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Albert Apablaza Cancino con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C4834-19

Consejo para la Transparencia, 05/05/2020

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, ordenando la entrega de copia de los actos administrativos dictados con la finalidad de instruir, dictaminar y resolver, 26 investigaciones administrativas terminadas, cuya existencia fue indicada por el órgano en respuesta a una solicitud de acceso a la información anterior. Lo anterior, por tratarse de información pública de competencia del órgano, respecto de la cual, se desestima la configuración de la causal de reserva o secreto de distracción indebida de sus funcionarios. Se ordena al órgano, previa entrega, tarjar los datos personales de contexto que pudieran contener los documentos, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4834-19

Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile

Requirente: Albert Apablaza Cancino

Ingreso Consejo: 03.07.2019

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, ordenando la entrega de copia de los actos administrativos dictados con la finalidad de instruir, dictaminar y resolver, 26 investigaciones administrativas terminadas, cuya existencia fue indicada por el órgano en respuesta a una solicitud de acceso a la información anterior.

Lo anterior, por tratarse de información pública de competencia del órgano, respecto de la cual, se desestima la configuración de la causal de reserva o secreto de distracción indebida de sus funcionarios.

Se ordena al órgano, previa entrega, tarjar los datos personales de contexto que pudieran contener los documentos, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia.

En sesión ordinaria N° 1094 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4834-19.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 5 de junio de 2019, don Albert Apablaza Cancino solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile, la siguiente información:

"1.- Copia digital de cada uno de los documentos que reflejan los respectivos actos administrativos que las autoridades competentes impulsaron a fin de instruir las investigaciones administrativas de cada uno de los 26 casos señalados en la solicitud AD010T0007105. Se entiende que este documento debiera ser una orden, u otro similar al respecto, con sus formalidades correspondientes.

2.- Copia digital de cada uno de los documentos que reflejan los respectivos actos administrativos que las autoridades competentes elaboraron para dictaminar las investigaciones administrativas de cada uno de los 26 casos señalados en la solicitud AD010T0007105.

3.- Copia digital de cada uno de los documentos que reflejan los respectivos actos administrativos que las autoridades competentes elaboraron para realizar las resoluciones de término de las investigaciones administrativas de cada uno de los 26 casos señalados en la solicitud AD010T0007105".

2) RESPUESTA: El 3 de julio de 2019, a través de Resolución N° 22, la Policía de Investigaciones de Chile respondió al requerimiento de información denegando el acceso a lo solicitado, en virtud de la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, ya que la solicitud hace referencia a las órdenes de instrucción, dictámenes y resoluciones de término, de 26 sumaros administrativos, los cuales se encuentran distribuidos en ocho regiones del país, por lo que involucraría distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, habida consideración de la cantidad de sumarios administrativos y de regiones que implicaría la búsqueda.

3) AMPARO: El 3 de julio de 2019, don Albert Apablaza Cancino dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

Además, el reclamante, en lo que resulta pertinente al presente amparo, señaló que existiendo el claro antecedente de que existe la información solicitada, según lo detallado tanto solicitud y respuesta asociada al rol AD010T0007105, la Institución solicitada utiliza indebidamente la hipótesis de reserva invocada, pues lo requerido es de tal conocimiento para la autoridad que se encuentra identificado tanto cuantitativa como cualitativamente: "26 Sumarios Administrativos, en 8 regiones del País", de modo que no se advierte la distracción indebida y el esfuerzo adicional, ya que ésta ya ha sido procesada antes de las solicitudes del suscrito. Esta información, si bien se originaron en distintos lugares del país, se encuentra unificada y archivada en Altas Reparticiones de esa Institución, de modo que su acceso y conocimiento por parte de dichas Reparticiones sea expedito, a través de sus archivos o la de sus unidades dependientes. Ejemplo de ello es que consta de los documentos adquiridos mediante Transparencia, cada Oficio que impulsa un acto administrativo, Dictamen que tramita el término del acto administrativo, o a su vez la Resolución que da término al acto administrativo, es distribuido en cada caso, al menos, a las siguientes unidades: Secretaría General, Jefatura Jurídica, Departamento V de Asuntos Internos (dependiente de la Inspectoría General) y Brigada de Contra Inteligencia (dependiente de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial).

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante Oficio E12231, de 2 de septiembre de 2019, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) refiérase a la ubicación material de la información solicitada, acredite la ubicación geográfica de la misma y señale las razones por las cuales resulta difícil reunirla y/o acceder a las dependencias donde se encontraría; (4°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y, (5°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida.

Mediante Ord. N° 879, de fecha 9 de septiembre de 2019, el órgano reclamado presentó descargos, en los que, en síntesis, argumentó que la solicitud hace referencia a las órdenes de instrucción, dictámenes y resoluciones de término de 26 Sumarios Administrativos, los cuales se encuentran distribuidos en ocho regiones del país, por lo que, su respuesta involucraría distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, habida consideración de la cantidad de Sumarios Administrativos y de regiones que implicaría su búsqueda.

