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Luis Narváez Almendras con GENDARMERÍA DE CHILE Rol: C8003-19

Consejo para la Transparencia, 21/04/2020

Se rechaza el amparo deducido en contra de Gendarmería de Chile, referido a la entrega de copia digital o fotostática del libro N° 9 "de detenidos" que contiene la información a que hace referencia el certificado 230/18 de fecha 6 de noviembre de 2018, firmado por el alcaide del CCP de Chillán. Lo anterior, por cuanto de los antecedentes que se tuvieron a la vista, se concluye que la información entregada satisface la solicitud de acceso, y que debido a la existencia de datos personales y sensibles respecto del cual puede desprenderse información sobre delitos cuya pena fue cumplida, incidiría en que su divulgación puede producir una afectación específica a la esfera de la vida privada de las personas a quienes se refiere la información solicitada. Se rechaza el amparo respecto a la copia digital o fotostática de los libros "de detenidos" siguientes (al libro N°9) que contengan información sobre el tiempo, y razón de detención de las personas indicadas en la solicitud en atención a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano, en orden a que dicha información no obra en su poder.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C8003-19

Entidad pública: Gendarmería de Chile

Requirente: Luis Narváez Almendras

Ingreso Consejo: 03.12.2019

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de Gendarmería de Chile, referido a la entrega de copia digital o fotostática del libro N° 9 "de detenidos" que contiene la información a que hace referencia el certificado 230/18 de fecha 6 de noviembre de 2018, firmado por el alcaide del CCP de Chillán.

Lo anterior, por cuanto de los antecedentes que se tuvieron a la vista, se concluye que la información entregada satisface la solicitud de acceso, y que debido a la existencia de datos personales y sensibles respecto del cual puede desprenderse información sobre delitos cuya pena fue cumplida, incidiría en que su divulgación puede producir una afectación específica a la esfera de la vida privada de las personas a quienes se refiere la información solicitada.

Se rechaza el amparo respecto a la copia digital o fotostática de los libros "de detenidos" siguientes (al libro N°9) que contengan información sobre el tiempo, y razón de detención de las personas indicadas en la solicitud en atención a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano, en orden a que dicha información no obra en su poder.

En sesión ordinaria N° 1090 del Consejo Directivo, celebrada el 21 de abril de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C8003-19.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 9 de octubre de 2019, don Luis Narváez Almendras solicitó a Gendarmería de Chile la siguiente información:

"1. Copia digital o fotostática del libro N° 9 "de detenidos" que contiene la información a que hace referencia el certificado 230/18 de fecha 6 de noviembre de 2018, firmado por el alcaide del CCP de Chillán.

2. Copia digital o fotostática de los libros "de detenidos" siguientes (al libro N°9) que contengan información sobre el tiempo, y razón de detención de A y B".

2) RESPUESTA: El 22 de noviembre de 2019, Gendarmería de Chile respondió a dicho requerimiento de información indicando que por medio de Carta N° 5975, de fecha 22 de noviembre 2019, el órgano proporciona copia del libro N° 9 "de detenidos", proporcionada por el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chillán. En tal sentido, la información contenida en la documentación que se adjunta eventualmente da a conocer datos de carácter personal de las personas consultadas y de terceros ajenos a su requerimiento, involucrados en la documentación pretendida, los cuales no podrán ser entregados por este Servicio, por encontrarse protegidos especialmente por la Ley N° 19.628, tarjando datos personales.

3) AMPARO: El 3 de diciembre de 2019, don Luis Narváez Almendras dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la respuesta incompleta o parcial. Además, el reclamante hizo presente que la información entregada es completamente ininteligible y que parte de la documentación copiada tacha datos que corresponden a información pública, como lo son todos los libros detenidos de cualquier centro donde se mantienen privados de libertad. Mayor aún si se trata de documentos de casi 50 años de antigüedad y por último que no se entregan copias de los otros libros de detenidos solicitado.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile , mediante Oficio N° E18871 de 27 de diciembre de 2019 solicitando que: (1°) respecto a la información proporcionada para el punto 1 del requerimiento efectuado, (a) indique si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información, especialmente considerando que parte de la información proporcionada es ilegible; (b) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (c) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (d) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (e) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (f) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; y, (2°) respecto al punto 2, (a) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (b) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; y, (c) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada.

