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Rafael Harvey Valdés con EJÉRCITO DE CHILE Rol: C8002-19

Consejo para la Transparencia, 09/06/2020

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, respecto de diversos antecedentes relativos al reportaje de televisión que indica. Se ordena la entrega de información relativa al detalle curricular del profesional que informa, y copia de cualquier documento que dé cuenta de los años en que ejerció docencia en las academias que el funcionario entrevistado menciona, o en su defecto, una vez efectuada una búsqueda exhaustiva, señalar expresa y fundadamente, si alguno de dichos antecedentes no existiera o no obrara en su poder, con los detalles que justifiquen su inexistencia. Lo anterior, por tratarse de información pública, y por haberse otorgado respuesta incompleta. Asimismo, se ordena la entrega de copia autenticada de cualquier documento donde consten las resoluciones judiciales o ministeriales en donde se indique o sentencie que la institución no ha cumplido con el DFL N°1 Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, durante el período que indica, y copia simple de los actos o resoluciones que, en consecuencia, ha emitido la institución a partir de dichos incumplimientos, durante el mismo período, debiendo el órgano tarjar, previamente, cualquier dato personal de contexto que puedan contener. Lo anterior, por tratarse de información que obra en poder del Ejército, y por haberse desestimado sus alegaciones en el sentido de que su entrega afectaría el debido cumplimiento de sus funciones y por no tratarse de un requerimiento conforme a la Ley de Transparencia, por no haber acreditado fehacientemente dichas alegaciones. Se rechaza respecto del registro en virtud de lo dispuesto en la Ley de Lobby, toda vez que lo consultado no corresponde al concepto de Lobby; y respecto de los reiterados intentos de remoción, por tratarse de antecedentes relativos a comentarios emitidos por el periodista del reportaje y no por un funcionario militar. Del mismo modo, se rechaza respecto del documento que contenga las sanciones, de la Minuta Informativa que señala, y de los documentos que detallen el porcentaje de denuncias efectuadas en la institución, toda vez que el Ejército otorgó respuesta oportuna y consistente con la información requerida. Finalmente, se rechaza respecto de copia de cualquier antecedente que dé cuenta del procedimiento dispuesto para denunciar hechos irregulares que involucren a un Comandante en Jefe del Ejército, en atención a que no se dispone de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que dicha información no obra en su poder.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Defensa
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C8002-19

Entidad pública: Ejército de Chile.

Requirente: Rafael Harvey Valdés.

Ingreso Consejo: 03.12.2019.

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, respecto de diversos antecedentes relativos al reportaje de televisión que indica.

Se ordena la entrega de información relativa al detalle curricular del profesional que informa, y copia de cualquier documento que dé cuenta de los años en que ejerció docencia en las academias que el funcionario entrevistado menciona, o en su defecto, una vez efectuada una búsqueda exhaustiva, señalar expresa y fundadamente, si alguno de dichos antecedentes no existiera o no obrara en su poder, con los detalles que justifiquen su inexistencia. Lo anterior, por tratarse de información pública, y por haberse otorgado respuesta incompleta.

Asimismo, se ordena la entrega de copia autenticada de cualquier documento donde consten las resoluciones judiciales o ministeriales en donde se indique o sentencie que la institución no ha cumplido con el DFL N°1 Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, durante el período que indica, y copia simple de los actos o resoluciones que, en consecuencia, ha emitido la institución a partir de dichos incumplimientos, durante el mismo período, debiendo el órgano tarjar, previamente, cualquier dato personal de contexto que puedan contener. Lo anterior, por tratarse de información que obra en poder del Ejército, y por haberse desestimado sus alegaciones en el sentido de que su entrega afectaría el debido cumplimiento de sus funciones y por no tratarse de un requerimiento conforme a la Ley de Transparencia, por no haber acreditado fehacientemente dichas alegaciones.

Se rechaza respecto del registro en virtud de lo dispuesto en la Ley de Lobby, toda vez que lo consultado no corresponde al concepto de Lobby; y respecto de los reiterados intentos de remoción, por tratarse de antecedentes relativos a comentarios emitidos por el periodista del reportaje y no por un funcionario militar.

Del mismo modo, se rechaza respecto del documento que contenga las sanciones, de la Minuta Informativa que señala, y de los documentos que detallen el porcentaje de denuncias efectuadas en la institución, toda vez que el Ejército otorgó respuesta oportuna y consistente con la información requerida. Finalmente, se rechaza respecto de copia de cualquier antecedente que dé cuenta del procedimiento dispuesto para denunciar hechos irregulares que involucren a un Comandante en Jefe del Ejército, en atención a que no se dispone de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que dicha información no obra en su poder.

