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Mario Ruminot Arévalo con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII) Rol: C705-20

Consejo para la Transparencia, 02/06/2020

Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio de Impuestos Internos, referido a la entrega de copia de boletas y facturas de contribuyente que se indica. Lo anterior, por tratarse de antecedentes patrimoniales cubiertos por el secreto tributario, dispuesto en el inciso segundo del artículo 35° del Código Tributario.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C705-20

Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos

Requirente: Mario Ruminot Arévalo

Ingreso Consejo: 10.02.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio de Impuestos Internos, referido a la entrega de copia de boletas y facturas de contribuyente que se indica.

Lo anterior, por tratarse de antecedentes patrimoniales cubiertos por el secreto tributario, dispuesto en el inciso segundo del artículo 35° del Código Tributario.

El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1102 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de junio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C705-20.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 21 de enero de 2020, don Mario Ruminot Arévalo solicitó al Servicio de Impuestos Internos -en adelante, indistintamente SII- la siguiente información: «copia de boletas y facturas de la empresa Jorgemat, respecto a las transacciones internacionales por todo el período de los años 2018 y 2019».

2) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta N°0017876, de fecha 30 de enero de 2020, el Servicio de Impuestos Internos respondió a dicho requerimiento de información, denegando la entrega de los antecedentes consultados, por concurrir la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia. Al respecto, señala que, lo requerido constituye documentación tributaria de un contribuyente, por lo que el órgano reclamado se encuentra impedido de proporcionar dicha información a terceros, ya que devela la cuantía, la fuente de las rentas, las pérdidas, gastos o cualquier dato relativos a ella, que figuran en declaraciones obligatorias, en razón del deber de secreto tributario, establecido en el inciso segundo del artículo 35° del Código Tributario. A efectos de refrendar la causal de reserva invocada, cita jurisprudencia emanada de este Consejo y de la Excelentísima Corte Suprema, sobre el secreto tributario.

3) AMPARO: El 10 de febrero de 2020, don Mario Ruminot Arévalo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su requerimiento de información, por concurrir la causal de reserva consagrada en artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia.

4) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: Este Consejo mediante Oficio N°E2442, de fecha 26 de febrero de 2020, solicitó al reclamante la subsanación del presente amparo, requiriéndole que acompañe copia de su solicitud de información, con su respectivo timbre o comprobante de ingreso, junto con la copia de la respuesta otorgada y todos los antecedentes anexos a ella y los que acrediten la fecha en que le fue notificada, en conformidad de lo dispuesto en el artículo 24° de la Ley de Transparencia.

Mediante presentación, de fecha 28 de febrero de 2020, el peticionario subsanó su amparo de acceso a la información, adjuntando los antecedentes requeridos por esta Corporación.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, mediante Oficio N°E3841, de fecha 17 de marzo de 2020 solicitando que: se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada.

Mediante presentación, de fecha 22 de abril de 2020, el órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones, reiterando lo expuesto en su respuesta. Al efecto, deniega la entrega de la información consultada por concurrir en la especie la causal de reserva consagrada en artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia, en concordancia de lo dispuesto en inciso segundo del artículo 35° del Código Tributario. Al respecto, señala que, el SII no obtiene la información requerida desde una fuente accesible al público, sino que, desde diversas declaraciones, documentos tributarios, libros contables y tributarios obligatorios. Sobre los antecedentes consultados -boletas y facturas-, precisa que, éstos se obtienen de los libros contables del contribuyente y se extraen para completar sus declaraciones obligatorias de impuestos -principalmente los Formularios 29 y 22, entre otros-. Por lo anterior, sostiene que, entregar dicha información conlleva develar datos relativos a rentas de contribuyentes e información contenida en declaraciones obligatorias, entiéndase no solo lo relativo a ingresos o pérdidas, por cuanto el concepto de reserva tributaria es bastante más amplio, en los términos en que lo establece prohibitivamente el artículo 35, inciso 2°, del Código Tributario y en concordancia de lo dispuesto en dicho cuerpo normativo: «cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias».