Mediante Ord. N° 14.00.00. 101/20 de fecha 21 de enero de 2020, el organismo junto con reiterar lo ya expuesto en su respuesta al requerimiento, agregó y formuló descargos al amparo de la referencia indicando, en síntesis, que ratifica las causales invocadas en la respuesta otorgada, al aplicar el principio de divisibilidad a la copia del libro N° 8 de detenidos, lo anterior en atención a que lo tarjado corresponde a información secreta o reservada de acuerdo a las causales consagradas en el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia. Agregan que si bien la causal del articulo 21 N°2 debe ser alegada por el titular estimaron su denegación por aplicación del articulo 21 de la Ley N°19.628 y asimismo no realizaron la notificación del articulo 20 de la Ley de Transparencia por no tener información de contacto fidedigna. Además se acompañan los certificados de cumplimiento de condenada expedidos con fecha 15 de noviembre del año 2019, suscritas por el Alcaide Teniente Coronel Rafael Cadenas Parra respecto a las personas que se indican en la solicitud, las cuales se encuentran cumplidas íntegramente, con fecha 11 de julio de 1975, ambas.

Por último respecto al N°2 de la solicitud, acompañan el certificado N°2 de fecha 6 de enero de 2020 suscrito por el Alcaide Teniente Coronel Rafael Cadenas Parra por el cual certifica que en libros existentes solo figura el detallado en el numeral 1 de la parte expositiva y que respecto al numeral 2 por el paso del tiempo han sufrido degradación y destrucción por inundaciones e incendio, incluido los hechos del 27/02/2010.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto de la solicitud está dirigida a obtener información copia digital o fotostática del libro N° 9 "de detenidos" que contiene la información a que hace referencia el certificado 230/18 de fecha 6 de noviembre de 2018, firmado por el alcaide del CCP de Chillán y copia digital o fotostática de los libros "de detenidos" siguientes (al libro N°9) que contengan información sobre el tiempo, y razón de detención de A y B". Al efecto, el órgano reclamado señaló que la información obra en su poder pero que existen datos de carácter personal de las personas consultadas y de terceros ajenos a su requerimiento, involucrados en la documentación pretendida, por tanto, previo a su entrega procedió de acuerdo al principio de divisibilidad y la Ley N°19.628 al tarjamiento de datos de contexto, y por aplicación de las causales consagradas en el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia.Luego de acuerdo a la solicitud del numeral 2 de la parte expositiva por medio de certificado que acompaña, declara la inexistencia de este.

2) Que, el reclamante funda su amparo en que la respuesta entregada es incompleta o parcial. Además, hace presente que la información entregada es completamente ininteligible y que parte de la documentación copiada tacha datos que corresponden a información pública, como son todos los libros detenidos de cualquier centro donde se mantienen privados de libertad en el entendido que es documentación con una data de más de 50 años y por último que no se entregan copias de los otros libros de detenidos solicitados.

3) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

4) Que, de acuerdo a la información incompleta o parcial que entrego el órgano por aplicación de la normativa legal vigente , es decir, la existencia de datos personales y sensibles, como pudo constatar esta Corporación con los antecedentes tenidos a la vista, es decir, la existencia del libro 9, el cual incluye la fecha de ingreso, cedula de identidad, nombre, delito, nacionalidad, instrucción, religión, juzgado que condeno, penal en que cumple, fecha de sentencias en 1° y 2° instancia, pese a la mala calidad de la imagen entregada al reclamante - se aconseja entregar imagen con mayor nitidez- sin perjuicio de lo cual es información, acorde a lo establecido en el artículo 2, letras f) y g), de la ley N° 19.628. En este sentido, cabe hacer presente lo establecido en el artículo 2 del decreto supremo N° 518, de 1998, del Ministerio de Justicia, que aprueba el Reglamento de los Establecimientos Penitenciarios, en orden a que será el principio rector de la actividad penitenciaria "el antecedente que el interno se encuentra en una relación de derecho público con el Estado, de manera que fuera de los derechos perdidos o limitados por su detención, prisión preventiva o condena, su condición jurídica es idéntica a la de los ciudadanos libres". Además, prescribe en su artículo 8 que "Gendarmería de Chile cautelará la confidencialidad de los datos y de la información que maneje de las personas sometidas a su custodia y control". Además, se debe considerar que en el presente caso se trata de información relacionada a personas que han sido condenados por determinado delito, las cuales se encuentran cumplidas íntegramente, con fecha 11 de julio de 1975, ambas. Por lo tanto, resulta aplicable lo establecido en el inciso primero del artículo 21 de la ley N° 19.628.

