha estado o viajado en comisión de servicio o institucionalmente desde que egresó de la Escuela de Carabineros el oficial que indica, el órgano reclamado señaló que las comisiones de servicio se disponen para una actividad determinada en un país y no en una ciudad o localidad. Respecto de esta parte de la solicitud, el Consejo entiende que se trata de información que puede recabarse, tanto del propio solicitante como a través de los respaldos de las respectivas comisiones de servicios, viáticos o cualquier soporte documental en que conste la realización de tales viajes, razón por la cual se acogerá el presenta amparo respecto de este punto.

3) Que, en cuanto al numeral 5° de la solicitud, referido a los lugares (comunas) en las que el oficial que indica ha debido prestar labores o funciones, con señalamiento de fechas, desde el 18 de octubre de 2019 al día 31 de diciembre de 2019, el órgano reclamado indicó que el Oficial por el que se consulta no fue designado para prestar servicios en una comuna determinada, ya que su labor se extiende, de acuerdo a los planes operativos y acciones que requieran la participación del personal de ese Estamento Especializado, a toda el área jurisdiccional del GOPE Calama. Luego para establecer a qué lugares se dirigió en su accionar policial, habría que revisar todos los planes operativos y las instrucciones impartidas por la Fiscalía respectiva, lo que significaría develar antecedentes protegidos por el secreto de las investigaciones que tal entidad lleva a efecto. En atención a lo señalado por el propio órgano reclamado, se derivará esta parte de la solicitud al Ministerio Público puesto que es dicha entidad quien está en mejor posición para determinar si la información consultada en esta parte puede ser divulgada o mantenerse en reserva.,

4) Que, en cuanto al numeral 6° de la solicitud en análisis, referido al consumo de munición diario, en especial cartuchos de perdigones, balines y balas, percutadas o disparadas entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, Carabineros de Chile indicó que lo solicitado es información reservada conforme a la causal establecida en el N° 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, toda vez que se requiere copia y acceso a la documentación que contenga el número de munición utilizada en procedimientos entre los años 2018 y 2019, sea operativos o cualquier otra situación de servicio, desglosado por mes y tipo de munición", lo que conlleva un riesgo de afectación, cierto, probable y específico, debido al cumplimiento de las funciones de Carabineros de Chile y, en definitiva, a la seguridad pública, atendido su contenido específico, referido a develar indirectamente la descripción detallada del tipo de armamento que utiliza Carabineros de Chile en el desarrollo de sus funciones, especialmente en el período de tiempo consultado que guarda relación con el denominado "estallido social", todo lo cual sería secreto a la luz del artículo 436 del Código de Justicia Militar, norma que debe considerarse de quórum calificado conforme al artículo 4° transitorio de la Constitución Política de la República.

5) Que, en atención a lo señalado por el órgano en su respuesta y descargos, es menester hacer presente que, según la jurisprudencia reiterada de este Consejo, y lo razonado en la decisión del amparo rol C55-20, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entregar la información requerida, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes específicos que acrediten la afectación a los bienes jurídicos respectivos, circunstancias que no se advierten en la especie. En efecto, el órgano no especificó en forma concreta, ni detalló de qué manera la entrega de los antecedentes requeridos podría generar la afectación alegada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1 y N°3, de la Ley de Transparencia, limitándose a consignar situaciones genéricas, hipotéticas y subjetivas, sin detallar, de manera específica, la forma en que la publicidad del número de municiones podría aumentar la sensación de inseguridad, afectar el desempeño de sus funcionarios, divulgar la capacidad de fuego de la organización, impedir que se apliquen técnicas o tácticas adecuadas, o alterar el orden público. En consecuencia, este Consejo desestimará dichas alegaciones.

6) Que, la institución denegó la entrega de la información fundado en la causal de reserva del artículo 21 N °5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo que establece el artículo 436 N° 3 del Código de Justicia Militar. En dicho contexto, respecto de la hipótesis de reserva prevista en el artículo 436 del Código de Justicia Militar, este Consejo, a partir de la decisión del amparo rol C45-09, ha establecido que dicha disposición posee el carácter de ley de quórum calificado para efectos de establecer el secreto o reserva respecto de aquellos documentos que se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, algunos de los cuales menciona a título ejemplar. Ahora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha considerado que, para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien el artículo 436 del Código de Justicia Militar, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia - y puede por tanto ser objeto de reconducción formal-, es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente -es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material-.