En sesión ordinaria N° 1104 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de junio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C8002-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 1 de octubre de 2019, don Rafael Harvey Valdés solicitó al Ejército de Chile, con relación al reportaje de televisión que indica, publicado en la página web que señala, lo siguiente:

a) "Copia simple del registro por ley del Lobby, sumado a los detalles de las materias tratadas en la (s) audiencia (s) sostenida entre el periodista don Santiago Pavlovic y el Señor Comandante en Jefe don Ricardo Martínez, efectuada (s) durante los meses de mayo, junio y/o julio del año 2019.

b) En el Minuto 03:30, se señala por parte del Periodista Don Santiago Pavlovic lo siguiente: ‘...El actual Comandante en Jefe, el General Martínez, ha tratado insistentemente de removerlo pero el Presidente Sebastián Piñera, al igual que Bachelet, se ha negado a firmar el Decreto Supremo respectivo...’. Se solicita copia autenticada de cualquier medio escrito que dé cuenta de que se ha tratado ‘insistentemente’ por parte del actual Comandante en Jefe, el General Martínez en remover (trámite de retiro) al suscrito. En síntesis, se solicita copia simple de todos los documentos que consten por escrito de los intentos de remoción que el Señor Cdte. en Jefe ha intentado en contra del suscrito.

c) En el Minuto 06:32, el Señor Jefe del Depto. Comunicacional, señaló: ‘Él, recordemos, tiene una carrera en la cual ha sido sancionado por temas conductuales en todos los grados, en las unidades en las que ha estado por diferentes calificadores directos, por diferentes comandantes’. Por tanto, se solicita copia autenticada del oficio, orden, resolución, o cualquier medio escrito que dé cuenta sólo, es decir, en específico, de las sanciones que específicamente refiere el Señor Jefe del Depto. Comunicacional, esto es, que hayan quedado ‘a firme’ en los grados de alférez, subteniente y teniente respecto del suscrito (Capitán Harvey). Se solicitan las que hayan quedado a firme, dada la afirmación (aseveración), que efectuó la autoridad militar antes señalada, requisito fundamental para hablar de sanciones en el tenor que el Señor Jefe del Depto. Comunicacional lo hizo públicamente, aun cuando no se cumplió por parte de dicha autoridad con el Artículo 21 de la Ley 19.628.

d) En el Minuto 07:51, se señala por parte del Periodista Don Santiago Pavlovic lo siguiente: ‘Las hojas de vida muestran escasas anotaciones negativas, pero en una minuta secreta originada en Inteligencia del Ejército se recuerdan sanciones disciplinarias contra Harvey. Por ejemplo un altercado que tuvo con un comerciante mientras estudiaba en la Escuela Militar. En 1999 maltrató de palabra a personal uniformado y poco después tuvo un día de arresto por hacer comentarios supuestamente sin fundamentos en presencia de oficiales menos antiguos...’. En efecto, es justamente en el Minuto 07:51 en adelante, en donde el reportaje exhibe públicamente una ‘Minuta Informativa’, con formato y modelo de oficio empleado en nuestro Ejército, de 06 páginas y 17 Numerales en su Ítem II, de fecha 31 de mayo 2018, titulada en su Numeral I: ‘Tema: Sanciones Disciplinarias y Antecedentes del CAP. RAFAEL HARVEY VALDÉS’. Por tanto, se solicita lo siguiente:

i. Copia autenticada de la Minuta Informativa que fue entregada al programa Informe Especial y que fuera publicada en la forma ya descrita.

ii. Nombre e identificación del autor de la Minuta Informativa.

iii. Nombre e identificación de la autoridad militar que dispuso la realización de la Minuta Informativa.

iv. Nombre e identificación de la autoridad militar que recibió la Minuta Informativa.

v. Nombre e identificación de la autoridad militar que hizo entrega de la minuta antes descrita al Programa Informe Especial.

e) En el Minuto 10:55, se señala por parte del Señor Jefe del Depto. Comunicacional: ‘ ... tenemos un oficial de Estado Mayor, del grado de Teniente Coronel que ha hecho estudios avanzados respecto tanto de nuestro país como en el extranjero de Derechos Humanos y que en su momento ha sido profesor en ambas academias...’. Por tanto, se solicita lo siguiente:

i. Copia simple de cualquier medio escrito que dé cuenta de la identidad del oficial a que refiere el Jefe del Depto. Comunicacional.

ii. Copia simple del curriculum militar del referido oficial donde consten los estudios avanzados realizados tanto en nuestro país como en el extranjero en materias de Derechos Humanos.

iii. Detalle curricular de las materias, malla académica, profesores, cantidad de carga horaria y cualquier otro detalle escrito respecto de los estudios avanzados realizados tanto en nuestro país como en el extranjero en materias de Derechos Humanos por parte del Oficial señalado.

iv. Copia simple de cualquier medio escrito que dé cuenta de los años en que ejerció docencia en ambas academias y las materias enseñadas por dicho oficial, diferenciando los cursos impartidos en ambas Academias, según afirmó el Señor Jefe del Depto. Comunicacional.

f) En el Minuto 18:30 se señala por parte del Señor Jefe del Depto. Comunicacional: ‘...El ejército debe dar cumplimiento al DFL N°1 que es el estatuto de las FFAA que es Ley que el Ejército debe cumplir...’.

i. Copia autenticada de cualquier medio escrito en donde consten las resoluciones judiciales o ministeriales en donde se indique, reproche o sentencie que no se ha cumplido con dicha ley DFL N°1, desde el año 2015 a la fecha de esta solicitud.

