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Cecilia Araneda con MINISTERIO DE EDUCACION Rol: C5531-19

Consejo para la Transparencia, 23/06/2020

Se rechaza el amparo interpuesto en contra del Ministerio de Educación, referido a la entrega de la información contenida en los blocks de notas con el registro escrito de la clase grabada de la solicitante en el marco de la evaluación docente 2018. Lo anterior, por cuanto, en mérito de los documentos acompañados por el órgano, se concluye que se encuentra satisfecho el estándar de acreditación de la inexistencia de la información que ha determinado la normativa que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y que se ha reflejado en la jurisprudencia de este Consejo, no contando con otros antecedentes que permitan desvirtuar lo expresado por el órgano reclamado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5531-19

Entidad pública: Ministerio de Educación

Requirente: Cecilia Araneda

Ingreso Consejo: 01.08.2019

RESUMEN

Se rechaza el amparo interpuesto en contra del Ministerio de Educación, referido a la entrega de la información contenida en los blocks de notas con el registro escrito de la clase grabada de la solicitante en el marco de la evaluación docente 2018.

Lo anterior, por cuanto, en mérito de los documentos acompañados por el órgano, se concluye que se encuentra satisfecho el estándar de acreditación de la inexistencia de la información que ha determinado la normativa que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y que se ha reflejado en la jurisprudencia de este Consejo, no contando con otros antecedentes que permitan desvirtuar lo expresado por el órgano reclamado.

En sesión ordinaria N° 1108 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de junio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5531-19.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de junio de 2019, doña Cecilia Araneda solicitó al Ministerio de Educación, la siguiente información: "enviar video de la clase grabada correspondiente a mi proceso de evaluación docente año 2018, junto a la ficha de corrección y el o los blocks de toma de notas, con el registro escrito realizado por los correctores que revisaron el video antes solicitado. En caso de que la información no pueda ser entregada, solicito una explicación de las razones por escrito".

2) RESPUESTA: El 23 de julio de 2019, a través de Resolución Exenta N° 3624, el Ministerio de Educación respondió al requerimiento de información indicando que, en relación al video solicitado será enviado al Establecimiento Educacional en el que se desempeña la solicitante. Luego, en cuanto a la ficha de corrección y los blocks de notas, hace presente que según lo indicado por el Centro de Perfeccionamiento e Instituciones Pedagógicas (CPEIP), las rubricas del portafolio son parte de las pautas de evaluación cuyo propósito es analizar la calidad de la evidencia presentada en el contexto del sistema evaluativo tanto de la evaluación docente, como del Sistema de Reconocimiento. Las rubricas se basan en los dominios, criterios y descriptores de las prácticas pedagógicas que establece el Marco de la Buena Enseñanza. A través de su uso se busca asegurar las condiciones de validez, confiabilidad y equidad en el proceso de corrección, en especial, las rúbricas permiten que los correctores estén calificados y que frente a una evidencia emitan el mismo juicio no importando quien corrija.

Sostiene que, en cuanto a las pruebas de conocimientos, se encuentran contenidas en el Título III del Estatuto Docente, párrafo II, en particular, los artículos N° 19, 19 G, 19 J y 19 K. Allí se refiere a lo prescrito por el Marco para la Buena Enseñanza y el Currículum Nacional, ambos de público conocimiento y uso. Adicionalmente, y con la finalidad de explicitar los contenidos a evaluar, para cada instrumento se proporciona de manera pública el temario respectivo con los dominios y subdominios disciplinares que serán evaluados.

Así, las pruebas de la carrera evalúan la base de conocimientos específicos y pedagógicos necesarias para preparar y desarrollar la enseñanza de dichos contenidos y habilidades, por lo tanto, esto significa abordar la comprensión profunda de los conceptos centrales y énfasis curriculares, la aplicación flexible de los contenidos, el establecimiento de relaciones entre ellos y la disponibilidad de variadas formas de representación y de estrategias pedagógicas para enseñarlos y verificar su comprensión y aplicación en los aprendices. Lo anterior, refrendado en el Marco para la Buena Enseñanza, Dominio A, Preparación de la Enseñanza, criterio A.1. "Domina los contenidos de las disciplinas que enseña".

