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Rafael Harvey Valdés con EJÉRCITO DE CHILE Rol: C4013-19

Consejo para la Transparencia, 02/06/2020

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, ordenando la entrega de los documentos internos sobre medidas de protección e información de las denuncias consultadas. Lo anterior, al tratarse de información pública, respecto de la cual no se acreditó la distracción indebida alegada por el órgano reclamado. Lo anterior, toda vez que no se precisó el número de funcionarios necesarios para avocarse a la búsqueda de la información y elaboración de la respuesta, ni al tiempo que éstos deberían destinar a las referidas tareas, ni la extensión de los documentos respectivos. Se rechaza el amparo respecto de la información relativa a la identidad de los denunciantes y toda información por medio del cual se les pueda identificar, por cuanto puede conllevar a que aquellos que pretenden formular futuras denuncias ante los órganos y servicios de la Administración del Estado se inhiban de realizarlas, impidiendo con ello que tales órganos y servicios cuenten con un insumo inestimable que les sirva de base para efectuar las fiscalizaciones necesarias destinadas a esclarecer los hechos o irregularidades de que éstas puedan dar cuenta y de esta forma, incluso, afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Defensa
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4013-19

Entidad pública: Ejército de Chile.

Requirente: Rafael Harvey Valdés.

Ingreso Consejo: 05.06.2019.

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, ordenando la entrega de los documentos internos sobre medidas de protección e información de las denuncias consultadas.

Lo anterior, al tratarse de información pública, respecto de la cual no se acreditó la distracción indebida alegada por el órgano reclamado.

Lo anterior, toda vez que no se precisó el número de funcionarios necesarios para avocarse a la búsqueda de la información y elaboración de la respuesta, ni al tiempo que éstos deberían destinar a las referidas tareas, ni la extensión de los documentos respectivos.

Se rechaza el amparo respecto de la información relativa a la identidad de los denunciantes y toda información por medio del cual se les pueda identificar, por cuanto puede conllevar a que aquellos que pretenden formular futuras denuncias ante los órganos y servicios de la Administración del Estado se inhiban de realizarlas, impidiendo con ello que tales órganos y servicios cuenten con un insumo inestimable que les sirva de base para efectuar las fiscalizaciones necesarias destinadas a esclarecer los hechos o irregularidades de que éstas puedan dar cuenta y de esta forma, incluso, afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano.

En sesión ordinaria N° 1102 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de junio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C4013-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 11 de abril de 2019, don Rafael Harvey Valdés presentó ante el Ejército de Chile, una solicitud de información, en la cual como antecedente, hizo referencia a un oficio de fecha 6 de octubre de 2017, suscrito por don Ricardo Martínez Menanteau. Luego, refirió lo siguiente: "Previo a la petición que se formula a continuación, se debe hacer presente que lo solicitado se refiere a registros distintos (diversos), es decir; registros que no consten en los sistemas de Reporte de Operación Sospechosa (ROS), y del sistema de Sugerencia de Fiscalización (SDF), en atención a que ambos procedimientos se efectúan por sistema Intranet Institucional y conllevan la reserva de identidad del denunciante y mantienen el anonimato del denunciante.

Petición por Ley de acceso a la Información Pública:

1. Copia autenticada de las políticas, directrices, orden, resolución y/o cualquier medida de protección Institucional que conste en algún medio escrito, firmadas por el Señor Comandante en Jefe del Ejército de Chile; que se otorgan respecto y en favor de los militares que cumplen con la obligación legal de denunciar hechos irregulares, faltas a la probidad y hechos de corrupción cometidos por sus superiores jerárquicos y/o mandos directos, estampando la identidad y firma del denunciante en la denuncia, (no efectuándola de manera anónima ni con reserva de identidad), sino que presentándola con los requisitos que estipula la ley 18.834 "Estatuto Administrativo" en su Artículo 90 B., y la ley 20.205, esto es; que la denuncia debe ser fundada y cumplir los siguientes requisitos: a) Identificación del denunciante (No anónimo ni con reserva de identidad, en ningún caso). b) La narración circunstanciada de los hechos. c) La individualización de quienes los hubieren cometido y de las personas que los hubieren presenciado o que tuvieren noticia de ellos, en cuanto le constare al denunciante. d) Acompañar los antecedentes y documentos que le sirvan de fundamento, cuando ello sea posible. e) La denuncia deberá formularse por escrito y ser firmada por el denunciante. Si éste no pudiere firmar, lo hará un tercero a su ruego.