7) Que, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Pues bien, con respecto a la afectación de éstos y para justificar la causal de reserva alegada, la reclamada se limitó a señalar que, en este caso se configura la causal de reserva establecida en el número 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 436 N° 3 del Código de Justicia Miliar, toda vez que dicha disposición expresa que son documentos secretos aquellos que se relacionan directamente con la Seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, especificando aquellos relativos a armas de fuegos, partes y piezas, municiones, explosivos, sustancias químicas, y los que se refieran a equipos y pertrechos militares o policiales.

8) Que, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación debe ser presente o probable, y con la suficiente especificidad que permita justificar la reserva, de modo que no cabe presumirla, sino que debe ser acreditada por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. En dicho contexto, sostener que la divulgación de información sobre el número de municiones consultadas afectaría o pondría en riesgo la Seguridad de la Nación, no resulta plausible, pues el órgano no otorgo suficientes antecedentes que hagan suponer una afectación presente o probable de los bienes jurídicos que se buscan proteger, tampoco justificó específicamente la causal de reserva y en ningún caso la acreditó.

9) Que, asimismo, la I. Corte de Apelaciones de Santiago, en reclamo de ilegalidad N° 618-2017, razonó, en su considerando noveno, que "lo anterior supone que se debe acreditar una afectación de alguno de los bienes jurídicos establecidos en la norma constitucional citada, referidos a afectar el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional, a cuyo respecto el reclamante se limitó a expresar que la entrega de la información requerida produciría un daño o detrimento en el debido cumplimiento de las funciones de Carabineros, sin mencionar antecedente alguno que así lo comprobara, ya sea presente o eventual, para así asilarse en la reserva pedida". En la misma decisión, en su considerando décimo, resolvió "Que, asimismo, se comparte lo manifestado por el Consejo para la Transparencia, en orden a señalar que el criterio utilizado exige determinar el elemento que se viene señalando con la debida especificidad, pues la confidencialidad no se presume, solo así se podrá aquilatar que los daños que la publicidad provoque o pudiera causar sean superiores al perjuicio que genere su secreto, baremo que en el presente caso no se satisface, motivo por el cual solo cabía inferir que no se configuró la causal del artículo 21 N° 5 de la ley, que dispone como únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, entre otras, cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política; sin que corresponda entregar a la mera discrecionalidad del órgano requerido que le baste negarse, sin argumentar ni justificar que se encuentra dicha información en las causales de secreto, no explicitando el detrimento que ello provoca o pudiere provocar, impidiendo de facto el juicio de valor de la afectación dañosa que justifica su secreto que corresponde a la autoridad resolver"- énfasis agregado-.

10) Que, en virtud de lo expuesto, tratándose de información que obra en poder del órgano reclamado, y habiéndose desestimado las hipótesis de reserva previstas en el artículo 21 N°1, 3 y 5, de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 436 N°3 del Código de Justicia Militar, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información reclamada.

11) Que, en cuanto al numeral 7° de la solicitud que dice relación con las liquidaciones de sueldo del funcionario que indica y sus antecedentes, para el período señalado, cabe hacer presente, que este Consejo ha sostenido reiteradamente que las remuneraciones percibidas por los funcionarios públicos tienen el carácter de información pública, ya que dicen relación directa con el ejercicio de cargos y funciones públicas, y que, además, son pagados con fondos públicos. En efecto, y en mérito de la función que cumple todo servidor público, se justifica un control social sobre aquella que, si bien puede incidir en aspectos de la vida privada del funcionario, resulta relevante a fin de establecer el debido cumplimiento de sus deberes como el fundamento de los beneficios conferidos en mérito de la labor desempeñada. Ahora bien, esta Corporación ha observado también que las liquidaciones de renta contienen otros antecedentes, además, del monto de la remuneración que perciben los funcionarios. Al respecto, cabe hacer presente que este Consejo ha sostenido, a partir de la decisión del amparo rol C211-10, que ellas "(...) contienen, información relativa a descuentos que la ley permite y personales relativos a pagos de seguros; asociaciones gremiales, y ahorros voluntarios, entre otros (...) las remuneraciones percibidas por los funcionarios públicos tienen el carácter de información pública ya que dicen relación directa con el ejercicio de cargos y funciones públicas, y que, además, son pagados con fondos públicos, siendo objeto de transparencia activa. Sin embargo, el objeto al cual los funcionarios destinen voluntariamente dichas remuneraciones no guarda relación con el desempeño de sus funciones ni interfiere en el ejercicio de las mismas, siendo más bien una materia propia de la esfera de su vida privada, lo que lleva a este Consejo a concluir que la información pedida sobre liquidaciones de sueldo deberá ser entregada, aplicando el principio de divisibilidad, tarjando la información contenida en las liquidaciones relativa a los gastos voluntarios efectuadas por los funcionarios a las que éstas se refieren (...) el mismo criterio debe aplicarse respecto de la identificación de las Administradoras de Fondos de Pensión, como de las instituciones de salud a la cual se encuentren afiliados, ya que es información irrelevante y meramente de contexto para el control que la ciudadanía puede realizar respecto del ejercicio de la función pública que desempeña cada funcionario". Dicho criterio ha sido refrendado posteriormente por esta Corporación en las decisiones C408-14, y C751-14.