ii. En directa relación al literal anterior; solicito copia simple de las consecuencias que ha existido sobre el mismo incumplimiento entre el año 2015 a la fecha de este solicitud.

g) En el Minuto 38:47 se señala por parte del Señor Jefe del Depto Comunicacional: ‘El Ejército está compuesto por más de 45.000 personas y , claro, hay algunos casos como los que usted menciona, pero representan el 0,1 por ciento de la fuerza total del Ejército’ Por tanto, se solicita copia autenticada de cualquier medio escrito que dé cuenta, justifique y/o explique la cifra entregada por el Señor Jefe del Depto Comunicacional de que los casos de denuncias en nuestro Ejército representan el 0,1 por ciento de la fuerza total del Ejército, especificando las fechas de referencia que tuvo la autoridad militar referida.

h) En el Minuto 39:30, ante una pregunta del Periodista ya referido, se señala por parte del Señor Jefe del Depto. Comunicacional una pregunta y una respuesta otorgada por la misma autoridad Institucional, como sigue: ‘¿Usted quiere que le responda si es que yo denunciaría al Comandante en Jefe si es que yo supiera?: Por supuesto que lo haría’. Por tanto, se solicita copia autenticada de cualquier medio escrito que dé cuenta del procedimiento institucional dispuesto para denunciar por eventuales hechos irregulares que involucren directamente a un Comandante en Jefe de nuestro Ejército".

2) PRÓRROGA Y RESPUESTA: El órgano notificó al solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en diez días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

Luego, por medio de documento JEMGE DETLE (P) N° 6800/12144, de 14 de noviembre de 2019, el órgano otorgó respuesta a la solicitud, señalando en síntesis, respecto de lo pedido en la letra a), que "no existen registradas audiencias entre las personas consultadas", indicando la forma de acceder a la plataforma de Lobby de la institución, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia.

Acto seguido, con relación a lo requerido en el literal b), informó que "su petición, tal como UD lo señala, se sustenta en expresiones que habría vertido el señalado periodista, que como tal no tiene por qué hacerse cargo la institución, y no a actos o documentos que obren en poder de la institución (...) Sin perjuicio de lo anterior, en cuanto a la supuesta insistencia en removerlo a que habría hecho mención el periodista, es dable señalar que dicha medida es una facultad presidencial que la Carta Fundamental prevé en el artículo 32 N°16 para ser aplicable excepcional y únicamente para el caso de los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y del General Director de Carabineros, cuyo no es el caso. Distinto es el trámite de su retiro de la institución el que, como es de su conocimiento, se encuentra en poder y para resolución del Sr. Ministro de Defensa Nacional, no siendo legalmente posible proporcionar los antecedentes documentales sustentatorios, en tanto dicho Secretario de Estado no resuelva sobre el particular", denegando la entrega de dicha documentación de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra b), de la Ley de Transparencia.

Luego, a lo solicitado en la letra c), agregó que "consultado el Coronel Ovalle, su respuesta encuentra explicación en que su intención fue aclarar al periodista que desde el inicio de su carrera militar, a diferencia de lo que transmitía a la audiencia el entrevistador, UD sí ha sido objeto de observaciones y sanciones, independiente de la lista de clasificación que en definitiva pudo haber estado clasificado. En efecto, se acompaña copia autenticada de su Hoja de Vida en que se da cuenta y/o consta el registro de dichas medidas".

Asimismo, acerca de lo pedido en el literal d), explicó que "su petición se refiere a supuestas expresiones del periodista y con antecedentes que él habría exhibido por TV, que no fueron dichas ni aportadas por el Jefe del Departamento Comunicacional del Ejército, por lo que no corresponde a la institución hacerse cargo".

Del mismo modo, respecto de lo requerido en la letra e), el Ejército señaló el nombre del profesional consultado, detallando el grado, resolución que designa, clases impartidas, acompañando copia de publicación y su curriculum, agregando que es la única documentación existente sobre lo consultado.

Sobre lo solicitado en el numeral i., del literal f), indicó que es normal en la tramitación de decretos supremos, observe o formule algún reparo, señalando que aquello "incide en innumerables actos administrativos de las más diversa naturaleza y materia, cada uno generalmente con varios documentos y/o antecedentes, los que no se encuentran sistematizados, ordenados ni archivados de manera tal de posibilitar una búsqueda, por lo que pretender reproducirlos, desde el año 2015 a la fecha, significaría abocarse y efectuar un análisis de todos los documentos de esa naturaleza existentes en la institución", denegando la entrega de la información en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, agregando que "Lo mismo sucede con la búsqueda de la supuesta existencia de resoluciones judiciales en que se reproche o sentencia a la institución no haber dado cumplimiento al Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas (...) Por consiguiente, se trata de la petición de una información que no existe ni obra en poder de la Institución". Acto seguido, con relación a lo consultado en el numeral ii, explicó que "esta parte de la solicitud es genérica, parte del supuesto de haber incurrido la institución en algún incumplimiento desde el año 2015, lo que no está establecido ni acreditado, ni UD proporciona antecedente o prueba alguna para concederle mérito o permitir una búsqueda específica. El pretender genéricamente se le proporcionen las ‘consecuencias’ constituye un imposible, ya que estamos hablando de un intangible y de supuestas infinitas variables en sus posibilidades", indicando que no configura el ejercicio del derecho de acceso a información pública.