2. Copia autenticada de las políticas, directrices, orden, resolución y/o cualquier medida de protección Institucional que consten en algún medio escrito, que se otorguen a favor de los militares, con el fin de que no sean objeto de represalias posteriores al cumplimiento del deber legal de denunciar hechos irregulares, faltas a la probidad y hechos de corrupción. Se solicita, en específico, cualquier medida de protección Institucional escrita para con quienes denuncien conforme a los requisitos que estipula la ley 18.834 "Estatuto Administrativo", en su Artículo 90 B., y la ley 20.205, esto es; que la denuncia debe ser fundada, estampando la identidad del denunciante y que la denuncia debe ser debidamente firmada por el mismo denunciante. (No efectuándola de manera anónima ni con reserva de identidad).

3. Copia simple de las políticas, directrices, orden, resolución y/o cualquier medida de protección Institucional que conste en algún medio escrito, que garanticen el cumplimiento del deber legal de denuncia de hechos irregulares, faltas a la probidad y hechos de corrupción, en el sentido de que los militares no se inhiban ni sientan temor del cumplimiento de este deber al hacerlo conforme a los requisitos que estipula la ley 18.834 "Estatuto Administrativo" en su Artículo 90 B., y la ley 20.205, esto es; que la denuncia debe ser fundada, estampando la identidad del denunciante y que la denuncia debe ser debidamente firmada. (No efectuándola de manera anónima ni con reserva de identidad).

4. Sólo en el caso de existir denuncias que cumplan con los requisitos que estipula la ley 18.834 "Estatuto Administrativo" en su Artículo 90 B., y la ley 20.205, esto es; que la denuncia debe ser fundada, estampando la identidad del denunciante y que la denuncia debe ser debidamente firmada por el mismo denunciante (No efectuándola de manera anónima ni con reserva de identidad); se solicita copia autenticada del Registro Institucional del personal de oficiales, suboficiales o clases (cabos), que hayan interpuesto y/o efectuado denuncias por hechos irregulares, faltas a la probidad o cualquier hecho de corrupción en contra de sus superiores directos y/o superiores jerárquicos desde el 01 de enero del año 2014 a la fecha de esta solicitud, es decir, al 11 de abril de 2019. Se solicita, en específico, sólo enunciar lo siguiente: a) La fecha en que se interpuso la denuncia. b) Identificación y grado del denunciante. c) Identificación y grado del denunciado. d) Hecho, falta o ilícito denunciado. e) Medida o acciones adoptadas por la autoridad pertinente y competente. f) Estado actual de la denuncia. g) Resultado de la denuncia. h) Estado funcionario actual del denunciante. i) Estado funcionario actual del denunciado. j) Copia simple del parte de cabeza o Resolución de la autoridad militar que dispone la investigación Sumaria Administrativa.

5. Al igual que en el Numeral anterior; sólo en el caso de existir denuncias que cumplan con los requisitos que estipula la ley 18.834 "Estatuto Administrativo" en su Artículo 90 B., y la ley 20.205, esto es; que la denuncia debe ser fundada, estampando la identidad del denunciante y que la denuncia debe ser debidamente firmada por el mismo denunciante (No efectuándola de manera anónima ni con reserva de identidad), solicito copia autenticada del registro Institucional del personal de oficiales, suboficiales o clases (cabos), que hayan interpuesto reclamos, en virtud del artículo Número 78 y siguientes del Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas; por estimar que han sido vulnerados en sus derechos y/o atribuciones tras haber efectuado denuncias por hechos irregulares, faltas a la probidad o cualquier hecho de corrupción en contra de sus superiores directos u otro superior jerárquico desde el 01 de enero del año 2014 a la fecha de esta solicitud, es decir, al 11 de abril de 2019. Se solicita en específico sólo enunciar lo siguiente: a) La fecha en que se interpuso el reclamo. b) Identificación y grado del reclamante. c) Identificación y grado de contra quien se reclama. d) Hecho que se reclama o derecho y/o atribución vulnerada. e) Medida adoptada por la autoridad pertinente y competente. f) Estado actual del reclamo. g) Resultado del reclamo. h) Estado funcionario actual del reclamante. i) Estado funcionario actual de contra quien se reclamó. j) Copia simple del parte de cabeza o Resolución de la autoridad militar que dispone la investigación Sumaria Administrativa".