Indica que, la construcción de estas pruebas comprende rigurosos procesos de elaboración propios de los sistemas de evaluación estandarizada validados a nivel mundial. A grandes rasgos, la determinación del marco evaluativo se rige, de acuerdo a las normas generales de la administración del Estado, por las condiciones establecidas en las licitaciones 2079-5-LR16; 2079-11-LR16; y 2079-1-LR17. Considera en sus etapas: el diseño y elaboración de Tablas de especificaciones técnicas para cada instrumento, a partir de las cuales se determinan los temarios que se informan a los docentes y se elaboran los instrumentos; elaboración y validación experta de ítems -preguntas-; experimentación y validación empírica de ítems; ensamblaje y diseño de la prueba definitiva. Cabe consignar que en cada etapa sólo se validan los componentes que cumplan con rigurosos criterios de selección y confiabilidad estadística en su aplicación experimental.

Para asegurar la ecuanimidad de medida de los instrumentos y sus resultados, esto es, que exista equivalencia entre lo que se le pregunta a diferentes docentes y en el nivel de dificultad de pruebas de una misma asignatura o especialidad aplicadas en años diferentes, se utiliza un tipo de ítem denominado "pregunta ancla". Las preguntas ancla corresponden a un porcentaje de preguntas idénticas y puestas en la misma posición que en instrumentos aplicados a cohortes anteriores. Esto permite equiparar los distintos instrumentos aplicando los mismos criterios para los diferentes niveles de dificultad, entre instrumentos de diferentes cohortes.

De este modo, estas pruebas están compuestos tanto por preguntas cuya calidad técnica, comprensión y discriminación entre opciones, ha sido previamente verificada luego del extenso proceso de construcción y selección, como por preguntas que se utilizaran en futuras aplicaciones, o han sido utilizadas en aplicaciones anteriores, lo que asegura equidad en la medida de los distintos docentes con independencia del año en que les ha tocado participar del sistema.

Concluye que, atendido a lo expuesto y de conformidad a lo establecido en el artículo 21, N° 1, de la Ley de Transparencia, no es posible proceder a la entrega de las rubricas ni pruebas de conocimiento, toda vez que su difusión afecta tanto el propósito, sentido y ecuanimidad de la evaluación, por tanto, afecta el debido funcionamiento del órgano.

3) AMPARO: El 1 de agosto de 2019, doña Cecilia Araneda dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. Además, la reclamante hizo presente que considera que la entrega de la información contenida en los blocks de notas con el registro escrito de su clase grabada, en ningún caso implican perjuicio al secreto o reserva de este proceso, toda vez que estos blocks no son rúbricas de evaluación docente, además de no hacer mención en la solicitud a la entrega de rúbricas de evaluación docente, ni menos aún de la prueba de conocimientos.

Indica que los blocks de toma de notas son registros literales escritos por los correctores, de lo que el profesor evaluado y sus estudiantes dijeron durante la grabación de la clase y en ningún caso contienen información confidencial que perjudique la reserva o secreto del proceso de evaluación docente.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Educación, mediante Oficio E13597, de 24 de septiembre de 2019, solicitando que: se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada, detallando cómo la entrega dicha información afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa y los derechos de terceros.

Mediante Ord. N° 4687, de fecha 8 de octubre de 2019, el órgano reclamado presentó descargos, en los que, en síntesis, señaló que comunicó a la solicitante que: "No existen blocks de toma de notas con el registro de lo dicho por la docente Cecilia Araneda, tampoco lo expresado por sus estudiantes en su clase grabada. No existe este material escrito por los correspondientes correctores de su portafolio".

Luego, se refiere detalladamente sobre la manera en la que se produciría un perjuicio real y efectivo al Ministerio de Educación de verificarse la entrega de la información de las rúbricas de las evaluaciones, afirmando que la primera afectación se produce apropósito del uso de este instrumento en torno a asegurar condiciones de validez, confiabilidad y equidad en el proceso de corrección, ya que, las rúbricas permiten que los correctores estén calibrados y que frente a una evidencia emitan un idéntico juicio no importando quién corrija.