Luego, respecto de lo pedido en la letra g), informó que "lo antes señalado, en que el 0,1% en que apoya su argumentación, la cita a título ilustrativo para resaltar el carácter excepcionalísimo para el hipotético caso de existir y comprobarse dicha conducta reprochable, en un universo de una dotación de 45 mil funcionarios. Nunca el entrevistado entregó una cifra o un porcentaje sobre el total de denuncias recibidas en la institución que es lo que UD erradamente le atribuye".

Finalmente, con relación a lo requerido en el literal h), señaló que "Al respecto, no existe en la institución ningún documento o antecedente escrito que establezca un procedimiento para denunciar lo anterior, específicamente, respecto a la máxima autoridad institucional. Ello encuentra su explicación en que la obligación y el deber de denunciar cualquier ilícito, es una conducta que recae sobre todos los miembros de las Fuerzas Armadas que no hace distingo respecto de quien sea el infractor, y tiene su origen en la ley", haciendo mención a lo dispuesto en los artículos 7 y 14 del Código Civil, artículo 131 del Código de Justicia Militar y artículo 175 del Código Procesal Penal, agregando que "Por consiguiente, no se necesita, ni existe en la institución texto expreso de ningún rango, para avalar lo sostenido por el Jefe del Departamento Comunicacional en la entrevista motivo de su solicitud".

3) AMPARO: El 3 de diciembre de 2019, don Rafael Harvey Valdés dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta a su solicitud de información. Asimismo, sobre lo pedido en la letra a), alegó que "El día lunes 03 de junio de 2019 se reunió el Señor Comandante en Jefe don Ricardo Martínez con el periodista don Santiago Pavlovic y no existe registro alguno de dicha reunión, con el agravante de haberse efectuado en dependencias del edificio Ejército Bicentenario".

Acto seguido, sobre lo requerido en la letra b), reclamó que "fue denegada copia simple de todos los documentos que consten por escrito de los intentos de remoción que el Señor Cdte. en Jefe ha intentado en contra del suscrito". Asimismo, en la letra c), alegó que "La respuesta constituye una grave infracción al artículo 21 de la ley 19.628, máxime cuando existen recomendaciones de éste CPLT al respecto (Numeral 6.3), en lo referido a dar a conocer datos personales, como datos médicos y/o de sanciones ya cumplidas, etc. Agrava lo anterior, sumado a que el Señor Jefe del Depto. Comunicacional no especificó si son sanciones que quedaron a firme y si son sanciones que quedaron sin efecto, sin responsabilidad administrativa. Por tanto, se solicitó copia autenticada del oficio, orden, resolución, o cualquier medio escrito que dé cuenta sólo, es decir, en específico, de las sanciones que específicamente refiere el Señor Jefe del Depto. Comunicacional, esto es, que hayan quedado ‘a firme’ en los grados de alférez, subteniente y teniente respecto del suscrito (Capitán Harvey). Se solicitan las que hayan quedado a firme, dada la afirmación (aseveración), que efectuó la autoridad militar antes señalada, requisito fundamental para hablar de sanciones en el tenor que el Señor Jefe del Depto. Comunicacional lo hizo públicamente, aun cuando no se cumplió por parte de dicha autoridad con el Artículo 21 de la Ley 19.628".

Luego, con relación a lo consultado en el literal d), señaló que "No resulta plausible la respuesta, toda vez que se exhibió un documento modelo Ejército que fue aportada por el Departamento Comunicacional al Periodista". Del mismo modo, respecto de lo solicitado en la letra e), indicó que "No se respondió ni adjuntó ningún detalle de lo solicitado en éste Numeral".

A lo requerido en el literal f), reclamó que "No resulta efectiva la afirmación de que ‘El Ejército en cumplimiento a lo consagrado por el artículo 6° de la Carta Fundamental ajusta su proceder a la Constitución y a las leyes’, dado que todos los años existen sentencias judiciales que han declarado actuar ilegal y arbitrario de juntas de generales, dando a modo de ejemplo la sentencia judicial Rol N° 58.976 en donde la Corte Suprema declaró ilegal y arbitrario el actuar de la Junta de Generales año 2015. Sería una buena medida de parte de este CPLT recomendar a nuestro Ejército que lleve un registro de las actitudes ilegales y arbitrarias contrarias a la Constitución y las leyes que cometen algunos integrantes de la Institución".

Finalmente, con relación a lo pedido en la letra g), alegó que "No se respondió", y en la letra h), que "Resulta ser muy distinto denunciar a un Cdte en Jefe que a un cabo, por tanto, resulta una necesidad la norma diferenciada para tal efecto".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante oficio N° E18905, de fecha 28 de diciembre de 2019, confirió traslado al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile, notificando el reclamo y solicitando que formule sus descargos u observaciones.