2) PRÓRROGA Y RESPUESTA: Mediante Carta N° 4163, de 13 de mayo de 2019, el órgano notificó al solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en diez días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

Luego, por medio de documento JEMGE DETLE (P) N° 6800/5460, de 14 de mayo de 2019, el órgano denegó lo solicitado en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, alegando en síntesis, lo siguiente:

a) Respecto de la información indicada en los numerales 1, 2 y 3, aquello implica la revisión de la totalidad de las disposiciones emanadas no solo por el Comandante en Jefe del Ejército, sino que por cualquier autoridad con competencia y que versen sobre la materia y términos consultados. Dichos requerimientos no precisan el período consultado, lo que dificulta la búsqueda al no acotarse este aspecto.

b) Respecto de los requerimientos contenidos en los números 4 y 5, si bien se encuentran acotados a un período, no existe un registro único de denuncias a nivel institucional. En consecuencia, al no encontrarse sistematizada la información con los parámetros requeridos por el solicitante, será necesario efectuar un levantamiento, que implica una enorme cantidad de horas hombres destinada a la revisión de información, para verificar lo requerido en los términos consultados, para luego realizar seguimientos individuales a cada una de las situaciones detectadas, las que en algunos casos, incluso exceden el ámbito de la competencia que tiene la institución, como lo son el "estado actual de la denuncia", "resultado de la denuncia", etc., los que dependen de los Tribunales de Justicia.

c) En definitiva, no resulta factible acceder a lo solicitado, por cuanto implica la destinación de personal con dedicación exclusiva a nivel nacional, para que efectúen el levantamiento en comento, luego de su jornada habitual de trabajo, sin que incluso sea factible proponer un tiempo determinado de cumplimiento, dado los motivos señalados previamente.

3) AMPARO: El 5 de junio de 2019, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

Al efecto, sostuvo en síntesis, que: "Respecto de lo argumentado para no dar respuesta a los numerales 1, 2 y 3; resulta ser argumentos no ajustados a lo solicitado, dado que se argumenta que no se especificó ni se acotó la fecha de búsqueda. En primer término es necesario aclarar que lo consultado en dichos numerales no corresponde especificar el periodo consultado porque se desprende que es en la actualidad, es decir, a la fecha, y no en un periodo distinto. No obstante lo anterior, en caso de que nuestro Ejército hubiese tenido dudas sobre el periodo consultado por el suscrito, correspondió que el órgano reclamado solicitara a este recurrente la subsanación de la solicitud, lo cual no hizo respecto de esta solicitud pero sí lo ha hecho respecto de otras.

Además, claramente se exponen de parte de este recurrente "antecedentes", previo a formular la petición, en donde el antecedente presentado es precisamente en relación a lo solicitado, y cuyo antecedente data del 06 de octubre de 2017, en consecuencia, la petición es de la actualidad o desde el año al que se hace referencia en los antecedentes.

Respecto de lo solicitado a los numerales 4 y 5, no resulta plausible la inexistencia de los registros, máxime cuando sólo se está solicitando "enunciar", lo cual no conlleva un estudio ni menos un análisis".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile, mediante oficio N° E9982, de fecha 27 de julio de 2019, requiriendo que: (1°) se refiera específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a su recopilación. Considere en este punto lo señalado por el reclamante en su amparo, respecto a lo requerido en los numerales 1, 2 y 3 de la solicitud de acceso que fundó el amparo, lo que a su juicio, acotaría el período de la información requerida.

Posteriormente, por medio de documento JEMGE DETLE (R) N° 1000/126207, de 16 de agosto de 2019, el Ejército en síntesis, refirió lo siguiente:

a) El recurrente arguye para fundamentar su amparo que, en relación a la respuesta a los numerales 1, 2 y 3, el Ejército debió "desprender", esto es, le entrega arbitrariamente la carga de colegir y/o interpretar, lo que él quiere trasuntar con su petición, raciocinio que contraviene la obligación de formular, en términos y precisos claros, la información que se requiere, como expresamente lo exige la ley.

b) Existe un ejercicio abusivo del derecho de acceso, toda vez que sólo durante el primer semestre del año 2019, el peticionario ha efectuado 34 solicitudes de información.

c) Se estima abusivo, inaceptable y atenta en contra del principio de congruencia que debe existir entre la solicitud de información y el amparo, que el requirente en el amparo trate de "arreglar" y/o acotar la solicitud inicial.

d) Se acompaña, asimismo oficio del Contralor del Ejército, donde se indica que no es posible entregar lo informado, por cuanto implicaría destinar personal exclusivamente y a nivel nacional para hacer un levantamiento de datos que no existen en la actualidad, ocupando a personal más allá de su horario habitual en un tiempo que no es posible determinar mientras no se levante un catastro de la búsqueda de la información, para luego realizar seguimientos individuales a cada una de las situaciones detectadas.