12) Que, por lo razonado anteriormente, se acogerá el presente amparo y se requerirá a Carabineros de Chile entregar al solicitante copia de la información requerida. Con todo, en forma previa a la entrega de las liquidaciones de sueldo, el órgano deberá tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en aquellas, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, como asimismo los descuentos voluntarios, instituciones de salud y administradores de fondos de pensiones del ex funcionario, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y 4° de la ley N° 19.628. Lo anterior, se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra m) de la citada Ley de Transparencia.

13) Que, por su parte, respecto del numeral 8°, referida a la entrega de la Hoja de Vida del funcionario indicado, el órgano reservó la información por oposición del tercero afectado. En cuanto a la la afectación a la vida privada de los funcionarios, resulta necesario tener presente lo razonado por la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de fecha 8 de mayo de 2017, en causal Rol N° 11.513-2016, quien expresó en su considerando 5°, que: "(...) si bien el funcionario público es titular del derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, la protección de su vida privada no es un derecho absoluto, permitiéndose limitaciones que tengan por finalidad la preservación de valores vinculados a intereses generales de la colectividad o la necesidad de proteger otros derechos que representan valores socialmente deseables. Es por ello que se encuentra sujeto a un estándar de escrutinio público mayor que el de un particular, que permita el cumplimiento de las obligaciones de la administración y el control social sobre las mismas, de otra manera no sería posible verificar el requisito exigido por la ley".

14) Que, del mismo modo, la Corte de Apelaciones de La Serena, en causa rol C2-2019, de 20 de marzo de 2019, indicó que "El derecho a la protección de la Vida Privada posee límites, entre ellos los asuntos de relevancia pública, los hechos que afecten a las instituciones y funciones públicas o que afectan al conjunto de los ciudadanos, además de las conductas que sean constitutivas de delito. En el caso de los funcionarios públicos, el derecho de develar información de relevancia pública se ve reforzado, en términos tales que el ámbito de su privacidad es más reducido que el de otras personas, ello como contrapartida de la posibilidad que detentan de decidir el destino de una sociedad, de forma que constituyen, entre otros, límites a la protección de su vida privada los hechos relacionados con la responsabilidad y competencia en el desarrollo de la función pública; los hechos que se vinculan al desempeño de la función pública y al comportamiento como tal, incluso en relación a actos de su vida privada; aquellos hechos que se relacionan con las cualidades, capacidades y expectativas que el funcionario público puso de relevancia para el ejercicio de su cargo y que demostró o materializó en documentos, declaraciones o de otra forma".

15) Que, en mérito de lo anterior, se acogerá el presente amparo, ordenándose la entrega de la Hojas de Vida del funcionario singularizado. Sin perjuicio de lo anterior, en aplicación del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letras f) y g), y 4 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada, deberán tarjarse, al momento de efectuar la entrega de la información, solamente aquellos datos personales de contexto, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, fotografía del funcionario, peso y altura, como también los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado a los funcionarios. Asimismo, se deberán tarjar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, esto último, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N° 19.628. Todo ello, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley.

16) Que, finalmente, en lo que dice relación con el numeral 9° de la solicitud en análisis, referida a la fecha en que personas, tanto civiles como personal institucional, resultaron heridos o lesionados por el proceder del Oficial consultado, señalando si entre tales lesionados hay uno o más funcionarios en instrucción, entrenamiento o capacitación con este mismo, el órgano reclamado informó que existen dos investigaciones que a la fecha no se encuentran afinadas a ese respecto, a fin de establecer eventuales responsabilidades en las lesiones que sufriera un ex Carabinero Alumno y un Cabo 1°.