Posteriormente, por medio de documento JEMGE DETLE AJ (P) N° 6800/614/CPLT, de 20 de enero de 2020, el órgano evacuó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agregó respecto de lo pedido en la letra a), que "no procede legalmente el registro de este carácter, de una audiencia, entrevista, reunión, u otra actividad similar entre un periodista y el Comandante en Jefe del Ejército, toda vez que el periodista no realiza ‘Lobby’ en los términos del numeral 1) del artículo 2 de la Ley 20.730".

Acto seguido, con relación a lo requerido en el literal b), agregó que "En su reclamo se limita a efectuar una afirmación que no es verídica, toda vez que pareciera que el Ejército se habría negado incausadamente a proporcionarle determinada documentación, en circunstancias que todo se trata de la conclusión errónea a que él arriba respecto de la existencia de determinados antecedentes en virtud de la afirmación del periodista".

Asimismo, a lo reclamado en la letra c), indicó que "El registro de las sanciones, de los recursos en contra de las resoluciones que los impusieron y el resultado de los mismos, aparece en la hoja de vida, por lo que su requerimiento se satisface con la entrega de tal documento, como en la especie ocurrió".

Del mismo modo, sobre lo alegado en el literal d), informó que "Como aparece en la respuesta dada a esta solicitud, se trata de un antecedente que habría exhibido el periodista, a juicio del reclamante ‘modelo Ejército’, pero que no fue aportado por el Jefe del Departamento Comunicacional, por lo que no es posible satisfacer el requerimiento". Acerca de lo consultado en la letra e), el Ejército señaló que "Como aparece de la respuesta entregada oportunamente, se proporcionó al solicitante toda la información referida al currículum académico de la oficial, adjuntándose los documentos correspondientes".

Luego, respecto de lo solicitado en el literal f), la institución agregó que "Además de efectuar una apreciación subjetiva sobre una afirmación, apreciación que obviamente no se comparte, termina sus dichos con una sugerencia al CPLT para efectuar recomendaciones a la Institución, de todo punto de vista improcedentes y ajenas a la materia que nos ocupa". A lo requerido en la letra g), indicó que se respondió a la consulta.

Finalmente, con relación a lo reclamado en el literal h), informó que "No procede ya que solo efectúa una afirmación".

Posteriormente, mediante Oficio JEMGE DETLE A.J. (P) N° 6800/806/CPLT, de fecha 24 de enero de 2020, el Ejército complementó sus descargos, adjuntando los antecedentes curriculares del profesional consultado en la letra e) de la solicitud, y de los correspondientes envíos por medio de correo electrónico.

1) PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante Oficio N° E1757, de fecha 7 de febrero de 2020, solicitó al reclamante manifestar su conformidad o disconformidad con la información aportada por el órgano en sus descargos, y en caso de disconformidad, aclarar la infracción cometida por el Ejército, acompañando antecedentes que permitan aseverar que la información obra en poder de la institución.

Mediante comunicación de fecha 12 de febrero de 2020, el reclamante manifestó su disconformidad con la información entregada por el Ejército, señalando en síntesis, a las respectivas letras, que:

"a) Se debe insistir en esta solicitud, toda vez que no se entiende ni se explica el por qué un destacado y reconocido periodista nacional no estaría afecto a la ley del lobby como intenta argumentar el recurrido;

b) Se sigue denegando información que es relativa única y exclusivamente al suscrito sin justificar la denegación de la misma;

c) Este Numeral es esencial aclararlo mediante éste Amparo ante el Consejo para la Transparencia, dado que se ha faltado a la verdad públicamente y tendido a confusión al público chileno intentando dar a entender que en mi condición de graves hechos de corrupción que involucran incluso al actual Cdte en Jefe el General Martínez, se me debería restar credibilidad por supuestamente haber sido sancionado hace años atrás, lo cual es falso y debe entregarse un oficio o documento escrito por el cual el Jefe del Depto Comunicacional aclare este punto en particular;

d) Respecto de la Minuta Informativa, ésta fue expuesta en detalle y abiertamente tal como se describe en la petición y expresándose públicamente que fue entregada por el Ejército, debiendo hacerse responsable la institución o en su defecto, la misma institución desmintiendo por oficio o documento escrito que no es de su procedencia para ser rectificado ante el canal de televisión TVN;

e) Sólo se respondió y adjuntó detalle de lo solicitado en los literales a) y b) de éste Numeral, por lo cual, se debe mantener lo solicitado en este Numeral toda vez que no se aportó ningún detalle de la información solicitada a los literales c) ni d) [en relación con lo requerido en los numerales iii y iv de la letra e)];

f) En este sentido, el recurrido insiste en el negacionismo administrativo en desconocer las sentencias judiciales que han declarado ilegales y arbitrarias las juntas de generales, así como también intenta descalificar al recurrente, pero más grave aún, intenta desacreditar al Poder Judicial;

