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Oscar Contreras Pomés con OTRAS INSTITUCIONES Rol: C5839-19

Consejo para la Transparencia, 02/07/2020

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la actual Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ordenando la entrega de los dos informes de evaluación remotos emitidos por los dos evaluadores expertos asignados por el Coordinador del Comité de Evaluación, respecto de la postulación del reclamante. Lo anterior, toda vez que se trata de información pública respecto de la cual el órgano no justificó ni acreditó su alegación de inexistencia, no invocando la concurrencia de causales de secreto o reserva que impidan su divulgación. Se ordena al órgano, previa entrega, tarjar los datos personales de contexto que pudieran contener los documentos, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia y conforme lo resuelto en las decisiones de amparos Roles C168-11, C181-11 y C201-11, entre otras. Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes antes indicados, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5839-19

Entidad pública: Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

Requirente: Oscar Contreras Pomés

Ingreso Consejo: 14.08.2019

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la actual Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ordenando la entrega de los dos informes de evaluación remotos emitidos por los dos evaluadores expertos asignados por el Coordinador del Comité de Evaluación, respecto de la postulación del reclamante.

Lo anterior, toda vez que se trata de información pública respecto de la cual el órgano no justificó ni acreditó su alegación de inexistencia, no invocando la concurrencia de causales de secreto o reserva que impidan su divulgación.

Se ordena al órgano, previa entrega, tarjar los datos personales de contexto que pudieran contener los documentos, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia y conforme lo resuelto en las decisiones de amparos Roles C168-11, C181-11 y C201-11, entre otras.

Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes antes indicados, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10.

El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1111 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5839-19.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 19 de julio de 2019, doña Oscar Contreras Pomés solicitó a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, hoy Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, continuadora legal de la primera, en virtud del artículo 3 transitorio de la ley N° 21.105, la siguiente información en relación con el concurso Becas Magíster en el Extranjero Becas Chile - Convocatoria 2019:

"1) Nombre de los miembros del Comité de Evaluación, incluyendo su cargo en tal instancia, encargado de revisar y evaluar la postulación de Oscar Miguel Contreras Pomés (...).

2) Informes que se hayan realizado en la instancia mencionada en el número (1). Incluyendo la evaluación particular realizada por los pares evaluadores -con indicación de su cargo y nombre- encargados de evaluar la postulación de Oscar Miguel Contreras Pomés (...). Esto incluye el informe de evaluación remoto realizado por dos evaluadores distintos de la mencionada postulación, como también el informe consensuado con el coordinador de la instancia para cada área a evaluar.

3) Informes y puntajes de evaluación de todos los postulantes evaluados por el mismo comité de evaluación indicado en el número (1). Incluyendo los informes de los postulantes realizados por los pares evaluadores vía remota y los informes finales de evaluación entregados a dichos postulantes.

4) Cualquier documento, acta u similar que se haya gestado a propósito del trabajo realizado en el Comité de Evaluación mencionado en el número (1). Incluyendo el informe final de evaluación de los postulantes evaluados enviado por dicho Comité al Comité de Selección del proceso".

2) RESPUESTA: El 12 de agosto de 2019, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo respondió al requerimiento de información indicando que:

"1. Respecto a las personas que integraron el comité de evaluación, en el siguiente enlace se encuentra publicado el nombre de los evaluadores vigentes del Programa Formación de Capital Humano avanzado clasificado según las distintas áreas del conocimiento.

2. El informe final realizado por el Comité de Derecho respecto a la postulación de Oscar Contreras corresponde a la carta de notificación de resultados, la cual fue notificada electrónicamente el 12 de julio de 2019. Ésta indica el detalle de los puntajes Asignados por el Comité de Derecho para cada sub criterio de evaluación. En este documento consta el desglose de puntajes, así como la argumentación del Comité de Evaluación para cada criterio de evaluación. Se adjunta la carta de notificación de resultados como respuesta a esta solicitud de información. Cabe destacar que el Programa Formación de Capital Humano Avanzado no puede efectuar la individualización de los evaluadores de una postulación en particular, puesto que su entrega podría afectar el interés de los evaluadores en participar del proceso en los distintos Comités de Evaluación. El argumento mencionado se encuentra sustentado en el artículo 21 de la Ley N° 20.285.