Como antecedente, hace presente que la solicitud se sustenta en las respuestas a las solicitudes N° AD010T0007105 y N° AD010T0007265, mediante las cuales se informó la cantidad de funcionarios que en servicio activo cometieron suicidio desde que se mantiene información, esto es, desde el año 2007 a la fecha. De dichas respuestas se desprende que existe un total de 26 casos distribuidos de la siguiente manera: 1 caso en la Región de La Araucanía; 17 casos en la Región Metropolitana; 1 caso en la Región del Libertador Bernardo O'Higgins; 3 casos en la Región de Valparaíso; 1 caso en la Región de Atacama; 1 caso en la Región de los Ríos; 1 caso en la Región del Maule; y, 1 caso en la Región del Biobío. Indica que los expedientes sumariales que se encuentran concluidos se encuentran archivados en la Región Policial que dispuso su instrucción.

Señala que, al haberse solicitado copia de cada una de las órdenes de instrucción, dictamen y resolución de término de los 26 Sumarios Administrativos, se debe destinar a 1 funcionario por Región, más la metropolitana, para que procedan al desarchivo de los procesos administrativos y, posteriormente, busquen entre ellos cada uno los documentos solicitados, se fotocopien y se proceda a su censura en caso de que contengan datos personales o sensibles. En términos simples se requiere de 8 funcionarios para satisfacer el requerimiento del reclamante.

Finalmente, señala que el desarchivo es un procedimiento formal del cual se deja constancia en un acta respectiva, que demora según la disponibilidad de la Unidad donde se encuentre archivado el Sumario Administrativo, sin embargo, evidentemente el desarchivo y posterior búsqueda de documentos en 26 procesos sumariales, que en promedio tienen 1.000 fojas, lo que es un trabajo que implica distraer a los funcionarios para el cumplimiento de la solicitud de una persona.

Por las razones antes expuestas, concluye que se configura la hipótesis prevista en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la falta de entrega de copia de los actos administrativos dictados con la finalidad de instruir, dictaminar y resolver, 26 investigaciones administrativas terminadas, cuya existencia fue indicada por el órgano en respuesta a una solicitud de acceso a la información anterior. El acceso a la mencionada información fue denegado por la Policía de Investigaciones de Chile, al invocar la causal de distracción indebida de sus funcionarios.

2) Que, respecto de la concurrencia de la causal de secreto o reserva del artículo 21, número 1, letra c), de la Ley de Transparencia, este Consejo ha establecido que sólo puede configurarse, en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que suponen tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad, relación entre funcionarios y tareas.

3) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

4) Que, en el presente caso, de los antecedentes tenidos a la vista y de las alegaciones del órgano, no es posible concluir que lo solicitado constituya un volumen de información cuya ubicación y entrega al solicitante represente una carga laboral que distraiga indebidamente sus funciones. En este sentido, este Consejo estima, al contrario de lo sostenido por el órgano, que el hecho de encontrarse la información en 8 regiones distintas mitiga la distracción de funciones del personal de la Policía de Investigaciones, por cuanto las labores de identificación, eventual tarjado y remisión de los antecedentes requeridos, se distribuye entre las distintas regiones, debiendo seis de ellas hacerse cargo de solo uno de los expedientes en los que se encontraría la información requerida. Por lo anterior, y no contando este Consejo con otros antecedentes que permitan justificar la alegación del órgano, esta será desestimada, acogiéndose, en consecuencia, el presente amparo, ordenándose la entrega de la información solicitada, debiendo tarjar previamente el órgano, todos los datos personales de contexto incorporados -domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros-, según lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Albert Apablaza Cancino en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, lo siguiente:

a) Hacer entrega al reclamante de:

i. Copia digital de cada uno de los documentos que reflejan los respectivos actos administrativos que las autoridades competentes impulsaron a fin de instruir las investigaciones administrativas de cada uno de los 26 casos señalados en la solicitud AD010T0007105. Se entiende que este documento debiera ser una orden, u otro similar al respecto, con sus formalidades correspondientes.

ii. Copia digital de cada uno de los documentos que reflejan los respectivos actos administrativos que las autoridades competentes elaboraron para dictaminar las investigaciones administrativas de cada uno de los 26 casos señalados en la solicitud AD010T0007105.

iii. Copia digital de cada uno de los documentos que reflejan los respectivos actos administrativos que las autoridades competentes elaboraron para realizar las resoluciones de término de las investigaciones administrativas de cada uno de los 26 casos señalados en la solicitud AD010T0007105.

Para lo anterior, deberá tarjar el órgano todos los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en los documentos, de los que no sea titular el solicitante.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Albert Apablaza Cancino y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.