g) Se debe insistir en que No se respondió, dado que, el reportaje es claro, en el sentido de indicar que existe un 0,1 % de denunciantes de hechos de corrupción y no se entrega detalles de dicha aseveración efectuada por el departamento Comunicacional del recurrido. En efecto, fue expuesto en el Reportaje Informe Especial de fecha 14 de julio de 2019 y no fue rectificado a la fecha por el Ejército;

h) Se debe mantener este solicitud, máxime al considerar la contingencia del año 2019, cuando de manera simultánea estuvieron privados de libertad por gravísimos hechos de corrupción dos ex cdte en jefe de nuestro Ejército, los generales Fuente Alba y Oviedo, nada más ni nada menos que por la malversación de caudales públicos por montos de 3.500 y 4.500 millones de pesos respectivamente. En consecuencia, nadie, esto es, ningún militar se atrevió a denunciar estos hechos por el legítimo temor a las evidentes represalias, en consecuencia se debe insistir en la petición de algún registro escrito que dé cuenta del procedimiento de denuncia cuando esté involucrado un cdte en jefe al estar toda la línea de mando inhabilitada".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de la información anotada en el numeral 1°, de lo expositivo.

2) Que, en lo que atañe a lo pedido en la letra a), esto es, copia simple del registro por ley del Lobby, sumado a los detalles de las materias tratadas en la (s) audiencia (s) sostenida entre el periodista don Santiago Pavlovic y el Señor Comandante en Jefe don Ricardo Martínez, efectuadas en el período que indica, el órgano informó que no existen registros de audiencias entre las personas consultadas, y que no procede el registro de una audiencia, entrevista, reunión, u otra actividad similar entre un periodista y el Comandante en Jefe del Ejército, toda vez que el periodista no realiza "Lobby". Al respecto, el numeral 1), del artículo 2 de la Ley 20.730, establece que "Para los efectos de esta ley se entenderá por: Lobby: aquella gestión o actividad (...) que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular, para influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar los sujetos pasivos que se indican en los artículos 3° y 4°. Lo anterior incluye los esfuerzos específicos para influir en el proceso de toma de decisiones públicas y cambios en las políticas, planes o programas, en discusión o en desarrollo, o sobre cualquier medida implementada o materia que deba ser resuelta por el funcionario, la autoridad o el organismos público correspondiente, o bien para evitar tales decisiones, cambios y medidas".

3) Que, al tenor de lo expuesto, las diversas reuniones que se pudieron haber efectuado entre el periodista aludido y el Comandante en Jefe de la Institución, no constituyen actividades de Lobby, toda vez que la futura realización de una entrevista no tiene relación con decisiones públicas conforme al ejercicio de sus funciones, o cambios en las políticas, planes o programas que se encuentren en etapa de discusión o desarrollo, o para evitar tales decisiones o medidas. En consecuencia, se rechazará el presente amparo, respecto de esta parte.

4) Que, respecto de lo solicitado en la letra b), esto es, copia autenticada de cualquier medio escrito que dé cuenta de que se ha tratado insistentemente por parte del actual Comandante en Jefe, en remover al suscrito, el Ejército indicó que la petición se sustenta en expresiones que habría vertido el propio periodista, y que como tal, no corresponde a la institución hacerse cargo, y que no se refiere a actos o documentos que obren en poder de la institución. En efecto, habiendo visto el reportaje cuyo link indica el solicitante, en el segmento de tiempo que especifica, la información requerida se basa en comentarios emitidos por el propio periodista y no corresponde a juicios emitidos por la institución, quienes señalan, en dicha parte del programa de televisión, que el trámite administrativo se encuentra en poder del Ministro de Defensa a la espera de la resolución. En consecuencia, este Consejo procederá a rechazar el amparo, respecto de este punto.

5) Que, con relación a lo requerido en el literal c), esto es, copia autenticada del oficio, orden, resolución, o cualquier medio escrito que dé cuenta sólo de las sanciones que refiere el Señor Jefe del Depto. Comunicacional, que hayan quedado "a firme" en los grados de alférez, subteniente y teniente respecto del suscrito, el órgano entregó copia autenticada de la Hoja de Vida del reclamante, en la cual consta el registro de dichas medidas. En el reportaje señalado, cabe tener presente que el funcionario militar entrevistado sólo da indicaciones generales respecto de sanciones que tuvo el reclamante, sin entregar detalles específicos de las mismas.

6) Que, en dicho contexto, las hojas de vida dan cuenta de forma pormenorizada el desarrollo de la carrera funcionaria del personal de una institución y sirven de base a los respectivos procesos de calificación. En efecto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 79 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, que estableció el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, "La hoja de vida es el documento que contiene un registro cronológico de todas las actuaciones del personal que incidan directamente en su desempeño durante el correspondiente período de calificación. En ella se efectuarán tanto las anotaciones de mérito como de demérito que lo afecten, como asimismo las que correspondan a su vida funcionaria, tales como, feriados, licencias, comisiones de servicio, resoluciones recaídas por investigaciones sumarias administrativas y sentencias definitivas en causas civiles y criminales. Podrá contemplar también todo otro antecedente que se considere útil para la posterior evaluación del personal, siempre que corresponda al período de calificación de que se trate". En consecuencia, habiéndose entregado copia de la hoja de vida del propio requirente, la institución ha otorgado respuesta oportuna y consistente con la requerida, debiendo rechazarse el amparo, respecto de este literal.

