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Arturo Michell Bezama con PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Rol: C3409-19

Consejo para la Transparencia, 05/05/2020

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Presidencia de la República, relativo al Acta N° 214 de sesión secreta de la Junta Militar efectuada el 15 de julio de 1975. Lo anterior, atendido la inexistencia de la información pedida, sin que se dispongan de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido. Se acoge solo en cuanto no se comunicó al solicitante que no era posible identificar al órgano competente para pronunciarse sobre la información pedida, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 13, parte final, de la Ley de Transparencia. También, se representa al órgano no haber comunicado al reclamante dicha circunstancia. Sin perjuicio de lo resuelto, atendido el interés del reclamante que dicen relación a un antecedente que forman parte de la memoria histórica de nuestro país, en virtud del principio de facilitación consagrado en la Ley de Transparencia, se derivará la solitud a cada una de las ramas de la Fuerzas Armadas y a Carabineros, para que se pronuncien sobre la misma, atendido que examinadas los decretos que rigieron el funcionamiento de la Junta de Gobierno, no se atribuye a un órgano expreso para pronunciarse sobre la materia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3409-19

Entidad pública: Presidencia de la República

Requirente: Arturo Michell Bezama

Ingreso Consejo: 13.05.2019

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Presidencia de la República, relativo al Acta N° 214 de sesión secreta de la Junta Militar efectuada el 15 de julio de 1975.

Lo anterior, atendido la inexistencia de la información pedida, sin que se dispongan de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido.

Se acoge solo en cuanto no se comunicó al solicitante que no era posible identificar al órgano competente para pronunciarse sobre la información pedida, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 13, parte final, de la Ley de Transparencia. También, se representa al órgano no haber comunicado al reclamante dicha circunstancia.

Sin perjuicio de lo resuelto, atendido el interés del reclamante que dicen relación a un antecedente que forman parte de la memoria histórica de nuestro país, en virtud del principio de facilitación consagrado en la Ley de Transparencia, se derivará la solitud a cada una de las ramas de la Fuerzas Armadas y a Carabineros, para que se pronuncien sobre la misma, atendido que examinadas los decretos que rigieron el funcionamiento de la Junta de Gobierno, no se atribuye a un órgano expreso para pronunciarse sobre la materia.

En sesión ordinaria N° 1094 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3409-19.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 3 de abril de 2019, don Arturo Michell Bezama solicitó a la Presidencia de la República, la siguiente información:

Acta N° 214, de sesión secreta de la Junta Militar efectuada el 15 de julio de 1975.

2) RESPUESTA: El 2 de mayo de 2019, la Presidencia de la República respondió a dicho requerimiento mediante correo electrónico de esa fecha, indicando, que no obra en su poder dicha información.

Se adjunta certificado, de 26 de abril de 2019, el cual señala "La encargada de la Unidad de Gestión y Administración de Archivos de la Presidencia de la República, certifica que, en el Depósito Documental de la Presidencia de la República, subfondo "Actas"; no existen registros documentales. La información solicitada por el reclamante, relativa a: "Acta número 214 de la Sesión Secreta de la Junta Militar efectuada el día 15 de julio del año 1975", no forman parte del fondo documental de la Presidencia de la República".

3) AMPARO: El 13 de mayo de 2019, don Arturo Michell Bezama dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en lo pedido no fue entrego y tampoco fue derivada su solicitud al órgano correspondiente.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio N° E9201, de 8 de julio de 2019 confirió traslado al Sr. Director Administrativo la Presidencia de la República, solicitante que: (1°) aclare si lo solicitado, obra en su poder constando en alguno de los soportes documentales que dispone el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) refiérase a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información reclamada; (3°) de no ser competente para pronunciarse respecto de la solicitud de información, señale las razones por las cuáles no se derivó de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber realizado la derivación, remita copia de esta comunicación y del comprobante de notificación de la misma ante el órgano derivado.

Mediante Ordinario N° 498, de 24 de julio de 2019, el órgano formuló sus descargos, señalando, en síntesis, lo siguiente:

Junto con reiterar la respuesta entregada, indica las razones por las cuales no procedió a la derivación del requerimiento:

a) Lo pedido es un acta elaborada por la Junta de Gobierno, creada mediante el Decreto Ley N° 1, de 1973, siendo sus funciones especificadas mediante el Decreto Ley N° 128, del mismo año. Adicionalmente, el Decreto Ley N° 527, de 1974, aprobó el Estatuto de la Junta de Gobierno, el cual, mediante su artículo 1°, especificó que la Junta se encontraba integrada por los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea y por el General Director de Carabineros, asumiendo los Poderes Constituyente, Legislativo y Ejecutivo.

b) Al examinar las disposiciones que regían el funcionamiento de la Junta de Gobierno, se tiene que la disposición transitoria decimoctava del texto originalmente aprobado de la Constitución Política de la República determinaba una serie de atribuciones para dicha entidad durante el periodo que mediaba entre la entrada en vigencia de la Constitución y la instalación del Congreso Nacional democráticamente electo. La Junta de Gobierno cesó sus funciones el 11 de marzo de 1990.