17) Que, respecto de lo alegado por el órgano reclamado, resulta plenamente aplicable en la especie, el criterio establecido por este Consejo en relación al secreto de los sumarios administrativos consagrado por el artículo 137 del Estatuto Administrativo. En este sentido, esta Corporación, en forma sostenida y reiterada ha resuelto, desde las decisiones de los amparos roles A47-09, A95-09, A159-09, C7-10, C561-11, C1314-14, C969-15, C6376-18 y C837-19, entre otras, que el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado, el cual anticipadamente se levanta sólo respecto de ciertas personas, en particular: el inculpado y el abogado que asumiere su defensa. En efecto, teniendo el secreto sumarial por objeto asegurar el éxito de la investigación, una vez terminada ésta, la justificación de su secreto también finaliza. A mayor abundamiento, en el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al aclarar que la reserva que establece el artículo 137, inciso 2°, del Estatuto Administrativo, es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar "...sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado..." (Dictamen N° 11.341/2010, entre otros).

18) Que, en este orden de ideas, el considerando 4° de la decisión recaída en el amparo Rol C858-10 afirma que "(...) dicha reserva tiene por objeto asegurar el éxito de la investigación, lo que se subsume en la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia", citando el considerando 4° de la decisión recaída en el amparo Rol C7-10. En este último se afirma que "(...) el carácter secreto del sumario consagrado en el artículo 137 de la Ley N° 18.834, tiene por objeto asegurar el éxito de la investigación en curso cautelando el debido cumplimiento de las funciones del órgano en los términos de lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, de la Ley de Transparencia. En efecto, el expediente sumarial, en su etapa indagatoria, contiene los antecedentes de una investigación que son previos a la adopción de una resolución, medida o política respecto de ella, conforme a la letra b) del precitado numeral. Por otro lado, y según las circunstancias del caso concreto, su divulgación puede ir en desmedro de la prevención de un crimen o simple delito, conforme lo establece la letra a), del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia".

19) Que, en consecuencia, y atendido por una parte, el estado procesal en que se encontraba el procedimiento disciplinario y, por otra, la afectación que podría generarse con la entrega de la información que se desarrolla, este Consejo estima que resulta aplicable a su respecto la causal de secreto o reserva consagrada en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el mencionado artículo 137 del Estatuto Administrativo, razón por la cual se rechazará el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Cristian Camilo Cruz Rivera, en contra de Carabineros de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. General Director de Carabineros de Chile, lo siguiente;

a) Entregue al reclamante lo siguiente:

- Información sobre las fechas y lugares (países y ciudades) en los que ha estado o viajado en comisión de servicio o institucionalmente desde que el oficial que indica egresó de la Escuela de Carabineros.

- Información referida al consumo de munición diario, en especial cartuchos de perdigones, balines y balas, percutadas o disparadas en período que indica;

- Copia de sus liquidaciones de sueldo en período que indica. Con todo, en forma previa, el órgano deberá tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en aquellas, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, como asimismo los descuentos voluntarios, instituciones de salud y administradores de fondos de pensiones del funcionario, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y 4° de la ley N° 19.628. Lo anterior, se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra m) de la citada Ley de Transparencia;

- Copia de la Hoja de Vida de funcionario y período que indica. Sin perjuicio de lo anterior, en aplicación del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letras f) y g), y 4 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada, deberán tarjarse, al momento de efectuar la entrega de la información, solamente aquellos datos personales de contexto, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, fotografía del funcionario, peso y altura, como también los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado al funcionario. Asimismo, se deberán tarjar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, esto último, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N° 19.628. Todo ello, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo respecto del numeral 9° de la solicitud, referidos a fecha en que toda persona, tanto civiles como personal institucional, resultó herido o lesionado por el proceder del Oficial consultado, señalando si entre tales lesionados hay uno o más funcionarios en instrucción, entrenamiento o capacitación con este mismo, respectivamente.

IV. Derivar a la Fiscalía respectiva, la parte de la solicitud referida a los lugares (comunas) en las que el oficial que indica ha debido prestar labores o funciones, con señalamiento de fechas, desde el 18 de octubre de 2019 al día 31 de diciembre de 2019, a fin de que informe al respecto, lo anterior en cumplimiento del artículo 13 de la Ley de Transparencia.

V. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Cristian Camilo Cruz Rivera, al General Director de Carabineros de Chile y a don Felipe Rozas Córdova, como tercero interesado.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.