Se adjunta dictámenes N° 78299, de 2016 y N° 23314, de 2018, de la Contraloría General de la República, vigentes a la fecha de la solicitud de información, que se refieren a las denuncias en las Fuerzas Armadas. Se acompaña finalmente el dictamen N° 18311, de 2019 -posterior a la solicitud de información pública y a la respuesta institucional-, en que se limita a hacer aplicable a las Fuerzas Armadas en forma el artículo 90 A del Estatuto Administrativo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de la información anotada en el numeral 1°, de lo expositivo.

2) Que, en lo que atañe a lo pedido en los numerales 1, 2, y 3, del requerimiento de información, el órgano sostuvo en su respuesta que en ellos no se precisa el período consultado, lo que dificulta la búsqueda en los términos planteados, agregando en sus descargos, que el solicitante contraviene la obligación de formular, en términos y precisos claros, la información que se requiere, como expresamente lo exige la ley. Al respecto, cabe consignar que si bien es efectivo que el inciso 1°, del artículo 12, letra b), de la Ley de Transparencia, establece como requisito de toda solicitud de información la "Identificación clara de la información que se requiere", no se debe olvidar lo dispuesto en el inciso 2°, del citado precepto, que al efecto indica que: "Si la solicitud no reúne los requisitos señalados en el inciso anterior, se requerirá al solicitante para que, en un plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, subsane la falta". Por lo tanto, de lo expuesto por el órgano y de lo dispuesto por la ley, se desprende que el servicio no aplicó la norma antes expuesta, al no solicitarle al requirente que subsanara su requerimiento, lo que naturalmente, trae aparejado dificultades para el mismo órgano con miras a cumplir con lo entregado. Con todo, ante la omisión de dicha petición de subsanación, el solicitante con ocasión de su amparo, circunscribió sus requerimientos de los numerales 1, 2, y 3, al periodo que data desde el 6 de octubre del año 2017.

3) Que, dicho lo anterior, el órgano, respecto de la totalidad de la información contenida en el numeral 1°, de lo expositivo, alegó la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

4) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado".

5) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

6) Que, de acuerdo a lo anterior, y analizando las alegaciones del órgano se advierte que sus fundamentos, precisamente, constituyen invocaciones generales, no resultando suficientes para acreditar ante este Consejo, el supuesto establecido en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. En efecto, la reclamada ni siquiera precisó el número de funcionarios necesarios para avocarse a la búsqueda de la información y elaboración de la respuesta, ni al tiempo que éstos deberían destinar a las referidas tareas, ni la extensión de los documentos respectivos. Además, tal como se precisó en el considerando 2°, precedente, respecto de lo solicitado en los números 1, 2 y 3, del requerimiento, el reclamante circunscribió su solicitud a lo existente desde el día 6 de octubre de 2017, vale decir, a un periodo de 1 año y 6 meses aproximadamente, todo lo cual no es de una entidad tal que suponga necesariamente una distracción indebida a los funcionarios del servicio, mismo razonamiento que cabe extender a las 34 solicitudes deducidas por el solicitante durante el primer semestre del año 2019, respecto de los cuales el órgano no acreditó cómo otorgar respuesta a aquellas, trae aparejada una distracción indebida. Por otra parte, respecto de lo consultado en los numerales 4 y 5, en particular, las solicitudes relativas al estado actual de la denuncia o el resultados de ésta, naturalmente si dicha información no obra en poder del Ejército por estar bajo la órbita de otro órgano, como por ejemplo, el Ministerio Público, Contraloría General de la República o algún Tribunal de la República, en aquellos casos, debe operar la derivación del requerimiento, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia. Y, finalmente, las dificultades alegadas deberían ser menores aún, teniendo presente que los dictámenes de la Contraloría General de la República, Nos 78.299 y 23.314, del año 2016 y 2018, respectivamente -hoy reconsiderados por el dictamen N° 18.311, de 8 de julio de 2019-, acompañados por el órgano, disponían a la fecha del requerimiento, que el artículo 90 A, de la ley N° 18.834, no se aplicaba a funcionarios de las fuerzas armadas.