3. Se adjunta archivo Excel que contiene el detalle de las postulaciones evaluadas por el Comité de Derecho. Este archivo contiene los puntajes finales otorgados por el respectivo Comité de Evaluación. Se debe señalar que los Comité de Evaluación tiene por función consensuar y determinar el puntaje final de acuerdo a cada criterio y subcriterio, y sus correspondientes ponderaciones según las bases concursales.

4. Se adjunta el acta de las evaluaciones realizadas por el Comité de Derecho".

3) AMPARO: El 14 de agosto de 2019, don Oscar Contreras Blanco, en representación de don Oscar Contreras Pomés, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta otorgada a su solicitud. Además, el reclamante hizo presente que: "no se entregaron los informes de evaluación remoto emitidos por los dos evaluadores expertos distintos asignados por el Coordinador del Comité de Evaluación. Estos informes fueron solicitados expresamente en el numeral 2 de la Solicitud, razón por la cual no existe razón alguna para que no se pusieran a disposición de mi parte". Indica que: "CONYCIT solo entregó el informe consensuado del Panel de Consenso, sin entregar los informes realizados por -los dos evaluadores expertos- que sirvieron de base para el informe final".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, mediante Oficio E14665, de 14 de octubre de 2019, solicitando que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información. Considere en este punto los argumentos planteados por la parte recurrente en su amparo; (2°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; y, (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada.

Mediante Ord. N° 1313, del 30 de octubre de 2019, el órgano reclamado presentó descargos, en los que, en síntesis, manifestó que con respecto al proceso de evaluación, la Resolución Exenta N° 285 de 2019, que aprueba las bases concursales del certamen Beca de Magíster en el Extranjero, Becas Chile, Convocatoria 2019, señala lo siguiente: "En el caso de los componentes no parametrizados de los concursos del Programa de Formación Capital Humano Avanzado son evaluados de acuerdo a la metodología de "evaluación por pares", utilizada globalmente en el ámbito académico y científico (European Research Council en Europa, National Science Foundation en EE.UU., Research Council en el Reino Unido, entre otros). Los/as evaluadores/as, agrupados en Comités de Evaluación por disciplinas, poseen una vasta experiencia en investigación, siendo miembros destacados del ámbito académico nacional e internacional, que se desempeñan en universidades chilenas o extranjeras. Cada Comité de Evaluación es guiado por un/a Coordinador/a, académico/a de prestigio reconocido en su área de estudio, el/la cual designa a los/as evaluadores/as de acuerdo a las subdisciplinas de los/as candidatos/as en cada concurso. El procedimiento realizado por los Comités de Evaluación para asignar el puntaje final a cada postulación comprende dos etapas. La primera es una revisión remota de cada postulación desarrollada por evaluadores/as del Comité de Evaluación conforme con los criterios y subcriterios no parametrizados indicados en el numeral 9.4 de las bases concursales. Posteriormente, se realiza un panel de evaluación de cada área de estudio, conformado por evaluadores/as del correspondiente Comité de Evaluación y liderados por el/la coordinador/a, cuya función es: consensuar y determinar el puntaje final de acuerdo a cada criterio y subcriterio, y sus correspondientes ponderaciones según las bases concursales".

Indica que los puntajes asignados en la etapa de evaluación remota corresponden a un insumo para el Comité de Evaluación y no al puntaje final asignado durante el proceso concursal. No existen informes en el sentido que solicita el requirente, los evaluadores remotos no generan tal informe, cada uno de ellos pondera según las rúbricas de evaluación descritas en el anexo 3 de las propias bases concursales e ingresa el resultado en el formulario de evaluación.