7) Que, en lo que atañe a lo consultado en la letra d), esto es, copia autenticada de la Minuta Informativa que fue entregada al programa Informe Especial con información sobre sanciones del funcionario, junto con información del personal que participó en su elaboración, el órgano señaló, tanto en su respuesta como en sus descargos, que se trata de un antecedente que fue exhibido por el periodista, pero que no fue aportado por el Jefe del Departamento Comunicacional, por lo que no es posible satisfacer el requerimiento. Al respecto, habiéndose revisado el reportaje en el segmento de tiempo indicado en la solicitud, se constata la presentación de un informe denominado "Minuta Informativa", de fecha 31 de mayo de 2018, con antecedentes sobre las sanciones impuestas al requirente, el cual, si bien demuestra cierta similitud a un documento oficial en cuanto a su contenido, no presenta ningún logo, firma, número o encabezado que permita sustentar la aseveración del reclamante, en el sentido de que se trataría de un documento institucional del Ejército. En dicho contexto, habiéndose otorgado respuesta oportuna, y no existiendo antecedentes que permitan controvertir lo señalado por la institución, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo, respecto de esta parte.

8) Que, respecto de lo pedido en el literal e), esto es, diversos antecedentes curriculares sobre el profesional institucional que indica, el órgano se limitó a señalar el nombre, cargo, grado, número de resolución de designación, clases que ha impartido y en que ha participado, adjuntando copia de una publicación y de su curriculum. En dicho contexto, cabe tener presente que lo entregado por la institución se refiere solamente a lo requerido en los numerales i y ii, de dicho literal, sin hacer mención alguna sobre lo solicitado en los numerales iii y iv, más que señalar, escuetamente, que se trataría de toda la información que obra en su poder sobre la materia. En consecuencia, habiéndose otorgado respuesta incompleta a la solicitud, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, respecto de esta punto, ordenando la entrega de la información solicitada en los numerales iii y iv, o en su defecto, una vez efectuada una búsqueda exhaustiva, señalar expresa y fundadamente, tanto al reclamante como a este Consejo, si alguno de dichos antecedentes no existiera o no obrara en su poder, con los detalles que justifiquen su inexistencia, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia.

9) Que, con relación a lo solicitado en la letra f), esto es, copia autenticada de cualquier medio escrito en donde consten las resoluciones judiciales o ministeriales en donde se indique, reproche o sentencie que no se ha cumplido con dicha ley DFL N°1, desde el año 2015 a la fecha de esta solicitud, y copia simple de las consecuencias que ha existido sobre el mismo incumplimiento entre el año 2015 a la fecha de este solicitud, el órgano manifestó que se trata de un requerimiento de carácter genérico, y que la búsqueda de la información configura la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, y que lo requerido en el numeral ii, no constituye una solicitud de información al tenor de lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia. En su amparo, el reclamante señaló que todos los años existen sentencias judiciales que han declarado el actuar ilegal y arbitrario de la institución, por parte de las Juntas de Generales, haciendo mención a la sentencia judicial Rol N° 58.976-2016 en donde la Corte Suprema declaró ilegal y arbitrario el actuar de la Junta de Generales del año 2015.

10) Que, en primer lugar, en virtud de dicha causal, se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7, N° 1, letra c) del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

11) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1336-16, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia.

12) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias.

13) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, éste no ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado.

14) Que, en el presente caso, dado que el órgano se limitó a señalar que se trataría de un requerimiento genérico y que implica una revisión de gran cantidad de información que no se encuentra sistematizada, cabe tener presente que dichas alegaciones no resultan plausibles, por cuanto la institución no especificó la cantidad de información que debe ser revisada para dar respuesta a la solicitud o la cantidad de información específicamente referida a la solicitud, ni la forma en que dicha información se encuentra almacenada, ni la cantidad de funcionarios ni el número de jornadas u horas de trabajo necesarios para procesar la documentación, ni ningún otro fundamento que permita tener por acreditada, de manera fehaciente e indubitada, la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida, teniendo presente que por tratarse de normas de derecho estricto, dichas causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva, teniendo en consideración que la falta de una debida gestión documental en ningún caso puede justificar una causal de denegación de documentos de carácter público, y que la información reclamada se refiere sólo a los documentos donde consten las resoluciones judiciales o ministeriales en donde se indique que no se ha cumplido con lo dispuesto en el DFL N°1, el cual establece el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, y copia de los actos que ha emitido la institución como consecuencia de lo anterior -como en el caso de la sentencia judicial de la causa rol N° 58.976-2016, de la Excma. Corte Suprema-, y no a los decretos supremos o actos administrativos observados por la Contraloría General de la República como parece haberlo entendido el Ejército, por lo que este Consejo estima que las alegaciones del órgano no revisten una magnitud tal que permitan tener por acreditada la hipótesis prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

15) Que, en segundo lugar, respecto de la alegación del órgano en el sentido de que la solicitud se trataría de un imposible, de un intangible, de infinitas variables, y de que no constituiría una solicitud al tenor de lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, cabe tener presente que, según lo razonado en el considerando precedente, lo requerido en la especie, se refiere a los actos o resoluciones dictadas por la institución como consecuencia directa de los incumplimientos al Estatuto del personal de las Fuerzas Armadas, reprochados a partir de las resoluciones judiciales o ministeriales que sancionen dicho incumplimiento.