7) Que, asimismo, resulta conveniente tener presente la sentencia del Tribunal Constitucional, de 10 de junio de 2014, causa rol 2505-13-INA, donde se razonó que: "a partir de la aplicación de los principios de máxima divulgación, de apertura de la información y de las presunciones de relevancia y publicidad, así como del principio de divisibilidad, resulta lógico que la Administración del Estado deba estar obligada, en ciertos supuestos, a construir información nueva para entregar al solicitante a partir de la información existente. Lo anterior resulta evidente para toda la información que no es ni acto ni resolución. Los actos y resoluciones son reconocibles e identificables. Por tanto, definido que exista el derecho de acceso a ellos, normalmente se permitirá tal acceso in toto ad integrum".

8) Que, sobre la base de lo expuesto, se debe indicar que el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia no se presume sino que debe acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie no ocurre. En efecto, el órgano no fundó de manera alguna cómo la entrega de la información reclamada puede afectar el debido cumplimiento de sus funciones, razón por la cual, la causal alegada será desestimada.

9) Que, sin perjuicio de lo anterior, en virtud del artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia, que establece como deber de este Consejo, el "Velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la ley tengan carácter secreto o reservado", se debe señalar que en forma reiterada esta Corporación ha denegado la entrega de la identidad de aquellos que formulen denuncias a un órgano de la Administración del Estado, como asimismo, de toda información por medio del cual se les pueda identificar. En efecto, cabe resguardar la identidad de las personas denunciantes, a fin de evitar que éstos se inhiban de realizar futuras denuncias e impedir que los órganos de la Administración, realicen las fiscalizaciones necesarias que surgen de dichas denuncias. La entrega del mencionado dato, puede conllevar a que aquellos que pretenden formular futuras denuncias ante los órganos y servicios de la Administración del Estado se inhiban de realizarlas, impidiendo con ello que tales órganos y servicios cuenten con un insumo inestimable que les sirva de base para efectuar las fiscalizaciones necesarias destinadas a esclarecer los hechos o irregularidades de que éstas puedan dar cuenta y de esta forma, incluso, afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano, en los términos establecidos en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Por lo anterior, corresponde rechazar en esta parte el amparo.

10) Que, en mérito de lo anterior, se acogerá parcialmente el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada en el numeral 1°, de lo expositivo, con excepción de lo señalado en el considerando anterior, y de aquellos antecedentes que al encontrarse en poder de otros órgano, las solicitudes deban ser derivados por el Ejército en virtud del artículo 13 de la Ley de Transparencia. Para la entrega de lo anterior, se deben tarjar en caso de existir, todos los datos personales de contexto -tales como domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros-, según lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. Con todo, en el evento no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes solicitados en la especie, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Rafael Harvey Valdés en contra del Ejército de Chile, por los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile, que:

a) Entregue al requirente, copia de la información anotada en el numeral 1°, de lo expositivo, con excepción de lo señalado en el punto III, de esta parte resolutiva, esto es:

i. "Copia autenticada de las políticas, directrices, orden, resolución y/o cualquier medida de protección Institucional que conste en algún medio escrito, firmadas por el Señor Comandante en Jefe del Ejército de Chile; que se otorgan respecto y en favor de los militares que cumplen con la obligación legal de denunciar hechos irregulares, faltas a la probidad y hechos de corrupción cometidos por sus superiores jerárquicos y/o mandos directos, estampando la identidad y firma del denunciante en la denuncia, (no efectuándola de manera anónima ni con reserva de identidad), sino que presentándola con los requisitos que estipula la ley 18.834 "Estatuto Administrativo" en su Artículo 90 B., y la ley 20.205, esto es; que la denuncia debe ser fundada y cumplir los siguientes requisitos: a) Identificación del denunciante (No anónimo ni con reserva de identidad, en ningún caso). b) La narración circunstanciada de los hechos. c) La individualización de quienes los hubieren cometido y de las personas que los hubieren presenciado o que tuvieren noticia de ellos, en cuanto le constare al denunciante. d) Acompañar los antecedentes y documentos que le sirvan de fundamento, cuando ello sea posible. e) La denuncia deberá formularse por escrito y ser firmada por el denunciante. Si éste no pudiere firmar, lo hará un tercero a su ruego".

ii. "Copia autenticada de las políticas, directrices, orden, resolución y/o cualquier medida de protección Institucional que consten en algún medio escrito, que se otorguen a favor de los militares, con el fin de que no sean objeto de represalias posteriores al cumplimiento del deber legal de denunciar hechos irregulares, faltas a la probidad y hechos de corrupción. Se solicita, en específico, cualquier medida de protección Institucional escrita para con quienes denuncien conforme a los requisitos que estipula la ley 18.834 "Estatuto Administrativo", en su Artículo 90 B., y la ley 20.205, esto es; que la denuncia debe ser fundada, estampando la identidad del denunciante y que la denuncia debe ser debidamente firmada por el mismo denunciante. (No efectuándola de manera anónima ni con reserva de identidad)".

