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Asociación Nacional de Consumidores Pro Derechos de la Educación "ANCOPRODE" con MINISTERIO DE EDUCACION Rol: A328-09

Consejo para la Transparencia, 03/02/2010

Se deduce amparo contra el Ministerio de Educación, fundado en no recibir respuesta a la solicitud para conocer las denuncias formuladas acerca de diversos hechos, a su juicio irregulares, que se estarían verificando en el Liceo Andrés Bello, dependiente de la Corporación Municipal de San Miguel. El Consejo que se acoge el amparo en contra del Ministerio de Educación, no obstante entender que al momento de evacuar el traslado, de manera extemporánea, se ha informado respecto de la inexistencia de los antecedentes requeridos.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime)
  • Roberto Guerrero Valenzuela (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO Nº A328-09

Entidad pública: Ministerio de Educación

Requirente: Asociación Nacional de Consumidores Pro Derechos de la Educación, ANCOPRODE

Ingreso Consejo: 21.09.2009

En sesión ordinaria N° 125 de su Consejo Directivo, celebrada el 3 de febrero de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del reclamo Rol A328-09.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) Solicitud de Acceso: El 11 de agosto de 2009, a través de Oficio N° 19/2009, la Asociación Nacional de Consumidores Pro Derechos de la Educación (en adelante ANCOPRODE), reiteró solicitud presentada mediante Oficio N° 16/2009, de 18 de junio de 2009, mediante la cual requieren al Ministerio de Educación los antecedentes de la denuncia hecha por dicha Asociación a la Contraloría General de la República, que fue remitida al Ministerio requerido, ingresado con el expediente N° 19.222, de 17 de diciembre de 2008. Acompañan a su solicitud una copia del Ordinario N° 59458, de 16 de diciembre de 2008 de la Contraloría General de la República, dirigido a la Ministra de Educación, por medio del cual se remite la presentación de Don José Salazar Osorio, para conocer las denuncias formuladas por el peticionario acerca de diversos hechos, a su juicio irregulares, que se estarían verificando en el Liceo Andrés Bello, dependiente de la Corporación Municipal de San Miguel.

2) Respuesta: El Ministerio de Educación no respondió dicha solicitud dentro del plazo legal para ello ni notificó de prórroga de dicho plazo, de acuerdo a lo establecido en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

3) Amparo: En virtud de esto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia, ANCOPRODE dedujo amparo a su derecho de acceso a la información ante este Consejo, el 21 de septiembre de 2009, fundamentado principalmente que no habrían recibido respuesta a ninguno de los 2 requerimientos realizados dentro del plazo legal que vencía el 8 de septiembre de 2009.

4) Descargos u observaciones del organismo: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo trasladándolo, mediante Oficio N° 681, de 5 de octubre de 2009, al Subsecretario de Educación. Éste contestó mediante Ordinario N° 117, de 22 de enero de 2010, formulando los siguientes descargos u observaciones:

a) En primer término explica que la demora en la respuesta del traslado conferido se ha debido a un problema puntual en el ingreso y distribución de éste, al no ser remitido a la Unidad encargada de Transparencia, quien tuvo conocimiento de su existencia en diciembre, a través de una comunicación del propio Consejo para la Transparencia. Ante ello, se iniciaron inmediatamente acciones dirigidas a identificar la petición del reclamante y los antecedentes para su respuesta.

b) Así, se identificó que, a la fecha, ANCOPRODE no ha ingresado en su sistema de tramitación de solicitudes de acceso a información pública ninguna petición para ser tramitada. Descartada la existencia de solicitudes se buscaron los oficios N° 16/2009 y 19/2009, que se adjuntan al reclamo que fue conocido en diciembre. Dichos documentos, al ingresar por vías distintas a las que se han establecido para el correcto y oportuno conocimiento y resolución de solicitudes de acceso, no fueron derivados a la Unidad de Transparencia del Ministerio y al no ser conocidas por ésta, no recibieron la tramitación contemplada en la Ley de Transparencia.

c) Sin embargo, agrega, que por tratarse de comunicaciones relacionadas con la tramitación de una eventual denuncia presentada por el peticionario, el Ministerio ha interpretado que ellas, mientras no hayan concluido, cuentan con un tratamiento distinto a las solicitudes de acceso a la información de la Ley de Transparencia, al ser consideradas parte de procedimientos especiales en trámite, por lo que los oficios mencionados serían respondidos satisfactoriamente al peticionario, pero de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.880, atendida su calidad de denunciante, porque dicha legislación también reconoce el principio de transparencia y la posibilidad de acceder a esta documentación.

d) Con el objeto de resolver la situación y entregar el estado de la denuncia mencionada por el peticionario, se revisaron todos los demás sistemas de tramitación del Ministerio y en ninguno consta alguna denuncia de ANCOPRODE. Además fueron consultadas las Divisiones y Unidades que, de acuerdo a su competencia, podrían haber recibido una denuncia de particulares y tampoco se tiene registro de algún caso relacionado con dicha Asociación. Por esto, concluye que el solicitante no ha recibido respuesta porque ninguna Unidad del Ministerio tiene radicado el asunto para su conocimiento y resolución, no solo como petición de acceso a información pública, sino también como la denuncia misma.

e) A partir de lo anterior y en estricto rigor jurídico, indica que no es preciso señalar que la petición haya sido denegada por el Ministerio reclamado, porque ello implica la tramitación de una solicitud y una decisión formal de la autoridad que rechaza, fundada en una causa legal y, en este caso, tal como se ha explicado, no consta ninguna solicitud que se haya tramitado.