5) Que, , cabe hacer presente que por medio de la ley N° 21.096, que consagra el derecho a protección de los datos personales, se consagró a nivel constitucional el derecho a la protección de datos personales, incorporándolo en el texto del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República; condición que debe ser considerada al ponderar aquel derecho con la aplicación del derecho de acceso a la información pública. Esto cobra especial relevancia a efectos de elevar el estándar exigido para limitar o restringir el ejercicio de un derecho fundamental.

6) Que, si bien, este Consejo debe resguardar y garantizar en todo momento el derecho de acceso a la información, aquello se debe conciliar con la protección de los datos personales consagrados, actualmente, como derecho fundamental. En particular, se deben considerar los requisitos y estándares mínimos exigidos para limitar y restringir tales derechos. De esta forma, corresponde interpretar lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N° 19.628, a la luz de la consagración constitucional de la protección de los datos personales, concluyendo, por una parte, que opera como excepción a lo dispuesto en el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales respecto de los actos denominados "sentencias judiciales" que hayan establecidos "condenas por delitos" cuando éstas se encuentran cumplidas. Así como también, que opera como límite a la información que esta Corporación puede requerir entregar, pues se tratarían de antecedentes que no pueden ser comunicados por los órganos de la Administración del Estado, por aplicación expresa de la regla del artículo 21 citado, esto es, datos personales relativos a condenas por delitos cuya pena fue cumplida.

7) Que, de esta forma, se otorga a las sentencias judiciales que establecen condenas que fueron cumplidas un estándar de protección mayor, por aplicación directa del derecho fundamental a la protección de datos personales, y por aplicación del principio de supremacía constitucional, en este caso, respecto a lo dispuesto en el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales. En el mismo sentido, se debe considerar que cuando el legislador ha entendido que la reserva contenida en el artículo 21 de la ley N° 19.628 debe ceder en pos de otro bien jurídico que se estima de mayor protección, esto ha quedado establecido mediante una excepción contemplada expresamente en la ley. Así, por ejemplo, ocurre con el Registro General de Condenas, formado sobre la base de la información contenida en el Prontuario Penal relativa a condenas penales, el cual contempla una sección denominada "Inhabilitaciones para ejercer funciones en ámbitos educacionales o con menores de edad", donde están registradas las personas condenadas por delitos sexuales contra menores, quienes se encuentran inhabilitados para el ejercicio de funciones educacionales o con menores de edad. Dicha sección se encuentra sujeta a un régimen especial de publicidad, estableciendo que cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar que se le informe o informarse por sí misma, siempre que se identifique, si una persona se encuentra afecta a la referida inhabilitación, con el fin de contratar a una persona para algún empleo, cargo, oficio o profesión que involucre una relación directa y habitual con menores de edad, o cualquier otro fin similar.

8) Que, en consecuencia, se rechazará el presente amparo, por configurarse la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en la ley N° 19.628.

9) Que, en cuanto a la información que según el reclamante no habría sido entregada, referente al numeral 2 de la solicitud en lo expositivo, se debe hacer presente que constituye un presupuesto básico para el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública el que la información requerida exista en poder del órgano solicitado, conforme preceptúan los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia. En consecuencia, atendido que el órgano reclamado acompaño certificado, indicando que por diversas circunstancias la información pedida no obra en su poder, se rechazará el presente amparo, toda vez que no se cuenta con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Luis Narváez Almendras, en contra de Gendarmería de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Luis Narváez Almendras, y al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.