iii. "Copia simple de las políticas, directrices, orden, resolución y/o cualquier medida de protección Institucional que conste en algún medio escrito, que garanticen el cumplimiento del deber legal de denuncia de hechos irregulares, faltas a la probidad y hechos de corrupción, en el sentido de que los militares no se inhiban ni sientan temor del cumplimiento de este deber al hacerlo conforme a los requisitos que estipula la ley 18.834 "Estatuto Administrativo" en su Artículo 90 B., y la ley 20.205, esto es; que la denuncia debe ser fundada, estampando la identidad del denunciante y que la denuncia debe ser debidamente firmada. (No efectuándola de manera anónima ni con reserva de identidad)".

iv. "Sólo en el caso de existir denuncias que cumplan con los requisitos que estipula la ley 18.834 "Estatuto Administrativo" en su Artículo 90 B., y la ley 20.205, esto es; que la denuncia debe ser fundada, estampando la identidad del denunciante y que la denuncia debe ser debidamente firmada por el mismo denunciante (No efectuándola de manera anónima ni con reserva de identidad); se solicita copia autenticada del Registro Institucional del personal de oficiales, suboficiales o clases (cabos), que hayan interpuesto y/o efectuado denuncias por hechos irregulares, faltas a la probidad o cualquier hecho de corrupción en contra de sus superiores directos y/o superiores jerárquicos desde el 01 de enero del año 2014 a la fecha de esta solicitud, es decir, al 11 de abril de 2019. Se solicita, en específico, sólo enunciar lo siguiente: a) La fecha en que se interpuso la denuncia. b) grado del denunciante. c) Identificación y grado del denunciado. d) Hecho, falta o ilícito denunciado. e) Medida o acciones adoptadas por la autoridad pertinente y competente. f) Estado actual de la denuncia. g) Resultado de la denuncia. h) Estado funcionario actual del denunciante. i) Estado funcionario actual del denunciado. j) Copia simple del parte de cabeza o Resolución de la autoridad militar que dispone la investigación Sumaria Administrativa".

v. "Al igual que en el Numeral anterior; sólo en el caso de existir denuncias que cumplan con los requisitos que estipula la ley 18.834 "Estatuto Administrativo" en su Artículo 90 B., y la ley 20.205, esto es; que la denuncia debe ser fundada, estampando la identidad del denunciante y que la denuncia debe ser debidamente firmada por el mismo denunciante (No efectuándola de manera anónima ni con reserva de identidad), solicito copia autenticada del registro Institucional del personal de oficiales, suboficiales o clases (cabos), que hayan interpuesto reclamos, en virtud del artículo Número 78 y siguientes del Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas; por estimar que han sido vulnerados en sus derechos y/o atribuciones tras haber efectuado denuncias por hechos irregulares, faltas a la probidad o cualquier hecho de corrupción en contra de sus superiores directos u otro superior jerárquico desde el 01 de enero del año 2014 a la fecha de esta solicitud, es decir, al 11 de abril de 2019. Se solicita en específico sólo enunciar lo siguiente: a) La fecha en que se interpuso el reclamo. b) grado del reclamante. c) Identificación y grado de contra quien se reclama. d) Hecho que se reclama o derecho y/o atribución vulnerada. e) Medida adoptada por la autoridad pertinente y competente. f) Estado actual del reclamo. g) Resultado del reclamo. h) Estado funcionario actual del reclamante. i) Estado funcionario actual de contra quien se reclamó. j) Copia simple del parte de cabeza o Resolución de la autoridad militar que dispone la investigación Sumaria Administrativa".

Para lo anterior, se deben tarjar en caso de existir, todos los datos personales de contexto -tales como domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros-.

Con todo, en el evento no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes solicitados en la especie, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10.

En caso de obrar lo pedido en poder de otro órgano del Estado, deberá proceder a su derivación de conformidad al artículo 13 de la Ley de Transparencia.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo respecto de la identidad de los denunciantes como asimismo, toda aquella por medio del cual se les pueda identificar, en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, de la Ley de Transparencia, según lo expuesto precedentemente.

IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile y a don Rafael Harvey Valdés.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.