Afirma que no ha denegado acceso a la solicitud, ya que dispuso la entrega de información existente según los parámetros internacionales antes señalados y concordante con las bases que regularon el concurso.

Por último, adjunta archivo Excel que contiene el detalle de las postulaciones evaluadas por el Comité de Derecho. Esta versión se encuentra actualizada e incluye los puntajes finales otorgados por el respectivo Comité de Evaluación y los puntajes asignados en la etapa de evaluación remota.

Posteriormente, a través de correo electrónico de fecha 13 de noviembre de 2019, este Consejo solicitó al órgano complementar sus descargos, en los siguientes términos: Sobre los puntajes asignados en la etapa de evaluación remota, que corresponden a un insumo para el Comité de Evaluación; y que es ingresado por los evaluadores remotos en el formulario de evaluación, (1°) considerando lo expuesto por el órgano que Ud. representa, en su Oficio N° 1313, de 30 de octubre de 2019, aclare si dicha información obra en su poder, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información recién indicada; y, (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de dicha información.

Mediante correo electrónico de fecha 18 de noviembre de 2019, el órgano complementó sus descargos, manifestando: "1. Que, el Oficio N° 1313 del 30 de octubre de 2019, adjuntó archivo Excel que contiene el detalle de las postulaciones evaluadas por el Comité de Derecho, incluyendo los puntajes asignados en la etapa de evaluación remota y los puntajes finales otorgados por el respectivo Comité de Evaluación.

En dicho Oficio, se precisó que, en conformidad con las bases de la presente convocatoria, aprobadas por la Resolución Exenta N° 285 de 2019, la evaluación de los componentes no parametrizados se realiza mediante la metodología de "evaluación por pares" a través de Comités de Evaluación por Disciplina, guiados por un/a Coordinador/a, quien designa a los evaluadores de acuerdo a las subdisciplinas.

El procedimiento realizado por dichos Comités de Evaluación, consta de dos etapas: 1) la primera una revisión remota de cada postulación, desarrollada por evaluadores/as del Comité de Evaluación, conforme a los criterios y subcriterios no parametrizados indicados en las bases, quienes solamente asignan un puntaje a cada criterio y subscriterio, los cuales constituyen un insumo para el Comité de Evaluación; 2) la segunda, la revisión del Comité de Evaluación de cada área de estudio, quienes consensuan el puntaje final.

En el oficio citado, se indicó también que, la evaluación remota no contiene "informes", en el sentido que solicita el requirente, sino que cada evaluador remoto solamente pondera las notas según las bases de la convocatoria y sus anexos.

2. Por tanto, en respuesta a lo requerido en su correo electrónico del 13 de noviembre de 2019, se indica lo siguiente:

i) La evaluación remota sólo considera un puntaje determinado por criterios y subscriterios, por lo cual no consta en poder de CONICYT informe alguno en el marco de la etapa de evaluación remota, dado que dicho documento simplemente no existe al no ser considerado en las bases del concurso.

ii) Si obra en nuestro poder, las notas que se colocaron en la etapa de evaluación remota, las cuales fueron acompañadas oportunamente en el documento Excel adjunto al Oficio N° 1313 de octubre de 2019".

5) PRONUNCIMIENTO DEL RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante oficio E17476, de 6 de diciembre de 2019, solicitó al reclamante manifestar su conformidad o disconformidad respecto de la información que le habría remitido el órgano, y en este último caso, detallar qué información de la solicitada no le habría sido entregada.

A través de presentación de fecha 10 de diciembre de 2019, el reclamante manifestó su disconformidad con los descargos emitidos por el órgano. Indicó que la respuesta no puede ser efectiva, ya que se encuentra en violenta contradicción con lo que explica este mismo órgano en su página web que reza como sigue: "En los Paneles de Consenso se revisa la consistencia de las evaluaciones practicadas en la etapa remota, SE REVISAN COMENTARIOS CUALITATIVOS y se define el puntaje final de cada postulación, LO CUAL QUEDA REGISTRADO EN UN ACTA QUE SUSCRIBEN LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN".