16) Que, en consecuencia, tratándose de información que obra en poder del órgano, y habiéndose desestimado las alegaciones de la institución, este Consejo procederá a acoger al presente amparo, respecto de esta parte, ordenando la entrega de la información solicitada, debiendo el órgano tarjar, previamente, cualquier dato personal de contexto que puedan contener, por ejemplo, el número de cédula de identidad de personas naturales, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, en aplicación del Principio de Divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada ley.

17) Que, sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, respecto de la solicitud del reclamante, en el sentido de que "sería una buena medida de parte de este CPLT recomendar a nuestro Ejército que lleve un registro de las actitudes ilegales y arbitrarias contrarias a la Constitución y las leyes que cometen algunos integrantes de la Institución", cabe tener presente que, respecto de dicha solicitud, al no formar parte de la petición inicial que dio origen al presente amparo, este Consejo no puede pronunciarse a su respecto.

18) Que, en lo que se refiere a lo requerido en el literal g), esto es, copia autenticada de cualquier medio escrito que justifique o explique la cifra entregada por el funcionario militar que indica, de que los casos de denuncias en el Ejército representan el 0,1% de la fuerza total de la institución, especificando las fechas de referencia que tuvo la autoridad militar referida, el órgano aclaró que la cita que efectúa el funcionario es a título ilustrativo con el fin de resaltar el carácter excepcionalísimo de las denuncias, en un universo de una dotación de 45 mil funcionarios, y que, en ningún caso, el entrevistado entregó una cifra o un porcentaje exacto sobre el total de denuncias recibidas en la institución. En dicho contexto, resultan plausibles las argumentaciones del órgano, motivo por el cual, habiéndose otorgado respuesta oportuna, este Consejo procederá a rechazar el amparo, respecto de este punto.

19) Que, finalmente, respecto de lo consultado en la letra h), esto es, copia autenticada de cualquier medio escrito que dé cuenta del procedimiento institucional dispuesto para denunciar eventuales hechos irregulares que involucren directamente a un Comandante en Jefe del Ejército, el órgano informó que no existe en la institución ningún documento o antecedente escrito que establezca un procedimiento para denunciar irregularidades, específicamente, respecto a la máxima autoridad de la institución, y que la obligación y el deber de denunciar cualquier ilícito, es una conducta que recae sobre todos los miembros de las Fuerzas Armadas que no hace distingo respecto de quien sea el infractor, y que tiene su origen en la ley.

20) Que, en dicho contexto, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, sólo será pública aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de aquella inexistente. En consecuencia, sin que se disponga de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida reiteradamente por el órgano requerido, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo, por no obrar en poder del Ejército la información pedida por el reclamante.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Rafael Harvey Valdés en contra del Ejército de Chile, rechazando respecto de lo requerido en la letra a), por tratarse de reuniones que no corresponden al concepto de Lobby; en la letra b), por tratarse de antecedentes relativos a comentarios emitidos por el periodista y no por un funcionario militar; en las letras c), d) y g), por haberse otorgado respuesta oportuna y consistente con la información requerida; y en la letra h), por su inexistencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile, lo siguiente:

a) Entregar al requirente información relativa al detalle curricular de las materias, malla académica, profesores, cantidad de carga horaria y cualquier otro detalle escrito respecto de los estudios avanzados realizados tanto en nuestro país como en el extranjero en materias de Derechos Humanos por parte del Oficial señalado por el Jefe del Departamento Comunicacional del Ejército en su entrevista, y copia simple de cualquier medio escrito que dé cuenta de los años en que ejerció docencia en las academias que el mismo funcionario menciona, las materias enseñadas por dicho oficial, diferenciando los cursos impartidos en ambas Academias, o en su defecto, una vez efectuada una búsqueda exhaustiva, señalar expresa y fundadamente, tanto al reclamante como a este Consejo, si alguno de dichos antecedentes no existiera o no obrara en su poder, con los detalles que justifiquen su inexistencia, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia.

Asimismo, entregar al requirente copia autenticada de cualquier medio escrito en donde consten las resoluciones judiciales o ministeriales en donde se indique, reproche o sentencie que no se ha cumplido con el DFL N°1 Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, desde el año 2015 a la fecha de la solicitud, y copia simple de los actos o resoluciones que, en consecuencia, ha emitido la institución a partir de dichos incumplimientos, durante el mismo período, debiendo el órgano tarjar, previamente, cualquier dato personal de contexto que puedan contener, por ejemplo, el número de cédula de identidad de personas naturales, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, en aplicación del Principio de Divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada ley.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Rafael Harvey Valdés y al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.