Adicionalmente, señala que, a pesar de que la información consultada no contiene información numérica sobre ingresos o gastos, es información tributaria, contenida en facturas y boletas información que el contribuyente entrega al SII con la exclusiva finalidad de cumplir con la normativa tributaria. Sobre lo anterior, ilustra que, el sistema tributario chileno es de autodeclaración, esto es, el propio contribuyente es quién declara sus impuestos en los formularios respectivos. Por lo anterior, concluye que, la reserva tributaria conlleva a la prohibición absoluta de divulgación respecto a todos aquellos funcionarios o personas que en ejercicio de un deber, oficio o cargo tienen acceso a la información contenida en las declaraciones obligatorias que un contribuyente debe efectuar en cumplimiento de disposiciones legales o reglamentarias, toda vez que en la especie significaría develar un listado de personas jurídicas y naturales con quienes un contribuyente determinado emitió y recibió facturas.

Por otra parte, señala que, en el caso de especie, también se configura la causal de reserva consagrada en el 21 N°2 de la Ley de Transparencia, pues se trata de datos referidos a la vida privada del contribuyente, en conformidad de lo dispuesto en el artículo 8° bis, el artículo 30°, y el artículo 35° del Código Tributario y la Ley sobre Protección a la Vida Privada. A efectos de refrendar lo anterior, cita jurisprudencia emanada de la Excelentísima Corte Suprema.

Por último, el órgano reclamado señala que, la divulgación de los antecedentes consultados implica la vulneración de datos referentes a personas naturales, en particular de la identificación de las personas naturales, en conformidad de lo dispuesto en la Ley sobre Protección a la vida privada y en concordancia de lo preceptuado en el 21 N°2 de la Ley de Transparencia. Al efecto sostiene que, de haberse entregado la información requerida se habrían divulgado a un tercero, antecedentes privados, comerciales y económicos relativos a la identificación de todas las personas naturales con quienes ha contratado o entregado y/o recibido facturas y/o boletas del contribuyente consultado. Sobre lo anterior, hace presente que, no se trata de información genérica, anonimizada ni estadística, sino que por el contrario, específica y determinada, correspondiente a un listado de personas naturales con quienes dicho contribuyente ha realizado alguna operación económica o comercial, antecedentes protegidos por el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República en relación al artículo 21 N°2 y N°5 de la Ley N° 20.285, al artículo 35 del Código Tributario y a los artículos 2° letra f), 4°, 7° Y 9°, de la Ley N° 19.628. Sobre lo anterior, cita jurisprudencia emanada de esta sede.

Y CONSIDERANDO

1) Que, el presente amparo se funda en la falta de entrega de copia de boletas y facturas de la persona jurídica que se indica, respecto a las transacciones internacionales por todo el período de los años 2018 y 2019. Al efecto, el SII deniega la entrega de los antecedentes consultados por concurrir en la especie las hipótesis de reserva consagradas en el artículo 21 N°2 y N°5, en relación con los artículos 30°, 35° y 8° bis del Código Tributario.

2) Que, sobre el particular, es necesario considerar lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 35° del Código Tributario: El Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera dato relativos a ella, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Código u otras normas legales". (énfasis agregado).

3) Que, sobre la materia, es menester tener en consideración lo razonado por esta Corporación en las Decisiones de Amparo N° A54-09, A89-09, A117-09, C1571-12, C2899-17 y C3419-17, entre otras, ha precisado el alcance de la reserva contemplada en el citado artículo 35 del Código Tributario, estableciendo que en virtud de lo dispuesto en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República y los artículos 5°, 10 y 21 de la Ley de Transparencia, dicha reserva o secreto es una regla excepcional en nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto, dicha disposición debe ser interpretada restrictivamente, no pudiendo extenderse a documentos distintos a los enunciados en dicho artículo -declaraciones obligatorias, sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas- ni a información distinta a la estrictamente contemplada en él -cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias-. En este orden de ideas, se establece como criterio el que: «a juicio de este Consejo el secreto tributario debe entenderse referido a los datos patrimoniales de los contribuyentes y no a toda la demás información genérica de éstos que posea el Servicio» (considerando 5° de la decisión que resuelve el recurso de reposición contra la decisión del amparo A117-09, y considerando 7° de la decisión de amparo Rol C315-09) (énfasis agregado).