La otra afectación irreparable, en términos económicos, se vincula con la construcción de este tipo de pruebas lo que comprende un proceso riguroso y complejo de elaboración propios de los sistemas de evaluación estandarizada validados a nivel mundial. Así, la determinación del marco evaluativo se rige, de acuerdo a las normas generales de la Administración del Estado, y por las condiciones establecidas en las Licitaciones Públicas mencionadas en la respuesta.

Concluye que, sobre este punto, la causal de secreto o reserva que procede es la del artículo 21, N° 1, de la Ley de Transparencia, profundizando en los párrafos siguientes sobre las rúbricas y las razones por las que, a su juicio, no procedería su entrega.

5) GESTIÓN OFICIOSA: Con fecha 4 de junio de 2020, esta Corporación requirió al órgano remitir cualquier documento, captura de pantalla, certificado o acta, que dé cuenta de la inexistencia de los blocks de notas requeridos.

A través de correo electrónico del 11 de junio de 2020, el órgano dio respuesta a lo requerido, manifestando que realizadas las consultas al CPEIP, señalan que no existe registro del antecedente que reclama la solicitante ya que este fue destruido según consta en archivo adjunto que contiene foto del Acta de Destrucción de Materiales 2018, debidamente firmada por el Jefe del Centro de Corrección administrado por la Universidad de Concepción, lugar en que fue corregida la clase grabada de la docente, como parte del proceso de corrección 2018.

Afirma que el acta da cuenta de la inexistencia de los documentos solicitados por la docente (blocks con toma de notas con el registro de lo dicho por la docente Cecilia Araneda y por sus estudiantes en la clase grabada o material escrito por los correctores de su portafolio), a causa de su destrucción al término de la corrección, lo que forma parte de los procedimientos establecidos para la etapa de "Cierre" de todos los centros de corrección.

Este documento, confirma los antecedentes entregados el 6 de agosto de 2019, para esta misma causa, en la cual se detallan aspectos del diseño y ejecución de la corrección.

Del mismo modo se acompañan documentos que dan cuenta del procedimiento establecido por la entidad que destruyó los registros para el cierre de los Centro de Corrección.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la entrega parcial de los antecedentes solicitados, por cuanto, como señala la reclamante al formular su amparo, no se proporcionó la información contenida en los blocks de notas con el registro escrito de su clase grabada, en el marco de la evaluación docente 2018. Por su parte, en sus descargos el órgano alega la inexistencia de dichos archivos.

2) Que, al respecto, cabe consignar que este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente.

3) Que, según lo prescrito en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación: "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen" (énfasis agregado).

4) Que, en el presente caso, el órgano reclamado ha manifestado que no existen blocks de toma de notas con el registro de lo dicho por la docente y lo expresado por sus estudiantes en su clase grabada, alegación que se encuentra respaldada por los antecedentes aportados en respuesta a gestión oficiosa descrita en el número 5 de la parte expositiva, a la que se adjuntó fotografía del Acta de Destrucción de Material, en la que se certifica la eliminación del material que fue utilizado durante el proceso de corrección del Sistema de Evaluación del Desempeño Profesional Docente 2018. A su vez, se anexan a la respuesta "Extracto Manual Encargado de Materiales 2018" y "Extracto Informe de Gestión N° 3, Centro de Corrección UDEC, Proceso 2018", documentos que dan cuenta del proceso de destrucción de materiales.

5) Que, en consecuencia, del mérito de lo expuesto por el Ministerio y de los antecedentes acompañados, se concluye que se encuentra satisfecho el estándar para la acreditación de la inexistencia de la información que ha determinado la normativa que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y que se ha reflejado en la jurisprudencia de este Consejo, no contando con otros antecedentes que permitan desvirtuar lo expresado por el órgano requerido en esta sede, en cuanto a la inexistencia en su poder de la información solicitada, razón por la que será rechazado el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por doña Cecilia Araneda en contra del Ministerio de Educación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Cecilia Araneda y al Sr. Subsecretario de Educación.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.