c) Por su parte, el funcionamiento orgánico de la Presidencia de la República fue regulado mediante los artículos 10, 11 y 12 del Decreto Ley N° 3.529, de 1980., sin que entre sus funciones se encuentran relacionadas con el custodiar los documentos y actas emanadas de la Junta de Gobierno ni de ninguna otra entidad o servicio público, sin perjuicio que este Servicio realizó las búsquedas pertinentes con el objeto de agotar todos los esfuerzos para entregar la información solicitada; desconociéndose por parte de este Servicio en la actualidad quién podría detentar el antecedente requerido.

d) No obstante lo señalado, este Servicio se encuentra imposibilitado de proceder a derivar la presentación formulada a otro órgano de la Administración del Estado, debido a que se desconoce cuál sería la entidad competente para conocer de la misma. En efecto, examinadas las leyes que rigieron el funcionamiento de la Junta de Gobierno, se tiene que ninguna de ellas atribuye la custodia de la documentación de la misma a institución alguna, razón por la cual, al tenor de lo prescrito en el artículo 13 de la Ley de Transparencia no fue posible proceder a su derivación.

e) En consecuencia, y dado que el ordenamiento jurídico no ha atribuido la potestad de conocer a un órgano específico y determinado, no es posible derivar la solicitud a otra entidad, por cuanto no ha sido posible determinar la situación reseñada.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en que la información requerida en el N° 1 de lo expositivo, relativa al Acta N° 214, de Sesión Secreta de la Junta Militar, de 15 de julio de 1975, no fue entregada, y tampoco derivada al órgano competente. Al efecto, la reclamada con ocasión de la respuesta señaló que lo pedido no existe en sus registros documentales, y luego, en los descargos evacuados en esta sede, señaló que desconocía cuál sería la entidad competente para pronunciarse en tal sentido.

2) Que, en cuanto a la existencia de la información requerida, cabe tener presente el criterio sostenido por este Consejo, en orden a que ésta constituye una circunstancia de hecho, cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. Esta alegación debe ser fundada, indicando en forma clara el motivo por el cual aquella no obra en su poder, lo que debe ser acreditado en forma fehaciente.

3) Que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, sólo será pública aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de información inexistente. En tal sentido, el órgano acreditó haber realizado las búsquedas pertinentes con el objeto de agotar todos los esfuerzos para entregar la información solicitada, acompañando el correspondiente certificado de búsqueda, sin que se dispongan de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, por tanto, se rechazará el presente amparo respecto de este punto.

4) Que, en lo tocante a la falta de derivación, cabe señalar, que si bien el órgano en sus descargos explicó de manera pormenorizada que no derivó la solicitud de conformidad al artículo 13 de la Ley de Transparencia por desconocer cuál era exactamente la entidad competente para pronunciarse sobre la información pedida, este Consejo estima que, en virtud de lo dispuesto en la parte del final del referido artículo 13, la reclamada debió comunicar con ocasión de su respuesta dicha circunstancia al reclamante, atendido que según reza la disposición, "(...) cuando no sea posible individualizar al órgano competente o si la información solicitada pertenece a múltiples organismos, el órgano requerido deberá comunicar dicha circunstancia al solicitante", lo cual será representado en la parte resolutiva del presente acuerdo; y se procederá acoger el amparo en este punto sólo en tanto el órgano no adecuó su proceder a lo señalado en la norma citada.

5) Que, sin perjuicio de lo resuelto, cabe hacer presente por una parte, que examinadas las leyes que rigieron el funcionamiento de la Junta de Gobierno, ninguna de ellas atribuye la custodia de su documentación a institución alguna; y por otra parte, que según lo dispuesto por el artículo 14, inciso final, del Decreto con Fuerza de Ley N° 5200, de 1929, del Ministerio de Educación Pública, que regula el tipo de documentación que ingresa al Archivo Nacional, las normas sobre archivo y eliminación de documentos relativas al Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y demás órganos dependientes del citado Ministerio, se realizan conforme a lo que disponga la reglamentación ministerial e institucional respectiva.

6) Que, en razón de lo señalado precedentemente, y atendido al interés del reclamante por acceder a un antecedente que forman parte de la memoria histórica de nuestro país, en virtud del principio de facilitación consagrado en el artículo 11 letra f) de la Ley de Transparencia, y atendida que la Junta de Gobierno se encontraba integrada por los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea y por el General Director de Carabineros, este Consejo derivará la solicitud de información a cada una de las ramas de la Fuerzas Armadas y a Carabineros, para que se pronuncien sobre la información reclamada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Arturo Michell Bezama en contra de la Presidencia de la República. Se acoge solo en cuanto el órgano no adecuó su proceder al artículo 13, de Ley de Transparencia; y se rechaza atendida la inexistencia de la información pedida, todo ello en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Representar al Sr. Director Administrativo de la Presidencia de la República la infracción al artículo 13, parte final, de la Ley de Transparencia, al no haber comunicado al reclamante que no era posible identificar al órgano competente para pronunciarse sobre la información pedida, ello según lo señalado en el considerando 4°. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reitere tal infracción.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente:

a) Derivar la solicitud de información a los señores Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea y al General Director de Carabineros, en conformidad a lo señalado en el considerando 6° del presente acuerdo, y,

b) Notificar la presente decisión a don Arturo Michell Bezama y al Sr. Director Administrativo de la Presidencia de la República.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.