4) En este orden de ideas, dicho criterio es compartido por la Excelentísima Corte Suprema, que en sentencia Rol 5002-2013, acotó la lógica operativa del secreto tributario, razonando en su considerando décimo que: «es necesario tener en consideración que una de las finalidades del principio de reserva o secreto tributario es evitar que se ponga en evidencia tanto el patrimonio como el presupuesto de una determinada persona natural o jurídica». (énfasis agregado)

5) Que, en la especie, a juicio de este Consejo, resulta plausible considerar que los antecedentes consultados -esto es facturas y boletas del contribuyente que se indica-, consigna información tributaria, referida a la cuantía o fuente de las rentas, pérdidas, gastos, que constan en declaraciones impositivas obligatorias, los cuales, en concordancia de lo dispuesto en el artículo 35° del Código Tributario, corresponden a información reservada, toda vez que éstos se obtienen de los libros contables del contribuyente y se extraen para completar sus declaraciones obligatorias de impuestos, como lo es el Formulario 22 sobre Impuesto a la Renta, quedando, en consecuencia, cubiertos por el deber de secreto tributario que rige para los funcionarios del SII. Sobre lo anterior, la reserva tributaria conlleva la prohibición de divulgación respecto a todos aquellos funcionarios o personas que en ejercicio de un deber, oficio o cargo tienen acceso a la información contenida en las declaraciones obligatorias que un contribuyente debe efectuar en cumplimiento de disposiciones legales o reglamentarias, y por ende, de información que el órgano reclamado mantiene sólo a fin de fiscalizar el cumplimiento tributario de los contribuyentes, en conformidad del mandato legal dispuesto en el artículo 1° del decreto con fuerza de ley N°7, de 1980, de hacienda, que fija el texto de la ley orgánica del Servicio de Impuestos Internos.

6) Que, a mayor abundamiento, la documentación requerida contiene datos patrimoniales y personales del contribuyente, y de los terceros que contrataron con dicha persona jurídica, toda vez que en la especie significaría develar un listado que individualiza a las personas jurídicas y naturales con quienes un contribuyente determinado emitió y recibió facturas y/o boletas, dando cuenta de las operaciones económicas y comerciales que ha desarrollado la empresa y los terceros involucrados con dicha persona jurídica en el periodo consultado. Por lo anterior, consecuencialmente, se trata de antecedentes personales, tributarios y comerciales que no han sido recolectados de fuentes accesibles al público. Sobre lo anterior el artículo 8° bis del Código Tributario dispone que: «Que en los actos de fiscalización se respete la vida privada y se protejan los datos personales en conformidad con la ley; y que las declaraciones impositivas, salvo los casos de excepción legal, tengan carácter reservado, en los términos previstos por este Código». (énfasis agregado). En concordancia con lo anterior, el artículo 7° de la Ley sobre Protección de la Vida Privada preceptúa que: «Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo».

7) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente, tratándose de antecedentes correspondientes a datos de carácter personal y patrimonial de los contribuyentes, a la luz del criterio establecido por este Consejo, esta Corporación procederá a rechazar el presente amparo, por cuanto se configura en la especie la causal de reserva prevista en el artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en el inciso segundo del artículo 35° del Código Tributario, quedando cubierto los antecedentes consultados por el deber de secreto tributario que rige para los funcionarios del SII.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Mario Ruminot Arévalo en contra del Servicio de Impuestos Internos, por configurarse la causal de reserva preceptuada en el artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Mario Ruminot Arévalo y al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Marcelo Drago Aguirre. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.