De este modo, el proceso de evaluación remoto no solo contempla la fundamentación de las evaluaciones en términos cuantitativos, sino que también en términos cualitativos. La calificación de las postulaciones no puede reducirse únicamente al establecimiento de una puntuación final. En consecuencia, deben entregarse las actas completas de las reuniones acaecidas en el panel de consenso, con sus respectivos comentarios sobre las postulaciones recibidas, como asimismo "Cualquier documento, acta u similar que se haya gestado a propósito del trabajo realizado en el Comité de Evaluación".

Lo anterior es acorde al principio de juridicidad, el cual exige que los actos administrativos tengan una motivación y fundamento racional. Es por ello que los dos evaluadores expertos asignados por el Coordinador del Comité de Evaluación deben necesariamente justificar los puntajes determinados en cada uno de los criterios y subcriterios de evaluación. De no hacerlo así su calificación sería arbitraria.

Al respecto, la Ley N° 19.880, sobre procedimientos administrativos, ha sido en especial exigente al requerir, para la validez de los actos administrativos, la debida fundamentación de las razones de hecho y derecho que han conducido a adoptar una determinada decisión. En efecto, la motivación del acto administrativo es un elemento esencial del mismo. De faltar la exposición de motivos en el propio acto, resulta imposible evaluar o ponderar la razonabilidad, la idoneidad de medios y la proporcionalidad del acto.

Por otra parte, destaca que resulta grave que CONICYT haya omitido entregar toda información relacionada al cargo y nombre de los encargados de evaluar la postulación del reclamante, información que se solicitó explícitamente en el numeral 2 de la solicitud. Lo requerido constituye información de carácter público que debe ser entregada al Reclamante, toda vez que los evaluadores cumplen una función pública remunerada con fondos públicos. CONICYT nada ha dicho respecto a que la información solicitada se encuentre afecta a alguna de las causales que justificarían negar el acceso a la información, de manera que su entrega es plenamente procedente en derecho.

Conforme lo anterior, solicita tener por interpuesta formalmente la disconformidad, ya que, respecto del punto 1 de la solicitud, se entregaron parcialmente antecedentes, en un acta a todas luces incompleta y trunca; del punto 2, sólo se entregó un Excel incompleto, sin acompañar informe alguno sobre la materia, este informe es evidente que existe considerando que las evaluaciones deben asentarse sobre argumentos cuantitativos y cualitativos, como expresamente prescriben las Bases, en caso de no existir, ello constituiría una abierta infracción a las mismas Bases; y, de los puntos 3 y 4, la información tampoco fue entregada.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo se circunscribe a la falta de entrega de la información correspondiente a dos informes de evaluación remotos emitidos por los dos evaluadores expertos asignados por el Coordinador del Comité de Evaluación, lo que se manifiesta de manera expresa en la presentación que da origen a este amparo. Por ello, si bien en su pronunciamiento de fecha 10 de diciembre de 2019 el reclamante hace mención a incumplimientos que se referirían a otros puntos de la solicitud, ellos no serán abordados en la presente decisión, por no haber formado parte del amparo deducido. Por su parte, el órgano reclamando alega la inexistencia de los informes requeridos.

2) Que, se debe tener presente que, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en: "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", por lo que, sólo será pública la información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo exigirse la entrega de aquella inexistente.

3) Que, a su vez, sobre este último aspecto, conforme se ha resuelto previamente por parte de esta Corporación en las decisiones de amparo Roles C4950-18, C4603-18 y C4846-18, entre otras, la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder, debiendo acreditarla fehacientemente.