f) Ante tales circunstancias se revisaron los antecedentes remitidos por la Contraloría General de la República –también conocidos por los archivos adjuntos al reclamo- y sólo existe el oficio N° 59.548, de 16 de diciembre de 2008, pero por razones que se ignoran, ningún otro documento en el que se contenga la denuncia propiamente tal. Hace presente que en ninguno de los antecedentes que se han podido encontrar aparece el contenido de la denuncia, necesario para poder tomar cualquier acción al respecto, partiendo por radicar su conocimiento en alguna Unidad.

g) Así, en síntesis, dicha Secretaría de Estado responde, desde el punto de vista de la Ley de Transparencia, que los antecedentes solicitados no existen, al no haberse iniciado la investigación, de la que, además, no se tenía registro. Sin perjuicio de ello, finaliza, se solicitará a la Asociación reclamante que, si lo tiene a bien, ingrese formalmente una denuncia a sus sistemas para que se inicie de inmediato una investigación sobre el colegio en cuestión.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en primer lugar, cabe precisar que lo requerido son los antecedentes relativos a una denuncia formulada por ANCOPRODE ante la Contraloría General de la República y luego derivada al Ministerio reclamado –información pública prima facie–, no obstante lo cual este último sostiene que tales antecedentes no existen. Sobre el particular, es menester señalar, primeramente, que no compete a este Consejo pronunciarse acerca de si dicha falta de antecedentes resulta justificada o no, sino que sólo referirse a la posible infracción de las normas que rigen el derecho de acceso a la información pública.

2) Que la solicitud de información no fue respondida dentro del plazo legal por lo que puede establecerse que el amparo interpuesto tiene fundamento, toda vez que si bien no ha habido una denegación de información explícita, el hecho la no respuesta a un requerimiento de información dentro de plazo constituye una vulneración a las normas de la Ley de Transparencia, en particular a lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de dicha norma legal.

3) Que si bien el requerimiento de información no fue ingresado por los canales ordinarios, como señala la reclamada, en virtud del principio de facilitación que rige el derecho de acceso a la información pública (art. 11 f) Ley de Transparencia), es deber de los órganos de la Administración del Estado facilitar el ejercicio de dicho derecho fundamental. Por ello, es responsabilidad de dichos órganos que tales requerimientos sean derivados a las unidades o departamentos responsables de responderlos, en especial considerando que dicho requerimiento fue ingresado dos veces al Ministerio de Educación.

4) Que, por otra parte, la reclamada señala que dicho requerimiento se rige por lo dispuesto en la Ley N° 19.880, toda vez que se trataría de una parte interesada intentando acceder a la información relativa a la tramitación de un procedimiento administrativo. A este respecto procede anotar, en primer lugar, que a continuación la reclamada señala que dicho procedimiento administrativo no existe, por lo que resulta evidente que dicha alegación no puede estimarse y, en segundo lugar, que a través del procedimiento establecido respecto del ejercicio del derecho de acceso a la información pública cualquier persona puede igualmente solicitar información relativa a la tramitación de un determinado procedimiento administrativo.

5) Que, por lo señalado precedentemente en el caso que nos ocupa, si bien cabe acoger el amparo interpuesto, toda vez que la requirente no obtuvo respuesta a su solicitud de información pública dentro de los plazos legales y tener, por ende, justificación el amparo deducido, no procede exigir a la reclamada que haga entrega de la información solicitada, dado que ésta ha sostenido que no le consta la existencia de la citada denuncia ni de ningún procedimiento a la que ésta le haya dado origen. De la misma manera, cabría entender que la reclamada ha abordado lo requerido al señalar que dicho procedimiento administrativo no ha sido iniciado –entendiendo que se le ha dado al reclamante una respuesta negativa–, a pesar del Oficio enviado por la Contraloría General de la República, de 16 de diciembre de 2008, mediante el cual este organismo remitió dicha denuncia al Ministerio de Educación, por estimar el ente Contralor que, de acuerdo a la legislación vigente, precisamente le compete a esta cartera conocerla. En estas circunstancias no habría más información que entregar, no correspondiendo a este Consejo determinar las consecuencias legales que pudieran derivar de la omisión del Ministerio ante el oficio de Contraloría.

6) Que, por otra parte, cabe hacer presente al Subsecretario de Educación que los traslados conferidos en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia deben ser respondidos dentro del plazo allí señalado. Que, asimismo, debe consignarse que el no dar respuesta a futuras solicitudes de información ni evacuar los traslados que le hayan sido conferidos dentro de los plazos legales puede ser considerado por este Consejo como una denegación infundada al acceso a la información y ser sancionada de acuerdo a lo prescrito en los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia. Que, sin perjuicio de lo anterior, y dado que el requerimiento de información que motivó el presente amparo no fue ingresado a través del sistema de gestión de solicitudes de acceso a la información del Ministerio de Educación y que, además, dicho requerimiento se realizó a los pocos meses de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, este Consejo se limitará, en este caso, a representar dicha situación a la reclamada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el reclamo de ANCOPRODE, en contra del Ministerio de Educación, por los fundamentos señalados precedentemente, no obstante entender que al momento de evacuar el traslado, de manera extemporánea, se ha informado respecto de la inexistencia de los antecedentes requeridos.

II. Remitir los antecedentes allegados a este amparo a la Contraloría General de la República, con el fin de que pueda tomar conocimiento del asunto y adoptar las medidas necesarias, si corresponden.

III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a la Asociación Nacional de Consumidores Pro Derechos de la Educación y al señor Subsecretario de Educación.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Juan Pablo Olmedo Bustos y los Consejeros don Roberto Guerrero Valenzuela, don Alejandro Ferreiro Yazigui y don Raúl Urrutia Ávila. No firma, pese a concurrir al acuerdo, el Consejero Roberto Guerrero Valenzuela por encontrarse fuera de la ciudad de Santiago. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.