4) Que, en este caso, el órgano sólo ha manifestado no contar con información requerida correspondiente a los informes de los evaluadores remotos, sin justificación alguna ni menos antecedentes que acrediten la afirmación, la que resulta además contradictoria con otros antecedentes. En efecto, como advierte el reclamante, en la página web del órgano se indica que: "El Panel de Consenso consiste en una reunión presencial de cada Comité de Evaluación, la que es liderada por el/la Coordinador/a del Comité y a la que se suma un analista del PFCHA para brindar soporte técnico. La reunión en panel tiene por objeto revisar las posibles discrepancias o inconsistencias detectadas en la etapa de evaluación remota (primera etapa del proceso de evaluación), revisar y consensuar comentarios cualitativos y consensuar el puntaje final de cada postulación" (énfasis agregados), de lo que es posible advertir que es necesario tener a la vista el trabajo efectuado por los expertos en la etapa remota, para el desarrollo de la labor del Panel de Consenso. En este sentido, si bien el órgano ha manifestado que los evaluadores remotos "solamente asignan un puntaje a cada criterio y subscriterio, los cuales constituyen un insumo para el Comité de Evaluación", no resulta esperable que la discusión en dicha instancia se limite solo a la detección de inconsistencias desde el punto de vista cuantitativo, en relación con el puntaje asignado, ya que, como se indicó, su determinación debe obedecer a una correcta aplicación de los criterios y subcriterios no parametrizados indicados en las bases, situación respecto de la cual no ha explicado ni acreditado el órgano la forma en la que el Comité de Evaluación toma conocimiento de dichos antecedentes cualitativos. Lo anterior, resulta igualmente aplicable a lo afirmado por el órgano, en cuanto a que "cada evaluador remoto solamente pondera las notas según las bases de la convocatoria y sus anexos", resultando procedente que la revisión que efectúe el Comité de Evaluación, recaiga sobre la coherencia entre dichos elementos.

5) Que, establecido lo anterior, cabe hacer presente que este Consejo en las decisiones de amparos Roles C168-11, C181-11 y C201-11 señaló que: "entregar el nombre de los evaluadores que les correspondió la tarea de ponderar y evaluar los antecedentes de cada postulante en específico, atentaría contra el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, por cuanto... si se revelara la identidad de éstos se desincentivaría a las personas que reúnan los requisitos para desempeñarse como tales, a ejercer tal función, sobre todo teniendo en consideración lo acotado y reducido que es el universo posible de evaluadores existentes en Chile, como también el hecho que el asegurarles la reserva de su identidad, permite que los evaluadores desempeñen su función con una mayor independencia". Lo resuelto, resulta aplicable a la información requerida en el presente caso, por cuanto, los evaluadores remotos califican de manera individual los antecedentes del postulante, pese a que luego el Comité de Evaluación consensua el puntaje final. Por lo anterior, procede que la información sea anonimizada de manera previa a su entrega.

6) Que, en mérito de lo expuesto, se acogerá el amparo, ordenando la entrega de la información correspondiente a dos informes de evaluación remotos emitidos por los dos evaluadores expertos asignados por el Coordinador del Comité de Evaluación, debiendo tarjar previamente el órgano el nombre y apellidos de los evaluadores remotos y todos los datos personales de contexto incorporados -domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros-, según lo dispuesto en los artículos 2°, letras f), y 4° de la ley N° 19.628 y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. No obstante, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes que se ordena su entrega, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Oscar Contreras Pomés, representado por don Oscar Contreras Blanco, en contra de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, lo siguiente:

a) Hacer entrega al reclamante de dos informes de evaluación remotos emitidos por los dos evaluadores expertos asignados por el Coordinador del Comité de Evaluación, respecto de la postulación del reclamante.

Para lo anterior, deberá tarjar el nombre y apellidos de los evaluadores remotos y todos los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en los documentos.

Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes antes indicados especie, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo con el punto 2.3, de la instrucción general N° 10.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Oscar Contreras Pomés, representado por don Oscar Contreras Blanco, y a la Sra. Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y su Consejera doña Gloria de la Fuente González. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.